Ricardo Ravelo
Analistas y legisladores consultados por Proceso advierten que con su propuesta de fortalecer las instituciones de seguridad -las secretarías de Seguridad Pública y la de la Defensa Nacional- el presidente Felipe Calderón se equivoca, pues con ello sólo naturalizará la militarización. No deja de ser contradictorio que, dicen, a pesar de que no hay resultados en el combate al crimen organizado, en la propuesta de presupuesto para 2009 intente destinar más dinero a seguridad, en detrimento de los rubros de educación, salud y combate a la pobreza.
Ricardo Ravelo
Distante de la prevención, educación y desarrollo social, medidas básicas para abatir la inseguridad y a la delincuencia a largo plazo, el presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 muestra que el presidente Felipe Calderón proyecta hacer frente a los embates del crimen organizado mediante el reforzamiento del aparato represor del Estado.
A juicio de legisladores y analistas, con esta estrategia el país sólo terminará envuelto en una crisis de violencia.
El investigador Erubiel Tirado sostiene que esta política de fuerza y represión significa que el régimen calderonista "naturalizará la militarización como política de gobierno", pues desde ahora se empiezan a cerrar los espacios a la participación civil dentro del esquema de seguridad.
El proyecto de unificar a las policías del país bajo un solo mando, uno de los temas de la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, está prácticamente desechado por los legisladores "por inviable y peligroso", dice; además, los gobernadores se oponen a que la federación los despoje de ese instrumento pues consideran que esa medida viola la soberanía de los estados.
Pero a pesar de ello y de la ineficacia de su gobierno para frenar el crimen, el presidente Calderón privilegia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Genaro García Luna y convertida hoy en una extensión del Ejército, pues la mayoría de sus miembros son militares. De hecho, la dotó de mayores recursos y la convirtió en la segunda dependencia con mayor concentración de poder y dinero, después de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el proyecto presupuestal.
Pese a que en los últimos 20 meses mostró sus fallas y desatinos frente al avasallante poder del crimen organizado, el presidente insiste en darle prioridad al aparato militar y policiaco, publica la revista Proceso en su edición 1663.
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