Ejecutados en el Estado de derecho
En esta situación de violencia nacional, con más de 15 mil 500 ejecuciones en el sexenio, incontables familias de secuestrados y muertos reclaman el “ojo por ojo y diente por diente” de los hampones. Pero los escuadrones de la muerte o “aparatos de limpieza”, planteados por el alcalde Mauricio Fernández Garza, de San Pedro Garza García, Nuevo León, no constituyen la solución.
La experiencia de la AAA de Argentina, entre otros ejemplos, demostró que los cobros con sangre de matones causa peor violencia.
La prueba tuvo lugar en la entidad regiomontana. Luego de la ejecución del secuestrador Héctor Saldaña Perales El Negro con tres de sus cómplices fue cobrada esta cuenta al ser ultimado el general brigadier Juan Antonio Esparza García con cuatro de sus escoltas.
El Negro se convirtió en terror de dicho municipio y con su banda realizaba hasta tres plagios por semana. Cobraba millones de pesos por los rescates, asesinó a varias de sus víctimas y tenía notarios públicos para escriturar las propiedades que recibía en prenda.
Garza García es el municipio de la elite regiomontana por vivir en el mismo familias adineradas del estado que exigían la captura de El Negro e incluso su muerte.
Se cree que Mauricio Fernández Garza promovió ese “trabajo” porque cuatro horas antes de ser descubiertos los cadáveres de los delincuentes en una camioneta abandonada en la ciudad de México, el mismo edil dio la noticia de esas ejecuciones y hasta quiso involucrar al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien desde luego se deslindó del suceso.
Fernández Garza lanzó el reto de combatir a la delincuencia “por las buenas o por las malas” y preguntó: “¿quieren seguir? Pues ahí están las consecuencias, y ya”. Por ello es el principal sospechoso del asesinato de El Negro y los otros delincuentes.
En el municipio García, contiguo al que mencionamos, el alcalde de allí, Jaime Rodríguez Calderón, fue enterado de la presencia de un convoy con ardedor de 30 “zetas” y lo comunicó al general Esparza, quien llevaba cuatro días al frente de la seguridad de ese lugar.
Sin experiencia policíaca, el militar retirado se dirigió al domicilio del munícipe Rodríguez Calderón y en su trayecto se atravesaron los hampones del convoy y fue muerto con sus acompañantes. La venganza fue cumplida. De nuevo se comprueba por qué los militares no están preparados para enfrentar al hampa.
Es condenable que las autoridades pretendan justicia por propia mano y menos deben construir los “aparatos de limpieza” propuestos por el alcalde Fernández Garza porque con ello crecerían los ríos de sangre, de por sí caudalosos.
Y como a la oportunidad la pintan calva, el panismo condenó con énfasis la actitud del edil Fernández Garza, pese a vestir la camiseta blanquiazul.
El líder de Acción Nacional, César Nava, procura borrar sus desatinos de la Ley de Ingresos y se pronunció por el Estado de derecho, lo cual también hizo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
No podía faltar el pronunciamiento, altisonante, del presidente Felipe Calderón. “¡Sólo en el Estado de derecho puede florecer la economía y la vida social ordenada!”, afirmó. Y Luego: “¡La tarea más importante del Estado es cumplir y hacer cumplir la ley!”.
Nada dice, sin embargo, de los miles de ejecutados, de los cientos de decapitados y de los cuerpos hechos pedazos en Michoacán y otros estados.
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