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martes, 13 de octubre de 2015

Salud en riesgo




Trabajadores y pacientes del IMSS denunciaron la salida de al menos 30 medicamentos del cuadro básico / ¿A quiénes afecta?: “pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas, nefrópatas y con VIH”, advirtió Martha Medina, representante de las enfermeras / Acusan que el Instituto antepone los costos de las medicinas por encima de la salud de los derechohabientes

MÉXICO, 12 de octubre (SinEmbargo).– Trabajadores y pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que esa dependencia retiró al menos 30 medicamentos del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos a partir de marzo.
“Ellos niegan que haya una Reforma de salud. Pero al Seguro Social, por lo menos, ya nos retiraron 30 medicamentos para pacientes. ¿Quiénes son estos pacientes?, pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas, nefrópatas, con VIH, que obviamente sin su tratamiento van a morir”, dijo Martha Medina Gómez, representante de las enfermeras, quien lleva 24 años en la institución.
Sin embargo, este tema se ha manejado con secrecía por parte de las autoridades centrales de la institución. En junio diversos medios locales del país reportaron que autoridades informaban de estos cambios.
Este fue el caso de Jon Gurutz Rementería Sempé, Delegado del IMSS en la zona sur de Veracruz, quien aseveró el 8 de julio al medio local Al Calor Político que al menos 30 medicamentos formarían parte de un programa de sustitución de medicamento que pretendía ofrecer nuevos medicamentos con el fin de ahorrar recursos económicos a la institución.
En este mecanismo lejos de abandonar los antiguas medicinas, daría libertad a médico especialista de suministrar a los pacientes medicinas que le son más baratas a la institución.
Pese a que SinEmbargo solicitó al equipo de comunicación social del IMSS una entrevista para hablar sobre el paquete básico de medicamentos, ésta nunca fue concretada.
Y cuando este medio buscó hablar con el Delegado Rementaría en Veracruz esto fue lo que expuso el encargado de Comunicación de Norberto Galván:
“Como verás ya no se ha publicado nada, porque de México nos indicaron que ya no se hiciera declaración alguna, que todo iba a ser desde oficinas centrales de comunicación social que iban a manejar esto. Esa entrevista la tuvo que dar [Rementería] porque lo abordaron de la prensa”.
José Arturo Calva Pérez, fundador de la Coordinadora Nacional en Defensa de los Derechos Humanos de los Trabajadores Activos y Jubilados del Seguro Social, reiteró la denuncia y señaló a los miembros de la Comisión Negociadora de Precios de los Medicamento de ser los responsables.
“Cómo sucede la sustitución de estos 30 medicamentos, es por el simple hecho de que una Comisión de las Compras Consolidadas sugiere que para disminuir costos excluyan esos medicamentos. Una condición que es completamente atentatoria contra un derechohabiente, porque una comisión no tiene la facultad ni los principios básicos médicos”, dijo.
Esta comisión está integrada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Economía (SE) y Salud (SSa), y por los organismos descentralizados Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Asimismo, la Secretaría de la Función Pública participará como asesor permanente.
“Un consejo técnico que está conformado de una forma totalmente ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque estar conformado por un representante de la Secretaría de la Función Pública y no pueden formar parte de lo que es la atención médica en el país. Porque Virgilio Andrade la posición que tiene es la misma que la de ‘casa blanca’. Ser juez y parte no se vale”, explicó Calva.
Una paciente de trastorno afectivo orgánico, que pidió mantener su identidad en el anonimato por trabajar en el IMSS, expuso que en marzo llegó de rutina al Hospital Psiquiátrico de San Fernando por un medicamento, del cual le dijeron que se había agotado.
“Tengo más de dos años controlada con el tratamiento de quetiapina, estaba muy estable no recaigo, no nada. Recientemente en marzo el medicamento que yo tomo no lo tenían, me dijeron que no había. Yo lo tengo que tomar todos los días y no lo debe dejar de tomar ni un solo día, porque nos puede provocar una crisis”, dijo a SinEmbargo.
A partir de ahí esta paciente empezó a llevar un calvario, ya que en medio de una mudanza tuvo que continuar su tratamiento en las unidades médicas de Chalco, pero tampoco halló estos insumos.
“Ese medicamento cuesta de 800 a 1500 pesos en las farmacias de afuera. Me dijeron que ya lo habían saco del Cuadro Básico”. Ahora las autoridades decidieron en mayo recetarle risperidona, otro medicamento con el cual la mujer acusó no ajustarse.
Por medio de una solicitud de información, el IMSS refirió que el Cuadro Básico se mantiene actualizado en su página de la Internet, y en la misma en el Grupo No. 20 sigue apareciendo la quetiapina.
Por su parte, Carmen Mendiola Quintana, integrante de asociación de Derechohabientes y Pensionados de Guanajuato, explicó que este proceso se ha venido dando sigilosamente.
En este punto coincidió Calva.
“No están comprando el consumo promedio establecido para el derechohabiente. Sí existe el medicamento, nada más que no lo compro lo suficiente. Y si la persona puede ser de alto riesgo, pues sí se lo otorgo, porque puedo tener guardado algunos. Esto es una violación, porque la compra consolidada no habla que los consumos promedios para este tipo de pacientes, que son alterados”, afirmó.


