
1/MARZO/2009
PLAZA DOMINICAL
Militarización y corrupción en la frontera
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
En las próximas semanas llegarán a Ciudad Juárez cinco mil soldados, que con millar y medio de agentes federales reforzarán la Operación Chihuahua, que ha rendido exiguos resultados, si es que se puede contar alguno. Del otro lado del Bravo, el gobernador de Texas, Rick Perry, ha demandado a la Secretaría federal de Seguridad Interior el envío de mil efectivos más. No le importa que sean soldados, agentes policiales o de aduanas, lo que necesita es reforzar la seguridad del lindero con México, y prevenir a su población sobre el apocalíptico desastre que sus pronósticos suponer posible de este lado.
La decisión mexicana se anunció el miércoles pasado en Ciudad Juárez, donde sesionó de emergencia el gabinete de seguridad del presidente Calderón, que se abstuvo de asistir, acaso por motivos de seguridad, o porque prefiere combatir a la delincuencia organizada a golpes de discurso y de entrevistas periodísticas, donde da muestra de la valentía que le encomian las autoridades norteamericanas inmediatamente ante de deplorar que por una variedad de razones el enfrentamiento con el crimen organizado no produzca los frutos que se esperan de él, y que la sociedad reclama con urgencia.
La reunión en el antiguo Paso del Norte estuvo precedida y sucedida por acontecimientos violentos y por desencuentros políticos de toda laya que apremiaron y estorbaron, según el caso, la adopción de estrategias y tácticas que en efecto contengan la violencia criminal en Chihuahua y en Ciudad Juárez en particular. Imparable al punto de que son el estado y la ciudad más violentas de la República. En Juárez fueron ejecutadas durante el año pasado más de mil seiscientas personas y hasta el viernes 20, en los dos meses iniciales de 2009 había sido asesinadas 319 personas. Pero la cuenta creció enseguida, cuando fueron abatidos tres agentes de seguridad del Ayuntamiento juarense. Su jefe, Roberto Orduña, renunció al comenzar la semana pasada, pues se amenazó con ejecutar a dos funcionarios por cada día que él permaneciera en su cargo. Un amago semejante pesa sobre el alcalde juarense, José Reyes Ferriz, que ya no vive en la ciudad de que gobierna, sino en El Paso, para preservar su integridad física.
La del gobernador José Reyes Baeza quedó en riesgo, se pretendiera o no vulnerarla, el domingo 22, cuando fue tiroteado el convoy que lo resguardaba a su paso por la capital del estado: uno de sus guardias murió y dos más quedaron heridos. Ese fin de semana en Juárez fueron asesinadas doce personas, muertas de cuatro en cuatro. Para asistir al funeral de su ayudante ultimado, el Gobernador aplazó el encuentro que el lunes sostendría en la Ciudad de México con el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. Se encontrarían de todas maneras el miércoles siguiente, pues Reyes Baeza fue invitado a participar en la reunión del gabinete federal, convocada para realizarse en Juárez, a fin de subrayar la importancia que en las palabras y las apariencias atribuye el Gobierno federal a lo que ocurre en esa ciudad y en el estado.
No se emitió información oficial sobre lo allí tratado. Quedó claro, sin embargo, que el Gobernador es contrario al refuerzo militar, argumentando la ineficacia de los efectivos que ya se encuentran en la región: no sólo son incapaces de impedir la comisión de delitos (algunos de ellos atroces como los de Creel, en la sierra, o más recientemente los de Villa Ahumada, en la colindancia con Juárez), sino que en nada contribuyen al castigo de quienes los perpetran, pues no se investigan los crímenes callejeros, como si fuera una poda, un acto de limpieza social de los que nadie debe preocuparse.
Además de anunciar la nueva presencia armada federal, Gómez Mont entró en debate sobre el tema, urgido por la necesidad de recabar el apoyo priísta a favor de legislación pendiente, como la de extinción de dominio, necesaria para impedir que el crimen organizado se financie con el fruto de sus propios delitos. La negociación con el PRI se vio estorbada por dichos de Germán Martínez, que situó en el pasado priísta la raíz de nuestros males en este terreno. Para mitigar la acusación, Gómez Mont la extendió hasta el sexenio pasado. Aunque no fuera concernido, porque la seguridad pública no correspondió desde el 2000 a la política interior, Santiago Creel salió si no a defender sí a explicar lo que se había hecho en esa materia. De no haberse procedido adecuadamente, dijo, Calderón no hubiera revalidado a los funcionarios foxistas de esa área: Genaro García Luna que de la AFI pasó a la SSP; Eduardo Medina Mora, que de ella transitó a la Procuraduría General y el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, antes subsecretario. Desde otro punto de vista, esas designaciones explican porqué la ineficacia de Fox se repite en el caso de Calderón.
