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sábado, 31 de mayo de 2014

Cuauhtémoc Gutiérrez presenta al PRI alegatos sin una sola prueba, y queda al borde de la expulsión

Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Se acerca el fin para Cuauhtémoc Gutiérrez. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).— Será la semana próxima cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emita una sentencia resolutoria sobre la expulsión de sus filas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el depuesto dirigente del partido en el Distrito Federal, después de que el equipo de MVS Noticias diera a conocer que tenía en sus oficinas una red de prostitución. Después de la audiencia de dos horas en las oficinas del partido en Insurgentes Norte, el llamado “Príncipe de la Basura” presentó por escrito alegatos, pero no pruebas de descargo sobre la acusación de haber incurrido en actos de desprestigio para el partido. La diferencia es que su defensa se basó en dichos, pero no en expedientes jurídicos. En abril pasado, el consejero político, Armando Barajas Ruiz, solicitó la expulsión en contra del hijo del histórico dirigente de los pepenadores del Distrito Federal, una vez desatado el escándalo. En aquella ocasión indicó que es momento de tomar decisiones importantes para que en el corto y mediano plazo, el PRI recupere la confianza en el electorado en el Distrito Federal. Ayer, al salir de la audiencia, el comisionado dibujó un escenario en el que los elementos para la expulsión de Gutiérrez de la Torre predominan: falta de probidad de los hechos delictivos imputados, así como afectación y quebranto patrimonial del partido. Es el mismo panorama que tiene Italy Ciani Sotomayor, presidenta de la Comisión de Justicia partidaria. El expediente Gutiérrez de la Torre contiene el juicio laboral promovido por tres mujeres en 2003 y por el cual, el PRI se vio obligado a pagar más de un millón de pesos. Este juicio laboral fue revelado una vez que se dieran a conocer grabaciones que exponen al dirigente como supuesto tratante de mujeres con dinero del partido. El ex dirigente priista tuvo tiempo para entregar un legajo probatorio en contra de tal juicio, pero no lo hizo. Fiel a sus formas, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre llegó en punto de las 12:00 horas a las oficinas del PRI, pero ni antes ni después de la audiencia permitió entrevistas. Su gesto era serio. La expulsión de su partido es apenas parte de la historia a la que está enfrentado este personaje político. Aunque en las instancias de seguridad aún no hay denuncias en su contra, hechas por víctimas, el PRD interpuso una en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el PAN lo hizo en la PGR. EL REACOMODO TRAS CUAUHTÉMOC Para algunos observadores, la expulsión probable de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no significa un cambio radical en las entrañas del partido. El hecho que se contrapone es que quien lo sustituyó en la dirigencia es Laura Elena Arellano Gilmore, una mujer con una breve carrera política, hecha toda al lado de Gutiérrez. “Es el Gutierrismo sin Gutiérrez”, indicó Eduardo Huchim, experto en el sistema político mexicano. Arellano Gilmore es familiar del dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida. Cuando Gutiérez de la Torre logró ocupar la curul de Fuensanta Jiménez Case en 2009 ella se incorporó al grupo. Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) piensa que es “un error” del CEN partidista no modificar a la dirigencia completa del partido en el Distrito Federal. “No lo hicieron porque no querían una reacción únicamente de este grupo o de otros grupos. Pero el costo político hubiera sido menor”, expresa. Durante la década pasada, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no lo pudo frenar nadie. Ni María de los Ángeles Moreno quien intentó arrebatarle a sillazos la presidencia del partido en 2005; ni Beatriz Paredes Rangel, dirigente nacional entre 2007 y 2011 y testigo opositor de sus acciones espectaculares en la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; ni el propio Jesús Murillo Karam, hoy Procurador general de la República, secretario general del partido al lado de Paredes. Hoy, los 537 miembros del Consejo Político del Distrito Federal empiezan un reacomodo. Algunos aún le muestran lealtad a Gutiérrez de la Torre y otros a la diputada local María de los Ángeles Moreno. Como cargo estatutario, este Consejo Político del Distrito Federal debe definir el método de selección de los candidatos a jefes delegacionales. El tiempo corre en contra del PRI capitalino porque en junio de 2015 se renovarán las delegaciones del Distrito Federal  y las 500 diputaciones.

