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viernes, 11 de septiembre de 2015

Último discurso de Salvador Allende en Radio Magallanes



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Dip. Guillermo Santiago (MORENA) - Informe Ayotzinapa del GIEI



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Montaje sobre el caso Ayotzinapa, "Peña Nieto batea a 2 manos": Layda Sansores



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A 42 años del asesinato de Salvador Allende - Fernández Noroña [Videocolumna)



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Astillero

OHL, Ruiz Esparza, EPN
Corrupción multinivel
¿Hubo reunión en Los Pinos?
¿Cómo dejarán de chingar?
Julio Hernández López
 
Foto
EN EL CENTRO DEL REMOLINO. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y TransportesFoto María Luisa Severiano
E
l pasado lunes, al salir de su despacho, en el sur de la ciudad de México, el abogado Pablo Díez Gargari fue detenido por agentes federales que lo llevaron a unas oficinas de la Procuraduría General de la República para que rindiera declaración respecto de las intervenciones telefónicas que han mostrado a funcionarios de alto nivel en actos de presunta corrupción relacionados con la constructora española OHL, cuyas siglas corresponden a los nombres de tres firmas, Obrascón, Huarte y Laín, que en 1999 se fundieron para crear la trasnacional que en México ha conseguido grandes contratos bajo señalamientos de compartir ganancias con autoridades corruptas para así montar esquemas de operación poderosamente exitosos en cuanto a simular servicios, inflar costos, obtener utilidades desmesuradas e incluso adulterar reportes y resultados bursátiles.
El abogado Díez, a quien se mantuvo privado de la libertad durante 48 horas y luego se le adjudicó la presunta posesión de un arma de fuego, con la consiguiente apertura de averiguación previa por tal delito (salió de la PGR luego del pago de una fianza), es representante jurídico de Infraiber (infraiber.com), empresa de tecnología aplicada (con el tapatío Pedro Topete, de Viabilis, como principal accionista) que ha acusado a OHL (ohlmexico.com.mx) de cometer en el Circuito Exterior Mexiquense uno de los casos de corrupción más fuertes en la historia reciente del país, no sólo por cuanto a la desorbitada elevación del costo original, junto a otras manipulaciones contables, sino incluso por la pretensión de hacer fuertes cobros a futuro a la complaciente administración del estado de México.
En la página finalabuso.net, en desplegados periodísticos y en declaraciones públicas se han dado a conocer datos y documentos que buscan demostrar que OHL México (cuyo consejo de administración es presidido por José Andrés de Oteyza y Fernández-Valdemoro, quien fue secretario de patrimonio y fomento industrial con José López Portillo) ha cometido múltiples actos de corrupción y adulteración, entre ellos el cobro de cincuenta centavos de peso por vehículo que usa el mencionado circuito mexiquense, a cuenta de un sistema de monitoreo que no existe.
Aun cuando se tratara de una guerra sucia entre empresas que estuviesen compitiendo por oscuros favores gubernamentales e, incluso, que Infraiber estuviese chantajeando a OHL México, como ahora se ha denunciado formalmente, el tratamiento judicial y político que se ha dado al caso muestra un grave y sintomático desequilibrio, que intimida y presiona a una de las partes (la denunciante de presunta corrupción) y favorece y mantiene ajena a investigaciones rigurosas a la otra parte (la acusada de recibir gubernamentales favores y hacerlos a su vez a muy relevantes funcionarios públicos, tanto del estado de México como del gobierno federal). A OHL México, acusada de actos de corrupción que habrían implicado a los máximos niveles políticos del país, se le ha beneficiado con un blindaje especial por parte de la administración de Eruviel Ávila, que decidió clasificar como información reservada por nueve años el destino y utilización del dinero con el argumento de que la concesión del circuito exterior está inmersa en procesos judiciales en curso, según nota de Arturo Ángel en Animal Político (http://goo.gl/0GSISx)./
En el centro de este remolino está una pieza fundamental de la operación político-económica del peñismo, Gerardo Ruiz Esparza, abogado nacido en la capital del país el 22 de abril de 1949, quien fue secretario de Comunicaciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador del estado de México y ahora lo es de Comunicaciones y Transportes en la administración federal. El volumen de obras, contratos y concesiones que pasan por esa oficina la convierten en una instancia sumamente apetitosa para empresas acostumbradas a negociar con funcionarios públicos las formas de financiación y ganancias que a ambas partes interesan, de tal manera que el abanico de asuntos va desde el llamado tren chino hasta las relaciones con Higa (la de la Casa Blanca y operaciones similares) y OHL México, por citar casos de actualidad noticiosa.
Si es que hay indicios firmes y sensatos de que pudiesen haber cometido delitos el abogado Díez, el empresario Topete y otros partícipes en la presunta conspiración contra OHL México, indudablemente deben ser procesados y sentenciados. Pero es de un interés público infinitamente superior saber si esa firma de origen español corrompió a funcionarios del estado de México (no solamente al nivel de Apolinar Mena, quien fue destituido de la SCT de esa entidad) y del gobierno federal, pues grabaciones de audio dadas a conocer involucran al citado secretario porcentual, Ruiz Esparza, e incluso mencionan una presunta reunión (que se habría considerado privada), en abril de este año, entre directivos de OHL y Enrique Peña Nieto para hablar sobre los impugnados sistemas de medición de aforo vehicular en el circuito mexiquense.
Es fundamental que se precise si realmente hubo esa reunión entre Peña Nieto y el máximo directivo internacional de OHL, Juan Miguel Villar Mir (según se menciona en la grabación dada a conocer esta semana https://goo.gl/lmtGZZ). Después de ella, según tal testimonio auditivo, Ruiz Esparza habría dicho: ora, ¿qué hacemos para que este hijo de puta deje de chingar?, pues ése es otro pedo (una parte de la flatulencia parece haber sido la detención del abogado Díez durante día y medio). Y ayer OHL presentó una demanda penal contra Infraiber y quienes resulten implicados. Eso fue ante la PGR, donde Gerardo Ruiz Dosal (hijo del titular de SCT, Gerardo Ruiz Esparza) es director general de formación profesional, luego de haber fungido como secretario particular de Jesús Murillo Karam mientras éste fue procurador general de la República. El joven Ruiz Dosal, según su declaración patrimonial, ha tenido un sueldo bruto anual de 2 millones 62 mil 812 pesos. (http://goo.gl/3Ewohn). ¡Hasta el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero



