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martes, 1 de octubre de 2013

Video: El espot contra el refresco que las televisoras no quieren transmitir

El Poder del Consumidor aseguró que desde hace cuatro semanas Televisa, TV Azteca y Milenio TV han "bloqueado" un anuncio que habla de la epidemia de obesidad y apoya el impuesto al refresco.
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Televisa, Tv Azteca y Milenio Tv se negaron a difundir una campaña a favor de la iniciativa que grava a las bebidas azucaradas, aseguró Alejandro Calvillo, presidente de la asociación civil El Poder del Consumidor.
Las 3 televisoras rechazaron pautar un anuncio que expone los riesgos del refresco y los beneficios que traería a la población un impuesto a las bebidas azucaradas, dijo Calvillo.
“Televisa, TV Azteca y Milenio TV nos han bloqueado la pauta para un anuncio quepretendíamos transmitir con ellos, pagando las tarifas establecidas. Es un anuncio que habla de la epidemia de obesidad y apoya el impuesto al refresco”, expuso.
“Consideramos que este es un caso que muestra el poder de las televisoras y su alianza con los poderes fácticos, en este caso, actuando en contra de la salud, del derecho a la información. del dereco de las audiencias y en contra de una política pública recomendada por los más importantes organismos internacionales y nacionales en salud”, agregó.
Este es el espot:


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ESTADO MAYOR, POLICÍAS FEDERAL Y LOCAL Y EJÉRCITO VIGILAN, EN VARIAS CIUDADES, LA OBRA DE TEATRO DE HIJA DE EPN

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Un fuerte dispositivo de seguridad fue implementado el 26 de septiembre por los gobiernos federal y del estado de Veracruz para resguardar la obra de teatro El Cartero, en la que actúa Sofía Castro, hija del Presidente Enrique Peña Nieto y de Angélica Rivera. De acuerdo con La Jornada de Veracruz, 40 elementos del Estado Mayor Presidencial, otros 40 elementos del Ejército Nacional, una docena de Policías Federales, una veintena de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), personal femenino y masculino del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) y una veintena de agentes de Tránsito vigilaron el interior y exterior del Teatro del Estado. Pero no es la primera vez que sucede. Varios medios de comunicación reportan el mismo tipo de operativo en ciudades en donde se ha presentado la obra, mientras que en las redes sociales se cuestiona el uso de recursos públicos para una obra con fines de lucro. El 25 de septiembre, por ejemplo, las dos funciones de la obra que se dieron en Durango también fueron resguardadas por elementos del Estado Mayor Presidencial, que vigilaron el Teatro Ricardo Castro. En esa ocasión, según dio a conocer el Canal 10 de Durango en su sitio de internet, todos los asistentes fueron revisados al ingresar al recinto. El fuerte dispositivo de seguridad ocasionó este fin de semana molestia entre los usuarios de las redes sociales que criticaron la medida como desproporcionada. También el 15 de agosto pasado, en León, Guanajuato, el Estado Mayor Presidencial montó un dispositivo de máxima seguridad en el Teatro Manuel Doblado debido a la participación de la hija de la pareja presidencial. Desde la mañana, de acuerdo con Zona Franca, hubo una movilización discreta de agentes federales, del Ejército y policía municipal para vigilar las instalaciones en León. Habitantes dijeron que desde la noche de un día anterior llegaron dos camionetas del Ejército y al menos 8 del Estado Mayor Presidencial para cerrar momentáneamente las vialidades. Daniel Gómez Casanova, director de la obra, había asegurado al Reforma, el 4 de agosto, que Sofía Castro no utilizaría un dispositivo de seguridad. “Una cosa que a mí me sorprende es que ella es una chica sencilla, como cualquiera de su edad; sólo viene al teatro en una camioneta con tres acompañantes y no más”, le dijo Gómez al diario. “Así pasará con la gira que haremos por el país”. Pero no fue así. La Jornada Veracruz informó que este fin de semana se repitió el resguardo. Un fuerte despliegue de elementos de seguridad federales y estatales colocó incluso arcos detectores de metales a la entrada del teatro. Además se prohibió que autos se estacionaran alrededor, salvo que fueran a comprar boletos para la obra, sin embargo también hubo restricciones como un máximo de cuatro boletos por persona, además que debían presentar una credencial de elector. Se informó que la hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro llegó el jueves pasado resguardada por más miembros del Estado Mayor Presidencial, Policías Federales, soldados del Ejército, elementos de la SSP y en todo momento abriéndole paso agentes de Tránsito. Los elementos castrenses fueron los encargados de vigilar el exterior del inmueble, mientras que adentro, elementos del IPAX obedecieron órdenes de los integrantes del Estado Mayor Presidencial. Los elementos de la Policía Federal y veracruzana se dedicaron a realizar rondines permanentes en las calles de alrededor, incluso ordenando el retiro de algunos vehículos, que a su parecer parecían sospechosos. La Jornada de Veracruz indicó que por la mañana, todos aquellas personas que compraron un boleto para asistir a una de las dos funciones de la obra El Cartero, además de presentar su respectivo ticket, igualmente debieron someterse a una exhaustiva revisión con detectores de metales manuales y pasar por debajo de arcos con el mismo fin, además de ser revisados por los elementos del Estado Mayor Presidencial. Distintas cuentas de Twitter reportaron este día el operativo en Veracruz. Cuestionan el uso de recursos públicos para una obra de teatro con fines de lucro.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/30-09-2013/771687. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX