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Rumbo a la hambruna

* Hace 30 años se perdió la autosuficiencia
* Recortes pegan a productores del campo
* Maestros desafían a Nuño en 7 entidades
* Manifestaciones, marchas, paros y bloqueos




CIUDAD DE MEXICO, 12 de octubre (Lilia Arellano / Estado de los ESTADOS).- Ayer se celebró el Día de la Hispanidad, el que conocíamos como el Día de la Raza y, cayó como balde de agua fría el conocer hasta qué punto y con cuánta frivolidad se maneja el renglón básico, el que mantiene, quiérase o no, la estabilidad social: el alimento. Atrás quedó la mesa pobre, la que contaba solamente con tortillas, chile, tomates y frijoles para alimentarse. En el presente todos esos productos son de lujo, ya no se generan para el autoabastecimiento porque las tierras no producen, no hay semillas ni apoyos y muchas de ellas han sido utilizadas abiertamente para la siembra de estupefacientes. En esta fecha, también se dieron los maestros a la tarea de manifestarse en varios puntos de la república y, no parecen tomar en consideración que detrás de las demandas está el encarecimiento no sólo de los alimentos, sino de la mayoría de los productos de primera necesidad en ese sector. El panorama es el siguiente:
México resiente una gran vulnerabilidad alimentaria pues importa alrededor de 60 por ciento de los alimentos que consume. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) considera que hay vulnerabilidad cuando se importa más del 25 por ciento de los alimentos. El país no garantiza su autosuficiencia alimentaria por lo que depende de un sistema mundial dominado por unas cuantas empresas multinacionales, que distribuyen los alimentos en un marco de mercados globales, desestructuran el mercado interno y fracturan el tejido social. La inseguridad alimentaria que enfrenta la nación es una amenaza a la paz social, pues es un componente vital para la población.
El problema es de gran importancia, pues el mercado agroalimentario mexicano está en poder de 42 compañías trasnacionales. Mosanto, DuPont, Agromex, Pionner, Syngenta y Limagrain controlan la producción de semillas y fertilizantes. Otras como Minsa, Maseca, Cargill, Bimbo, Bachoco, Pilgrim´s Pride, Tyson Foods y Lala, una vez que llega a sus manos el producto (maíz, frijol, sorgo, leche), incrementa los precios al consumidor hasta en 200 por ciento. Además la venta de alimentos también está monopolizada por las tiendas departamentales, entre las que destaca WallMart, que hace negocios por más de 11 mil millones de dólares al año. Esta tienda vende más de 6 mil millones de dólares en alimentos anualmente, más que cualquier otra empresa en México.
De acuerdo con los datos de la FAO, en los últimos 30 años México ha aumentado la dependencia alimentaria en el rango de importaciones. En el caso del huevo, maíz blanco, café y azúcar es menos de 10 por ciento, pero por arriba de este porcentaje está la leche, el frijol, la carne de aves y sorgo, con 30 por ciento. Entre un 20 y 50 por ciento se importa carne de cerdo y bovino. Se importa más de 50 por ciento del maíz amarillo, arroz y soya.
Las compras al exterior para complementar la alimentación básica de los mexicanos cuesta alrededor de 20 mil millones de dólares al año, cantidad muy cercana a los ingresos esperados por las exportaciones petroleras. A pesar de que México ocupa el décimo lugar mundial como productor agropecuario, importa un alto porcentaje de los alimentos que consume. Por ejemplo en el caso del maíz, el año pasado se produjeron 21 millones de toneladas pero se importaron 10 millones de toneladas más para satisfacer la demanda nacional. El país compra a otras naciones una tercera parte del maíz que consume; la mitad del trigo; 80 por ciento del arroz; y el 40 % del frijol. También compra en el extranjero el 30 % de la leche en polvo, ya que han estado desapareciendo los hatos de ganado vacuno.
Para que un país alcance la seguridad en su alimentación, debe producir al menos el 75 por ciento de lo que consume, de acuerdo con la FAO. México cuenta con 30 millones de hectáreas abiertas al cultivo. A fin de lograr ese porcentaje, se debe apoyar a los distintos productores y las políticas públicas deben estar al alcance de los pequeños productores.
La Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados confirma que la dependencia alimentaria de México “ha aumentado de manera alarmante” derivada del abandono al campo, la insuficiente producción nacional, y que el mercado lo concentran las grandes empresas, que han desplazado a las unidades familiares no rentables. La UEC explica que de manera paralela se incrementó la pobreza en el medio rural y el campo aporta una escasa generación de empleos al Producto Interno Bruto (PIB). Apenas un respiro para los campesinos lo representan las remesas de sus familiares en el extranjero.
El país resiente una desarticulación de la agricultura con la industria, mala calidad y bajo rendimiento de la tierra, erosión y degradación de los suelos, baja productividad en algunos cultivos, bajos niveles de capitalización física y humana, caída drástica en la inversión pública, carencia de infraestructura y tecnología, y falta de créditos. Además, migración, incidencia del narcotráfico en los patrones de cultivo y posesión de las propiedades agropecuarias, así como la escalada de violencia e inseguridad, pobreza extrema, bajos niveles educativos, carencia de servicios públicos, mala nutrición, falta de oportunidades escolares y laborales para los jóvenes, y trato discriminatorio y violencia hacia las mujeres, no sólo en el ámbito familiar sino comunitario.
El abandono del campo se refleja en la creciente pobreza de sus habitantes; los incrementos en los precios de los alimentos a nivel internacional avivan la pobreza alimentaria; la población vulnerable por ingresos, inferior a la línea de bienestar, aumenta año con año, ante la indiferencia oficial.
A pesar de que el flamante titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, declaró hace poco que no se prevé disminuir los recursos de la dependencia para el próximo año, su subordinado, el director regional de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Emilio Nava Villalobos, ya advirtió que este año se eliminará el esquema de comercialización de frijol, lo que afectará directamente a 20 mil productores de Durango, Zacatecas y Chihuahua.
De esta manera, Sagarpa deja el precio del grano al mercado libre porque, dice, no cuenta con dinero para aplicar el esquema a la cosecha de este año, y porque, argumenta, el volumen que se espera en los tres estados será muy bajo, por lo que según los funcionarios de la dependencia, el frijol se puede vender muy fácilmente. El recorte no es parejo: se mochan 800 millones a productores de esos tres estados y no se hacen recortes a los 6 mil millones que se pretenden destinar a productores de Sinaloa.
Durante el ciclo primavera-verano 2014, Aserca incluyó 230 mil toneladas de frijol en los tres estados citados dentro del esquema de comercialización del grano en el que se destinaron 750 millones de pesos; de los cuales, 500 serían repartidos entre los productores de frijol y 250 millones entre las empresas acopiadoras. Aserca no ha terminado de pagar el grano a los productores de Chihuahua y Zacatecas.
El presidente del sistema Producto Frijol, Andrés Fernández, reclamó a funcionarios de Sagarpa que se les quite el esquema que beneficia a los labriegos, a los campesinos más pobres, y que se deje el precio al libre mercado. En Durango, el dirigente campesino Sergio Silva Labrador, advirtió a Nava Villalobos, que no desean seguir tratando con él, y emplazó al director general de Aserca, Alejandro Vázquez Salido, para que el próximo miércoles cambie de postura o de lo contrario, no descartó que los frijoleros lleguen a quemar oficinas de esa área de gobierno.
También en Durango, los productores de frijol exigieron a Aserca el pago de 63 millones de pesos que aún adeudan a las 11 empresas acopiadoras del estado por la cosecha de primavera-verano 2014. Advirtieron que si para el miércoles la dirección general de Aserca no les da una respuesta favorable, acudirán al titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa. Aserca no ha terminado de pagar tampoco el grano a los productores de Chihuahua y Zacatecas.
Las políticas seguidas hasta el momento en el agro repercuten negativamente en el país. De acuerdo con Michelle Chauvet Sánchez Pruneda, jefa del área de Impactos Sociales de la Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dichas políticas públicas han llevado a abandonar las prácticas de abasto vía el mercado interno, se desmantela la estructura productiva y no hay forma de contender con producción interna, frente al alza de los precios de los alimentos en el mercado interno.
Además, subraya, las políticas sociales como Pronasol, Progresa y la cruzada contra el hambre, no procuran el consumo de lo que las comunidades producen. Los comedores comunitarios funcionan con productos del exterior, como cócteles de fruta enlatados que vienen de Estados Unidos.
De seguir negando los subsidios y permitir que sean organizaciones y sus líderes los que se enriquezcan al entregarles el dinero que deben repartir en algunas zonas, si no se apoya al campo estos números van a crecer o son mayores porque oficialmente tienden a ocultar la realidad, la hambruna se hará presente. No hay tampoco ningún control de precios y las grandes cadenas acaparan la producción pagando precios de miseria. El renglón no es para desecharlo, es grave, muy grave.

