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domingo, 6 de octubre de 2013

OFICIO DE PAPEL COLUMNA SEMANAL DEL PERIODISTA MIGUEL BADILLO

Lunes 7 de octubre de 2013

Escuadrón de la muerte en SSP
Testimonios de la Averiguación
Espionaje en elección del Ifetel
Hace unas semanas comentamos como la Procuraduría General de la República (PGR) ha enviado al archivo varios expedientes de averiguaciones previas sobre políticos, funcionarios y exservidores públicos, algunos del gobierno de Felipe Calderón, debido al desistimiento del Ministerio Público federal a pesar de haber suficientes evidencias de actos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, vínculos con el crimen organizado, extorsiones, sobornos, chantajes, desapariciones forzadas y hasta homicidios.
Uno de esos expedientes que ya está totalmente integrado, y que la PGR se resiste a consignarlo ante un juez federal, está relacionado con los abusos y crímenes de exjefes policiales de la exsecretaría de Seguridad Pública (SSP) –que encabezó el sexenio pasado Genaro García Luna– que se dedicaban a secuestrar, desaparecer y asesinar personas, como los escuadrones de la muerte que han operado en la dictaduras más feroces de América Latina y que de acuerdo con el expediente en cuestión también el gobierno de Calderón operó con estos escuadrones para desaparecer personas, torturar y asesinar.
Decíamos que en el escritorio del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, está aún ese expediente abierto sobre la desaparición de un joven de 28 años –Alejandro Fontes Carrillo– que involucra a un grupo de choque de 60 agentes federales pertenecientes a diversos cuerpos de la extinta SSP (Fuerzas Especiales, Grupo de Operaciones Especiales, Tercera Sección de Investigaciones y Fuerzas Federales) que operaban bajo el mando del comisario Francisco Navarro Espinosa, exjefe de Operaciones Especiales de la Policía Federal.
Los antecedentes del comandante Navarro han sido públicos y dados a conocer por la prensa desde 2009, cuando un tribunal federal absolvió de forma definitiva a dicho comandante, junto con el agente Fidel Hernández García, por el delito de vínculos con la delincuencia organizada, al proteger a narcotraficantes y cometer abusos y robos en aquel operativo que hicieron en una residencia del Desierto de Los Leones.
Fue el Segundo Tribunal Unitario Penal de Tepic, Nayarit, el que absolvió al comisario Navarro de los cargos de delincuencia organizada, robo específico y abuso de autoridad, en el mismo caso donde fue condenado a 4 años de prisión su jefe Víctor Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la Policía Federal.
A Navarro se le había acusado de participar en el operativo del 19 de octubre de 2008 en una residencia del Desierto de los Leones, propiedad del colombiano Mauricio Harold Poveda, alias El Conejo, quien era el contacto para el abastecimiento de cocaína del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
En ese operativo varias víctimas denunciaron torturas, maltratos y robo de dinero, que ascendió a 500 mil dólares, y joyas con un valor de 2 millones de pesos.
En esa ocasión, el cargo que le imputaron a Navarro por crimen organizado derivó de señalamientos que le atribuían brindar protección a Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas, al abortar operativos policiales en momentos en que estaban a punto de detener a ese narcotraficante, quien finalmente fue abatido en 2009.
Sin embargo, en aquella ocasión un tribunal unitario ratificó la sentencia absolutoria para Navarro y Hernández García fue acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada, pues daba protección a Jesús Zambada García, alias el Rey Zambada.
El expediente 850/DD/2008-2
Con esos antecedentes del comandante Navarro, ahora sabemos que el secuestro de Alejandro Fontes, según copia del expediente en poder de esta columna, permitió a la Delegación de la PGR en Chihuahua abrir la averiguación previa 850/DD/2008-2 por la desaparición, el 27 de septiembre del mismo año, de ese joven de 28 años.
