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lunes, 9 de septiembre de 2013

"¿Privatizar o expropiar?" (Revista Proceso, 8 de septiembre, 2013)

Presidente Lázaro Cárdenas del Río
Si se trata de “utilizar los instrumentos legales” del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, como señala Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, habría que recurrir en primer lugar a la Ley de Expropiación (véase: http://ow.ly/oaegO). Esta norma fue impulsada y firmada por Cárdenas durante los primeros años de su administración y extensamente utilizada a lo largo de su sexenio. 

Su valiente aplicación de esta ley permitió la consolidación institucional del Estado mexicano al demostrar que los compromisos sociales plasmados en la Constitución de 1917 no estarían destinados a quedar en letra muerta. Sin la masiva expropiación y reparto de las tierras de las haciendas así como la expropiación y nacionalización del petróleo, México posteriormente hubiera sufrido décadas de inestabilidad y hoy sin duda estaríamos en una situación política, económica y social aún más problemática. 

La reforma al artículo 27 constitucional firmada por Cárdenas, que cita Peña Nieto en su iniciativa, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, apenas tres semanas antes de que el ex-presidente abandonara su cargo. Fue un acto posterior que buscó consolidar las bases legales para el Decreto Expropiatorio emitido el 18 de marzo de 1938, en que se nacionalizó la industria petrolera (véase: http://ow.ly/oadEl). El propósito de la reforma constitucional no fue abrir la industria a la iniciativa privada y mucho menos darle mayores facilidades a las empresas transnacionales, como tramposamente sugiere el presidente actual, sino cerrarle el camino precisamente a estos intereses. 

La principal novedad del nuevo párrafo sexto del artículo 27 constitucional impulsado por Cárdenas fue la prohibición explícita del otorgamiento de concesiones a particulares en materia de petróleo y otros hidrocarburos (véase: http://ow.ly/oagVh). Los redactores de la versión original del artículo 27 ingenuamente habían dejado fuera este importante candado, lo cual llevó al abuso inaceptable de poder de parte de las petroleras extranjeras. Cárdenas rectificó este error al eliminar de la Carta Magna cualquier posibilidad de concesiones en la materia. Y por si hubiera alguna duda, también se incluyó la mención de que “el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible” en materia de petróleo, minerales, aguas y otros recursos estratégicos.

Pero el principal “instrumento legal” de Cárdenas no fue esta tardía reforma constitucional sino la Ley de Expropiación. Ante el desconocimiento de las petroleras transnacionales tanto de los derechos laborales de sus trabajadores como de la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cárdenas tomó la valiente decisión de recurrir a esta ley publicada el 25 de noviembre de 1936 que explícitamente faculta al gobierno a expropiar bienes si tal acción sirve al interés público. Si no hubiera tomado esta acción, muy difícilmente contaríamos hoy con importantes instituciones públicas financiadas desde los ingresos petroleros como la UNAM, IPN, IFE, TEPJF, IFAI, CNDH, IMSS, ISSSTE y el sistema de educación pública nacional...

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DISCURSO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, EN LA ASAMBLEA NACIONAL EN DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y EL PETRÓLEO
















Blog de RadioAMLO: DISCURSO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA, EN LA ASAMBLEA NACIONAL EN DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y EL PETRÓLEO
México, Distrito Federal, a 08 de septiembre de 2013
Foto de La Jornada. www.jornada.unam.mx
Amigas y amigos:
En primer lugar, muchas gracias de todo corazón por acudir a esta asamblea, en la cual trataremos un asunto de suma importancia para el pueblo de México y la nación.
Ahora más que nunca, adquiere relevancia lo que decía el presidente Juárez: ?con el pueblo todo, sin el pueblo nada?.
Debo decir también que no celebramos este acto en el Zócalo porque, como sabemos, allí se están manifestando, en defensa de sus derechos, los maestros del país, a quienes expresamos nuestro respeto y solidaridad.