SEP CONTRA CNTE
Mientras el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advertía una vez más que los profesores que antepusieran su derecho a la manifestación sobre el derecho de los niños a recibir clases se les descontará el día, maestros de Michoacán, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Distrito Federal y Chiapas pararon actividades este lunes en demanda de una mesa de diálogo con el gobierno federal.
En el marco del paro magisterial de 24 horas convocado en más de 20 entidades del país por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como parte del reinicio de sus acciones contra la reforma educativa, Nuño reiteró en la Escuela Primaria Centro Urbano, ubicada en la colonia Del Valle, del Distrito Federal, que los docentes que acumulen tres faltas en un mes serán separados del servicio. Advirtió que “vamos a ser muy firmes en aplicar la ley”.
Ante la posición del nuevo titular de la SEP, los maestros de la Sección 18 de Michoacán tomaron las oficinas centrales de la Secretaria de Educación en el Estado (SEE). Eugenio Rodríguez, secretario técnico de esa sección, desestimó las posibles sanciones administrativas que pudiera aplicar la autoridad educativa ante la suspensión de labores. Dijo que “no tienen la capacidad para recabar listas (de maestros faltistas). No vemos cómo pueden aplicar esa sanción”.
En Michoacán, además, cientos de maestros bloquearon los principales acceso al puerto de Lázaro Cárdenas y también la entrada a la siderúrgica Arcelor Mittal. También obstruyeron la Autopista Siglo 21, en el tramo Lázaro Cárdenas-Las Cañas, a la altura del kilómetro 308, afectando destinos turísticos como Ixtapa, Zihuatanejo y Playa Azul.
Cientos de maestros que mantenían bloqueada la carretera federal Villahermosa-Escárcega, en Tabasco, fueron dispersados por policías federales y estatales. Los docentes iniciaron cierres de manera intermitente cada 15 minutos en casetas localizadas a 17 kilómetros de Villahermosa. Con gases lacrimógenos, policías estatales y federales los dispersaron. Los maestros también bloquearon la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen (Campeche),
Maestros de la Sección 22 de la CNTE retuvieron camiones y bloquearon comercios en varios puntos del estado de Oaxaca, en demanda de una mesa de negociación con autoridades para atender sus demandas que contemplan al derogación de la reforma educativa, la contratación automática de normalistas, así como el respeto a las prestaciones que han ganado a lo largo de los últimos 30 años.
En la región de la Mixteca, los docentes obstruyeron la autopista Oaxaca-Puebla, a la altura del municipio de Nochixtlán. En la Costa, bloquearon la carretera federal 200 a la altura del municipio de Pinotepa Nacional; en Pochutla, cerraron una tienda departamental; en Puerto Escondido, se concentraron en el Aeropuerto. En el Istmo de Tehuantepec, obstruyeron accesos a tiendas de auto servicio y departamentales.
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) marcharon por calles de Chilpancingo y la Autopista del Sol y demandaron la derogación de la reforma educativa, así como la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Normalistas de esa normal rural tomaron las radiodifusoras privadas Radio Capital y ABC Radio. En Acapulco, los maestros marcharon por la avenida Costera Miguel Alemán.
En Morelos, los maestros marcharon sobre la avenida Morelos hacia la Plaza de Armas de Cuernavaca. En el Distrito Federal, maestros de Iztapalapa de la Sección 9 de la CNTE protestaron en las instalaciones de la Dirección General de Servicios Educativos. Exigieron retirar los cargos contra el maestro Roberto Gabriel Gómez Jiménez y la maestra Sofía Endoqui, acusados de evitar el desempeño de su trabajo público. Los docentes informaron que de las 400 escuelas primarias y 100 secundarias de Iztapalapa, protestaron representantes de al menos 30 planteles.
En Chiapas, maestros de la CNTE bloquearon pasos fronterizos con Guatemala. Se apostaron en el Puente Internacional Talismán, en el municipio de Tuxtla Chico. En Suchiate, los maestros se concentraron en el parque central de la localidad para dirigirse a los puentes internacionales Rodolfo Robles 1 y 2. Otro grupo se reunió en la autopista San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez. Cientos de maestros se reunieron en la autopista entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.
Las autoridades educativas advirtieron que descontarán el día a los maestros que faltaron a clases. Al cierre de estas líneas continuaba la marcha de mentores acompañados por el STUNAM.
DE LOS PASILLOS
El ex gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, fue baleado en el restaurante Los Naranjos, por dos sicarios. Recibió seis impactos de bala que le provocaron fracturas y daño en la vena yugular externa. El secretario de Salud, Agustín Lara Esqueda, informó que “está delicado, pero estable”, tras ser intervenido en el Hospital Regional Universitario… Cabe recordar que el 21 de noviembre de 2010, el ex gobernador colimense Jesús Silverio Cavazos Ceballos fue asesinado afuera de su casa en Colima. El cargo de gobernador lo ocupó tras la muerte del mandatario Gustavo Vázquez, en un accidente aéreo en 2005, además de que esa Entidad se significó por la producción y el tránsito de anfetaminas. El general Rebollo fue encarcelado por algunos hilos que lo llevaban al descubrimiento de manos muy poderosas y negras en el sexenio de Ernesto Zedillo. En fin, a Moreno Peña hace tiempo que lo persigue una mala sombra ya que, como se recordará, padeció cisticercos que lo llevaron al quirófano para una intervención de cerebro.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com
Esperamos su comentarios al correo:Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.