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Salvar a Luis Videgaray de hablar ante legisladores en estos momentos sobre el estado de la economía, no lo ha blindado de las dudas e incertidumbres dentro del gobierno y del PRI sobre su manejo de la economía

Salvar al secretario de Hacienda Luis Videgaray de hablar ante legisladores en estos momentos de debate sobre el estado de la economía, no lo ha blindado de las dudas e incertidumbres dentro del gobierno y del PRI sobre su manejo de la economía evitará un descalabro electoral el próximo año. En el gobierno hay funcionarios que sienten que cada vez es más difícil su trabajo porque cada vez les creen menos sus interlocutores y les exigen que los presupuestos comiencen a ser aplicados. En el PRI hay quien siente que si la economía no mejora rápidamente, están en riesgo de perder varias elecciones estatales y mayorías en el Congreso el próximo año. “Si no se hacen algo, vamos a entregar el poder”, dijo alarmado un priista que tiene acceso al poder. Videgaray no ha hecho nada más que decir que las cosas van bien y México va creciendo. Pero su contundencia, a diferencia de otros tiempos, ya no los convence.
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PRD, el protector de Videgaray

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se desdibuja cada vez más como una fuerza política de “izquierda” que, en el papel, sólo en el papel, defiende los intereses de los más desprotegidos del país. En su declaración de principios, ese partido plantea que, para “superar su propia crisis”, asume “su compromiso económico con las grandes mayorías, con la justa distribución social de la riqueza, de manera tal que paulatinamente se logre disminuir las grandes diferencias económicas y sociales y se genere el acceso de las mayorías a mejores condiciones de vida, de trabajo, empleo y salario dignos, es decir, a crear las condiciones materiales y culturales de existencia con equidad y justicia social”. Pero en la realidad, en los hechos, el Sol Azteca está muy lejos de la congruencia. Primero, de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobó el año pasado la Reforma Hacendaria y una miscelánea fiscal, con los aumentos de impuestos que comenzaron a cobrarse desde el 1 de enero pasado. Esas tasas impositivas, coinciden empresarios, analistas e instituciones nacionales y extranjeras, son uno de los principales causantes del frenón económico que vive el país. Además, y tampoco es menor, autorizó al gobierno federal un aumento al gasto público, la mayor cifra de la historia del país –4 billones 467 mil 225.8 millones de pesos–, lo que tampoco ha dado resultados positivos, pues el gasto social, de acuerdo con los expertos, ha resultado ser regresivo: el 10 por ciento más pobre de la población recibe 7.8 por ciento de estos recursos, mientras el 10 por ciento más rico recibe 16.7 por ciento. Esto es, por cada peso que el Estado asigna a los más ricos, logra transferir apenas 50 centavos a la población en pobreza extrema. Por si fuera poco, el gasto público no se ha enfocado en dinamizar el área productiva para realmente detonar desarrollo económico, pues con un avance tan débil del Producto Interno Bruto (PIB) ni siquiera se pueden sentar bases para el crecimiento y el esfuerzo resulta ineficiente. Por ello, el país no crece y se acumulan más meses de rezago en la evolución del PIB, lo que significa que 2014, el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, tampoco heredará mejores condiciones de bienestar para las familias en México. De la criticada conducción de la política económica en el país, de la cual es directamente responsable el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, también son corresponsables los legisladores del PRI y, por supuesto, los del PRD. Sin embargo, a siete meses de haber votado aquella reforma y la miscelánea fiscal, los legisladores perredistas están lejos de reconocer que se equivocaron. Al contrario: siguen apoyando la estrategia económica del gobierno federal y, encima, protegiendo a Videgaray Caso. El viernes pasado, los diputados del Partido de la Revolución Democrática respaldaron nuevamente a sus colegas del tricolor para frenar la comparecencia del Secretario de Hacienda ante el pleno e impedir así que Videgaray explique las razones del ajuste a la expectativa de crecimiento económico para este año, de 3.9 a 2.7 por ciento. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido del Trabajo (PT) y de Movimiento Ciudadano (MC) plantearon que insistirán en su propuesta de llamar al titular de la SHCP para que rinda cuentas y, claro, criticaron el que el PRI y el PRD estén solapando una política que no da resultados, que genera más desempleo y más pobreza en el país. Se entiende que el PRI no quiera que Luis Videgaray dé la cara ante los mexicanos para explicar, con detalle, las razones del fracaso; son el partido en el gobierno. Pero que el PRD, una organización política de izquierda que supuestamente aboga por el bienestar de los mexicanos, lo haga es incomprensible (aunque las razones de peso, dicen los polítólogos y los disidentes perredistas, están en su actual dirigencia nacional). Esto explica por qué ese partido está inmerso no sólo en una crisis interna sino, además, en su peor momento de credibilidad ante los ciudadanos del país: la mayoría ya no se sienten representados por los del Sol Azteca en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, sino simplemente traicionados. ¡Feliz fin de semana!

