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domingo, 26 de enero de 2014

AMLO en la Asamblea Constitutiva de MORENA



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La ley, la ética y la justicia Sobre la intervención del TEPJF en la vida interna de morena

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de morena

Un componente fundamental en la construcción de morena es la conformación de mecanismos y órganos internos que permitan salvaguardar los derechos individuales y colectivos de sus integrantes, así como velar por el respeto a los principios y las normas estatutarias que nos hemos dado.
            Creemos que para lograr el propósito de transformar profundamente del país es indispensable que la vida orgánica demorena, sus relaciones internas y su práctica social, sean congruentes con nuestros principios y ejemplo de un quehacer fundado en la ética política.
            Con esa finalidad, nuestro Congreso Nacional acordó, entre otras cosas, la constitución de una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como de Comisiones en cada una de las entidades federativas. A partir de su integración, las Comisiones de Honestidad y Justicia de morena, hemos atendido un gran número de asuntos planteados por compañeros y compañeras en lo individual o por nuestros órganos ejecutivos y de conducción, algunos de carácter consultivo y otros relativos a conductas que constituyen violaciones a nuestros principios y normas estatutarias, de diversa índole y gravedad. Y aunque nuestro Estatuto establece que las resoluciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia son concluyentes, hay quienes han tomado la decisión de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnarlas y litigarcontra las instancias jurisdiccionales de morena.
            Si bien acudir al TEPJF es un derecho ciudadano, en el caso de los miembros de morena esta es una acción que contradice la experiencia histórica de lucha de nuestro movimiento, y fractura las bases en las que se sustenta la confianza en el cumplimiento de los compromisos que todos asumimos al momento de integrarnos amorena, y en la actuación responsable en la realización de las tareas encomendadas. Al acudir al mencionado Tribunal se facilita que una instancia estatal, que actúa de manera discrecional,  intervenga en los asuntos propios de morena con una visión de la justicia sustancialmente distinta a la que asumimos como organización. Sobre todo tomando en cuenta la experiencia acumulada en los últimos lustros respecto a la forma regularmente parcial, sesgada y favorable a intereses políticos del presente régimen que ha caracterizado la actuación del TEPJF. Esto daña nuestra vida interna y vulnera la credibilidad de nuestro proyecto.
            En tal sentido, resulta grave, no sólo para morena sino para la vida pública del país, la manera en que el TEPJF se ha conducido frente a los casos que recientemente le han presentado algunos integrantes de morena, pues una vez más ilustran cuán lejos está de cumplir con su responsabilidad como institución formalmente encargada de impartir justicia en materia político-electoral.

Incongruencia y violaciones del Tribunal
Basamos nuestra afirmación, en primer término, en que el TEPJF se ha excedido en sus atribuciones al intervenir en un ámbito que no es de su competencia. Violentando lo dispuesto en la Constitución y en las leyes, la mayoría de los magistrados del Tribunal tomó la decisión de intervenir en asuntos internos de morena, siendo que hasta ahora nuestra organización es una Asociación Civil. Por tanto, morenasujeta el funcionamiento y las relaciones entre sus órganos y sus miembros a las normas contenidas en su Estatuto y a las leyes que regulan a las asociaciones civiles. Esto es, morena aún está inscrita en el ámbito normativo del derecho civil, y no en el propio del derecho político-electoral.
            Desde que fue admitido por el TEPJF el primer caso, morenaseñaló las razones jurídicas por las cuales el Tribunal no es competente para intervenir y mucho menos para resolver sobre la interposición de un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, para impugnar una resolución interna de nuestra organización. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, es claro que el TEPJF no tiene atribuciones para resolver sobre controversias que se presentan al interior de una asociación civil. Así, es absolutamente infundada la procedencia de un juicio de esa naturaleza, pues jurídicamente resulta imposible que la impugnación de una decisión interna de una asociación civil cumpla con los requisitos que señala la Ley para que este tipo de juicios sea procedente.
            Cabe advertir que, desde el primer caso, morena ha expresado ante el Tribunal este punto de vista, fundado en la norma vigente, presentando la argumentación jurídica. Si bien en un primer momento el Tribunal aceptó los razonamientos de morena y procedió a desechar, por ser legalmente infundado, el recurso de un grupo para impugnar procedimientos internos de nuestros órganos de decisión, precisamente por tratarse de asuntos de una asociación civil (Sentencia SUP-JDC-871/2013 Y ACUMULADOS), en lo adelante el Tribunal ha venido aplicando un criterio contrario e interfiriendo indebidamente en los asuntos internos de nuestra organización.
            Esta actuación errática y violatoria de la ley, que hace presuponer propósitos políticos, se ha evidenciado en dos casos en los que el Tribunal ha decidido admitir los juicios presentados contra sendas resoluciones de la CNHJ. Esta Comisión presentó en su momento, “ad cautelam”, toda la argumentación jurídica que demuestra la incompetencia del Tribunal respecto de los dos casos y la improcedencia de los recursos de impugnación (ver por ejemplo:http://media.wix.com/ugd/3ac281_50abd3921d2545d2b2f4a16863c2dc06.pdf).