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Astillero

Colima: narco y política
Cacicazgo de Moreno Peña
¿Tumbarán a Peralta-Los Pinos?
Beltrones pone piezas
Julio Hernández López
 
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“NO CEDEREMOS A PRESIONES“. Al visitar ayer la primaria Centro Urbano Presidente Alemán, ubicada en la colonia Del Valle, en el Distrito Federal, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que las autoridades educativas no dialogarán con los maestros que violen la ley dejando a los estudiantes sin derecho a recibir clasesFoto María Luisa Severiano
E
l atentado contra el ex gobernador Fernando Moreno Peña hace voltear la vista hacia una entidad, Colima, largamente dominada por grupos del crimen organizado y por políticos que han ejercido el poder entre sangre y fuego. Pequeña en términos geográficos y demográficos, casi desaparecida del mapa político nacional, Colima es un estratégico centro de operaciones del narcotráfico (con Manzanillo como puerto clave) que ha sido gobernado por el PRI (con Moreno Peña como cacique y, especialmente, como orquestador de fraudes electorales), entre muertes violentas de gobernadores y presidentes municipales en funciones o recién retirados del poder formal.
Como ha sucedido en otras universidades públicas, ciertos grupos políticos han transitado del control de las federaciones estudiantiles a las rectorías y a cargos gubernamentales y legislativos diversos (el ejemplo más contundente se da en la Universidad de Guadalajara, dominada por Raúl Padilla López, aunque el cacicazgo de éste ha preferido derivar los cargos hacia familiares y allegados). Moreno Peña fue dirigente estudiantil, rector de la Universidad de Colima y, con ésta como plataforma económica y política, gobernador del estado de 1997 a 2003 (le ganó al panista Fernando Michel Ruiz por cuatro puntos porcentuales de diferencia, entre acusaciones de fraude que ha escuchado con insistencia a lo largo de su carrera, como cacique colimense o como delegado del PRI en otros estados).
A la hora de postular a su sucesor, Moreno Peña consiguió imponer a Gustavo Vázquez Montes, a quien apoyó de manera tan abierta y ruda que el tribunal electoral federal acordó anular los comicios (uno de los pocos casos en que se ha aplicado ese criterio en elecciones de gobernador), aunque en segunda oportunidad volvió a ganar el citado Vázquez Montes (con menos de cuatro puntos porcentuales de diferencia sobre el panista Antonio Morales de la Peña). Sin embargo, a 13 meses de haber tomado posesión del cargo, y entre versiones de profundas disputas con el cacique Moreno Peña, el gobernador Vázquez Montes murió al caer el avión oficial en que viajaba de regreso a Colima, el 24 de febrero de 2005. La tercera elección fue ganada por el también priista Silverio Cavazos Ceballos, con menos de cuatro puntos porcentuales de diferencia respecto del panista Leoncio Morán. Un año después de haber terminado su periodo como gobernador, Cavazos fue asesinado al salir de su casa en la ciudad de Colima.
El siguiente gobernador, a punto de dejar el cargo, fue Mario Anguiano Moreno, confrontado con Moreno Peña, acusado de no haber pasado la prueba del polígrafo a la hora de hablar de relaciones con el narcotráfico, y con un hermano y algunos ex colaboradores tocados por asuntos de esa índole (Anguiano ganó a la panista Martha Sosa Govea por más de seis puntos de diferencia). Para la sucesión de este año, Los Pinos impuso a José Ignacio Peralta, quien era subsecretario federal de Comunicaciones y Transportes y forma parte del grupo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Hubo jaloneos subterráneos por parte de Anguiano, quien pretendía vetar a Peralta, y de Moreno Peña, quien buscaba la postulación para alguien que le fuera más cercano. Esta vez la diferencia de votos fue ínfima: 503 (0.17 por ciento) a favor del priísta Peralta, frente al panista Jorge Luis Preciado (miembro del círculo más cercano a Gustavo Madero). Además, el PRI perdió la mayoría en el Congreso local y las presidencias municipales más importantes.
La película colimense del narcotráfico (Preciado ha dicho que el enlace entre las campañas políticas y el crimen organizado es Moreno Peña, y Jesús Zambrano ha demandado investigarlo muy a fondo), las elecciones fraudulentas y los pleitos sangrientos por el poder (venganzas, ejecuciones y traiciones) tendrá en estos días un desenlace que mantiene a todos los actores en tensión, pues el tribunal electoral federal deberá decidir si anula los comicios de junio pasado, ante el cúmulo de denuncias presentadas por el panismo, y Peralta no debe tomar posesión el 1º de noviembre. En ese contexto se ha producido el ataque contra el cacique local, Moreno Peña (quien fue delegado del PRI en las elecciones de Michoacán que ganó Fausto Vallejo, y delegado regional en Guanajuato, Jalisco y Michoacán en junio pasado). Historias regionales turbias y enconadas, que forman parte del mural nacional de sangre y corrupción.
Manlio Fabio Beltrones designó a quienes le acompañarán en el comité nacional priísta rumbo a las elecciones estatales de 2016 (después de ellas, el sonorense deberá decidir si se mantiene en el timón de tres colores o se deshace del cargo para buscar la candidatura presidencial de 2018). Cierto es que hay un porcentaje importante de nombramientos que llevan su marca indeleble (entre ellos, Manuel Añorve y Marco Antonio Bernal, precandidato a la gubernatura de Tamaulipas este último). O un secretario de organización, Willy Ochoa Gallegos, diputado chiapaneco que ayudará a tender puentes con el gobernador Manuel Velasco, al que se pretende regresar al redil tricolor (dada la pésima fama alcanzada por el Verde). O la secretaría de asuntos migratorios para Gerardo Ruiz Dosal, hijo de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario federal de comunicaciones, transportes y negocios de OHL.
Pero no debe olvidarse que el segundo puesto, a cargo de Carolina Monroy, es una cuña explícita de Atlacomulco, instalada para vigilar lo que haga el sonorense y advertirlo a tiempo a Los Pinos, y que en la secretaría de acción electoral ha sido ratificado Arturo Zamora, el jalisciense que buscará relevar a Aristóteles Sandoval y cuyas afinidades están más por el lado de Bucareli.
Y mientras, a la hora de cerrar esta columna, seguían los bloqueos y manifestaciones de profesores en lo que denominaron paro nacional, con el amago de la Policía Federal de iniciar desalojos violentos, todo enmarcado en los arreglos bajo presión para reanudar mesas de negociaciones entre el magisterio disidente y autoridades federales, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero



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DINERO


Espía el gobierno teléfonos e Internet
El sueldo ideal, según el Nobel de Economía
Gasolineras sin permiso para operar
Enrique Galván Ochoa
 
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E
l ex gobernador priísta de Colima Fernando Moreno Peña recibió seis tiros ayer cuando desayunaba en el restaurante Los Naranjos en la capital de aquella entidad. Con diferencia de horas, en la avenida Insurgentes de la ciudad de México, una mujer le dio un balazo en el rostro a un automovilista, después de una trifulca de tránsito, de las que hay millares todos los días. No hay ninguna relación aparente entre un suceso y otro, excepto que la violencia pega arriba y abajo, alimentada por la impunidad y la corrupción. Apoyándose en la razón, o pretexto, de combatirlas, el gobierno ha ido extendiendo el espionaje electrónico. El año pasado, las compañías de telefonía e Internet registraron más de 55 mil solicitudes de las autoridades para obtener información sobre llamadas de ciudadanos, sus mensajes y datos de localización, casi 25 por ciento más que en 2013, según cifras de la industria obtenidas por Reuters. Agencias federales y estatales también gastaron más que cualquier otro país en el software de espionaje de la empresa italiana Hacking Team, de acuerdo con documentos filtrados recientemente. El principal producto de Hacking Team permite a gobiernos descifrar mensajes encriptados para espiar a sus objetivos. La Presidencia no tiene comentarios a este tema, entre otras razones porque, suponiendo que los datos que manejas en tus preguntas estén corroborados y las inferencias sean correctas, se trata de un asunto de seguridad nacional, dijo el portavoz presidencial Paulo Carreño. ¿Y qué tiene que ver la agresión en contra del ex gobernador y el automovilista? Al menos en el primer caso hay algo sospechoso. Y esa es la coartada para extender la vigilancia electrónica. Aunque puede estar en manos de funcionarios tan corruptos o más corruptos que los vigilados.
El sueldo ideal
¿Cuál es el salario perfecto, el que te haría feliz? $75 mil dólares al año, aproximadamente (un millón 275 mil pesos). El personaje que descubrió esta fórmula ganó el Premio Nobel de Economía 2015. También postula que más dinero no necesariamente compra más felicidad, pero menos dinero está asociado con penuria emocional. (Es quincena, 99.9 por ciento de los mexicanos lo sabemos de sobra). El economista, británico-estadunidense Angus Deaton, de 69 años, fue galardonado por sus estudios sobre el consumo, la pobreza y el bienestar, anunció la Real Academia Sueca de las Ciencias. Su trabajo gira en torno a tres interrogantes: ¿cómo distribuyen los consumidores sus gastos entre diferentes bienes?, ¿qué parte de los ingresos de la sociedad se gasta y cuánto se ahorra? y ¿cuál es la mejor forma de medir y analizar el bienestar y la pobreza? Deaton nació en Edimburgo, pero vive en Estados Unidos, donde es profesor de economía y asuntos internacionales en la Universidad de Princeton, desde 1983. Entre sus frases famosas se cuenta esta: Las crisis están diseñadas para beneficiar a los ricos, ya que gracias a ellas les resulta más fácil rescribir las normas. En México, después de la crisis del Fobaproa y la del catarrito, fueron rescritos artículos fundamentales de la Constitución.
Gasolineras
El fin de año está a la vista y sólo una fracción de los 11 mil expendios de gasolina que operan en la Republica han obtenido permiso de la Comisión Reguladora de Energía para seguir operando después del primero de enero de 2016, de acuerdo con Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. Las multas van de 10 a 30 millones de pesos. Si no son capaces de cumplir con este trámite, ¿cómo se defenderán de los expendios de empresas trasnacionales?
@Vox Populi
Asunto: Tarjeta Travel Pass
Le escribo para que me oriente sobre el pago de una anualidad de Banamex. Resulta que tengo una tarjeta de las llamadas Travel Pass, la que tiene fecha de vencimiento de 2012, y obviamente no se pude utilizar para ningún tipo de compra. Ahora resulta que me están cobrando la anualidad que es de mil 200 pesos. ¿Debo pagarla?
Víctor Manuel Méndez
R: Por supuesto que no. Debe ser un error del banco.
Tuits
Aviso importante: debido a la inseguridad que se vive en México, la Llorona saldrá a buscar a sus hijos de día, porque de noche le da miedo.
@sangredeperro
Quiero ser el motivo por el cual no te rinda la quincena.
Vaquita la del Barrio @vaquitadlbarrio
Diputados y senadores disputan la visita del papa Francisco (eso es legislar, chingaos).
@fedroguillen
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa



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30 años de neoliberalismo en México destruyeron la sociedad: estudio

México se unió a otra comunidad global de comercio: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Fue ampliamente celebrado. Pero, 30 años después de la adhesión al FMI y a 20 del TLCAN, el balance no es el que tanto se pregonó. Todo lo contrario, dice un estudio apenas publicado

Promo-corrupcion
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– Un análisis del Bank of América–Merrill Lynch promovió, en 2013, la mejor noticia para captar inversiones extranjeras en México: por primera vez, el salario por hora en el país era más bajo que en China; casi un 20 por ciento.
La caída del salario, planteada en el análisis como una “ventaja”, mostraba que en los últimos 10 años el ingreso de los mexicanos había contraído tres veces su valor frente al percibido por la población del país asiático que, en 2003, ganaba un 188 por ciento menos que aquí.
Entrevistado por la agencia Reuters, el economista en jefe de la firma Bank of America–Merrill Lynch y ex analista de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Banco de México (Banxico), Carlos Capistrán, dijo que esta caída en los salarios –presionados, explicó, por el aumento poblacional–, eran una “ventaja competitiva” tan importante que incluso superaban los beneficios de las reformas de Enrique Peña Nieto.
“Ahora la gente está emocionada con México por las reformas. Pero cuando me pregunto: ‘¿qué es lo más importante que tiene México en términos de crecimiento?’ Es el bono demográfico”, dijo Capistrán en la nota de Reuters.
El comparativo en el nivel de ingresos apareció citado este año en un artículo que analiza el impacto del modelo de libre mercado en la calidad de vida de los mexicanos y que plantea que los bajos salarios son una explicación de la pobreza y la precariedad laboral y, éstas, parte de la criminalidad que ha convertido el homicidio en la principal causa de muerte entre la población de 15 a 44 años; es decir, en edad productiva.
Por ese motivo, explica el artículo escrito por la médico social Asa Cristina Laurell y publicado en International Journal of Health Services (o Revista Internacional de Servicios de Salud), la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa muestra la punta del iceberg en el que están decenas de miles de muertes por homicidio y más de 26 mil desapariciones.
“Hay una conciencia cada vez mayor en México de que estos eventos son el resultado de tres décadas de neoliberalismo, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. La razón de esta interpretación es que la adopción del ajuste fiscal y de reformas estructurales ha destruido la estructura productiva industrial y agrícola del país, así como sus instituciones sociales públicas”, dice la introducción del artículo.
“Este proceso ha polarizado a la sociedad entre un grupo minúsculo de personas muy ricas y una gran mayoría cada vez más empobrecida. Los más afectados son los jóvenes que no pueden conseguir un trabajo o una oportunidad para la educación. Al mismo tiempo, los medios de comunicación han promovido un individualismo y consumismo al extremo, catalogando a las personas como ‘perdedoras’ o ‘ganadoras’ con base en la riqueza personal y el poder, en congruencia con la ideología neoliberal”, agrega.
El artículo revisa lo que la autora denomina las alteraciones políticas, económicas y sociales que han resultado de los más de 30 años transcurridos desde que, en 1983, México, sacudido por una crisis económica, aceptó la “receta” del Fondo Monetario Internacional para reducir la inflación, aplicar reformas estructurales y liberalizar el mercado.
Pero el resultado del ajuste, dice Laurell, fue una dramática redistribución entre el capital disponible (que aumentó 48 al 64 por ciento entre 1982 y 1988) y el trabajo (que se redujo de un 42 al 29 por ciento), una caída del 30 al 40 por ciento en los salarios, aumento en el desempleo y reducción del 35 por ciento del gasto social.
Entre 1990 y 2012, agrega, si bien el Producto Interno Bruto creció menos que en las décadas anteriores (sólo un 1.2 por ciento), el promedio de ingresos como producto del trabajo se estacionó, “lo cual indica una distribución en el ingreso regresiva”. Los salarios mínimos, mientras, siguieron a la baja, al caer 26 por ciento entre 1994 y 2014 (5.5 dólares diarios de finales de marzo pasado).
Otros saldos mencionados son los más de 12 millones de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos y el 58 por ciento de la población económicamente activa que, para 2014, se contaba en el sector informal.
En ese periodo también, y gracias a las privatizaciones de empresas estatales a bajo costo, se creó una oligarquía nacional y trasnacional que ha “capturado” el poder político y debilitado la democracia representativa a través de un proceso marcado por la corrupción, la represión y la violencia.
El TLC, por su parte, devastó el campo y dejó a los agricultores en desventaja frente a los subsidiados agronegocios de Estados Unidos; proceso en el que México se convirtió en importador neto de productos agrícolas y que culminó, agrega el análisis, en 2008, cuando concluyó la protección a la tarifa de granos básicos como el frijol y el maíz.
En ese tiempo se expandieron los cultivos de opio y mariguana y, también, menciona el análisis, la economía criminal empezó a jugar un papel creciente; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el control que tenía sobre los cárteles y surgió una especie de narco-Estado. La infiltración del dinero del narcotráfico en diferentes sectores de un país con los índices de crecimiento económico más bajos de América Latina da gran importancia a los giros criminales, lo cual explicaría, dice el estudio de Laurell, que la guerra contra las drogas no haya perseguido el dinero de los cárteles.