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DINERO

Pega devaluación a finanzas del gobierno
Pemex: campo abierto al capital privado
Carstens: sin inflación, pero sin mejores sueldos

Enrique Galván Ochoa
Posiblemente usted no podrá ir este año a Las Vegas, a los shows del 15 de septiembre de Luis Miguel, Alejandro Fernández o a quien los casinos tengan en las marquesinas. A 17 pesos y fracción cada dólar, ni ganas le darían de acercarse a la ruleta, el bacará, vamos, ni a las tragamonedas. No sé si le sirva de consuelo, pero es el gobierno federal la mayor víctima de la devaluación. (Aunque, pensándolo bien, al final somos nosotros mismos). Una buena parte de la deuda pública está cifrada en dólares. Aumentó su valor en una tercera parte, aproximadamente, en su equivalencia en pesos. ¡Y eso que nuestros genios financieros ganan premios internacionales por la conducción económica del país!
Sueños guajiros
El gobierno priísta pretende –en su programa presupuestal del próximo año– que coincidan tres factores aparentemente incompatibles: 1) aumentar los ingresos petroleros; 2) disminuir su inversión en Pemex, y 3) sustituirla con capital privado, de donde venga. De los tres, sólo uno está a su alcance: bajar la inversión en la petrolera. Este no es un proceso que vaya a comenzar el próximo año, los dos gobiernos panistas fueron regateando los recursos, y como consecuencia, debilitándola. Ni los panistas, tampoco el actual gobierno priísta, quisieron nunca construir una refinería. La de Tula fue un engaño, de principio a fin. No se les conocen dones mágicos ni a Luis Videgaray ni a Pedro Joaquín Coldwell. Veremos cómo hacen el milagro de atraer capital privado, cuando el precio del petróleo es tan poco atractivo. Y la violencia, la corrupción y la falta de apego a la ley, contribuyen.
Avon busca capital
Es curioso: la compañía que ha ayudado a millones de mujeres a darse una manita de gato ahora necesita no sólo una manita, sino el gato completo. Avon Productos está en conversaciones con fondos de inversión privados buscando una inyección de capital. Sus finanzas andan mal. Mantiene negociaciones con Cerberus Capital Management y Platinum Equity. Tiene un ejército de vendedoras en el planeta –alrededor de 400 mil en México, dice la compañía– pero están perdiendo terreno contra uno solo: Internet. La venta de cosméticos a través de la red le ha ido ganando terreno hasta ponerla contra la pared. Es una disyuntiva compleja la que enfrenta Avon: combinar a sus vendedoras de a pie con las ventas por computadora, que requieren menos personal. Por lo pronto, está tratando de levantar capital para mantenerse a flote.
El señor Cero Inflación
El presidente Peña Nieto decidió proponer al Senado que Agustín Carstens continúe como gobernador del Banco de México por otro periodo de seis años. Según algunos medios de información, es el hombre que ha hecho el milagro de mantener la inflación en su más bajo nivel en casi medio siglo (menor a 3%). Alberto Ramos, economista en jefe de Goldman Sachs Group para América Latina, dice que es una muy, muy buena noticia (citado por Bloomberg). Nadie menciona, sin embargo, que los precios internacionales de algunos alimentos, como el maíz y el trigo, han descendido a niveles no vistos desde hace una década, lo cual ha sido un factor decisivo para que tampoco suban en México. Y, por otro lado, lo que hace feliz a los inversionistas no produce el mismo sentimiento entre los trabajadores mexicanos: la herramienta que utiliza Carstens es mantener los sueldos congelados.
@Vox Populi
Asunto: No pueden con la mafia
Si de las refinerías de Pemex salen 1,000 litros de gasolina por alguno de los ductos, entonces a su lugar de destino deben llegar esos 1,000 litros. ¿No se mide lo que sale y lo que llega? Si hay déficit, ¿no es esa razón suficiente para inferir que en el trayecto hay una fuga o toma clandestina, y que Pemex investigará inmediatamente? ¿Estoy pecando de ingenuo y esto que me dicta el sentido común es parte de la red de corrupción que avasalla a nuestros recursos?