De acuerdo con declaraciones de testigos, Fontes Carrillo llegó la noche del 27 de septiembre a bordo de una camioneta de lujo marca Yukón al bar Blue Martini, ubicado en el Periférico de la Juventud, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. A las 23:45 horas, 60 agentes federales encapuchados y con armas largas llegaron al lugar en siete camionetas negras modelo Ford Lobo, con el logotipo de la Policía Federal, y sacaron de ese centro nocturno a Alejandro y jamás se volvió a saber algo de él.
Además de las declaraciones de meseros y capitanes del bar, así como de varios comensales, quienes confirman la arbitraria detención, hay dos grabaciones en video (que también forman parte del expediente ministerial) que revelan la forma como se llevó a cabo el operativo policial cuando los federales, comandados por el comisario Navarro, levantaron a Fontes Carrillo y, desde esa fecha, hace ya más de 5 años, su familia no sabe nada de él.
Por tratarse de policías federales bajo el mando de quien fuera considerado el supersecretario del gabinete de Calderón, Genaro García Luna, la averiguación previa estuvo varios años archivada en la delegación de la PGR en Chihuahua, pero a finales de 2011, por presiones de la familia –la madre, Trinidad Carrillo Rembao, y la hermana, Patricia Fontes Carrillo–, la atrajo la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR.
Por lo delicado del expediente, que confirma la operación de un supuesto “escuadrón de la muerte” conformado por policías de operaciones especiales, la Dirección General de Asuntos Especiales de la misma Procuraduría se declaró incompetente para seguir con las indagatorias, aunque el expediente aún sigue en poder del director general Guillermo Penagos Villar.
La madre de la víctima, Trinidad Carrillo Rembao, declaró que el día del secuestro de su hijo ella se encontraba en su domicilio de Ciudad Juárez, y a la 1 de la mañana recibió llamada telefónica de su hija Patricia, quien le informó que policías federales a bordo de camionetas azules con blanco se habían llevado a su hermano Alejandro.
“Mi hija se encontraba en el mismo lugar, pero en otra mesa, y vio cuando los policías se llevaron a su hermano. Incluso puede reconocer a los policías federales.
“De inmediato le llamó también a la esposa de mi hijo, Mildreth Montes Legarda, y juntas fueron a buscarlo a diversos lugares, a la Policía Federal Preventiva, en donde les dijeron que ellos no sabían nada de ese operativo policiaco. De ahí se trasladaron al C4, porque les informaron que ahí estaban instalados los policías federales; pero tampoco se encontraba allí.
“Al día siguiente, llegué muy temprano a la ciudad de Chihuahua y junto con mi hija fuimos al hotel Marrod, en donde los policías federales se comportaron muy agresivos y nos dijeron que ellos no sabían nada. Después de esto fuimos a presentar una queja ante Derechos Humanos en Chihuahua y ya no supimos más.”
El testimonio del agente Darío Severiano Sánchez, adscrito a la Sección Tercera del Estado Mayor, rendido ante la representación social federal el 18 de mayo de 2009, confirma el operativo policial que bajo “información confidencial” se llevó a cabo en contra de Alejandro Fontes Carrillo.
“A mediados de septiembre de 2008, aproximadamente el día 20, fui comisionado a la ciudad de Chihuahua mediante oficio firmado por el licenciado Francisco Navarro Espinosa.
“Estando en dicha comisión por 50 días, sin que me hubieran notificado el objeto de la misma por tratarse de información confidencial. Me transporté por vía terrestre desde el Distrito Federal hasta la ciudad de Chihuahua, y fui designado como conductor de una patrulla camioneta Ford Lobo (número 10704) con doble cabina y en compañía de tres oficiales de la Policía Federal de nombre Héctor Callejas Chávez, Jorge Barranco Aguirre y Liborio Espinosa Vega.
“Al llegar a Chihuahua nos hospedamos en el hotel Marrod, y el 26 de septiembre iniciamos el patrullaje junto con otra camioneta y varios agentes por toda la capital del estado.