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ONGs exigen que el Estado acepte crisis de DDHH y acate informes de la CIDH y la ONU

Organizaciones civiles, investigadores, familiares de víctimas y activistas exigen que el Estado mexicano deje de negar la crisis en derechos humanos y asuma su papel para frenarla. Los inconformes proponen iniciar aceptando las observaciones de organismos internacionales.

Organizaciones piden que el Estado asuma su responsabilidad y detenga la crisis en derechos humanos. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.
Organizaciones piden que el Estado asuma su responsabilidad y detenga la crisis en derechos humanos. 
Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.
México, 12 de octubre (SinEmbargo).– La crisis de derechos humanos que atraviesa México debería
 ser atendida de forma urgente por el Estado, además de asumir su responsabilidad en lugar de negar la realidad ante organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, expusieron organizaciones civiles, grupos, movimientos, colectivos sociales e investigadores.
Las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura no son hechos aislados sino son
prácticas que se replican en todo el país. Los casos van en aumento y van acompañados de la no averiguación, la no justicia a las víctimas y a sus familiares, denunciaron.
“Cuando hablamos de una crisis no es una palabra que se nos ocurrió, sino porque está manifiesta en lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestro país. La desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones arbitrarias están presentes en todo México y el Estado no ha realizado un esfuerzo acorde, ni de acuerdo a la magnitud de esta grave crisis. Al no aceptarla manda un mensaje de impunidad a los perpetradores, y de impunidad a toda la sociedad”,  dijo Víctor Hugo Carlos Banda, defensor de derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“Respaldamos el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el informe preliminar
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo expuesto por el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se enumeran y denuncian graves violaciones a los Derechos Humanos testimoniadas y documentadas en todo el país. Exhortamos de forma urgente a la sociedad mexicana a la participación, organización y articulación para exigir que el Gobierno de México acate y dé seguimiento irrestricto y puntual a todas las recomendaciones y resoluciones de los organismos internacionales al respecto, asuma sus obligaciones y responsabilidades y ponga fin al grave y preocupante escenario de violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos que estamos viviendo en México”, dice el pronunciamiento que hizo la red de organizaciones.
Mario Vergara Hernández, del grupo “Los otros desaparecidos de Iguala”, expuso que la desaparición forzada no es un hecho atípico, pues “es cosa de tiempo para que a todos nos llegue la violencia y que nos desaparezcan a un familiar”.
Desde su experiencia contó que luego de los hechos de Iguala, Guerrero, varias personas alzaron la voz y comenzaron a buscar a sus familiares, utilizando picos y palas para explorar las fosas clandestinas en los cerros y lugares inhóspitos. Tan sólo en aquel municipio Mario y familiares de víctimas de este crimen de alto impacto desenterraron 104 cuerpos.
“La desaparición generalizada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y las decenas de fosas encontradas posteriormente, tan sólo en ese mismo municipio, abrieron una verdad que se pretendía ocultar durante esta administración y que ha puesto de manifiesto una mínima parte de la gravedad que vive México en lo referente a estas violaciones”,  acusó el grupo de ciudadanos que piden a los tres órdenes de gobierno atender las recomendaciones de organismo internacionales en materia de derechos humanos.
El activista Mario Vergara relató los impedimentos que las autoridades les han obligado a acatar, justificando la supuesta contaminación de la escena del crimen. Además expuso que son tratados muchas veces como delincuentes sólo por buscar a sus desaparecidos, y que a la hora de la búsqueda están desprotegidos, no sólo en términos de seguridad sino de recursos.
“En la búsqueda está muriendo mucha gente. Nosotros ya no pedimos justicia, ni queremos saber quién lo hizo, lo único que queremos es poder encontrar a nuestros familiares. Pero al estarlos buscando corremos muchos riesgos, porque ellos piensan que estamos buscando delincuentes, que los estamos señalando. Entonces le pedimos a la sociedad que busquemos soluciones a este gran problema que tenemos. Ya tenemos el problema, ya no es tiempo de estarnos quejando. Es tiempo de buscar soluciones y armar un gran equipo”, dijo Vergara.
La red de organizaciones civiles aseguraron que el Gobierno mexicano respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “Iguala no es México”; sin embargo, casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales se repiten de forma extensiva y escalada en diversas partes del país.
ACALLAR, DISOLVER, ATERRORIZAR
Ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada no son hechos aislados, incluso son prácticas generalizadas y en aumento, dijeron organizaciones civiles. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.
Ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada no son hechos aislados, incluso son prácticas
 generalizadas y en aumento, dijeron organizaciones civiles. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.
Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, aseveró que se realiza la tortura para evitar derechos penales democráticos, con ello coacciona las declaraciones durante investigaciones. Sumado a ello, esta práctica no sólo es consecutiva en las detenciones, sino se usa tanto
por el crimen como por fuerzas del Estado para acallar, disolver y aterrorizar.
La investigadora detalló que faltan cerca de 100 días para que el Congreso de la Unión apruebe una Ley contra la tortura y recomendó a los legisladores que tomen en cuenta el Protocolo de Estambul, que las víctimas tengan acceso a exámenes médicos y psicológicos por peritos independientes y que se otorgue la reparación del daño de forma integral para los afectados y familiares.
En el contexto de la guerra contra el narcotráfico durante el periodo 2006-2012, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra civiles fueron consideradas como “daños colaterales”, señalaron los demandantes.
“En el actual Gobierno de Enrique Peña Nieto, sin más, se ha omitido esta grave violación a los derechos humanos para cuidar la imagen”, recriminó Erin Brewer.
“Es hasta el informe del caso Tlatlaya –emitido por el Centro Prodh– que se evidencian de forma contundente las faltas al debido proceso, justificando la muerte de supuestos delincuentes”, destacaron las organizaciones civiles.
Además, agregaron, en muchos casos se han utilizado las ejecuciones extrajudiciales pretendiendo acreditar la muerte de personas como casos aislados y que en realidad defienden su territorio y demás recursos naturales.