Jorge Terrón/ Distrito Federal
R: A principios de año, esta sección dio a conocer que Pemex había tomado la decisión de movilizar por sus ductos sólo gasolinas y diésel sin procesar. Su director, Emilio Lozoya, había dicho que la empresa pierde 17 mil millones de pesos al año por los robos de combustible. Se sospecha que es un negocio controlado por la mafia. Falta que Lozoya informe si se consiguieron buenos resultados con la drástica disposición… o la mafia la burló de algún modo.
Tuits
A la verdad histórica le llegó su roqueseñal. ¡Ah qué el Estado mexicano tan icónico!
@Alain_Derbez
Surrealista que exista una subsecretaría para la prevención de delitos; más surrealista nombrar a Arturo Escobar como su titular.
@econocastla
Nos faltan 43 y nos faltan más h… como sociedad.
@Mau_Mancera
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa



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Complejo petroquímico privatizado ya luce nuevo nombre




En Coatzacoalcos, Veracruz


COATZACOALCOS, Veracruz, 10 de septiembre (Sayda Chiñas Córdova/Corresponsal).- Este lunes, el complejo petroquímico Pajaritos, construido en 1967, fue rotulado oficialmente como Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) y a los trabajadores les empezaron a entregar los enseres y uniformes con los logos de la nueva empresa. Esta nueva etapa fue marcada con una ceremonia presidida por Miguel Tapia Velasco, nuevo director general de la empresa.
Desde la noche del miércoles, trabajadores de empresas externas rotularon el interior de las instalaciones del complejo petroquímico con las nuevas siglas de la empresa.
Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) es la empresa resultante de la alianza estratégica (joint Venture) entre Mexichem y Pemex para la producción desde la sal hasta el monómero de cloruro de vinilo, produciendo cloro, sosa y etileno.
El objetivo de la alianza es llevar su procesamiento de 200 mil toneladas anuales actuales a 450 mil en sólo año y medio, para eso Pemex aportó a sus activos y 300 trabajadores y Mexichem aplicó más de 200 millones de dólares para el acondicionamiento de las plantas.
Aunque en un principio se manifestó la resistencia del personal a la privatización de este complejo petroquímico, finalmente fue desarticulada la base productiva y los trabajadores fueron jubilados de manera anticipada o enviados a un área de mantenimiento.
Este miércoles personal de la empresa Mexichem, propiedad del ex banquero Antonio del Valle Ruiz, recibió la última parte del complejo petroquímico, ya con los trabajadores que van a estar laborando con la nueva empresa.
Todos los activos que tenía Pemex en ese complejo fueron desalojados para dar paso a los insumos y maquinaria que trabajará en la nueva empresa, la cual se dedicará a la venta de materia prima para plásticos.
El evento denominado “Todos somos PMV” difundió la filosofía, misión y visión de la empresa. A los trabajadores les obsequiaron mochilas, termos y playeras, como preludio del cambio de uniforme que tendrán, donde dejarán de vestir el pantalón y camisa café con las siglas de Pemex.
El evento fue presidido por los nuevos directivos de la empresa, todos emanados de diferentes empresas de la firma Kalux, donde está agrupada Mexichem y sus empresas asociadas.
Al evento no se presentó Ramón Hernández Toledo, dirigente de la sección 11 del sindicato petrolero, al cual estaban adscritos los trabajadores de ese complejo y en su representación acudió Jorge Tadeo Pérez, Secretario del Interior y Acuerdos .
Por parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) acudió Sabino Mora, representante del Sindicato Nacional de la Industria Química.