El tema principal de esta asamblea es el ponernos de acuerdo y aprobar un plan de acción para impedir, con la movilización ciudadana pacífica, la privatización del sector energético nacional y los aumentos a los impuestos.
Desde hace muchos años, con argumentos y de manera consecuente, hemos venido luchando en contra de la política económica que se impuso en nuestro país, desde hace treinta años, y se definió, con mayor énfasis, durante el gobierno corrupto y entreguista de Carlos Salinas de Gortari.
Hasta hoy, el resultado de esa política ha sido un rotundo fracaso. En vez de avanzar en el terreno económico, social, moral y político, hemos retrocedido. Aunque, debe quedar en claro que este supuesto nuevo paradigma, como le llaman, fue diseñado y puesto en práctica con el único fin de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y de traficantes de influencias, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo de México.
En nuestro país, esta política fue aplicada, por primera vez, cuando la dictadura de Porfirio Díaz. Recordemos que, en ese entonces, se entregaron a particulares nacionales y, sobre todo, a extranjeros las tierras, las aguas, los bosques, las riquezas mineras, el petróleo. Y, para ello, se cancelaron los derechos políticos y las libertades de los ciudadanos. Inclusive, se fortaleció el viejo régimen colonial esclavista.
Por eso, aún cuando este modelo económico se ha venido implantando en otros países del mundo, para nosotros el llamado neoliberalismo, no es más que neoporfirismo.
No obstante, los promotores de la actual política económica, con el cinismo que los caracteriza, desde el principio hasta la actualidad, no han dejado de hablar de que se trata de lo nuevo, de la modernidad, cuando en realidad es un regreso al pasado, el volver a una de las épocas más siniestras de la historia de México.
Además, hay suficientes pruebas de que la política económica aplicada, desde 1983, ha provocado la ruina del país. Y no podría ser de otra forma, porque solo ha consistido en trasladar bienes y riquezas del pueblo y de la nación, a un pequeño grupo.
A estas alturas, conviene preguntar: ¿en qué se benefició el pueblo de México con la entrega de la banca nacional? Hoy, casi todos los bancos están en manos de extranjeros; han sido rescatados con el presupuesto público; no cumplen con su función de otorgar créditos; cobran excesivos intereses y comisiones por encima de las tasas internacionales y, año con año, obtienen miles de millones de pesos de utilidades que transfieren a sus países de origen.
¿En qué se beneficiaron los mexicanos con la privatización del sistema de telecomunicaciones? ¿Qué no, acaso, el servicio de telefonía y del internet es de los más caros, atrasados y lentos del mundo?
¿Qué beneficios se han obtenido del monopolio de los medios de comunicación, cuyos concesionarios han recibido dinero a raudales del presupuesto público? Son guardianes del régimen corrupto con prácticas totalitarias que van desde la manipulación, el ocultamiento de la verdad, hasta el desprestigio y destrucción de opositores.
¿En qué se avanzó con la privatización de los Ferrocarriles Nacionales, si en 20 años las empresas extranjeras no han construido nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes de pasajeros y cobran lo que quieren por el transporte de carga?
Una imagen de lo más dolorosa de este funesto retroceso, es el caso de La Bestia o tren de la muerte.
¿Cuál ha sido el beneficio para los mexicanos de la entrega de concesiones por 50 millones de hectáreas, el 25 por ciento del territorio nacional, para la explotación del oro, la plata y el cobre?
Los trabajadores mineros mexicanos ganan, en promedio, 16 veces menos que los mineros de Estados Unidos y Canadá.
Un dato: las empresas de este ramo han extraído en sólo 10 años el doble de la plata y del oro que se llevaron los españoles en 300 años, sin pagar nada de impuestos por la explotación de esta riqueza, con el añadido de la destrucción y la contaminación impune de nuestro territorio.
Y así podríamos seguir preguntando a estos políticos irresponsables y corruptos, sobre los beneficios en la privatización de otras empresas públicas, como las líneas aéreas, puertos, aeropuertos, carreteras, ingenios azucareros, complejos petroquímicos, plantas de fertilizantes y muchas más.