            El sólido fundamento de la posición de esta CNHJ, coincidente con la primera sentencia del Tribunal que avaló la posición demorena, se advierte no sólo en los argumentos esgrimidos, sino además en el hecho de que miembros del propio TEPJF se han pronunciado a su favor, con sus “votos particulares”, como es el caso de la sentencia SUP-JDC-981/2013 y ACUMULADO.
En efecto, la posición de morena, y en particular de esta CNHJ, fue avalada en dicha sentencia por el mismo presidente del Tribunal y un magistrado de su Sala Superior. En sus respectivos votos particulares expusieron argumentos respecto a la sentencia dictada por la mayoría de los magistrados, como los siguientes:
Magistrado Flavio Galván Rivera:
[…] Contrario a lo que sostiene la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, en opinión del suscrito, los juicios resueltos son notoriamente improcedentes, porque los actos reclamados no son, formal ni materialmente, de naturaleza electoral o político-electoral, no corresponden al Derecho Electoral, razón por la cual no están regidos por la normativa electoral o político-electoral contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la parte conducente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en la normativa reglamentaria expedida por el Instituto Federal Electoral.
Mi aserto se exterioriza sin desconocer, por supuesto, las causas y los fines, así como el objeto social de la Asociación Civil denominada “Movimiento Regeneración Nacional”, constituida conforme a lo previsto en el Código Civil, lo cual significa que los actos, hechos y procedimientos jurídicos, relativos a la integración de sus órganos constitutivos, así como los de elección para la integración original o la renovación de los integrantes de esos órganos constitutivos de la asociación civil, al igual que toda actuación relativa al régimen disciplinario interno de la persona moral en cita, son formal y materialmente, hasta este momento, de naturaleza civil y no de naturaleza electoral o político-electoral.
Las consideraciones precedentes son sin mengua de que en otros juicios o recursos, de naturaleza electoral, en atención a la esencia y características de los actos, hechos o procedimientos jurídicos, atribuidos a una asociación civil, esta Sala Superior resulte competente y que, en consecuencia, deba conocer de la controversia planteada; esto es así porque, desde mi perspectiva, es la naturaleza jurídica, formal y/o material del acto, hecho o procedimiento jurídico, motivo de la controversia y no únicamente la naturaleza jurídica del sujeto de Derecho, con o sin personalidad jurídica, la que determina la competencia por materia de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
[...]
Sin embargo si, como en el particular acontece, la materia de la litis es relativa a una sanción impuesta a los asociados, afiliados o militantes de la asociación civil ya mencionada, que evidentemente están fuera del contexto del procedimiento formal de constitución de un partido político nacional, sin actualizar algún otro supuesto jurídico previsto en la normativa electoral, es conforme a Derecho sostener que tal actuación no es de naturaleza electoral, formal ni material; no corresponde al Derecho Electoral razón por la cual el posible derecho conculcado no es tutelable por este Tribunal Electoral y tampoco lo es por alguno de los medios de impugnación establecidos en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su reglamentaria Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
[...]
En este orden de ideas, en opinión del suscrito, los juicios incoados, al rubro identificados, resultan notoriamente improcedentes, conforme a lo previsto en el artículo 9, párrafo 3, del Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, razón por la cual las demandas debieron ser desechadas de plano o bien se debe decretar el sobreseimiento en cada uno de los juicios incoados, porque la demanda respectiva ha sido admitida.
Magistrado Alejandro Luna Ramos (Presidente):
[...] Desde mi perspectiva, este órgano jurisdiccional no puede adentrarse a la resolución del presente asunto, pues no existe alguna afectación a un derecho político electoral, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en la falta de interés jurídico de los accionantes para promover los juicios que se resuelven, por lo que procede sobreseer en los mismos, en términos de lo que establece el artículo 11, párrafo 1, inciso c), de la citada legislación.
[....]
Al respecto, cabe señalar que si bien esta Sala Superior, de forma ordinaria, carece de competencia para conocer de aquellos actos relacionados con la organización interna de una asociación civil, lo cual conllevaría una posible conculcación de los derechos tutelados por dicha materia, lo cierto es que, desde mi perspectiva, sólo en el caso de que se trate de actos relacionados de manera directa con el procedimiento tendente a la obtención del registro de dicho ente social, para constituirse como partido político, este órgano jurisdiccional podrá asumir la competencia necesaria para la resolución del conflicto.
[...]
En esa lógica, únicamente los actos vinculados directamente con el procedimiento de solicitud de registro como partido político serán los que puedan generar alguna conculcación de derechos políticos de los miembros de la asociación Movimiento Regeneración Nacional, por lo que si en la especie los accionantes controvierten la resolución de siete de junio del presente año, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento Regeneración Nacional, mediante la cual fueron sancionados los actores, por tanto, estimo que ello en modo alguno puede generarles un perjuicio en su esfera de derechos políticos y, por tanto, no se actualiza el interés jurídico de los promoventes.

