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martes, 21 de abril de 2015

Mátenlos como Perros - Fernández Noroña [Videocolumna]



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"Morena lucha por construir un México plural, incluyente y solidario (...) Un país libre y soberano, verdaderamente independiente, que participe en la globalidad sin rendirse a los imperios", reza el programa del partido.

"El caso Aristegui y el periodismo independiente" por Carmen Artistegui y Lorenzo Meyer



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Caso de lesa humanidad

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analiza el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hizo un llamado enérgico a las autoridades mexicanas a reclasificar el caso como desaparición forzada y abrir nuevas líneas de investigación
MEXICO, D.F., 21 de abril (sin embargo/AP).– En el informe de actividades de hace un mes, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado enérgico a las autoridades mexicanas a reclasificar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como desaparición forzada, ayer en su segundo informe, no se hizo hincapié en ese punto, a pesar de que reconocieron están ante un caso de lesa humanidad.
El grupo compuesto por cinco expertos omitió en esta ocasión dar cuenta en el resumen del informe escrito que presentaron a los medios de comunicación, sobre qué sucedió con la solicitud que hizo el mes pasado a los jueces mexicanos para reclasificar el caso como un delito de desaparición forzada.
“Respetando la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, con base a los estándares internacionales y en la doctrina del control de constitucionalidad respaldada por la Suprema Corte de Justicia, exhortamos a los jueces a que la investigación de los hechos de Ayotzinapa sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada”, pidieron hace un mes.
Pero en el segundo informe, simplemente el avance sobre esa solicitud se omitió y sobre el tema, sólo se incluyeron acciones en torno a la aprobación de una reforma constitucional sobre la desaparición de personas en México.
Fue hasta la sesión de preguntas y respuestas, cuando se les preguntó su opinión sobre la negativa del Estado mexicano a reclasificar el caso, a pesar de las recomendaciones realizadas el 19 de marzo pasado, cuando hablaron del punto.
“Eso de que es todo el Estado mexicano no lo comparto. La PGR [Procuraduría General de la República] solicitó la calificación de desaparición forzada y un juez de Tamaulipas la rechazó. Nosotros reiteramos que estamos ante un caso de 43 desapariciones forzadas”, contestó Francisco Cox, uno de los cinco expertos que analizan el expediente y las pesquisas alrededor del caso de Iguala, Guerrero.
Sin embargo, las autoridades mexicanas sí han negado reclasificar el caso. El 22 de marzo el diario La Jornada publicó que la PGR, a cargo de la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González, descartó en respuesta a una solicitud de información, que el crimen pueda ser tipificado de esa forma, debido a que los hechos “por más aberrantes que resulten”, no pueden ser delitos de lesa humanidad, publicó el rotativo.
El diario indicó que la PGR expuso que en la desaparición de los normalistas no “se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.
Tres días antes, los expertos consideraron que estaban ante un delito de lesa humanidad. La ex Fiscal colombiana Ángela Buitrago, quien no participó ayer en la conferencia de prensa, dijo: “Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada”.

Reclasificar el caso como crimen de lesa humanidad

Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, desaparecido en Iguala y vocero de los familiares, dijo en entrevista con SinEmbargo que la exigencia de la reclasificación del caso de los jóvenes como un crimen de lesa humanidad, es prioridad para los papás.
“Sigue siendo una de las principales exigencias lo de la desaparición forzada, esto no nos queda duda. Además de nuestras demandas de la presentación con vida de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y que se habrán nuevas líneas de investigación”, dijo.
La llegada a México del Grupo Interdisciplinario generó grandes expectativas en los padres de los 43 normalistas y en las organizaciones de derechos humanos mexicanas que han seguido el caso.
El víspera de su llegada el 1 de marzo de este año, Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo que los cinco expertos podrían cambiar la “verdad histórica” del gobierno federal en torno a los normalistas: que fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas echadas al Río San Juan.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseguró que para los papás de los normalistas, la llegada de los expertos significó la esperanza de por fin encontrar una respuesta que pudieran creer.

Recomendaciones del segundo informe

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analiza el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México llamó el lunes a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación sobre el caso.
Miembros del grupo dijeron en rueda de prensa que en su segunda visita que concluyó el lunes dieron información a las autoridades para realizar nuevas indagatorias y ampliar las que ya existen, aunque evitaron dar detalles bajo el argumento de que eso afectaría su trabajo.
El médico español Carlos Beristain dijo que también entregaron información, a partir de datos de los familiares, sobre dos lugares donde deberían continuar la búsqueda de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que desaparecieron tras ser detenidos ilegalmente por policías municipales el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado sureño de Guerrero.
Añadió que dieron a las autoridades datos sobre casos de coacción y victimización a familiares de los estudiantes, aunque tampoco dieron detalles.

