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sábado, 22 de agosto de 2015

Alertan de “genocidio”, si hay privatización de servicios de salud


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La dirigente del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, Martha Medina Gómez, relata casos del retiro de tratamientos a pacientes con enfermedades graves y el desabasto inducido de medicamentos en los hospitales del Seguro Social.
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La enfermera, con 24 años de antigüedad, revela que la Reforma a la Salud incluye también la desaparición paulatina del contrato colectivo del trabajo de los trabajadores del IMSS, avalada por el sindicato.
Por Ronny Aguilar
CAMPECHE, Cam. 21 de agosto del 2015.- Ya está en marcha el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde hace más de una década se viene preparando la universalización de los sistemas de salud para la entrega de este servicio a la iniciativa privada; en tanto, el sindicato de trabajadores del IMSS avala la estrategia del gobierno y sanciona a más de 50 mil trabajadores, dejándolos en la indefensión, además de que inicia la desaparición de su contrato colectivo de trabajo.
En entrevista telefónica con Paginabierta.mx, Martha Medina Gómez, enfermera con 24 años de antigüedad en el Seguro Social, originaria de Ecatepec, Estado de México, perteneciente a la sección sindical 5 y dirigente del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, relata a detalle cómo es que comienza el desmantelamiento de esta institución de salud y hacia dónde vamos con la universalización y la Reforma a la Salud, pues aunque la autoridad descarta la pérdida de servicios de salud, es innegable que esto ya comenzó, aunque no se quiere dar a conocer.
Desde principios de año, se han dado cambios en la atención del IMSS, unos más perceptibles que otros, los cuales no tienen una lógica clara a simple vista; a raíz de esto y del anuncio presidencial de la Reforma a la Salud, además de la propuesta de reforma de Funsalud, se originaron diversos movimientos en el país, la lideresa de varios de ellos explica qué está sucediendo en el centro y norte de la nación y que en el estado de Campeche aún no se ve.
Martha Medina nos cuenta que todo esto empezó en el 2006, año en el que nace el movimiento del IMSS, a raíz de la llegada de Valdemar Gutiérrez a la dirigencia sindical, impuesto por el presidente de la República, que ese entonces era Vicente Fox Quesada, avalado por Javier Lozano Alarcón, quien era encargado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta imposición sindical se hizo, violando los estatutos y al amparo del gobierno panista.
Señala que en el 2010, se da un acontecimiento catastrófico para los trabajadores del IMSS, en un Congreso Nacional llevado a cabo en Morelia, Michoacán, violentan nuevamente los estatutos y se reelige Valdemar Gutiérrez, pues se inserta un artículo llamado séptimo transitorio, con el que se reelige sin consultar a la base, arropado por Felipe Calderón, quien toma posesión como presidente de México después del fraude electoral del 2006  y se le otorga una toma de nota desfasada, que lo nombraba dirigente hasta el 2018.
“Ese mismo año, le da un infarto cerebral que lo obliga a retirarse de nuestro sindicato, pero para ese entonces, ya se habían dado una serie de subrogaciones de servicios del Seguro Social, como la desaparición de nuestro Fondo de Jubilación y Pensiones, que transforman a las Afores, el caso de la desaparición de las guarderías y tristemente, es consecuencia del caso de la guardería ABC, de Sonora”, expresa.
“Estos acontecimientos dan la pauta de que algo estaba pasando con la Ley del Seguro Social, se estaba fraguando algo en la institución y era esto, ir preparando el camino a la privatización de los servicios médicos, crean el mentado Seguro Popular y empiezan a generar la estructura del Seguro Popular, extrayendo este recurso de las arcas del Seguro Social, de tal manera que van preparando el desmantelamiento del Seguro Social, para la entrada de la universalización de la salud, aquí daba inicio”, apunta.
Manifiesta que todo está encaminado a la propuesta que da la Fundación de la Salud (Funsalud), cuyo alfil ahorita es Mercedes Juan, quien es la titular de la Secretaría de Salud y representante de Funsalud, por lo que dice que no nada más está el desmantelamiento del Seguro Social, sino que también ha iniciado una embestida contra la base trabajadora del IMSS.
Antes de explicar cómo es que se están dando las anomalías al interior y las modificaciones al contrato colectivo de trabajo, es necesario tener el antecedente de qué ha pasado con las condiciones sindicales de los trabajadores del IMSS.