Parcialidad y fallas de la sentencia del Tribunal
Ahora bien, en segundo término, con base en el criterio determinado por la mayoría de los magistrados, que viola flagrantemente la Constitución y las leyes, el Tribunal ha emitido sentencias en las que, además, ha mostrado una actuación irresponsable, parcial y de muy poco profesionalismo, como puede observarse en la sentencia del expediente SUP-JDC-1155/2013 y ACUMULADO, de fecha 18 de diciembre de 2013, relativa a la impugnación de la resolución del expediente CNHJ/006/2013.
En esta sentencia, el Tribunal señala, entre otras cosas:
a) Que la CNHJ definió su convicción, para adoptar su resolución, basándose en una sola prueba (un audio), que califica como "mera prueba técnica", que no utilizó otros indicios y que no la vinculó con otras pruebas.
Esta afirmación del Tribunal no corresponde a la verdad, ya que como se expuso ampliamente en el estudio de la resolución referida, la CNHJ consideró, además de esa prueba técnica, los propios alegatos de los denunciados, pruebas confesionales y pruebas documentales que corroboraron la comisión de faltas graves a los principios y al Estatuto de morena.
La afirmación del Tribunal resulta poco seria, por decir lo menos, pues, por un lado, los propios apelantes cuestionan la valoración que se hizo de cada una de las diversas pruebas consideradas por esta Comisión (las mencionadas anteriormente) y, por otro, el mismo Tribunal analiza, en su estudio, la valoración que la CNHJ hizo de las otras pruebas.
b) Que la prueba técnica (el audio) que utilizó la CNHJ no tiene el suficiente valor porque no le fueron realizados los peritajes correspondientes y que, además, los apelantes no reconocen su contenido.
Esta valoración hecha por el TEPJF, es verdaderamente sorprendente y denota el poco profesionalismo con que fue elaborado su fallo, pues en su primera sentencia sobre el mismo caso consideró infundado el alegato de los apelantes respecto a que el referido audio no debía ser valorado como prueba por carecer de la pericial técnica, aplicando el criterio del Tribunal de que los entonces denunciados, habían aceptado tácitamente la validez de la prueba al alegar sobre su contenido y al no haber solicitado, en el momento procesal oportuno, la realización de tal peritaje.
Más aún, el Tribunal parece no haber dado lectura completa a la resolución de la CNHJ ni a los alegatos de los apelantes, ya que en su primer escrito de alegatos, uno de los entonces denunciados, ofreció como prueba en su defensa el mismo audio, considerando que ésta prueba ofrecida por los denunciantes "se perfecciona como prueba legal y debe ser admitida". Esto es, una evidencia reconocida y considerada por los propios acusados como prueba legal, insólitamente el Tribunal la conceptúa como carente de valor legal y probatorio. Y al parecer el Tribunal tampoco se percató de que, en su alegato, los apelantes señalaron que había una palabra mal interpretada en la transcripción que la CNHJ hizo del mencionado audio, con lo que, al disputar sobre la corrección de dicha transcripción, reconocían el contenido restante de la prueba. De nuevo, el Tribunal asume un inverosímil criterio en favor de los acusados que contradice lo admitido por éstos.
c) Que en relación con las respuestas de quienes desahogaron las confesionales ofrecidas como pruebas por los ahora apelantes, el Tribunal señala que hubo quienes no indicaron, por ejemplo, dónde, cuándo y cómo sucedieron los hechos que confirmaron con sus respuestas; que otros denunciantes respondieron que sus decisiones las tomaron libremente y que, por lo tanto, no se confirma que los entonces denunciados los hubieran presionado; y, en fin, que algunos otros no indican a quién debieran atribuirse las acciones que les constan.
No deja de sorprender que el Tribunal realice un análisis de las pruebas consideradas en una resolución controvertida, de manera tan dolosa, sesgada y parcial, pues es elemental, en el análisis de este tipo de pruebas, que debe considerarse el conjunto de las respuestaspara identificar si existen contradicciones entre las mismas, si éstas se complementan, si su vinculación con las respuestas de otros absolventes contribuyen o no a conocer la verdad, etcétera. Nada de esto hizo el Tribunal. Por el contrario, cuando señala que no se indicó en una respuesta el cómo, cuándo y dónde, no toma en cuenta que, en la pregunta a la que corresponde esa respuesta, no se pide al absolvente que responda sobre esas cuestiones, pero bastaría con tomar en cuenta las respuestas a otras preguntas para advertir que, en su conjunto e interrelación, en ellas se encuentra respondido el cómo, cuándo y dónde.
Pero más aberrante resulta que un Tribunal Electoral razone que, como algunos de quienes denuncian actos que impidieron la realización de una elección en forma democrática, respondieron que en lo individual su voto lo emitieron libremente, entonces “se desvirtúa” tal acusación. Es obvio que, si en las demás respuestas que dieron estos mismos absolventes, señalaron que no estaban de acuerdo con emitir su voto como se les había indicado previo a la elección, resulta de las más elemental lógica concluir que, por lo tanto, emitieron su voto libremente, no sujetándose a indicaciones o presiones de ningún tipo. Este digno ejercicio del derecho al voto, ejecutado por los denunciantes, no invalida la existencia de las presiones y otros actos violatorios de los principios y Estatuto de morena.