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La Iglesia ayudó en la fuga de Córdova Bautista y el Procurador de SLP debió actuar de oficio, acusa Athié



Alberto Athié. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Los casos que incriminan al ex cura Eduardo Córdova deben ser retomados por la Fiscalía de Trata de la PGR, pide Alberto Athié. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– El ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de abusar sexualmente de más de 100 niños durante 30 años, se escapó gracias a la protección de la Iglesia Católica, especialmente de la diócesis de San Luis Potosí, dijo Alberto Athié Gallo. El activista y también ex cura Athié afirmó que la diócesis, cuando tuvo conocimiento de las denuncias en contra de Córdova Bautista, en lugar de denunciarlo ante las autoridades locales, pidió consentimiento a la Santa Sede en Roma para saber qué hacer. “El caso del padre Córdova es de gravedad por el tiempo tan largo, la magnitud de lo abusos y el encubrimiento por parte de la Arquidiócesis que tuvo toda la información desde hace muchos años. Ya están saliendo denuncias desde 2005. No sólo no actuó dentro del país, sino que envió la información a Roma y esperó que le dijeran qué hacer”, dijo. Athié Gallo expuso que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de San Luis Potosí,  Miguel Ángel García Covarrubias, debió seguir los casos de oficio. El funcionario declaró a SinEmbargo que no tuvo conocimiento de los casos hasta ahora y reconoció que Eduardo Córdova se encuentra prófugo. “Conoció en los medios las denuncias, luego cuando vinieron las personas que habían sido abusado en más de 30 años, la Ley indica que cuando hay un delito contra un niño o niña se persigue de oficio y no se tiene  que esperar a que haya denuncias para actuar. No quisieron, ni viendo la información”, dijo. Gracias a la omisión de las autoridades de San Luis Potosí y a la protección de la Iglesia, Córdova salió de México acompañado de los obispos mexicanos que asistieron a la canonización del Papa Juan Pablo II. El ex sacerdote acusado de pederastia estuvo presente durante todo el proceso de canonización, luego se fue a España y ahí se le perdió la pista. Athié dijo que además espera que los casos de abuso sexual sean retomados por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que no confían en que la Procuraduría del Estado actúe con la rapidez que se requiere. Agregó que dudan que la Arquidiócesis entregue toda la información con la que cuenta sobre los abusos sexuales del ex cura Córdova a las autoridades potosinas. Este jueves, el Secretario General de Gobierno potosino, Cándido Ochoa Rojas, negó que la Procuraduría esté trabajando lento y dijo que como institución, se está procediendo a la apertura del expediente y su integración. Ochoa Rojas informó también que hay dos casos más que investiga el Poder Judicial por presunto abuso sexual contra menores. Uno de ellos es el padre Noé Trujillo, adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, conurbado a la capital del estado. El otro caso es sobre el padre Francisco Castillo Ríos de la iglesia Sagrado Corazón, en el ayuntamiento de Ojo Caliente, quien es acusado de violar a un menor luego de sedarlo con pastillas para dormir. LA CAÍDA DE CÓRDOVA Ante la presión de víctimas y activistas, el pasado martes, El Vaticano anunció la expulsión del cura e incluso el caso llegó hasta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que ofreció asesoría legal y jurídica a las presuntas víctimas, y se pronunció porque se ejerza una investigación a fondo no sólo al sacerdote sino a las instituciones religiosas y civiles que, pese a las denuncias en su contra, permanecieron mudas durante tres décadas. El caso de Córdova Bautista saltó al escrutinio público cuando el ex párroco Alberto Athié Gallo reveló que cientos de familias habían acudido a él para pedirle ayuda, ante la inoperancia y protección por parte de los arzobispos de San Luis y de autoridades estatales. Athié ha dicho que en el caso de Córdoba Bautista hay una complicidad sistemática de la Iglesia Católica que salpica hasta la Santa Sede, la cual reconoció, “a través de un estudio secreto, la culpabilidad de sacerdote”. Pero lejos de pedirle que se entregue a las autoridades por los delitos cometidos, sólo lo han protegido. “Lo protegieron dándole cargos. Primero, como apoderado de la Diócesis; y después como representante de las relaciones Iglesia-Estado en la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Lo protegió este obispo y también el Arzobispo Luis Morales”, expuso Athié en abril pasado. Ese mismo mes, el Arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero, denunció en una entrevista que sí hubo un proceso en El Vaticano por pederastia en contra del ex sacerdote, pero que la institución religiosa no instruyó removerlo. Las familias y activistas que han apoyado a las víctimas del padre Cordova han denunciado también al gobierno encabezado por el priista Fernando Toranzo Fernández, por no hacer nada para someter al presunto pederasta a una investigación.