Menciona que el 2006, se empieza a sancionar a los trabajadores por el sindicato, por cuestionar lo que está sucediendo y el por qué el sindicato no defiende a los trabajadores, ante el autoritarismo de las autoridades institucionales, este reclamo de la base desata una represión impresionante, retirando derechos sindicales de forma discrecional e ilegal, de tal manera que hoy hay más de 50 mil trabajadores sancionados y tristemente, muchos rescindidos de su contrato colectivo.
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Inician despidos y contratación de Outsourcings
“Hay un audio del 2010, donde está sesionando el Consejo Técnico del IMSS, encabezado por Daniel Karam, quien era el director del IMSS en ese momento; Javier Lozano Alarcón, de la Secretaría del Trabajo y aunque no era del Consejo, Valdemar Gutiérrez da su aval  y se crea  la cláusula 12 bis o estatuto A, que todavía no se ha aplicado en el contrato colectivo de trabajo, por lo tanto, los trabajadores lo desconocen. En esta reunión, se arma esta cláusula y alguien que se encontraba entre ellos, los graba y lo hace público, tanto es así que el  sindicato ha emitido documentos diciendo que no es verdad que se privatiza la salud, no es verdad que corre riesgo su plaza”, recuerda.
“Esta cláusula, a través de un catálogo convertidor que ellos mismo crearon, transforma nuestras plazas, quitándonos nuestros derechos contractuales, antigüedad, aguinaldos, derecho a vacaciones, todos los logros de generaciones de trabajadores, no sólo del IMSS, sino de toda la clase trabajadora”, revela.
Antes de avanzar, hay que explicar que la Ley Federal del Trabajo, tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B, el apartado A es el que rige a las gran mayoría de los trabajadores del país, a los del sector privado, obreros, jornaleros, reporteros, etc., mientras que el apartado B rige a los trabajadores del sector público, o sea, de las dependencias del Poder Ejecutivo y los demás poderes, incluido en algunos casos el Poder Judicial, que poseen un contrato colectivo, como Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y el IMSS.
El derecho de huelga en el apartado A es más efectivo que en el del apartado B. Es mejor el régimen de vacaciones en el apartado B que en el A. El procedimiento laboral es distinto en ambos apartados. Los trabajadores de apartado A tienen seguro social provisto por el IMSS, los trabajadores de apartado B tienen su seguro social provisto por el ISSSTE, salvo ciertos casos de excepción.
En el apartado B, el patrón tiene más prerrogativas en materia de despido, y en el apartado A, el trabajador tiene más prerrogativas en materia de despido.
Detalla la entrevistada que al aplicar el catalogo convertidor, están cambiando las plazas de base al apartado A. Para esto explica que en el mes de febrero del 2015, inicia este cambio contractual con los trabajadores de intendencia y seguridad, para contratar outsourcings, algo que se puede comprobar en cualquier hospital.
“Nuestro contrato colectivo respalda a los trabadores del IMSS, incluyendo a los trabajadores de confianza A, que son lo que no están en el sindicato y que son directamente contratados por el Instituto, estamos hablando de directivos y administradores, pero hay trabajadores de confianza B, que son el enlace entre los trabajadores de confianza y nosotros la base, estos trabajadores son los directores de las unidades y los administradores de los servicios, gente que concursó para tener esta plza, y les están transformando la plaza, los obligan a renunciar a esta confianza y los recontratan a través del estatuto A de la Ley Federal del trabajo y en automático, pierden todo sus derechos adquiridos como trabajadores que en su momento ingresaron como sindicalizados”, explica.
“En el caso de los compañeros de intendencia, con engaños y mentiras, el sindicato les cambió la categoría, cosa que vemos nosotros muy grave, porque los engañaron, pero además, sin cumplir el requisito 51, los ascienden de categoría e inclusive, les dieron categoría hasta de enfermería, les dieron categorías de auxiliar de farmacia, sin tener conocimiento de esta rama, violando el escalafón y la bolsa de trabajo, esto desde febrero”, abunda.
“Al final de cuentas, aunque no esté incluida la cláusula 12 bis, ya la están aplicando, ya violaron el contrato colectivo de trabajo, ya no hay intendentes, ni seguridad y están trabajando, estas áreas ya fueron subrogadas, ellos esperan legalizar esto el próximo mes de octubre, que viene la renovación contractual, pero repito, ya están trabajando las outsourcings, si en octubre esto ingresa finalmente, ya muere nuestro contrato colectivo, por eso es que estamos en esta lucha”, advierte.