Y lo mismo sucedió en otros aspectos relevantes que abordaron los absolventes en sus respuestas, como el que señala el Tribunal en el sentido de que, en una de sus respuestas, quien respondió no indicó a quién se atribuían las acciones indebidas, a pesar de que en otras de sus respuestas se indica con toda claridad.
d) Que las respuestas de las confesionales “no son idóneas ni eficaces” para demostrar que se cometieron realmente las faltas señaladas, “máxime que”, dice el Tribunal, la prueba técnica que utilizó la CNHJ “fue desestimada previamente”.
Es evidente que, con estas afirmaciones, el Tribunal contradice lo que en un primer momento señaló, en el sentido de que la CNHJ sólo había tomado en cuenta el mencionado audio, una “mera prueba técnica”, para adoptar su resolución. Además, evidencia la forma en que, sin el menor recato, e incluso contraviniendo los propios criterios establecidos en su primera sentencia, hace un análisis contrario a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia y de los principios generales de derecho, para desestimar pruebas y ajustar su “razonamiento” a modo, para concluir en su sentencia final que la resolución emitida por la CNHJ era incorrecta. Para esta Comisión es claro que, siguiendo el propio criterio del Tribunal, las confesionales resultaron idóneas y eficaces precisamente al considerarlas en el conjunto de las pruebas y al “adminicularlas”—como reiteradamente indica el Tribunal en sus escritos— entre sí.
e) Que, de acuerdo con las conclusiones del Tribunal, como los acusados-apelantes negaron el contenido de la prueba técnica, las confesionales no resultaron “idóneas” y no existieron otras pruebas, “resultaron sustancialmente fundados los agravios planteados por los actores de los juicios al rubro indicado”.
Es decir, que por alguna extraña razón que no se indica en su sentencia, el Tribunal no observó que los propios apelantes cuestionaron la valoración de otras pruebas que tomó en cuenta la CNHJ, como lo alegado por los mismos apelantes sobre las documentales que permitieron corroborar que se alteró el resultado de una votación; o como lo dicho en sus alegatos de respuesta, en los que reconocen la realización de los eventos señalados por los denunciantes, y en los que, según éstos, los acusados plantearon llevar a cabo acciones contrarias a los principios y normas estatutarias de morena. Tampoco el Tribunal tuvo la capacidad de encontrar, para acercarse al conocimiento de la verdad, que en los escritos de los apelantes, ellos mismos reconocen la existencia del audio y su validez como prueba; que además reconocen, implícitamente, que la transcripción del mismo es correcta, excepto en lo que corresponde a una palabra.
En resumidas cuentas, en opinión de esta CNHJ, el Tribunal no realizó un análisis integral y orgánico de la resolución emitida por la Comisión y, por consiguiente, sólo alcanzó a emitir una sentencia tan deplorable y penosa que cabe la duda de si ésta fue examinada siquiera en todo su contenido por los propios magistrados y, por tanto, si tuvieron cabal conocimiento del proyecto de sentencia que avalaron con su voto.
Con esta reprobable actuación del TEPJF, en la que asume atribuciones que violentan la normatividad, y al emitir su sentencia hace gala de criterios totalmente contrarios a las reglas de la lógica, la sana crítica y los principios generales del derecho, pareciera que lo que en realidad se persigue es obstruir el desarrollo de morena y la construcción de un movimiento que cuestiona firmemente su desempeño y la de otras instituciones que, al renunciar al cumplimiento de su responsabilidad, han contribuido a generar la grave situación en la que se encuentra el país.

Dos visiones de la justicia
A todas luces, lo narrado en las páginas anteriores, configura la contradicción entre dos visiones de la justicia. De una parte, enmorena la justicia se vincula indisolublemente con un conjunto de valores y principios que configuran su fundamento ético-político. Toda práctica política debe adecuarse a esa concepción ética. Y la tarea de sus órganos jurisdiccionales, como lo indica su Estatuto, consiste en asegurar que las acciones y conductas de sus miembros se ajuste a las normas morales definidas en sus documentos básicos.
Garantizando el debido proceso que su propia normativa establece, el cometido de las comisiones de morena es fundar su convicción sobre la verdad de los hechos acontecidos. El énfasis está puesto en la búsqueda de este conocimiento, sin caer en el vórtice de los formalismos y las maniobras procedimentales que terminan ahogando los propios fines de la justicia. El norte de ésta son los valores asumidos. Es por ello que en morena es causa de desazón que la impunidad pueda entrar por la puerta falsa de los embrollos procedimentales y las argucias formales avaladas por tribunales que no ponen en primer plano la sustancia de la ley.
Como ya se ha advertido, este es el enfoque que adversa al anterior. La visión que parece predominar en los órganos de justicia dominantes es que la ley es la sustancia de la justicia. En morenapriva la idea de que la justicia es la sustancia de la ley.