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Ordena Inai a Banobras hacer público documentos sobre crédito a Higa

MEXICO, D.F., 10 de septiembre (SINEMBARGO).- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) tendrá que desclasificar y hacer públicos los documentos sobre el crédito de 2 mil 775 millones de pesos, que otorgó a Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, y para la que se expropiaron 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México.
La resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), notificada a Banobras el pasado lunes 7 de septiembre, destaca que cuentan con 10 días hábiles para hacer públicos los documentos que le fueron negados a un solicitante bajo el argumento de que la información estaba clasificada como reservada por “secreto bancario”, y de que no existían los datos relacionados con el banco que otorgó el crédito.
En entrevista, Joel Salas Suárez, Comisionado del Inai, explicó que tras el recurso de revisión del solicitante, la resolución fue encaminada bajo la noción de que al tratarse de recursos públicos, el argumento de secreto bancario no es válido.
Salas Suárez descartó la aprobación de un periodo de prórroga en caso de que la entidad lo solicitara, ya que la única información que puede y debe reservar es la del nombre de la persona que formó parte del Comité Ejecutivo de Crédito de Banobras.
“Los documentos se pueden abrir y no requiere mayor carga”, comentó el Comisionado.
De acuerdo con Salas Suárez, fue al momento de entrar al estudio del caso que el Inai cayó en cuenta de que se trataba de una obra a cargo de una filial de Grupo Higa, empresa propiedad de Armando Hinojosa Cantú, y que recientemente fue investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la sospecha de conflictos de intereses con el Presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
José Antonio Lara Duque, Coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), detalló que la resolución del Inai sienta un importante precedente al poner el tema en debate público y lo mínimo que esperan es que Autopistas de Vanguardia pare de forma definitiva la construcción de la autopista.
“Ese dinero ya no debe moverse, porque si no la idea de que los grandes actos de corrupción en México se solapan, continuará creciendo [...] porque se sigue descubriendo esta delicada y aberrante red de corrupción que existe sobre todo en las tierras mexiquenses”, afirmó.


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¿Borrón y cuenta nueva?




Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

“No combatas la corrupción. Adminístrala”.
Jorge Saldaña

Todo parece indicar que habrá “borrón y cuenta nueva” al renovarse gobiernos estatales en nueve entidades federativas. Tal vez la excepción se presente en Nuevo León, donde por primera vez ganó un candidato independiente. Pero es lo que confirma la regla, porque ni siquiera en Guerrero, Querétaro, Michoacán y Sonora, donde los votantes cambiaron de opción política en la silla estatal, nada parece indicar que habrá cambios relevantes, investigaciones sobre enriquecimientos ilícitos, indagaciones contra desviación de recursos públicos, o castigo a delitos electorales y violaciones a derechos humanos.
A Silvano Aureoles, en Michoacán, no se le ven ánimos de investigar a Fausto Vallejo, a su gente, mucho menos a Salvador Jara, dado que su candidatura y arribo al gobierno estatal se debió a una negociación política de alto nivel. En Querétaro, todo parece indicar que la transición será tersa con la llegada de Francisco Domínguez Servín e incluso se tendió una red de protección al nombrar a José Calzada, como responsable de Sagarpa. En Guerrero, Héctor Astudillo está más preocupado por poner orden en casa y que no manche a su administración el caso de Ayotzinapa, que investigar a los anteriores gobiernos perredistas, empezando por Ángel Aguirre Rivero.
En Sonora, tal vez Claudia Pavlovich obtenga el permiso de Manlio Fabio Beltrones para investigar los negocios ilícitos de Guillermo Padrés, pero eso está por verse. Mientras que en San Luis Potosí, con Juan Manuel Carreras López; Campeche, con Alejandro Moreno Cárdenas; y en Colima, con José Ignacio Peralta Sánchez, todo parece indicar que habrá continuidad y nada moverá las aguas. Igual sucederá en Baja California Sur con Carlos Mendoza Davis, que dará continuidad al anterior mandato panista.