En realidad, nada bueno ha significado esta política para el desarrollo de México. En 30 años, ni siquiera en términos cuantitativos, hemos avanzado. En este tiempo nos hemos colocado, incluso, por debajo de Haití, en cuanto a crecimiento económico.
La constante ha sido, como se advierte en la actualidad, el estancamiento económico y la falta de oportunidades de empleo, que ha obligado a millones de mexicanos a emigrar o a buscarse la vida en actividades, consideradas como informales. Hoy, la mitad de los mexicanos trabaja de esa forma precaria y sin ninguna seguridad social.
Tampoco debemos pasar por alto que, por culpa de la actual política económica, es decir, por el abandono de las actividades productivas y del campo, por la falta de empleos y por la desatención a los jóvenes, se desató la inseguridad y la violencia que ha cobrado miles de muertes en nuestro país.
Por todo ello, resulta indignante e inaceptable que ahora, de manera descarada y prepotente, pretendan despojar a la nación del sector energético para cancelar por completo el futuro del pueblo y de las nuevas generaciones.
Aunque aquí ya se ha dicho. Conviene explicar, de manera sencilla, qué es lo que traman con la llamada reforma energética.
En primer lugar, como ellos mismos lo han señalado, quieren con la reforma al artículo 27 de la Constitución, otorgar contratos de utilidad compartida, es decir, pretenden que se compartan las ganancias del petróleo, que son del pueblo de México, con empresas petroleras extranjeras.
Téngase en cuenta que hoy los ingresos anuales, por ventas de petróleo y derivados, representan alrededor de 125 mil millones de dólares y el 90 por ciento es utilidad o ganancia. Y tienen la intención de que las empresas extranjeras contratadas para la exploración y perforación de pozos, se queden hasta con el 50 por ciento de las utilidades, como lo aseguró Luis Videgaray, secretario de Hacienda, porque, según él, eso es ?lo razonable?.
Todo ello con la mentira de que hay que sacar el petróleo de las aguas profundas y que no hay inversión ni tecnología, cuando lo cierto, es que las reservas probadas de petróleo están en la costa del Golfo de México, en tierra y en aguas someras.
Asimismo, desde la expropiación petrolera, los trabajadores y técnicos mexicanos, siempre han sabido extraer el petróleo. En cuanto a la falta de inversión, baste decir que Pemex es de las empresas más rentables del mundo y que, desde luego, tiene recursos suficientes para autofinanciarse.
Pero además, se pueden liberar fondos como lo propuse durante la campaña, con un plan de austeridad y combatiendo la corrupción que llevan a cabo funcionarios y contratistas de Pemex y del gobierno en general. Es cosa de amarrarle las manos a los salinistas, a los panistas, como Fox y Calderón; a los discípulos de Montiel; a los gobernadores corruptos; a los líderes sindicales como Romero Deschamps; y cerrarle la llave del presupuesto a los dueños de los medios de comunicación.
Hay que reducir los elevadísimos sueldos y los privilegios de la alta burocracia, empezando por cancelar la compra por 7 mil millones de pesos del avión de Peña Nieto; así como muchas otras extravagancias que ofenden a los mexicanos.
De modo que no hay ninguna razón para privatizar el petróleo. Se trata de un vil y descarado atraco, que significaría entregar de 30 a 40 mil millones de dólares anuales a las empresas extranjeras.
Y por si fuese poco, este desfalco a la hacienda pública, quieren taparlo aumentando los impuestos, lo que hoy por la tarde darán a conocer con la envoltura de reforma hacendaria. Es decir, proponen que los mexicanos paguemos la factura por la entrega de las ganancias del petróleo a extranjeros.
Pero hay algo más. Con la reforma al artículo 28 constitucional, están considerando privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el gas, la industria eléctrica, el transporte y la distribución de los energéticos. Con lo cual, se dejará a nuestro país sin la posibilidad de utilizar, de manera integral, al sector energético como palanca del desarrollo.