Aceptar la aplicación del criterio determinado por parte de la mayoría de los magistrados del TEPJF para sustentar su ilegal intervención en los asuntos internos de morena, supondría consentir una violación más a la Constitución y a las leyes por parte de ese órgano y contribuir a que se coloque a las asociaciones civiles o políticas en estado de indefensión frente a la arbitrariedad y a la violación de derechos individuales y colectivos reconocidos en nuestra Constitución.
 Es por ello que en adición a esta denuncia pública, estudiamos la posibilidad de llevar a cabo otras acciones de orden jurídico para defender nuestros derechos y los de otros ciudadanos que eventualmente pudieran encontrarse en una situación semejante.
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La destrucción de la industria petrolera, de la nación y del pacto social



Con la reforma al sector energético, la extracción de hidrocarburos, la refinación, la petroquímica y distribución de derivados así como la generación de electricidad pasarán de los estados contables de Pemex y la CFE a los de Exxon Mobil, Chevron, Conoco Phillips, Royal Dutch Shell, BP, Repsol, Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa

Primera parte
Veo claramente miras tiránicas en todos sus actos y proyectos
Cicerón
Una vez cruzado el “puentecillo” del Río Rubicón, Julio César dijo: “Alea jacta est” (“la suerte está echada”). “Todo habrán de decidirlo las armas” (Suetonio, Vida de los doce césares).
Una vez asumido el riesgo y pasado el punto sin retorno, Julio César, rasgándose teatralmente las vestiduras sobre el pecho, invocó la fidelidad de sus partidarios que lo acompañaban en su aventura por adueñarse del poder soberano, detentado por los déspotas aristócratas de la antigua república romana –los optimates (“los hombres excelentes”) y los nobiles (familias nobles)–, los cuales habían despojado de casi todo su poder a las asambleas populares y bloqueado el ascenso de los plebeyos (los romanos provincianos y sin familiareslustrosos) y los “patronos de la plebe”, los popularii. A sus tribunos y soldados leales les prometió derechos y rentas de caballeros, es decir, 400 mil sestercios, o al menos eso creyeron. Al populacho le dio pan y circo. Con la guerra civil se convirtió en dictator perpetuus (dictador vitalicio), hasta que fue asesinado atrozmente en el senado por Marco Junio Bruto, entre otros, y a quien Julio César, antes de morir, le dijo: kai oú, tékvov, ¿Incluso tú, hijo mío?, según Suetonio.
A Julio César le gustaba citar a Eurípides: “si hay derecho para violar/violadlo todo por reinar, pero respetad lo demás” (“nam si violandum est jus, regnandi gratia/Violandum est: aliis rebus pietatem colas”).
En la celebración de su victoria sobre el Ponto se leyeron las siguientes palabras: “Veni, vidi, vinci”, que quiere decir “Llegué, vi, vencí” (Suetonio dixit).
El 20 de diciembre de 2013, en un acto histriónico ante sus súbditos, Enrique Peña Nieto declaró: “Hemos decidido superar mitos y tabúes [y comenzar] una nueva historia para nuestro país”.
El mito desmitificado, el tabú exorcizado y la “historia” revisada representan la reescritura de otra historia: la de la nacionalización petrolera y eléctrica, enmendada 75 y 53 años después, respectivamente. El nuevo orden constitucional arranca a golpes de hacha de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la propiedad de tales activos al Estado, a la nación, al pueblo, recuperadas por Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, en 1938 y 1960, de la rapiña a la que eran sometidos por las corporaciones trasnacionales de aquellos tiempos.
Constituye la renovación de la escrituración de losveneros del diablo energético mexicano en las hojas de balance de las voraces corporaciones de estos tiempos. Las reservas y la extracción de hidrocarburos, la refinación, la petroquímica y distribución de derivados, así como la generación de la electricidad pasarán de los estados contables de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los gigantes como las estadunidenses Exxon Mobil, Chevron y Conoco Phillips; la holandesa Royal Dutch Shell; la británica British Petroleum, o las españolas Repsol, Iberdrola, Gas Natural, y Unión Fenosa, entre otros.
La reforma energética peñista se hermana con otras generosas reformas que se creyeron enterradas en elbasurero de la historia. A la imperial. Al estilo Maximiliano, la cual fracasa en el primer intento reprivatizador de la explotación de los yacimientos petroleros, en 1864. A la de la dictadura. Al modo de la dadivosa ley petrolera porfiriana de 1901, que entrega la exploración y explotación de los hidrocarburos a la depredación de la petroleras extranjeras, 16 nacionalizadas por Cárdenas. Entre ellas, la Standard Oil (Exxon), la Royal Dutch, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, la Huasteca Petroleum Company. A la industria eléctrica nacida en el porfirismo, en 1895, en la cuna de la Mexican Light and Power y otras trasnacionales estatizadas por Adolfo López Mateos.