RODRIGO MEDINA EN RIESGO

De las entidades que habrán de renovar gobierno estatal, Nuevo León es la que tiene la mayor deuda. Al cierre de junio, tenía pasivos por 56 mil 158 millones de pesos, entre la deuda directa y la de organismos descentralizados, que, sumado a nuevos créditos en el segundo trimestre de 2015, ascenderán a 65 mil 389 millones de pesos. Al considerar la deuda de largo y corto plazos, y Asociaciones Públicas Privadas, Medina hereda pasivos de hasta 100 mil millones de pesos, según el Consejo Cívico.
El gobernador Rodrigo Medina y su familia han tenido reiterados señalamientos de corrupción. En julio pasado, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra ellos por peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos federales. De acuerdo con esa organización, sus 20 propiedades ubicadas en Texas, EU, ascienden a un monto estimado de 15 a 20 millones de dólares.
Entre los pendientes que deja Medina, sobresalen la Línea 3 del Metro inconclusa, la construcción del Penal de Mina detenida, la meta incumplida de reclutamiento de policías de Fuerza Civil y el incremento de la deuda pública –calculada en más de 12 mil pesos per cápita. La construcción de la Línea 3 del metro, de 7.5 kilómetros, inició en octubre de 2013 y estaba programada para entregarse en agosto de 2015, pero la entrega se retrasó hasta marzo de 2016, por “fallas técnicas”. Este proyecto, una de las promesas del presidente Enrique Peña Nieto, se anunció con una inversión de 5 mil 692 millones de pesos, pero la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado informó en julio que el costo total será de 8 mil 039 millones de pesos, es decir, 41 por ciento más.
El Penal de Mina es otra de las obras inconclusas. Inició en julio de 2011 y se mantiene como elefante blanco desde hace tres años, tras una inversión de 400 millones de pesos. Para concluirlo se requiere una inversión de al menos 3 mil millones de pesos, según la administración saliente. Otra meta incumplida se refiere al número de elementos reclutados de Fuerza Civil, que al final de la administración debería de ser de 10 mil, pero la corporación sólo cuenta con poco más de 4 mil 300 policías.