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«QUE PASE EL DESGRACIADO FEDERALISMO!»

Dos semanas después de que el gobierno federal usufructuó la respuesta a los desastres, lo que ahora sigue es el deslinde de responsabilidades…
En casos de desastres, la federación sirve para dos cosas: por un lado, para que el presidente de la República en turno se luzca con los damnificados y haga campaña con el dolor y la desgracia de ellos; por el otro, para que los tres órdenes de gobierno diluyan sus respectivas responsabilidades, por las laderas de la burocracia escurridiza.
La fórmula es muy sencilla: para lucrar políticamente con la tragedia, tenemos la figura del Presidencialismo Trinitario (el presidente en turno se convierte a la vez en el gobernador y en el alcalde de las zonas devastadas); pero a la hora de deslindar responsabilidades, asoma el Federalismo incompetente e irresponsable: “Yo alerté, pero no me hicieron caso. Yo no fui, fue teté”.
No hay que ser Laura Bozzo para saber el scrpit que seguirán ahora las autoridades involucradas en esta inevitable rendición de cuentas: “Que pase el desgraciado: yo avisé a tiempo a ____________ (gobernación, gobernador, presidente municipal, población); pero el desgraciado _____________ (presidente municipal, gobernador, gobernación, población) no atendió el llamado”.
¿Qué hacían los responsables de los tres órdenes de gobierno al momento de la tragedia? De acuerdo a la información periodística disponible, Manuel causó su primera víctima mortal en el río de la Sabana en Acapulco a las nueve la de la noche del sábado 14 de septiembre. A esa hora, el alcalde Luis Walton terminaba de dar su primer informe de gobierno (ceremonia breve, austera, en local cerrado, sin posibilidad de cancelarlo por dos razones: por mandato legal debe comparecer ante el cabildo en esas fechas y, además, a esa hora el semáforo del Sistema Nacional de Protección Civil mantenía en color amarilla, no naranja ni roja, la alerta sobre la tormenta); procediendo de inmediato a solicitar la activación del Plan DNIII-E a las autoridades estatales y militares correspondientes. Esto me consta, porque estuve presente en ese evento.
Por su parte, a esa hora, el gobernador del estado, Angel Heladio Aguirre, sostenía una reunión con el consejo estatal de protección civil para evaluar las acciones preventivas, y a la espera de que el semáforo del SNPC de gobernación decretara oficialmente la alerta naranja, situación que ocurrió hasta las 1:30 de la mañana del domingo 15 de septiembre (ver comunicado 8 del sistema de alertamiento de tormentas tropicales del SNPC, por el que se rigen los protocolos de protección civil de estados y municipios), cuando ya había decesos, deslaves e inundaciones en Chilpancingo, en Acapulco y en la autopista del Sol.
¿Qué pasaba en la Ciudad de México a las nueve de la noche del sábado 14? Las autoridades federales custodiaban el zócalo, monitoreaban a los maestros de la CNTE reubicados en el monumento a la Revolución y seguían festejando ante los medios de comunicación el desalojo magisterial del día anterior. Zócalo y CNTE, no Manuel ni Ingrid, eran su máxima prioridad.
De acuerdo a las imágenes de satélite, a las cuatro de la mañana del domingo 15 de septiembre, las dos tormentas se encontraron cara a cara en la zona alta de la montaña en Guerrero y Oaxaca: la tormenta perfecta, algo que no ocurría desde hace medio siglo. Por la mañana el alcalde de Acapulco anuncia la cancelación del grito de independencia y el desfile de las fiestas patrias. Lo mismo harían sensatamente en diversos municipios de Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca.
En el zócalo, en cambio, esa noche hubo Grito, fiesta pirotécnica y el desfile militar al día siguiente, lunes 16. Lo único que se canceló fue una cena: cuando ya había media centena de muertos, los primeros 10 mil damnificados, una autopista colapsada y el cerro de La Pintada desgajándose.
Este es el federalismo en desgracia que debe ser sentado en el banquillo de la rendición de cuentas, no mediante linchamientos escenográficos al estilo Laura Bozzo de tal o cual nivel de gobierno, sino con los recursos de la transparencia, la información y el valor cívico para reconocer que somos muy buenos para responder después de los desastres, pero muy malos para prevenirlos. Todos. Y todos, somos todos.
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El jefe Diego, beneficiario de un despojo


