Un Lozano incompetente y soberbio

Javier Lozano Alarcón, como autoridad, debió ser el primero en someterse, sin chistar, a las herramientas que ofrece la ley para dirimir conflictos como el que enfrenta con el Sindicato Mexicanos de Electricistas (SME), pero prefirió desacreditarlas e incluso sugerir que el Poder Ejecutivo, del que es empleado, tiene sometido al Judicial.

Como si fuera juez federal o ministro de la Corte, el secretario del Trabajo afirmó que no procederán ni los amparos interpuestos ni una eventual controversia constitucional contra el decreto que Felipe Calderón expidió para extinguir a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Y así, en automático, Lozano desacreditó y cerró los conductos legales que nos hemos dado los mexicanos precisamente para resolver, por vías institucionales, esta clase de conflictos.

Incluso se adelantó con mal gusto y humor necrófilo a enterrar dichas instancias resolutivas al señalar que Luz y Fuerza es un cadáver que no deja de serlo por no tener aún su acta de defunción.

Con tal actitud menospreció la resolución de una juez federal, Guillermina Coutiño, que ordenó de manera definitiva a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no emitir laudo respecto a la extinción de las relaciones laborales con el SME hasta que decida el fondo del amparo solicitado por los electricistas contra la decisión presidencial de liquidar Luz y Fuerza.

Eso también significa, aunque Lozano se niegue a aceptarlo, que la JFCA está impedida de avalar, como le corresponde, las liquidaciones que algunos electricistas sindicalizados han aceptado por temor y hambre y que, por lo pronto, sólo es un acuerdo de carácter privado.

Pero el secretario del Trabajo (inexperto en temas laborales, pero eso sí muy ducho en asuntos de las telecomunicaciones y de los millonarios negocios de la fibra óptica) sabe que la mejor manera de desalentar a los electricistas y de frenar los recursos legales por los que han optado en su lucha y que, a pesar de toda la manipulación informativa, van viento en popa, es presionando de todas las maneras posibles a que el mayor número de miembros del SME acepte dichas liquidaciones aunque sean simplemente, por lo pronto, un acuerdo privado. De ahí que la semana pasada haya presionado con el vencimiento del plazo para recibir los finiquitos de ley, más un jugoso bono (sábado 14 de noviembre), y con la limitada recontratación, jamás precisada en número, que la Comisión Federal de Electricidad empezó a hacer de trabajadores de Luz y Fuerza.

Al momento de escribir esta colaboración, el SME había solicitado a la Corte que se pronunciara respecto a la forma en que se emitió y operó el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza, se esperaba que el ministro José Ramón Cosío decidiera, por su parte, si daba entrada a la controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y estaba en manos de los diputados del PRI (divididos entre la posición del PAN, que la rechaza y la del PRD-PT-Convergencia, que la avala) decidir si la Cámara Baja interponía un recurso similar.

En cualquiera de esos casos se trata de recursos legales que están ahí para ser empleados y no para ser descalificados por quien es autoridad y, en este caso, parte de un delicado conflicto por dirimir. A ellos se suman los de la movilización social que el miércoles pasado, con el apoyo de diversas organizaciones dio lugar a un paro cívico nacional para volver a mostrar su músculo y advertir hasta dónde puede llegar.

Pero lo dicho, al PAN y a sus gobernantes, entre ellos Lozano Alarcón, les gana la incompetencia y la soberbia.

rrodriguezbalcon@hotmail.com

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