GUILLERMO PADRES, EN LA MIRA

El gobernador saliente de Sonora, Guillermo Padrés, enfrenta desde el año pasado una denuncia por peculado y operación con recursos obtenidos de manera ilícita. El mes pasado, un total de 45 mil firmas entregaron miembros del movimiento llamado “Malnacidos”, para exigir a la Procuraduría General de la República que registre avances en dicha investigación. Integrantes de dicho movimiento sostienen que existen suficientes elementos derivados del cambio de vida en lo económico de la familia Padrés, a raíz de que Guillermo Padrés se convirtió en Gobernador y que se ha documentado en presas, ranchos, caballos finos, una hacienda en Hermosillo, entre otras cosas. Añaden que “existen denuncias públicas por moches y sobre precios en temas como los uniformes escolares”.
Al gobernador se le recrimina también que castigara con impuestos injustos a la gente y perdonara impuestos a sus amigos. La gobernadora electa, Claudia Pavlovich Arellano, ha señalado que “habrá mano dura y mano justa” contra la corrupción del PAN en su Entidad, y que si bien no se van a fabricar culpables, tampoco se exonerará a nadie. En el caso del ex gobernador Guillermo Padrés, advierte “no habrá borrón y cuenta nueva”, y confía en que la PGR actuará y desahogará el expediente y en la Procuraduría de Justicia del Estado “haré lo que a mi me toque en su momento”.
La primera mandataria estatal en Sonora anticipa que tiene lista una respuesta de “justicia pronta y expedita” para el caso de la Guardería ABC, que incluye justicia desde la Procuraduría para los niños que murieron y atención para los que quedaron dañados. Entre los pendientes que recibirá, destaca la deuda con proveedores, un sistema de salud colapsado, deterioro de 3 mil 600 de 5 mil kilómetros de carreteras en el estado, y la penetración del narco.
A los problemas legales que ya enfrenta Padrés, se le suman denuncias contra el fiscal de Justicia, Carlos Navarro, y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Iveth Dagnino de Padrés, esposa del gobernador saliente, por sus acciones u omisiones en el caso del tráfico de bebés por parte de funcionarios del gobierno de Sonora, que deberán ser investigados por la Procuraduría General de la República. De acuerdo con Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación FND, Niños Robados o Desaparecidos, en base a las denuncias con las que se cuenta, en este momento son alrededor de 50 bebés vendidos, como mercancía por Vladimir Arzate Carbajal, director de la Línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como José Manuel Hernández, asesor jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora.
El activista señaló que “es imposible que la esposa del gobernador, Iveth Dagninio de Padrés, en su calidad de presidenta del DIF Sonora, no estuviera al tanto de lo que ocurría en la dependencia bajo su responsabilidad. Estrada sostiene que existen elementos suficientes para que la investigación sea atraída por la PGR, debido a que conjura el delito de delincuencia organizada al existir más de un funcionario público implicado.

AUREOLES, VIRREY

Al tomar posesión como gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles recibió una Entidad sumida en una crisis financiera, la deuda de Michoacán incrementó en 140 % entre 2010 y 2012, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO; con altos grados de inseguridad y hundida en la corrupción. Aunque en campaña prometió investigar al gobernador saliente, Fausto Vallejo, y a su familia, no se esperan grandes denuncias en su contra, sobre todo por el apoyo que recibió de Vallejo en la última etapa de su campaña electoral. Más que a los intereses de la izquierda mexicana, Aureoles responde a las órdenes del actual dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, con quien este jueves se reunió a comer en un restaurante de la ciudad de México. Ahí habló de la necesidad de alcanzar consensos para favorecer el desarrollo del Estado, por encima de intereses de partido, de grupo o individuales, frases estas suficientemente utilizadas y nulas en la práctica.
De acuerdo con un comunicado del equipo de Aureoles, ambos políticos coincidieron en que es momento de que a México le vaya bien y se apliquen de manera efectiva las reformas –de Enrique Peña Nieto- aprobadas por el Congreso de la Unión. De ahí que no se esperen ni grandes sorpresas ni denuncias contra funcionarios del gobierno anterior. Aureoles es un gobernador más cercano al equipo de gobierno de Enrique Peña Nieto que muchos priístas. De ahí que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, haya declinado apoyar a su administración. El tabasqueño recordó que Aureoles firmó el Pacto por México y avaló las reformas educativas y fiscal, y que se alió con el presidente Enrique Peña Nieto y la “mafia del poder” para dañar al país.
López Obrador señaló el mes pasado que “alguien que le abrió la puerta a Peña Nieto, que era como el achichincle de Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados, ahora nos viene a invitar a colaborar en su gobierno, como dirían los jóvenes: “zafo”. El líder de Morena añadió que Aureoles no es opción ni alternativa.

GUERRERO, IMPUNIDAD

Héctor Astudillo, electo –bajo la sombra de Ayotzinapa- gobernador de Guerrero por el PRI y PVEM, asume su puesto hasta el 27 de octubre. Tema fundamental al arrancar su administración lo es, sin duda, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sobre el particular, y tras el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala son un acontecimiento brutal, sin sentido contra estudiantes y ciudadanos que no debe quedar impune. “Ni perdón ni olvido”, señaló.
El principal reto que enfrenta Astudillo tiene que ver con la inseguridad que resiente Guerrero. El caso Ayotzinapa es parte de una larga lista de atrocidades cometidas en toda la entidad, como desaparición forzada, tortura, homicidios durante su búsqueda de justicia. Lo peor de todo es que el sistema de justicia penal de Guerrero ha desatendido gravemente a las víctimas de estos crímenes. La delincuencia organizada, de acuerdo con investigaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos como Centro Prodh y Tlachinollan, se ha infiltrado en instituciones estatales, incluyendo la policía, en tanto que familias de élite mantienen el poder y control de instituciones públicas, que han abandonado a la población rural, indígena y pobre, facilitando el reclutamiento por parte de los cárteles y abonando el descontento popular.
Héctor Astudillo recibe un estado con 19 mil 434 homicidios reportados entre 2005 y 2014, un número impactante para una población de sólo 3.4 millones de habitantes. Aunque el conjunto de fosas comunes y clandestinas no investigadas, muchas de las cuales se descubrieron tras las desapariciones de Ayotzinapa, sugieren que el número real de homicidios es mucho mayor. Le toca averiguar hasta dónde llega la responsabilidad de Ángel Aguirre Rivero y la mano negra del clan Figueroa. La interrogantes es ¿se atreverá?
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com
Esperamos su comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com Facebook LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.