Foto: Martín Zárate/Pulso

El Procurador afirmó a SinEmbargo que apenas están recabando información del caso Córdova Bautista. Foto: Martín Zárate/Pulso :::
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INVESTIGAN CASOS DE CURAS PEDERASTAS El Secretario Ochoa Rojas explicó que la Procuraduría está investigando esos tres casos, sin embargo, respecto a los dos más recientes, los abogados de los sacerdotes lograron ampararlos, por lo que se no se han podido ejecutar las órdenes de aprehensión. El primero es el padre Noé Trujillo. El 22 de febrero de este año, elementos de la Policía Ministerial acudieron a la parroquia ante las denuncias de la madre de una adolescente de 14 años de que el sacerdote, con engaños, la llevó a un despoblado y la violó. Los policías sólo encontraron el auto del religioso, quien desde entonces fue considerado prófugo. El arzobispado potosino, por vía de su vocero Juan Jesús Priego Rivera, lo conminaba a entregarse, pero reprochaba también que se le hubiera culpabilizado sin pruebas. De igual forma, los feligreses de Trujillo se manifestaron en las calles de Soledad, afirmando que era inocente y exigiendo el cese de su persecución. No fue hasta marzo en que reapareció con un amparo en contra de cualquier acción legal en su contra. El otro caso es sobre el padre Francisco Castillo Ríos de la iglesia Sagrado Corazón, quien supuestamente vioó a un menor de 12 años que lo auxiliaba en un seminario en las misas para aprender el oficio del sacerdocio. El cura le dijo que ese era el sacrificio que tenía que hacer para convertirse en sacerdote. Los familiares del menor se percataron del cambio de actitud de su hijo y descubrieron mensajes de amenaza por parte del padre, por lo que decidieron interponer una denuncia por violación, cuyo expediente es AP/PGJE/SLP/SDSCF/209/VI/2012. La madre afirmó que se giró una orden de aprehensión en contra del padre, sin embargo, esta no ha sido ejecutada hasta el momento.

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