México D.F. Jueves 10 de octubre de 2002

Exigen ejidatarios devolución o pago justo por las tierras expropiadas en Playa Diamante en 1992
MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL
Acapulco, Gro., 9 de octubre. Huizaches, nopales y maleza crecen en las cinco hectáreas y media de Playa Diamante que son propiedad del senador panista Diego Fernández de Cevallos, las cuales originalmente fueron expropiadas por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu "con el objetivo de promover el fomento y el desarrollo de la actividad turística en la entidad".
Cevallos
Cerca de los dos lotes propiedad del jefe Diego se construye, desde hace poco más de 10 años, una zona exclusiva de condominios y hoteles de gran turismo, en el lugar que alguna vez fue tierra de pequeños propietarios y de centenares de ejidatarios viveristas en el predio conocido como La Zanja, quienes de pronto se vieron despojados de sus espacios por el entonces gobernador priísta, a quien la izquierda guerrerense bautizó como ''el déspota ilustrado''.
Según la escritura 348, realizada el 19 de marzo de 1993 por el notario público número 15, Sergio Olvera de la Cruz ?el ''fedatario de confianza'' de Ruiz Massieu que escrituró todos los terrenos expropiados y luego los enajenó en beneficio de particulares, como acusa el diputado federal perredista Félix Salgado Macedonio?, los terrenos fueron adjudicados por la Promotora Turística de Guerrero (Protur) en pago a Diego Fernández de Cevallos, "libres de todo gravamen y limitación, al corriente en el pago de todos sus impuestos y derechos, los lotes C-4 y C-8, ubicados en la zona turística conocida como Playa Diamante".
En ese documento, que está en el Registro Público de la Propiedad del distrito de Tabares, con el folio de derechos reales número 19 mil 876, de fecha 27 de febrero de 1985, no se precisa el valor del predio, toda vez que las tierras ejidales a la orilla de la playa fueron adjudicadas a Fernández de Cevallos mediante un convenio de dación con el propósito de indemnizarlo por parte de Protur, organismo público descentralizado del gobierno del estado de Guerrero.
Protur fue creada por la Ley de Fomento Turístico mediante decreto publicado en elDiario Oficial del estado de Guerrero el 17 de agosto de 1987, para "promover el fomento y el desarrollo de la actividad turística en la entidad".
El organismo descentralizado fue promovido por Ruiz Massieu para "administrar las reservas territoriales destinadas a los proyectos turísticos y para ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento respectivos" en las tierras expropiadas a ejidatarios y a pequeños propietarios, cuyas tierras comprendían desde Punta Diamante, que se encuentra en Puerto Marqués, hasta los bordes del río Papagayo.
El director de Protur, Adrián Cordero García, fue socio de Ruiz Massieu y ambos "amasaron fortuna comprando terrenos a décimas de centavos a los expropiados para luego venderlas a 600 dólares el metro cuadrado por conducto de la inmobiliaria Marsur, empresa creada por ellos mismos", dice una de las expropiadas, Leticia Olmedo Palma, nieta del anciano patriarca Sabino Palma, propietario de la mayor parte de los terrenos de Playa Diamante, quien murió en el 2000, cuando iba a cumplir 120 años.
Las playas del ejido de La Zanja les fueron arrebatadas a sus auténticos dueños por el decreto expropiatorio del 12 de junio de 1992, expedido por el Poder Ejecutivo del estado en favor de Protur. Precisa la escritura que "dicho predio está formado por varios polígonos, con una superficie total de 240 mil 661 metros 12 centésimos".
El terreno conocido como Desarrollo Turístico Marsur fue subdividido en varios lotes, entre los cuales se encuentran el C-4, de 53 mil 418 metros cuadrados, y el C-8, de 2 mil metros cuadrados, propiedad de Fernández de Cevallos, mismos que colindan con la vialidad principal del conjunto Punta Diamante, donde se encuentran hoteles como Mayan Palace, Torres Playa Mar y Condominio Diamante. Una zona que comienza a poblarse con lujosos edificios en condominio para gente con altos ingresos y diseñada arquitectónicamente pensando en Miami.
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Mediante el decreto expropiatorio número 86, del 9 de octubre de 1987, e inscrita en el Registro Público de la Propiuedad en el folio de derechos reales con el número 29 mil 850, de fecha 8 de febrero de 1988, se expropió en favor de Protur, "por causas de utilidad pública", al señor Carlos Antonio García López, una fracción con una superficie de 15 mil 884 metros cuadrados y otra de 247 mil 475 metros cuadrados de los terrenos que hoy se conocen como Playa Diamante.