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Rotundo NO




El perito José Torero, del Grupo de Expertos de la CIDH, aseveró que NO existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la PGR / Indicó que la procuraduría sólo se enfoca en el basurero, en lugar de investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente y otras revelaciones del informe


MÉXICO, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Si México quiere resolver el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), debe enfocarse en las recomendaciones de las otras 490 páginas del informe que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), dijo en entrevista con SinEmbargo el perito José Torero Cullen, que realizó el peritaje de la dinámica del fuego en el basurero de Cocula y que concluyó que no existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Mi informe son solamente 10 páginas de un documento de 500. Estamos pasando todo el tiempo discutiendo esas 10 páginas, ignorando las recomendaciones de las otras 490”, dijo y afirmó: “en el resto de las recomendaciones es donde van a encontrar más posibilidades de encontrar la verdad”.
Recomendaciones que hablan de investigar la omisión de un quinto autobús en el expediente de la PGR, que pudo ser el móvil que detonó la agresión a los estudiantes, al poder estar cargado con droga y dinero.
Investigar también la presencia de la Policía federal, ministerial y del Ejército durante los distintos momentos y escenarios del ataque y persecución a los cinco autobuses tomados por los muchachos.
El domingo, después de la presentación del informe del GIEI, la Procuradora Arely Gómez González dijo que la PGR estudiaría la incorporación del informe en la averiguación sobre la desaparición de los normalistas y anunció que se realizaría un nuevo peritaje “a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del mas alto nivel”.
José Torero Cullen indicó que la PGR pone en duda el peritaje independiente que él realizó por petición de los expertos del GIEI y vuelca la atención sobre un tema que debió ya ser descartado, en lugar investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente y otras revelaciones del informe.
“Esta investigación se hizo como una investigación independiente. Lo que yo entendí es que en un principio la PGR y el Gobierno iban aceptar esa investigación y en función a eso seguir trabajando para resolver este problema. Lo que han hecho es objetar la investigación y en el momento que lo hacen, se genera un debate enorme acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula”, dijo.
El perito prosiguió: “si una analiza lo que está pasando, básicamente no estamos eliminando esa posibilidad [la quema de los 43 estudiantes en el basurero], sino que nos estamos enfocando nuevamente en ella”.
El perito fue contundente: no existe la posibilidad de que otros peritajes serios avalen la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam: que los 43 fueron quemados e incinerados en el basurero de Cocula. Eso nunca ocurrió, afirmó.
Torero encontró evidencia de pequeños fuegos o fogatas encendidas en ese basurero, de hasta tres a cinco años atrás.
La versión de la PGR se sostiene solamente en declaraciones de inculpados, completamente imposibles.
“Si uno agarra los testimonios de los inculpados, ellos dicen que había un incendio de una magnitud enorme, podríamos olvidarnos de los cadáveres, la incineración del cuerpo y nada, simplemente agarremos el testimonio de los inculpados que dicen que había un incendio de dimensiones de 15 metros por cuatro metros: con un incendio así toda la vegetación y la basura del basurero debió ser involucrado. Eso no se puede esconder, no hay manera de esconder que la hipótesis que se basa en testimonios es incorrecta. No hay evidencia material”, dijo.