Mientras sesionaban en el hotel Camino Real de Ciudad Juárez, los miembros del gabinete han de haber pensado que eran exageraciones los dichos sobre la peligrosidad que se respira en aquel lugar. Es que actuaron sobreprotegidos por tropas que rodearon la zona de su reunión. Pero fuera de ella, a pesar la extrema vigilancia, la vida criminal siguió su curso: ese mismo día y los siguientes ocurrieron nuevas ejecuciones. Y una magistrada del Supremo Tribunal de Justicia fue secuestrada, y pagado su rescate a cambio de su libertad, sin que hasta el sábado ella hubiera formulado la denuncia respectiva. Ese episodio, y el ataque a la escolta del Gobernador me generan una duda existencial: no sé si los narcotraficantes o sus sicarios ignoran lo que se dice de ellos y los planes en su contra (es decir, no atienden el contenido de los medios), o proceden de modo insolente, convencidos de su poder creciente y del menguante del Estado.
El recrudecimiento de la violencia fronteriza ha generado un escenario apocalíptico en la oficina del Gobernador texano. En el mismo orden de ideas del Comando conjunto de las fuerzas estadounidense, que tema, anuncia o desea un colapso abrupto y pronto en México, en el Gobierno de Texas se hacen planes para enfrentar ese colapso que, de producirse levemente y con lentitud, significaría el ingreso de cientos de miles de mexicanos a Estados Unidos. Pero las cosas empeorarían si estallara la gobernabilidad: “El asesinato del Presidente, los cárteles de la droga apoderándose del País, la guerra civil explotando en las calles y la gente huyendo por sus vidas y no precisamente a buscar trabajo” (Excélsior, 24 de febrero).
Si bien la vocera del Gobernador restó intensidad al escenario trazado en el plan, que “se halla en una etapa temprana”, lo cierto es que el Gobernador está urgido por reforzar la frontera, con nueva tecnología y más personal. Puede entenderse que prefiera la presencia de miembros del Ejército, pues contrastó la pertinencia de que vigilen la frontera con su estancia en Iraq y Afganistán.
La actitud del gobernador Perry está en línea con diversos diagnósticos esparcidos en semanas y días recientes. Ante un comité selecto de la Cámara de representantes, el director de Inteligencia nacional Dennos Blair denunció la influencia corruptora del narcotráfico. En otra perspectiva, el Departamento de Justicia y la Agencia Norteamericana Antinarcóticos, la DEA, dieron cuenta de que no obstante esa situación sus fuerza pudieron consumar una operación que duró 21 meses en territorio norteamericano, que desarticuló la extensión en ese País del cártel de Sinaloa, al que decomisaron armas y sumas millonarias de dólares, amén de la detención de 52 individuos en al menos tres estados norteamericanos.
En el documento titulado “Estrategia internacional de control de narcóticos”, referido a todo el mundo, el Departamento de Estado identifica, respecto de México, la corrupción como el principal factor de la prosperidad de la delincuencia organizada.
“La corrupción continúa siendo un obstáculo considerable en México para reformar las instituciones y enfrentar a las bandas criminales, cuyos activos alcanzan miles de millones de dólares”. Y aunque reconoce avances en el combate al narcotráfico, establece contraste con un “telón de fondo de niveles de corrupción y desorden dentro de los cuerpos de seguridad y judiciales de México... La corrupción es un elemento clave para disminuir el poder de los cárteles de la droga”. (Reforma, 28 de febrero)
El pasado presente
El 28 de febrero de 1995 -ayer se cumplieron quince años del acontecimiento- fue detenido el hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl, como presunto autor intelectual del homicidio que privó de la vida a su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu. Tres lustros después, exonerado por la justicia de aquel trascendental crimen y a punto de que también se le exima de responsabilidades por enriquecimiento ilícito, no obstante los muchos indicios que lo incriminan, pasea por fiestas y saraos, con cirugía facial que alivia los rictus que ha adquirido en los años en que estuvo preso, primero en la cárcel de alta seguridad del Altiplano (llamado antes Almoloya y después en La Palma) y más tarde en el penal de Santiaguito, no lejos del primer establecimiento pero correspondiente a la competencia estatal.