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Peligroso invertir en México


Advierte China que NO invertirá en México hasta que exista certidumbre / Las empresas chinas dan la espalda a nuestro país en una ola de desinterés que podría durar años / No creen que habrá inversión masiva en este sexenio


MEXICO, D.F., 20 de abril (REUTERS).- Las empresas chinas están dando la espalda a México en una ola de desinterés que podría durar años, recelosas por la cancelación de dos proyectos de alto perfil que se esperaba iniciaran una nueva era de negocios entre los dos rivales manufactureros.
México está desesperado por devolver la relación a la normalidad tras la sorpresiva cancelación este año de un multimillonario proyecto de tren de alta velocidad que había ganado en el 2014 un consorcio encabezado por una empresa china, en una decisión que causó molestia en Pekín.
El país ha buscado inversiones de China en proyectos como el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, un proyecto de red inalámbrica del Gobierno y su recientemente liberalizado sector energético, en un intento de reducir su dependencia de Estados Unidos y compensar una caída del precio del petróleo.
Pero luego de la debacle del tren, que se sumó al descarte de un ambicioso proyecto de parque minorista para productos chinos en la ciudad turística de Cancún, algunas empresas del país asiático, donde la economía se está enfriando, están preocupadas sobre el prospecto de invertir más en la segunda economía de Latinoamérica.
“En este momento, las empresas chinas no quieren invertir aquí. Es peligroso, realmente peligroso”, dijo Zhang Nan, el principal representante en México de la fabricante de automóviles FAW, propiedad del Estado chino. Su empresa no tiene planes de invertir en México.
“Si queremos hacer un proyecto nuevo aquí, debemos hacerlo muy cuidadosamente”, dijo que le aseguraron sus jefes luego del fin del proyecto ferroviario, señalándolo como una “lección”.
El ministerio de Comercio de China dijo que tiene una “actitud abierta y positiva” hacia las empresas de su país que trabajan en México y América Latina. La secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México declinó comentar.

Atrayendo a China

Desde que asumió el cargo, Enrique Peña Nieto ha buscado profundizar las relaciones con China. El proyecto del tren entre Ciudad de México y la central ciudad de Querétaro, de unos 3,750 millones de dólares, era ideal para atraer inversión de China, que quiere mostrar su tecnología ferroviaria.
Un consorcio liderado por China Railway Construction Company (CRCC) ganó el proyecto como único postor. Pero el fallo fue revocado poco antes de darse a conocer que la esposa del presidente estaba pagando una lujosa mansión a una de las firmas mexicanas participantes en el consorcio ganador.
México volvió a lanzar la licitación del tren en enero y se esperaba que CRCC lo ganara, pero el Gobierno lo suspendió indefinidamente, luego de una caída en los precios del petróleo que llevó a un recorte del gasto público.
Un ejecutivo de China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC), unidad de la estatal China Communications Construction Co Ltd, involucrada en la oferta original por el tren, dijo que Pekín congeló todos los proyectos mexicanos mientras evalúa las repercusiones de ese fallido plan.
El ejecutivo, quien pidió el anonimato, dijo que CHEC ha recibido ofertas de varios proyectos, incluyendo la expansión del puerto noroccidental de Guaymas, la construcción de un astillero en el oriental puerto de Tuxpan y un gasoducto en Baja California, pero que era improbable que participara en alguno.
“No hay interés. No creo que habrá inversión masiva en México en este sexenio”, dijo refiriéndose al periodo de Gobierno de Peña, que culmina en el 2018. “No van a invertir hasta que haya certidumbre en el país”.
En contraste, CHEC sí está interesada en participar en la construcción y financiamiento de una ampliación adicional del Canal de Panamá estimada en 17,000 millones de dólares, de acuerdo con el administrador del Canal.
Un funcionario de China State Construction Corp en Pekín dijo que México no está entre sus objetivos de inversión en Latinoamérica, y que en su lugar prefiere a Argentina y otros países en el Caribe, sin entrar en más detalles.
Entre el 2000 y el 2013, las inversiones de China en México fueron de apenas 281 millones de dólares, una pequeña fracción de los 14,400 millones de dólares que inyectó la nación asiática en Latinoamérica y el Caribe sólo en el 2013, según datos oficiales.

Frustración china

Carlos Lome, un ex funcionario de promoción de exportaciones mexicanas en China, que ahora se dedica a negociar acuerdos comerciales desde Hong Kong, dijo que un socio de China suspendió un acuerdo para importar cinco contenedores de carne mexicana al mes.
“Cuando sucede la cancelación del proyecto, muchas de las empresas chinas lo vieron en la televisión china, en las noticias (...) y me dijeron: ‘Si no podemos confiar en el Estado, si no podemos confiar en la palabra del país (...) ¿Qué garantía nos queda que (ustedes) no nos van a cancelar?”, dijo.
Además, México canceló en enero el proyecto conjunto del parque de ventas minoristas Dragon Mart, en Cancún, ante la fuerte oposición local.