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Desaparición del cuadro básico de atención médica
Parece que estas modificaciones solo afectan a los trabajadores, pero no es así, desde hace algún tiempo, se han quitado medicamentos y en algunos estados se han presentados casos, que solo pueden ser considerados inhumanos.
“Han ido quitando muchos medicamentos del cuadro básico dentro de la institución, hay falta de recurso material, venda, gasas, jeringas y esto tiene dos años, pero ahora el recorte de medicamentos, este año, es más grave en todos los estados”, afirma.
“Lo serio es que los médicos tienen prohibido recetar medicamentos que no están en el cuadro básico de atención, les prohíben recetar el medicamento que el paciente requiere, de tal manera que si lo hacen, prácticamente están violando las relaciones laborales contractuales de la institución”, añade.
Es decir que la sociedad, el paciente, nunca se entera de que no le están dando el medicamento especializado que requiere, pues el médico tampoco le dice que está prohibido que él le diga qué necesita.
“Los limitan, los coartan como médicos y tienen miedo, porque los corren, yo si les digo a mis pacientes que los atiendo sin problemas, pero que no hay recurso material, que suban a hablar con el director, esta es la estrategia para desmantelar el IMSS, lo mismo que le hicieron a los profesores, los electricistas, los petroleros, sólo están justificando la manera de desaparecernos”, alerta.
“En el mes de mayo, se da una situación muy seria, además de muy fea, en Puebla; por orden de los directivos, trabajadores de la institución les fueron a retirar oxígeno a sus domicilios a los pacientes dependientes sus tanques de oxígeno; a finales de junio, se da otra situación en Tlaxcala, que anuncia la subrogación de 16 mil pacientes diabéticos a la iniciativa privada y les retiran a los pacientes renales sus máquinas para dializarse en sus casas, están dejando al derechohabiente sin tratamiento”, denuncia.
“A principios de julio, en Tamaulipas, da la indicación la institución de que ya no le darán insulina a los pacientes diabéticos, un paciente diabético no puede vivir sin insulina, y nuestra sociedad no puede llevar una dieta adecuada a su padecimiento, no hay las condiciones económicas para esto”, subraya.
Menciona que a través de los sistemas de cómputo que manejan todos los medios, a nivel nacional les hicieron llegar el documento, donde antihipertensivos, insulinas, cardiópatas y VIH ya no están dentro del cuadro básico y no se están surtiendo, después de la movilización nacional realizada del 31 de julio, se retractaron y en algunos lugares se está consiguiendo el medicamento, porque quieren que la sociedad piense que todo está en orden.
Iniciativa privada entra a las instituciones
Sincerándose, la enfermera da a conocer que acaban de notificar hace unos días a un familiar suyo en el ISSSTE, con cáncer, y fue un oncólogo de la iniciativa privada a darle consulta y el doctor comenta que el tratamiento por sesión cuenta 85 mil pesos, pero que va a ver la posibilidad de que el ISSSTE lo adquiera para poder dar el tratamiento.
“Eso es la privatización, ellos, y me refiero al gobierno federal y las autoridades de las diferentes instituciones, que dicen que no pasa nada, les digo que mienten, están permitiendo la entrada de la iniciativa privada de Funsalud, la gente no va a tener para pagar”, puntualiza.
Llamado a la sociedad a informarse, antes de un “genocidio”
“Como organización, hacemos un llamado al pueblo mexicano de todos los estados, tenemos la obligación moral de luchar por los derechos a la salud, esto no es negociable, es un solo frente  de lucha, el sábado estaremos en una reunión nacional en Guadalajara, donde esperamos que acudan diversos sectores de la sociedad y asociaciones civiles, en donde tomarán acciones radicales y contundentes, no podemos permitir que este gobierno nos cobre el derecho de vivir; si esto pasa, será un “genocidio”, morirán millones de mexicanos y esto será en poco tiempo, tenemos que defender nuestro derecho a la salud”, exhorta.
“Tristemente, el sureste del país está callado, pero el norte y el centro está en pie de lucha con los sectores y los frentes sociales, nos estamos uniendo, vamos a luchar, porque si no nos matan de hambre, nos matan de enfermos, sino es que nos mandan a matar antes, esa es la realidad que se vive en México”, finalizó.