En un primer momento, la Procuraduría General de la República se abstuvo de ofrecer información puntual sobre la captura de quien era ya conocido como el hermano incómodo”. Pero enseguida, según se lee en un libro que sintetiza los acontecimientos de la época, el subprocurador “Pablo Chapa Bezanilla afirmó que Raúl Salinas, financió el atentado, dio a Manuel Muñoz Rocha, operador del crimen, se comunicó con él antes y después del asesinato y facilitó su huida.
“Chapa Bezanilla informó que se investigará por delitos conexos -difamación, calumnia y desviación de las investigaciones, al ex subprocurador Mario Ruiz Masieu. En respuesta, Ruiz Massieu pidió a la PGR ceñirse a criterios jurídicos y no políticos.
“Momentos después de conocer el arresto de su hermano, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, rechazó por vía telefónica, en el noticiario 24 horas, que durante su Administración se hubiera abierto la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, negó responsabilidad alguna en la devaluación del peso y culpó al Gobierno de Ernesto Zedillo de los errores económicos cometidos en diciembre pasado. Afirmó que en los próximos días el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, hará un balance de lo realizado hasta el 30 de noviembre. Por la noche, en el noticiario Hechos, de Televisión Azteca, Carlos Salinas firmó tener plena confianza en la inocencia de su hermano”.
El 1º de marzo, un día como hoy, Chapa Bezanilla afirmó que “el móvil del crimen de José Francisco Ruiz Massieu combina dos facetas; la personal y la política. Expresó que uno de los motivos de Raúl Salinas para mandar matar al secretario general del PRI era que ‘éste pudiera estorbar el proyecto salinista? Ruiz Masieu “pudo llegar a ocupar el liderazgo de la Cámara de Diputados y esto podía haber afectado intereses”. El ex presidente Salinas expresó: ‘me parece inverosímil pretender que alguien de la familia Salinas estuviera en contra del progreso político de José Francisco Ruiz Massieu”. Explicó que él mismo fue el promotor político del ex Gobernador de Guerrero, al grado de intervenir en el PRI para que se le designara secretario general’. Juan Velázquez, abogado de Carlos Salinas, consideró que Raúl debe ser liberado, pues definitivamente no hay pruebas de su presunta responsabilidad en el crimen de José Francisco Ruiz Massieu...”.
Por su parte, Raúl Salinas “rechazó en su declaración preparatoria los cargos que se le imputan. En su turno, Mario Ruiz Massie aseguró que mientras estuvo a cargo de la investigación nunca encontró elementos para vincular al hermano del Presidente de la República en el asesinato de Ruiz Massieu. Carlos Salinas de Gortari anunció el retiro de su candidatura a la dirección general de la Organización Mundial de Comercio”.
El 2 de marzo, el presidente Zedillo expresó que “la detención de Raúl Salinas de Gortari no es un asunto personal, se trata de un caso de carácter legal y no existe rompimiento con Carlos Salinas de Gortari”. De modo muy dramático, o más bien teatral, el ex Presidente se declaró en ayuno total, en demanda de que se aclare la información en el sentido de que en su Gobierno obstruyó la investigación en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y que las autoridades reconozcan el error cometido en la devaluación de diciembre”.
Luego de presentarse ante el Ministerio Público federal el 3 de marzo para declarar sobre los 37 días que condujo las investigaciones sobre el caso de su hermano, Mario Ruiz Massieu salió del País. El ex Subprocurador fue detenido por autoridades aduanales del Estados Unidos por violación a la ley de control de divisas, al encontrársele cuarenta mil dólares, cuando había declarado que llevaba sólo seis mil.
“El CEN del PRI manifestó su respeto por la decisión de Carlos Salinas de Gortari para declararse en ayuno, aunque dijo no compartir esa postura. Por otro lado, miles de pesitas se reunieron en el Zócalo para expresar su respaldo a Ernesto Zedillo”.
A la vuelta de los años, Mario Ruiz Massieu se suicidó.
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