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Corrupción, impunidad, violencia y estancamiento económico

Principales retos para fortalecer el sistema democrático, afirma José Woldenberg

MEXICO, D.F., 20 de abril (EL UNIVERSAL).- Las desigualdades, la corrupción y la impunidad, así como la violencia y el estancamiento económico son los principales retos para poder fortalecer el sistema democrático, afirmó el analista José Woldenberg.
En la inauguración del Foro de Análisis: Las Plataformas Electorales en el 2015 organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que los partidos son actores insustituibles de la vida política y “sin ellos la democracia es imposible”.
No obstante señaló que por ello “de lo que hagan o dejen de hacer dependerá la calidad de la vida pública”, pues con los medios acaban por modelar el espacio público, por lo que tienen una responsabilidad intransferible.
Reconoció que en México hay un déficit en materia de participación ciudadana en comparación con otros países, ya que son pocos los mexicanos interesados en la vida política, por lo que hay mucho que hacer al respecto, pues un Estado democrático demanda una sociedad civil fuerte.
Woldenberg celebró la convocatoria del INE para discutir los problemas que agobian la vida política del país, y destacó la respuesta de los partidos, al considerar que su asistencia a este foro es “un acto de civilidad, subraya la intención de los partidos para discutir y detectar coincidencias y diferencias”.
Al hacer un análisis de contextualización sobre las elecciones, dijo que pese a los avances en esta materia en el país son distintos los malestares entre la sociedad, entre ellos el estancamiento económico, las desigualdades, la corrupción e impunidad y la violencia.

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México, segundo peor país en impunidad

Es el segundo más corrupto en una lista de 59 países que conforman la ONU, revela el Indice Global de Impunidad 2015, que mide la seguridad, el sistema de justicia y el nivel de respeto a los Derechos Humanos de cada nación

* La práctica de la corrupción en los mexicanos no es por cultura popular, sino porque tienen garantías de impunidad, concluye

* Tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia

MEXICO, D.F., 20 de abril (SinEmbargo/Agencias/Diarios).– México se ubica en el lugar 58 de 59 países miembros de la ONU, sólo superado por Filipinas, en el Indice Global de Impunidad, que realizan de manera conjunta la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado (CCSPJP).
El Indice, realizado por primera vez, concluye que la práctica de la corrupción en el país no es por cultura popular, sino porque existe la garantía de impunidad.
Así, México se ubicó en el segundo lugar como el país más corrupto en un ranking de 59 países que conforman a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015).
Se concluye también que la práctica de la corrupción en los mexicanos no es por cultura popular, sino porque tienen garantías de impunidad.
“La corrupción es el resultado de impunidad. La razón por la cual la gente tiende a que la corrupción vaya en aumento, es porque se dan cuenta que la funcionalidad del sistema, la estructura del sistema de gobierno está creando condiciones que les permiten salir impunes”, advirtió Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
El índice, realizado por primera vez, exhibe a México en el segundo lugar de los 59 países con mayores niveles de impunidad; sólo superado por Filipinas y seguido por Turquía, Colombia y Rusia.
Arroja que “el problema de la impunidad en México es funcional y estructural; no nació en esta administración, pero se necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que observamos”.
El ex canciller Luis Ernesto Derbez Bautista; el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Puebla, Andrea Ambrogi, y académicos de la UDLAP, como Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, presentaron el documento donde se destaca a Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro y Bulgaria como naciones prácticamente libres de actos de impunidad.
El IGI 2015 mide de manera comparativa la seguridad, el sistema de justicia y el nivel de respeto a los Derechos Humanos de cada nación.
Concluye que en el país hay cuatro jueces por cada 100,000 habitantes; en contraste, Croacia cuenta con 45 jueces por cada 100,000 habitantes. Ello revela la necesidad de contar con más juzgadores, acción que a decir de los investigadores, podría reducir la cifra de personas encarceladas esperando sentencia y así reducir la sobrepoblación de las cárceles.
El IGI 2015 destaca que casi la mitad de la población de los centros de readaptación social (CERESOS) en México, 46%, no cuenta con una sentencia judicial, lo que evidencia la deficiencia del sistema de justicia.
Al tomar en cuenta a los 193 estados miembro de las Naciones Unidas, en materia de impunidad, México ocupa el lugar 58; sin embargo, se coloca en el penúltimo lugar de los 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad.
De acuerdo con la investigación, las autoridades nacionales requieren “optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial”.
Así, el Indice de Impunidad Global es el primer gran esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país, refiere el documento dado a conocer este día.
En el análisis se analizó la información de los 193 Estados Miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan información estadística comparable. De los 193 miembros de la ONU, 59 países fueron incluidos en el Indice Global de Impunidad por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y Derechos Humanos.
El reporte refiere que México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

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¿Y si el piloto no quiere?