Es decir, dejarían al Estado mexicano sin ninguna opción para promover la industria nacional y fomentar nuevas fuentes de energía, para crear empleos y reducir los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz, en beneficio de los consumidores y de las empresas.
Por eso, es sumamente grave lo que están queriendo imponer. Sin exagerar, es un acto de traición a la patria, de mayor o igual magnitud, que los consumados por Santa Anna, Porfirio Díaz o Carlos Salinas de Gortari.
Todo esto lo advertimos desde la campaña. Dijimos con mucha claridad que los que se creen amos y señores de México, buscaban imponer a Enrique Peña Nieto, como lo hicieron con la compra de millones de votos y traficando con la pobreza de la gente, con el único propósito de tener en la Presidencia de la República a un paniaguado, ignorante de la historia, frívolo, un simple personaje de escenografía.
Agréguese que si permitimos esta felonía, el país se seguirá hundiendo. No es cierto, como ellos sostienen, que ese es el camino hacia el crecimiento, el empleo y el bienestar. Si así fuera, ya se estarían viendo los beneficios. ¿Qué a caso no llevan 30 años aplicando sus llamadas reformas estructurales, que solo han dejado ruina, incertidumbre y violencia?
Lo que sí puede asegurarse es que, si hoy, la política antipopular y entreguista, ha dejado un saldo de 53 multimillonarios con 53 millones de pobres (un multimillonario por cada millón de pobres). Si se privatiza el sector energético, esta cifra de la ignominia y de la desigualdad obscena, pasaría, en tres años, a 63 multimillonarios con 63 millones de pobres.
Con el agravante que van a entrar a escena nuevos actores económicos y políticos del extranjero que, con más dinero, influencia y poder, tratarán de imponerse durante mucho tiempo, por encima de nuestros derechos como nación libre, independiente y soberana.
Amigas y amigos:
Son tiempos de definición. O actuamos ahora o nos costará más, en todo sentido, retomar el camino de la honestidad, la justicia, el desarrollo, la paz, la democracia y la independencia.
Estoy convencido que si todos los que estamos aquí hacemos lo que nos corresponde, podemos impedir, con la movilización ciudadana pacífica, la privatización del sector energético y los aumentos de los impuestos.
Todo depende que hagamos, antes que nada, el compromiso de que vamos a dedicar todo nuestra imaginación, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para salir victoriosos de este desafío.
Por eso, les pregunto si vamos a ir hacia adelante.
Ahora bien, les propongo una estrategia y dos acciones inmediatas. La estrategia consiste en reafirmar el compromiso y aplicar, en la práctica, en todos nuestros actos, el principio de la no violencia. Nuestro movimiento es, ha sido y seguirá siendo pacífico. Debemos evitar, por todos los medios, la provocación.
Cuidar, entre todos, que no haya infiltrados. No permitir que se introduzcan halcones del gobierno en nuestro movimiento. Tomando en cuenta lo que está en juego, propongo que nadie se tape el rostro. En el entendido en que no estamos hablando de luchadores sociales que han decidido hacerlo para evitar la represión.
En cuanto a las acciones, les propongo que a partir de ahora, todos los órganos de dirección de Morena: el Comité Ejecutivo Nacional y los comités estatales y municipales, convoquen a la unidad a todos los ciudadanos de los distintos sectores sociales, económicos y políticos, para lograr, entre todos, detener las llamadas reformas energética y hacendaria.
Aquí quiero poner énfasis en que debe convencerse y llamar a participar en la movilización ciudadana pacífica a integrantes de las clases medias y del sector empresarial que también, sin ninguna duda, resultarán afectados.
Específicamente, pongo a consideración de ustedes, que el domingo 15 de septiembre en todas las cabeceras de los municipios del país, así como en las delegaciones del Distrito Federal, se lleven a cabo asambleas informativas de 10 de la mañana a 6 de la tarde y se distribuya información sobre el asunto que nos ocupa.