En el futuro, cuando la sociedad vuelva a recuperar el petróleo, la electricidad, las riquezas del país subastadas, la nación tendrá que incinerar el antiguo régimen autoritario y al “libre mercado” para evitar el resurgimiento del pasado.
La dilatada parábola histórica cerró sus extremos. De un lado, el proyecto de nación de los conservadores monárquicos, la dictadura porfirista, el coloniaje y el saqueo de la economía capitalista de enclave de las “ventajas comparativas” tradicionales; del otro, el proyecto del despótico neoconservadurismo y la sumisión neocolonial de enclave del capitalismo mundial “globalizado”, neoliberal. En medio del círculo de la cuerda histórica, el cuello de la república restaurada juarista y el nacionalismo-revolucionario del Estado intervencionista que aspiraba a un desarrollo económico autónomo.
La industria petrolera y eléctrica, la parodia platanera de democracia y las mayorías fueron apuñaladas en Palacio Nacional por los senadores, los diputados y los congresos estatales, por los nuevos Bruto.
Shakespeare en México: Tu quoque, Peña, fili mi. Tú también, Peña, hijo mío.
Con su reforma energética Peña Nieto, desgarró y removió los últimos andrajos del nacionalismo revolucionario autoritario que le quedaban al sistema. Afeaban el nuevo ropaje exigido para participar en elorgiástico lupanar del capitalismo neoliberal globalizado, con su crecientemente anchuroso océano de exclusión, de pobreza y miseria, y la destrucción de la riqueza nacional exigida por la acumulación capitalista y la maximización de la tasa de ganancia sin restricciones.
La suerte está echada.
Que cada quien saque sus conclusiones, sus respuestas y sus acciones venideras.
Peña Nieto y su equipo sacaron las suyas desde el 1 de diciembre de 2012 y actúan en consecuencia. La aprobación de las contrarreformas laboral, educativa o fiscal les mostró que no existe una oposición de izquierda en el Congreso de la Unión. La que usurpa esa etiqueta, los Chuchos Ortega y Zambrano, les dejó claro que es tan mercenaria como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza y sólo le interesa preservar sus mezquinos espacios de poder y su parasitismo presupuestal. Es desechable. El Pacto por México fue un mal necesario mientras el gobierno de Peña se consolidaba; sirvió para avanzar en su agenda en las catacumbas del Congreso y fragmentar a los opositores. Ya no son necesarios los Chuchos, Miguel Ángel Mancera y demás. Se acabó la negociación y se cerró la ventanilla de las concesiones comopago de favores.
Asimismo, se comprobó que ni Cuauhtémoc Cárdenas ni Andrés Manuel López Obrador –que desapareció del escenario político en el momento más inoportuno– y el movimiento que encabeza representan un peligro real. Divididos son una fantasía. No representan una verdadera opción de cambio. Son líderes con una perspectiva histórica limitada. La convocatoria de Cárdenas al referéndum sobre la reprivatización petrolera es penosa y posiblemente no pueda emplearse ese instrumento por su carácter legalmente ambiguo y acotado. El Movimiento Regeneración Nacional es amorfo y reproduce los vicios de los partidos oficiales. El resto de la oposición y de la izquierda está dividido, carece de una relación orgánica y un proyecto alternativo que integre a las mayorías a su alrededor. Es espectral.
Cárdenas y López Obrador son una versión posmoderna de San Francisco, que sólo buscan los colmillos al neoliberalismo. Cuando de lo que se trata es acabar con el lobo.
De Miguel de la Madrid a Enrique Peña han dejado en claro que la lucha de clases es sin piedad. A muerte.
La jauría está desatada. Como dice Jorge Zepeda Patterson, los peñistas comprendieron que “la calle ladrapero no muerde”. No basta el descontento terapéutico. Es impotente. Movilizaciones como las del #YoSoy132, los maestros o los anarquistas son como llamaradas de pólvora que estallan todos los días y se diluyen sin trascendencia. Son controlables. Hasta el momento no han afectado la estabilidad del sistema.
Sigue la yunta andando… La relación de hermanos incestuosos entre priístas y panistas es más rentable y explotable. Al cabo esas facciones comparten el tálamo neoliberal, conservador y autoritario, y sus conflictos son producto de las posiciones que ocupan en el lecho, el cual no es precisamente el de Procusto. Ellos, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña, junto con los partidos mercenarios, han impulsado esa forma de gobernar. Ellos solos pueden aprobar la agenda peñista en el Congreso.
Finalmente, les quedó claro que las denuncias internacionales relativas a la grave violación de los derechos humanos en México, a la corrupción rampante o a la ausencia del estado de derecho, entre otras anomalías, pasan a un segundo plano cuando se ponderan con las concesiones esperadas y otorgadas al capital extranjero. Al cabo, los gobiernos que se presentan como fieros defensores de la democracia formal mundial han convivido sin conflictos, e incluso los apoyan como si fueran un mal necesario, con dictadores como Anastacio Somoza, Rafael Trujillo o Augusto Pinochet, siempre y cuando les ofrezcan jugosos beneficios políticos y económicos. Incluso, han contribuido a eliminar a gobiernos que no se ajustan a sus dictados.
