LA SSP DEGRADA A MILITARES Y CONTRATA DELINCUENTES, HASTA QUE SE LE VOLTEEN Y ENTONCES SI LE VA A SALIR EL DIABLO A ESOS DESGRACIADOS

La SSP degrada a militares y contrata a delincuentes
Álvaro Delgado
Alentados por el presidente Felipe Calderón, cientos de oficiales dejaron el Ejército para reforzar a la
Secretaría de Seguridad Pública en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la dependencia encabezada
por Genaro García Luna no cumplió las promesas de mejoría laboral y salarial, los puso a las órdenes de
mandos con antecedentes penales e incluso tolera que se les imponga un trato degradante. Pero de nada les
sirve denunciar sus casos, ya que García Luna no le responde ni siquiera al secretario de la Defensa Nacional.
Nombre: Manuel Jesús García Santos. Puesto: Inspector jefe de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Resultado: “Criminal”.
Nombre: Julio César Monge Peraza. Puesto: Subinspector de la misma corporación que tiene a su cargo las
Fuerzas Federales de Apoyo. Resultado: “Criminal”. Gerardo Barriga Almonte, oficial; Omar Lander Ángeles, suboficial; Raúl Leal Polito, sargento, y Jesús
Daniel Yánez Yáñez, cabo, todos miembros de la PFP, tienen un registro idéntico: “Criminal”.
Uno por uno, policía por policía, decenas de miembros de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP),
que encabeza Genaro García Luna, aparecen en oficios que acreditan que quienes deben combatir a los
criminales tienen, paradójicamente, antecedentes penales por conductas delincuenciales, conforme a la
revisión que la misma dependencia hizo de ellos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según documentos de la SSP clasificados como “confidenciales”, y que fueron obtenidos por Proceso, la
evaluación practicada por la Dirección General de Control de Confianza de la PFP es un trámite inútil, porque
mandos y efectivos –entre ellos los mencionados– se encuentran en activo, lo que pone en entredicho la
Operación Limpieza difundida por el gobierno de Felipe Calderón.
Firmados por Gabriela Peláez Acero, directora general de Control de Confianza, son decenas y decenas los
oficios –cientos, se dice dentro de la corporación– que prueban que elementos policiacos tienen registros
“criminales” en la Procuraduría General de la República (PGR), en las procuradurías de Justicia de los estados
y en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La inocuidad de los controles, el disimulo de los antecedentes penales de elementos policiacos y los
“compadrazgos” en la asignación de grados y ascensos han generado corrupción al interior de la SSP,
particularmente en las Fuerzas Federales de Apoyo, que se ha denunciado formalmente ante la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y en la Presidencia de la República.
“Todo el aparato que hoy funciona (es) para favorecer el ejercicio de la corrupción y la mezquindad”, asevera
el mayor Julio Alberto Noé Franco en una carta que envió a García Luna el 22 de septiembre pasado, y en la
que describe a detalle las anomalías y corruptelas que padece la PFP.
La carta del militar forma parte de un grueso expediente sobre las denuncias que se han traducido enencubrimiento a los señalados y en represalias contra los quejosos porque el titular del Órgano Interno de
Control (OIC) de la SSP, Edgardo Flores Campbell, es amigo íntimo de García Luna y fue coordinador de
giras y logística de actos de la campaña presidencial de Felipe Calderón, quien al inicio de su gestión lo
nombró secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Otra “falacia” de Calderón
El fenómeno de policías con antecedentes penales en activo en la secretaría que encabeza García Luna es parte
de un problema mayor, relacionado con otra promesa incumplida de Calderón: la mejoría laboral que, al inicio
de su gestión, ofreció a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que voluntariamente se integraran a la
policía federal.
Hace dos años, el 13 de diciembre de 2006, Calderón instruyó a las secretarías de la Defensa Nacional
(Sedena) y de Marina (Semar) a transferir 10 mil elementos a la SSP –7 mil 500 de la primera y 2 mil 500 de
la segunda– con el fin de reforzar la “guerra” que declaró al crimen organizado y que en dos años ha
provocado más de 8 mil muertes.
Conforme a la instrucción presidencial, a un teniente coronel del Ejército le correspondía en la PFP el grado
de inspector general; un mayor sería inspector jefe; un capitán primero, inspector; capitán segundo,
subinspector; un teniente sería oficial; subteniente, suboficial, y los cabos y sargentos también ascenderían un
grado con el cambio.
Pero la promesa de Calderón de mejorar sueldos y jerarquía a los militares resultó “una falacia”, como la
calificó el mayor José de Jesús Anguiano Rodríguez en la carta de renuncia que le envió a García Luna el 22
de julio de 2007, cinco meses después de que no obtuvo en la PFP el grado que le correspondía.
Según el convenio de transferencia Sedena-SSP, por haberse retirado del Ejército como mayor, le
correspondía el grado de inspector jefe, pero no sólo le dieron un grado menor (sólo inspector y comandante
de compañía), sino que días después, “por órdenes superiores”, fue relevado de la comandancia por un capitán
segundo, al que por grado no le correspondía tal jerarquía.
Anguiano Rodríguez, Diplomado de Estado Mayor y con estudios de maestría en administración pública,
denunció ante García Luna éstas y otras anomalías, entre ellas el incumplimiento de las expectativas
económicas por las que se retiró del Ejército.




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