Que PGR investigue recomendaciones

José Torero aseguró que al final del camino, lo único que revelará un nuevo peritaje, con expertos internacionales, será que al evaluar la hipótesis de la PGR y el informe de la dinámica del fuego, es que la “verdad histórica” nunca existió.
Pero en el proceso, la PGR debe investigar y tomar en serio el resto de las recomendaciones que realizó el GIEI en las 490 páginas restantes.
México podría perder “muchísimo tiempo”, valioso, en darle vueltas a lo ocurrido en el basurero de Cocula, indicó.
“Eso no implica que uno no pueda seguir avanzando en las otras recomendaciones. Una cosa no depende de la otra. La PGR está cuestionando el hecho de que nosotros descartamos su hipótesis, quieren resolver eso: lo ponemos a un lado, traemos expertos y resolvemos, pero eso no implica no evaluar el resto y seguir trabajando en resolver las demás cuestiones”, dijo.
Torero Cullen lamentó que en las primeras planas de los periódicos aparezca su nombre y su trabajo y no el autobús omitido en el expediente de la PGR.
“¿De qué estamos hablando?, ¿de un pedacito del informe o de todas las revelaciones? Muchas de ellas más importantes que los aspectos que yo trato en mi informe”, indicó.
El perito agregó que a nivel mundial sólo existen alrededor de 10 especialistas reconocidos que pueden tomar en sus manos la revisión y contraste de la hipótesis de la PGR sobre la “verdad histórica” y el trabajo realizado por él que echa abajo esa versión.
John deHaan (USA), John Lentini (USA), Dougal Drysdale (UK), Richard Roby (USA), James Quintiere (USA), Harri Kytomaa (USA), Frederick Mowrer (USA), Chris Foster (UK)y James Lygate (UK) son esos peritos.
Cualquiera que tome el caso será serio, pues por la magnitud del caso estará poniendo en juego su reputación, indicó.
“Son los expertos mundiales en esta área, cualquier grupo de esas personas son el único tipo de gente capaces de analizar este caso”, afirmó.


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“Larga sombra” sobre Peña Nieto

Ha proyectado la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, publicó el medio inglés The Economist / “El nuevo informe da peso a la idea de que el gobierno fue demasiado rápido para cerrar el caso”, explicó el semanario


MÉXICO, 10 de septiembre (SinEmbargo).– La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014 ha proyectado una larga sombra sobre el Presidente Enrique Peña Nieto, que se hizo más grande con el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), publica The Economist en su presente edición.
“Nada ha proyectado una larga sombra sobre la presidencia de Enrique Peña Nieto como la desaparición del año pasado de 43 estudiantes en el estado sudoccidental de Guerrero. La sombra se alargó el 6 de septiembre, cuando la explicación del gobierno sobre los acontecimientos fue severamente cuestionada por una investigación internacional”, dice el artículo.
El reconocido semanario británico refiere que las conclusiones del Grupo de Expertos, hechas públicas luego de seis meses de recolectar evidencia forense y documental, “agravan la incertidumbre sobre lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa, que desaparecieron en septiembre pasado en la ciudad de Iguala, luego de tomar autobuses para conducirlos a la Ciudad de México para una manifestación”.
Recuerda que la “verdad histórica” anunciada por la Procuraduría General de la República (PGR), que entonces encabezaba Jesús Murillo Karam, sostenía que los estudiantes habían sido entregados por la policía municipal a una banda de narcotraficantes llamada Guerreros Unidos, que los mató, quemó sus cuerpos en un vertedero y luego arrojó los restos en un río.
Pero, dice The Economist, “el nuevo informe da peso a la idea de que el gobierno fue demasiado rápido para cerrar el caso. Por ejemplo, rechazó la afirmación del gobierno de que todos los cuerpos fueron quemados en el vertedero”.
“El informe identifica muchos otros problemas con los resultados oficiales, incluyendo testimonios discrepantes y grabaciones de vídeo destruidas. Esto muestra que las investigaciones del gobierno restaron importancia a un elemento importante: la existencia informado de una quinta bus incautados por los estudiantes, que podría haber llevado a las drogas”, dice la publicación.
El medio precisa que la Procuradora Arely Gómez González, quien asumió el cargo desde febrero, ha ordenado una nueva investigación forense. “Pero la labor del grupo está perjudicando al gobierno”, dice el medio.
El artículo cita al final la crítica que José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), hizo luego que fuera presentado el informe del GIEI: “A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aportó el domingo pasado al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi un año.
Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015 la PGR.
El informe del GIEI también revela que en todo momento, elementos de la Policía Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas en los que viajarían a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre.




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