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Peña se disculpa por agravios de la Casa Blanca

La indagación, farsa y tomada de pelo; todos sabíamos el resultado: AMLO


Afirma el Ejecutivo estar consciente de la desconfianza y el descrédito causados
Agradece a Angélica Rivera su entereza y solidaridad en estos meses difíciles



El informe de Virgilio Andrade
La conducta tanto mía como de mi esposa estuvieron apegadas a la ley, afirma
Peña Nieto ofrece disculpas a quienes se sintieron lastimados e incluso indignados
Señala que los funcionarios deben actuar de tal manera que no provoquen sospechas
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En la adquisición de la llamada Casa Blanca no se encontró ninguna ilegalidad, resolvió la Secretaría de la Función PúblicaFoto La Jornada
Rosa Elvira Vargas y Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Sábado 22 de agosto de 2015, p. 3
El presidente Enrique Peña Nieto ofreció sus sinceras disculpas a quienes se sintieron lastimados e incluso indignados con el tema de la Casa Blanca. Aunque también resaltó que la investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó que la conducta tanto mía como de mi esposa estuvieron apegadas la ley.
Se dijo además persuadido de la pérdida de confianza de los mexicanos hacia el gobierno federal, los gobiernos locales y los poderes Legislativo y Judicial.
Desafortunadamente las instituciones públicas y privadas han sufrido un deterioro en la confianza. Lo más grave es que también existe una pérdida de confianza entre los mismos ciudadanos, subrayó.
Luego de clausurar los trabajos de la trigésima octava sesión del Consejo de Seguridad Pública, Peña Nieto inició un nuevo mensaje, éste sobre el fallo exculpatorio presentado ayer por el titular de la SFP, Virgilio Andrade, a quien el mismo jefe del Ejecutivo, al designarlo en febrero pasado, encargó investigar si existía conflicto de intereses en la adquisición de una mansión por parte de su esposa, Angélica Rivera, a una compañía contratista.
Estos meses han sido difíciles para mi familia y muy particularmente para mi esposa Angélica, a quien le reitero plenamente mi agradecimiento por su entereza y solidaridad, expresó el Presidente al comienzo de su discurso.
A Angélica Rivera la definió como una madre ejemplar, que se ha entregado con dedicación y cariño a la familia que hemos formado, y le reiteró su amor y reconocimiento.
Refirió haber reflexionado profundamente sobre lo ocurrido, y a partir de ello estar convencido de que en el México actual la conducta del presidente de la República y de todos los que sirven al país, además de estar apegada a derecho, debe ser tal que nuestras acciones no generen desconfianza entre la población.
La responsabilidad pública, precisó, se rige por la ley, y los funcionarios deben actuar de manera tal que no provoquen ni sospechas ni malinterpretaciones.
Peña Nieto se dijo consciente de que estos acontecimientos han generado un necesario y profundo debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y añadió que hoy existe una de las legislaciones más avanzadas en esa materia. Reiteró en ese sentido su más firme compromiso de poner en marcha los mecanismos anticorrupción.
Además, llamó a la unidad para enfrentar como país el entorno económico internacional, difícil y complejo.
Admitió que la confianza no se recuperará con discursos, sino con acciones concretas, y exclamó que sí es posible combatir la corrupción, vencer a la delincuencia, generar riqueza y ser más productivos.
Las palabras del jefe del Ejecutivo federal fueron acompañadas de un largo aplauso por los presentes en el acto, entre quienes se encontraban los gobernadores del país, en funciones y electos, funcionarios de su gabinete responsables de la seguridad pública, legisladores y miembros de la sociedad civil.
Peña Nieto resaltó la capacidad de los mexicanos para salir adelante, y como muestra, dijo, en los dos últimos años fuimos capaces de confiar en nosotros mismos y de emprender, de manera conjunta, una de las transformaciones más profundas que haya experimentado nuestro país.
Finalmente, tras la ceremonia, el mandatario comió en Palacio Nacional con los mandatarios locales y algunos miembros de su gabinete.
Videgaray se une a la disculpa
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por su parte afirmó que no existe conflicto de intereses en la casa que compró en Malinalco, estado de México, a través de empresas del grupo Higa.
El funcionario se refirió al informe de la SFP y señaló en su cuenta de Twiter que esa dependencia presentó un amplio reporte en el que se concluye la no existencia de conflicto de intereses en la compra del inmueble en 2012.
La resolución acredita que me he conducido de forma legal y transparente. Esos son los principios que invariablemente guían mi conducta como servidor público y como persona, señaló.
Asumo la resolución de la SFP con humildad y perspectiva. Entiendo que mi actuación en el caso referido, si bien fue apegada a la ley y a la ética, generó una percepción que contribuyó a deteriorar la confianza en las instituciones, dijo.
Agregó: al igual que lo ha hecho ya el Presidente de la República, ofrezco públicamente una disculpa.



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