“Ese mismo día a las 23:15 horas tuvimos una reunión en el hotel Marrod con personal del Grupo Operativo de Fuerzas Federales y personal de la Sección Tercera, en donde se acordó el operativo del bar Blue Martini”.
En el amplio expediente decenas de testimonios y declaraciones ministeriales confirman el secuestro de Alejandro Fontes Carrillo, quien a pesar de las pruebas en video que involucran a agentes de diversas corporaciones policiales federales de haber participado en la desaparición hace 5 años de ese joven de 28 años de edad, la PGR sigue con el expediente en su poder y se resiste a consignarlo ante un juez federal. Ésta es la injusticia mexicana de todos los días. La próxima semana daremos cuenta de más testimonios y evidencias.
Cisen investigó a comisionado de Ifetel
Órganos de inteligencia del gobierno federal elaboraron expedientes sobre las vinculaciones económicas, empresariales, políticas y personales de los especialistas que aspiraban a ocupar un puesto en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que sustituyó a la polémica Comisión Federal de Telecomunicaciones.
En la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, se elaboraron expedientes de cada uno de los 35 aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). El objetivo de ese trabajo de espionaje a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue vigilar que la designación de funcionarios en ese organismo no constituyera una captura de la entidad regulatoria por parte de compañías privadas, las cuales han frenado la competencia en ese sector durante la última década.
La investigación incluyó indagatorias sobre las relaciones de negocios, las simpatías empresariales y hasta las actuaciones en otros organismos públicos de cada uno de los 35 candidatos que hasta el pasado 10 de septiembre aspiraban a integrar ese órgano de gobierno. La conclusión del Cisen fue que 11 expertos que aspiraban a un cargo en el Ifetel “tenían conflicto de interés”.
Así, antes de que el presidente Enrique Peña Nieto entregara a los senadores su propuesta de candidatos para integrar el Ifetel –organismo regulador con el que se busca impulsar la competencia en el sector de las telecomunicaciones– buscó asegurarse de que los eventuales comisionados no enfrentaran conflictos de interés por su participación o simple simpatía con ciertas empresas dominantes en el sector. También tuvo la cautela política de vetar a exfuncionarios del gobierno panista de Felipe Calderón que intentaron ocupar posiciones relevantes en dicho Instituto.
Sin embargo, la designación de los siete comisionados del Ifetel fue resultado de una negociación entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República. Fuentes involucradas en el proceso comentan que los negociadores del PAN –encabezados por Ernesto Cordero– pidieron, a cambio de aceptar la lista de comisionados propuestos por Peña Nieto, que la designación del presidente del Ifetel fuera una decisión de ellos. Ante esto, el presidente de la República sólo sugirió a los senadores panistas que pusieran en la mesa de negociación dos nombres, de los cuales Peña Nieto eligió el de Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar.
En las pláticas llevadas a cabo en el Senado, Ernesto Cordero tenía ventaja sobre los legisladores priístas debido a que durante su gestión en el sexenio pasado como secretario de Hacienda y Crédito Público tuvo acceso a todos los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que le permitió valorar con detalle la propuesta presidencial y definir así al comisionado que debería presidir ese organismo responsable de regular las telecomunicaciones.
Los documentos, cuya información es la nota de portada de la revista Contralínea, dan cuenta del origen y constitución de organizaciones, en apariencia de corte académico y de consultoría, que supuestamente han sido patrocinadas por las principales compañías del sector de las telecomunicaciones y que, desde esa tribuna, habrían promovido a candidatos al Ifetel. También se exhiben como evidencias de dicho financiamiento algunos documentos bancarios.
El proceso de selección de los comisionados también sirvió al gobierno federal para revisar la actuación de funcionarios y exservidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que supuestamente habrían beneficiado a empresas del sector, como Telmex (del magnate Carlos Slim); Telefónica (de origen español); Televisa (de Emilio Azcárraga), y MVS (de la familia Vargas), principalmente.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
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