Muchos dueños de los predios fueron obligados a aceptar la expropiación por la coacción o de plano la represión; a cambio se les ofrecieron terrenos en lugares apartados, como en el municipio de San Marcos, dicen en una reunión que parece asamblea ejidal los más de 40 nietos de Sabino Palma, quienes reclaman a las autoridades estatales la devolución de sus tierras o el pago en efectivo de los terrenos que Protur ha vendido a gente poderosa política y económicamente, como el ex presidente Ernesto Zedillo, o a grandes empresas a más de mil dólares el metro cuadrados.
Allí el grupo Mexicano de Desarrollo, SA de CV construyó la infraestructura urbana que recorre toda la península de lo que se llama Punta Diamante y que daría nombre al proyecto de modernización y diversificación turística de Ruiz Massieu.
Así, Protur adjudicó en favor de Diego Fernández de Cevallos, los lotes C-4 y C-8, ubicados en la zona turística de Playa Diamante. Protur, además, pagó "los honorarios, gastos y todo tipo de impuestos, derechos o cooperaciones que resulten directa o indirectamente por el otorgamiento de la escritura y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como los que resulten de la subdivisión que conforme al plan de desarrollo urbano realice el adquirente o sus derechohabientes".
De igual forma, Protur estableció un compromiso donde "se obliga frente al adquiriente a obtener del H. Ayuntamiento de Acapulco una exención del impuesto predial respecto de los inmuebles a partir de esta fecha y hasta que hayan transcurrido dos años de la conclusión y puesta en operación de todos los servicios e infraestructura del fraccionamiento en que se ubican los predios". El presidente municipal de entonces era el actual gobernador del estado, René Juárez Cisneros.
En la octava cláusula queda establecido que "las partes convienen expresamente que con la dación en pago que el presente instrumento convenga, se da el señor Diego Fernández de Cevallos por pagado de todas las cantidades a que pudiera tener derecho".
El 28 de abril de 1993 firmaron el citado documento Cordero García y el presunto donador de los terrenos, Carlos Antonio García López, dueño de las funerarias García López ?donde apareció el cuerpo de Amado Carrillo, narcotraficante conocido como el Señor de los cielos? en favor de Diego Fernández de Cevallos, "soltero, abogado, con domicilio en Virreyes 810, Lomas de Chapultepec".
El diputado Félix Salgado Macedonio, citando la décima cláusula de las escrituras de los predios, dice que "en la interpretación, ejecución y cumplimiento de este convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad y puerto de Acapulco, renunciando al fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa que pudiere invocarse".
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Con base en ello, expresa que por las irregularidades encontradas en las escrituras de dación ha interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que "actuantes y cómplices sean castigados".
Incluso, anunció que solicitará el desafuero del senador Diego Fernández de Cevallos y que pedirá ante la PGR un juicio de procedencia contra el panista, "para que venga responder a los tribunales de Guerrero sobre esta escrituración completamente ilegal".
Asimismo, solicitará también a la misma procuraduría que investigue al ex director de Protur, Adrián Cordero García, ahora testigo protegido de la PGR en delitos de narcotráfico, y al donador de los lotes ahora propiedad del senador panista, "quien es socio de Diego, y exijo que se aclare esa extraña asociación de un político que dice defender los intereses de la nación y que de repente le gana juicios al propio gobierno y luego se le ve asesorando a gente de dudosa conducta".
Por el asunto de Playa Diamante ya ha corrido sangre, según Salgado Macedonio, pues, dice, "el contralor general del gobierno de René Juárez Cisneros, José Manuel Armenta Villegas, fue asesinado con ráfagas de rifles cuerno de chivo, ya que estaba metiendo la nariz en el asunto y se sospecha que gente del Grupo Mexicano de Desarrollo, que son los que traen pleito con los ejidatarios de Puerto Marqués, son los que lo mandaron eliminar por medio de un grupo de policías judiciales conocido como la banda de los Jettas negros. Se habla también de que el gobernador, por conducto de algunos de funcionarios, pidió que no se hiciera ruido sobre el tema".
Mientras tanto, centenares de ejidatarios afectados por las expropiaciones, auténticos dueños de los terrenos que ahora valen millones, esperan que las autoridades les regresen sus propiedades, algunas enmontadas y sin ninguna utilidad pública, como se argumentó en el decreto expropiatorio de Ruiz Massieu, entre ellas las que reclaman los más de 40 nietos del patriarca de Puerto Marqués, Sabino Palma.
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