No es fácil que un país cambie cuando sus élites están tan poco interesadas en el cambio. Y quizá esa es la gran tragedia que vive México. Los problemas estructurales que padece (inseguridad, desigualdad, impunidad y corrupción, entre otros) exigen ya soluciones radicales que van más allá de las aspirinas, pero aquellos que nos gobiernan son los menos interesados en que las cosas cambien. Y por muchas razones.
A fuerza de asegurar su supervivencia, el Partido Revolucionario Institucional terminó por eliminar de su traza genética cualquier elemento revolucionario para dar paso exclusivo a su gen institucional. El motor que mueve al partido que nos gobierna es esencialmente el de reproducir las condiciones que lo mantienen en el poder.
Esto en sí mismo no es condenable. Hay ocasiones en que un país necesita estabilidad y absoluta certidumbre para potenciar las posibilidades de expansión que le ofrece el hecho de encontrarse en una coyuntura favorable.  Un poco como la trayectoria de cualquier persona. Hay momentos de cambio y momentos para asentarse. Momentos en que un reto profesional o personal exigen a un individuo perseverar y crecer ante la oportunidad que la vida ofrece. Pero hay otros momentos en que el estancamiento y la crisis obligan a cambiar.
México se encuentra en este último caso. La ausencia de un estado de derecho, la inseguridad pública y la violencia han terminado por afectar las posibilidades de crecimiento; la desigualdad crónica estrecha el mercado e impide la expansión económica; la presencia de monopolios y privilegios impide la competencia real; la falta de oportunidades multiplica a la economía informal; la omnipresencia de la corrupción contamina todos los espacios de la vida nacional.
Son problemas que ya no pueden ser resueltos con la batería de soluciones que aparentan ofrecer los que nos gobiernan. Ya no pueden hacernos creer que la detención del siguiente Chapo constituye una respuesta al problema de la inseguridad. O que entregarle a Olegario Vázquez Raña la tercera cadena de televisión prohijará la apertura y la producción de contenidos de calidad; y ciertamente las acciones de Rosario Robles en la Sedesol a favor de su partido no provocarán una disminución de la desigualdad ni nada que se le parezca.
En otras palabras, México no se encuentra ante un panorama en el que basta perseverar con lo que tenemos para prosperar. Porque lo que tenemos se ha convertido en la traba misma de cualquier posibilidad sostenida de expansión.
La sensación que padecería alguien para quien un determinado trabajo se ha convertido en una pesadilla cotidiana que lo mutila, lo humilla y lo disminuye como ser humano. Una situación que requiere asumir cambios significativos porque el contexto actual ha agotado su posibilidad de crecimiento.
Construir un estado de derecho o disminuir la desigualdad que propicie la expansión del mercado y el crecimiento sostenido, no son soluciones contempladas dentro del horizonte institucional en que nos movemos. Y justamente esa es la tragedia: lo que el país necesita en estos momentos es algo que no pueden ofrecer las élites que lo gobiernan.
Lo anterior produce una fractura abismal y perversa entre los intereses de la sociedad en su conjunto y los intereses de los responsables de conducirla. Un divorcio de realidades más que preocupantes. En cierta forma la historia puede ser leída como las etapas por las que transcurre esta tensión entre necesidades de la comunidad y necesidades de los que pilotean los destinos de la comunidad.
Es una fractura peligrosa porque no tiene solución automática. O las élites profundizan sus controles sobre la sociedad para evitar que las disfuncionalidades y, en última instancia, la inconformidad se traduzca en acciones de cambio; o la sociedad encuentra maneras de presionar a los de arriba para obligarles a introducir algunas transformaciones de mayor o menor calado. Ocasionalmente la tensión se resuelve de manera abrupta, como en la Revolución Mexicana o como lo que acaba de suceder en varios países árabes del norte de África: por el simple expediente de que la sociedad tumba a los de arriba de manera súbita y accidentada (normalmente con la participación de algunos de los de arriba, momentáneamente descontentos).
Una salida revolucionaria por parte de la sociedad es poco probable por muchas razones inabarcables en este espacio.  Pero la simple persistencia de la fractura la profundiza. Y eso suele provocar un atrincheramiento de las élites con el consiguiente aumento de autoritarismo. Una tendencia que ya comenzamos a percibir en el gobierno de Peña Nieto: ante la imposibilidad de ofrecer solución a los problemas, intenta controlar las expresiones del descontento. En suma, las élites no van a producir los cambios que el país requiere. Los ciudadanos tienen la palabra, aunque sabemos que nunca es fácil para los pasajeros mover un avión cuando el piloto no quiere volar.
@jorgezepedap


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