También les propongo que nos volvamos a congregar en 15 días, el domingo 22 aquí en la ciudad de México, para llevar a cabo desde las 10 de la mañana una manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo.
En suma, pregunto a ustedes: ¿Se aprueba que actuemos pacíficamente, que convoquemos a los ciudadanos a luchar juntos, que hagamos en las plazas reuniones informativas el 15 de septiembre y que celebremos el domingo 22, aquí en la ciudad de México, una gran marcha nacional en defensa de la economía popular y del petróleo?
Sé que muchos vienen de lejos, con todo el esfuerzo que representa pero es un deber comprometernos y aplicarnos a fondo. Además, esto es apenas el inicio.
Ese día, en el Zócalo, vamos a definir lo que sigue. Pero que quede claro: en estos momentos la tarea de todos es hacer crecer el movimiento. Sé que lo lograremos, porque en cada uno de ustedes hay un activista, un luchador social, un mexicano con decoro, dignidad y patriotismo.
Amigas y amigos:
Está de por medio, ni más ni menos, que el destino del pueblo y de la nación. Debe entenderse que nos quieren regresar al pasado para quitarnos nuestro futuro. Y también el porvenir de nuestros hijos y de nuestros nietos.
Actuemos con firmeza y optimismo. Recordemos que somos millones y nos asiste la razón. Que nadie piense que no se puede, depende de nosotros y tengamos confianza en el pueblo. Vamos para adelante.
Como decía Juárez, cuando la intervención extranjera: ?Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza?.
No renunciemos a nuestros ideales de justicia y libertad. Defendamos los derechos del pueblo y de la nación.
¡Que viva la Constitución de 1917!
¡Que viva la expropiación petrolera!
¡Que viva el General Lázaro Cárdenas!
¡Abajo los traidores a la patria!
¡Que viva México libre, justo, democrático e independiente!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!

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OFICIO DE PAPEL COLUMNA SEMANAL DEL PERIODISTA MIGUEL BADILLO

Lunes 09 de septiembre de 2013

La sumisión ante EU
Espía a Peña Nieto
Del abuso al cinismo
Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
Para guardar las formas, las autoridades mexicanas han hecho tibios pronunciamientos por las intervenciones telefónicas de que fue objeto el ahora presidente de la República (antes de asumir la jefatura del Estado Mexicano) y los miembros de su gabinete, todos víctimas de la intercepción de sus comunicaciones por parte de corporaciones de inteligencia del vecino país.
De inmediato surgen dudas de si las empresas telefónicas mexicanas, especialmente la poderosa Teléfonos de México del magnate Carlos Slim Helú, han colaboraron con las agencias estadunidenses para grabar las conversaciones de Peña Nieto y su equipo de trabajo. Siempre han habido sospechas de que las telefónicas han colaborado con los órganos de inteligencia para espiar a los distintos actores sociales del país.
Con estas revelaciones de la intervención de llamadas telefónicas al jefe del Ejecutivo, a los secretarios de Estado y a los responsables de la seguridad nacional del país, las corporaciones policiales de Estados Unidos, bajo las órdenes de Barack Obama, violaron no sólo los derechos humanos de los políticos mexicanos sino, lo más grave, vulneraron la soberanía del país, pisotearon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y violentaron leyes y acuerdos internacionales.
Por lo anterior, México debe hacer un reclamo enérgico, y sus órganos de inteligencia y de defensa del Estado iniciarían una investigación para determinar hasta dónde llegó el espionaje y si sólo fue la intercepción de llamadas telefónicas o atrás de ellas hay motivos de secretos industriales, productivos, de seguridad y de control político y social.
Ese escenario descubierto por el contratista estadunidense Edward Snowden, quien se refugia bajo el régimen de Rusia, no deja lugar a dudas del espionaje que practican las corporaciones estadunidenses: Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Agencia Central de Inteligencia (CIA), Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Agencia Antidrogas (DEA) en contra de políticos, empresarios, líderes sociales y periodistas.