La legitimidad que le interesa al régimen es la concedida por el poder económico interno, externo y por la Casa Blanca. La credibilidad social local poco le interesa.
El socialdemócrata alemán Peter Glotz escribió en 1986: el éxito y la conquista del poder por la derecha se debe a que ha logrado movilizarse alrededor de un proyecto compartido con las elites económicas: el neoliberal, integrado teórica y empíricamente. En cambio, la izquierda está en crisis en virtud de su incapacidad para construir un programa teórico y práctico que integre a sus diversas corrientes. De hecho, agregó, la izquierda no existe. Son un amasijo de fragmentos disgregados. Está encerrada en su “estrategia de la barricada”, en las calles, en las fábricas, en la defensa de sus intereses fragmentados. Es sólo una reacción ante la embestida neoconservadora que nunca llevará a la unión revolucionaria. Le faltó agregar que parte de esa izquierda le ayuda a los neoliberales en su trabajo sucio por mantener con vida al capitalismo neoliberal. El mismo Glotz después se convirtió en fan de Angela Merkel.
Con el poder del Estado, Peña Nieto va varios pasos adelante. Las provocaciones, las persecuciones, la represión, los asesinatos de líderes sociales registrados desde el 1 de diciembre, forman parte de la estrategia de contención de la protesta social. Escribió Adolfo Gilly: “El objetivo último de la Guerra Sucia contra el pueblo mexicano que los gobiernos hoy llaman ‘guerra contra el narco’ ha sido sembrar el miedo, paralizar por el desamparo y la pobreza, destruir la capacidad de organización y de respuesta. Para ello durante décadas han destruido y saqueado Pemex; han corrompido a sus funcionarios y su sindicato; han destruido el Instituto Mexicano del Petróleo; lo mismo han hecho con la industria eléctrica y con las organizaciones de los maestros, los petroleros, los electricistas. El objetivo de esa ‘guerra’ ha sido dejar al pueblo sin defensa y sin capacidad de reacción inmediata ante el golpe de mano contra el patrimonio y la soberanía de la nación, largamente preparado, que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión acaban de asestar.”
El miedo al desempleo, la pobreza, la inseguridad, la manipulación por los medios de comunicación,excrecencias del neoliberalismo, han reforzado la parálisis social. La sociedad fue incapaz de defender sus riquezas.
Los perros de reserva. Pero no es suficiente. Por ello, los sicarios del régimen, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio, Emilio Chuayffet y otros muestran los colmillos y han desempolvado el gorilismo diazordacista. Los aparatos represivos del Estado trabajan óptimamente.
El fantasma de la represión danza entre nosotros
Escribió el politólogo Octavio Rodríguez Araujo: “las derechas han existido siempre, pero ahora hacen gala de su poder ignorando y avasallando a la oposición como si fuera un tanque de guerra cuyo conductor ni se toma la molestia de ver lo que se atraviese en el camino y a quién apachurre”.
Estamos ante la sombra de un viejo Estado desplazado, derrotado, ausente. Ante un Estado que fue acusado de Leviatán y fue reducido a un simple instrumento de salvaguarda de la acumulación de capital y de sus dueños.
La guerra de clases se llevará hasta sus últimas consecuencias.
Es el turno del ofendido.
La suerte está echada.
La reprivatización energética es un punto de inflexión histórico y un viaje sin retorno.
Representa, por un lado, la coronación de un ciclo histórico iniciado en 1983; y por otro, la destrucción final de la industria energética, su extranjerización y la próxima desaparición de Pemex y la CFE, decisión equiparable al fracasado proyecto del Tratado McLane-Ocampo.
Encarna la demolición del penúltimo fundamento esencial que quedaba de la Constitución de 1917 y, por tanto, del acuerdo social fundacional (Artículo 39) y del proyecto de nación erigido con la Revolución Mexicana. Ese proceso se inició con el gradual desmantelamiento de los apartados relativos a la salvaguardia de recursos que son propiedad exclusiva de la nación (Artículos 27 y 28 constitucionales); el de los pactos con el campesinado, con el fin del reparto agrario y reprivatización de la tierra (Artículo 27), y con los trabajadores (123 constitucional); los que consagran la separación Iglesia-Estado, la educación y la rectoría del Estado. La Carta Magna es un mutante irreconocible, vaciado de su contenido como la norma suprema de un estado de derecho soberano, después de las más de 552 alteraciones sufridas en su contenido original a lo largo de su historia, la mayoría de las veces según los caprichos del déspota en turno (Rogelio Velázquez, “La Constitución, desfigurada”).
Sólo falta allanar el último obstáculo: la reelección del príncipe. ¿Esa corona será para la testuz de Peña como premio a su papel de sepulturero del orden constitucional?