El gobierno de Estados Unidos ha respondido con cinismo que este sistema de vigilancia y espionaje lo realizan las agencias en todo el mundo, lo cual es cierto, pero lejos de quitarle responsabilidad a ese abuso intervencionista del país que quiere erigirse como un imperio, se agrava aún más por la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de los ciudadanos de todos los países en donde las agencias de inteligencia de Estados Unidos operan y violan las leyes.
Contrario a lo que ha sucedido en Brasil, en donde también Estados Unidos espió a la presidenta Dilma Rousseff y ésta ordenó de inmediato una investigación a fondo para aplicar sanciones a Estados Unidos, en el caso mexicano la respuesta de las autoridades ha sido tan tibia que sólo refleja una humillante sumisión y temor que el gobierno tiene ante su vecino del Norte. “Más vale morir de pie que vivir arrodillado”: Zapata.
Y cómo reclamarle a Estados Unidos cuando fueron los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón los que le abrieron las puertas a la CIA, a la DEA, al FBI y a la NSA para que actuaran con impunidad en México y hasta permitieron que los agentes portaran armas y participaran abiertamente en espionaje e investigaciones policiales y políticas. Ahora toca a Peña Nieto responder enérgicamente ante la flagrante intervención, de la cual él mismo ha sido víctima, o continuar en la sumisión y soportar que ese país siga pisando la Constitución y la dignidad de los mexicanos.
Historias de espías
Permanentemente Contralínea ha dado cuenta de cómo el gobierno de Estados Unidos ha instalado su estructura de espionaje político, social y comercial en contra de México a través de las propias instituciones de seguridad, defensa e inteligencia mexicanas: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Policía Federal, Procuraduría General de la República y Servicio de Administración Tributaria, entre otras.
Destacadamente, durante los 12 años de panismo (con más énfasis en el calderonismo) se firmaron decenas de contratos con empresas estadunidenses que, bajo el señuelo de la innovación y la excelencia tecnológica, obligaban a las instituciones mexicanas a “compartir” la información recabada. Por ello, incluso Estados Unidos financiaba el ciento por ciento de algunas compras y, en un caso, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, autorizó directamente la venta de un equipo que se instalaría en México.
Es decir, con autorización del gobierno corrupto de Felipe Calderón, Estados Unidos instaló su estructura de espionaje en México a través de las propias instituciones mexicanas de seguridad nacional e inteligencia. Se valió de la política de puertas abiertas que le ofrecieron las administraciones federales panistas entre 2000 y 2012.
La supuesta guerra contra el narcotráfico con la que Felipe Calderón militarizó el territorio nacional a partir de 2006, sirvió para introducir poderosos aparatos de espionaje que operarían los mexicanos, pero a los que también tendrían acceso los estadunidenses. Entonces, cómo reclamarles ahora, cuando fueron todos los órganos de seguridad del país, con órdenes desde la Presidencia de la República, los que autorizaron dichos convenios y contratos para que las corporaciones policiales gringas espiaran en México.
El Cisen, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a cargo de los servicios de inteligencia civil del Estado mexicano; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; la Procuraduría General de la República; la Policía Federal; el Servicio de Administración Tributaria, todas instituciones federales de seguridad nacional, adjudicaron de manera directa decenas de contratos por miles de millones de pesos a empresas como Verint Systems Inc, Security Tracking Devices y Broadlink, entre otras.
Con ellas erigieron estructuras capaces de intervenir masivamente todo tipo de comunicaciones electrónicas: desde llamadas telefónicas hasta computadoras, teléfonos inteligentes y sistemas encriptados. Con estas empresas, el gobierno federal del sexenio pasado construyó el Sistema de Intervención de Comunicaciones del Cisen, la Plataforma México (en la Policía Federal) e instaló el sistema más importante de espionaje masivo jamás instalado en el país: la Plataforma Pegasus (en la Sedena).
En este último caso, Hillary Clinton –entonces secretaria de Estado de Estados Unidos– autorizó personalmente la salida del equipo de ese país para instalarse en la Sedena.