Como dice el politólogo Arnaldo Córdova, “la Constitución no es una norma como cualquier otra. Es un pacto signado por los ciudadanos integrantes del pueblo. Es el acuerdo popular para darse un régimen de gobierno, un ordenamiento democrático y un sistema de justicia decididos por los ciudadanos permanentemente. El objetivo es el bienestar y el beneficio del pueblo mismo y de todos los integrantes de la sociedad (la nación, como la denomina el Artículo 27). No es sólo un pacto fundador, en el tiempo, sino un pacto fundacional, permanente, que edifica el estado de derecho y sus instituciones y los renueva constantemente. El pacto es el escudo que permite y procura al pueblo la protección y la defensa de sus derechos frente a la opresión y el mal gobierno. El Estado aparece, por eso, decidido y conformado permanentemente por el pueblo. El sufragio es el elemento clave a través del cual se manifiesta la voluntad popular. Las instituciones sólo subsisten si respetan este principio fundador”.
Agrega Córdova: “La Constitución está moribunda. El pacto social y político que encarnaba no existe ya. Lo que hoy tenemos es una oligarquía convertida en sistema dominante. Tenemos el gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del dinero con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio que es propio de los regímenes plutocráticos. Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la Constitución de 1917”.
Si se considera válida la interpretación de Córdova, entonces la sociedad tiene que buscar un nuevo arreglo social, el cual realmente posibilite la consecución de los principios señalados previamente y que sólo fueron una trágica quimera del régimen del nacionalismo-devocionario y del neoliberal.
Mientras que otros gobiernos democráticos recuperan los recursos subastados por los neoliberales, como parte de su esfuerzo por reconstruir su soberanía nacional y tratar de alcanzar un desarrollo más autónomo en el contexto de la mundialización capitalista, con la contrarreforma energética prácticamente se ha terminado por anular lo que quedaba del régimen de propiedad de la nación. El cambio constitucional implica la pérdida de los últimos bienes más valiosos. “Ya no hay una nación poseedora de un patrimonio propio –añade Córdova–. Sólo una entelequia que se quedará con algunas siglas sin ningún contenido real: Pemex, CFE. Sus antiguas riquezas que se buscaba preservar para todos los mexicanos ahora serán pasto de la avaricia y la sed de lucro de los privados, en especial trasnacionales. México como país soberano ha cesado de existir”.
Como se observa en los recuadros anexos, las modificaciones introducidas a los Artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como en los insólitos 21 puntos transitorios, implican la reprivatización apenas disfrazada de la propiedad petrolera y eléctrica; el descuartizamiento definitivo de sus eslabones; su extranjerización, y la desaparición de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
En esencia, se eliminan los candados que impedían la emisión de contratos a las empresas privadas en materia del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, y cuya responsabilidad descansaba exclusivamente en Pemex. A partir de este momento no sólo se permitirá la participación de las empresas privadas, a través de asignaciones y contratos –de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, y las formas de pago serán en efectivo, con un porcentaje de la utilidad o de la producción obtenida, según el tipo de contrato– en todos los eslabones de la industria petrolera –exploración y extracción de hidrocarburos líquidos y de gas, elaboración de productos petrolíferos y petroquímicos, comercialización–. Dichos contratos, además, implican la inevitable distribución de la renta petrolera entre el Estado y los nuevos “socios”. Por si fuera poco, los contratos y su tiempo de duración, así como la posibilidad de que las empresas puedan agregarlos en las hojas contables, implican la manera disfrazada de las concesiones negadas en la antigua y nueva versión constitucional.
En el caso del sector eléctrico, también se abandona la responsabilidad estatal de la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica. Sólo se hará cargo de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. El resto será traspasado a las corporaciones por medio de contratos.
Despojados de su antigua responsabilidad exclusiva, a Pemex y la CFE se les convierte en simples “empresas productivas del Estado”, susceptible de desaparecer en cualquier momento, ya sea porque incumplen los nuevos propósitos asignados, o aun cuando los cumplan, si se considera que ya no son necesarios.
De ahora en adelante, será la Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la que le adjudicará a Pemex sus áreas de trabajo (exploración y campos de producción), siempre y cuando la empresa demuestre capacidad técnica y financiera para operar las asignaciones, que es eficiente y competitiva ante las nuevas empresas. Si en un lapso de 3 años, más 2 prorrogables, no demuestra esas virtudes tendrá que regresar al Estado las áreas concedidas.
Con un Pemex seriamente castigado presupuestalmente, saqueado fiscalmente, con problemas tecnológicos debido al desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo, obligado a limitarse a ser un simple administrador de contratos desde hace varios años, altamente endeudado, sometido al pillaje de funcionarios y contratistas, pésimamente administrado: ¿qué capacidad tiene para sobrevivir en una actividad en la que participarán las grandes corporaciones cuyas condiciones económica y financieramente son mejores?
Por su parte, a la Comisión Federal de Electricidad se le dio un plazo breve de vida (alrededor de 1 año), y otro organismo será el que se encargue de la distribución eléctrica.
En el próximo trabajo mostraremos que los supuestos beneficios esperados en el precio de los energéticos, el empleo, la oferta y demanda de hidrocarburos y el crecimiento económico no son más que puras mentiras.
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