De todo ello hemos dado cuenta a lo largo de los dos sexenios anteriores. Se ha documentado que en 2008 se firmaron 14 contratos entre el Cisen y Verint Systems Inc, a través de su filial Sogams, SA de CV. En un reportaje escrito por Zósimo Camacho se señalaba que con la adquisición de los equipos, México se obligaba a “compartir” la información con las agencias de inteligencia estadunidenses.
Para el 1 de julio de 2012, en esta columna se reveló la existencia de 12 contratos firmados entre la Sedena, Security Tracking Devices y otras empresas. Reportajes posteriores también darían cuenta de un total de 18 contratos para la construcción de la Plataforma Pegasus.
A la profunda descomposición social que vive el país en medio de la violencia, la corrupción gubernamental, los asesinatos, los secuestros y la pobreza extrema, lo que nos faltaba es la humillación y amenaza del gobierno de Barack Obama y la sumisión del gobierno de Peña Nieto.
Equipo militar de entrenamiento
México adquirió un sistema virtual de entrenamiento para las Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos. La elite de las tropas combatientes se entrenan en un espacio cerrado que reproduce virtualmente calles, carreteras y parajes de cualquier parte del país y América central. Sin embargo, la empresa contratada, Broadlink, entregó un sistema incompleto, con fallas y distinto al esperado por la Sedena. Con esta compra, las Fuerzas Armadas mexicanas estarían consolidando la conformación de cuerpos de elite para “operaciones quirúrgicas”, pero también estarían profundizando su dependencia tecnológica y operativa hacia los militares estadunidenses
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió en 2011 un Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontación para el entrenamiento de los efectivos adscritos al Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, la elite de combatientes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
La empresa Broadlink, SA de CV, entregó los bienes muebles e inmuebles que integran el Sistema Virtual el 9 de marzo pasado. Doce días después, la Sedena debió solicitar a la compañía que “regularice la situación”: ingenieros y técnicos militares realizaron 77 observaciones por errores, omisiones y abiertas discrepancias entre lo que contrató la Secretaría y lo que le fue entregado.
El Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontación es capaz de crear situaciones virtuales de enfrentamientos entre integrantes de las Fuerzas Especiales y supuestos grupos armados. Cuenta con la tecnología para crear ambientes hostiles que simulan escenarios y oponentes reales. Recrea virtual y puntualmente cualquier zona de las ciudades de México y de las naciones de América Central; así como cualquier región rural o campestre de todos los ecosistemas de estos países. Más aún, los rostros y la complexión de los oponentes virtuales pueden tener como modelos personas reales. Las armas y pertrechos que utilizan quienes reciben el adiestramiento son réplicas muy similares en dimensiones, peso y funciones a las reales.
Se trata de una obra de ingeniería civil, electrónica e informática que fue construida e instaurada en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales. Fue adquirida en 2011 mediante el contrato SAEYS-116/I/F/2011 celebrado mediante adjudicación directa con la empresa Broadlink, SA de CV, cuyo domicilio fiscal es Segunda Privada de Compostela, 10, Fraccionamiento Villas de la Hacienda, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, código postal 45640.
El domicilio es casi idéntico al de Security Tracking Devices, empresa de capital estadunidense a la que la Sedena adjudicó de manera directa ocho contratos por más de 5 mil 600 millones de pesos para adquirir equipo de intervención de comunicaciones y sistematización de información, entre el que se encuentra la Plataforma Pegasus, el proyecto de espionaje más ambicioso de las Fuerzas Armadas de los últimos lustros. Uno de los dos domicilios fiscales ofrecidos por Security a la Sedena es el de Primera Privada de Compostela, 1, Villas de la Hacienda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, CP45640.
El Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontación fue formalmente entregado a la Sedena el 9 de marzo pasado. A pesar de las fallas y omisiones, se encuentra funcionando. Es utilizado para entrenar a los efectivos militares que se forman en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, ubicado en el Campo Militar 37-B, en Temamatla, Estado de México.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
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