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2018





John M. Ackerman
El 30 de noviembre de 2018 se acabará la farsa del gobierno de Enrique Peña Nieto. El día después, el 1º de diciembre, alguien más tomará las riendas del Poder Ejecutivo. Si el nuevo superior jerárquico del secretario de la Defensa Nacional y la Policía Federal es otro títere de la corrupción, continuarán las desapariciones de estudiantes y periodistas, el saqueo del país y las masacres a sangre fría.
El Estado mexicano merece ser encabezado por una persona que deba su cargo no al dinero y el poder, sino a la ciudadanía movilizada. De lo contrario, los colectivos nacionales y los organismos internacionales jamás tendrán respuesta favorable a sus importantes exigencias en favor de la paz y el respeto a los derechos humanos en el país.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no aceptará fácilmente su derrota. Desde ahora prepara todas las herramientas de fraude electoral para garantizar su permanencia en el poder. Recurrirá a las estrategias de siempre: la censura mediática, la fabricación de encuestas a modo, la compra de voluntades, los esquemas de triangulación financiera, el rebase de topes de campaña, el robo de urnas, la alteración de actas electorales y la violación del secreto del voto, entre otras. También se fomentará tanto el boicot violento como el purismo anulista con el fin de desanimar la participación ciudadana en la jornada electoral. Y si el régimen percibe que aun así su hegemonía se encuentra en riesgo, desarrollará calculados actos de represión durante los días previos a las elecciones para infundir miedo entre la población, tal como ocurrió en Veracruz antes de los comicios de 2015.
En este contexto, simplemente acudir a votar en 2018 será un acto de enorme valentía y de rebeldía, un gesto utópico en favor de un nuevo régimen. Pero no será suficiente. Tanto en 2006 como en 2012 la ciudadanía ya salió en masa para votar en favor de un cambio político de fondo en el país. En ambas ocasiones las instituciones electorales trabajaron con los poderes fácticos y la vieja clase política para imponer un resultado a modo y garantizar la continuidad del sistema autoritario.
Es necesario organizarnos desde ahora para asegurar que en 2018 finalmente se respete la voluntad popular. El partido Morena hará su trabajo. Andrés Manuel López Obrador y su equipo saben perfectamente bien que la única manera de asegurar que se cuenten correctamente los votos es con una cobertura de ciento por ciento de las casillas electorales con representantes propios. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha demostrado que no es un aliado de la sociedad, sino de la corrupción. Los verdaderos demócratas el día de la elección presidencial serán los observadores de Morena, no los funcionarios del INE.
Pero los ciudadanos también tenemos una enorme responsabilidad. Ya basta de esperar pasivamente a que los partidos políticos hagan nuestro trabajo de defender la democracia y después quejarnos cómodamente de que no han cumplido con nuestras expectativas. Los principales responsables del actual estado de consolidación autoritaria somos nosotros, tú y yo.
Desde hoy habría que articular un programa ciudadano de organización y movilización nacional en defensa de la soberanía popular. A todos y a todas nos conviene que el siguiente presidente de la República no sea ni Manuel Velasco, ni Manlio Fablio Beltrones, ni Rafael Moreno Valle, ni José Antonio Meade, ni Jaime Rodríguez, ni Margarita Zavala, ni Jorge Castañeda, ni ninguna persona al servicio del dinero y el poder. Y a todos y a todas nos conviene que una eventual victoria de López Obrador no sea solamente de un solo hombre, sino de la sociedad mexicana en su conjunto. Solamente así podemos garantizar que el gobierno del tabasqueño implique una verdadera transición a un régimen cercano a la sociedad y en favor de la justicia.
Tiene razón Omar García, quien la semana pasada, en la presentación del libro El mito de la transición democrática en el Palacio de la Antigua Facultad de Medicina, emplazó a los casi mil presentes a trabajar arduamente para evitar la necesidad de escribir una vez más, después de un eventual gobierno federal encabezado por Morena, otro libro sobre la fallida transición democrática en México.
Un hombre no puede por sí solo cambiar al país. El fallido sexenio de Vicente Fox nos demostró la inutilidad de apostar a un mesías salvador al servicio del dinero. Hoy El Bronco busca reditar este mismo proyecto de gatopardismo individualizado. Lo que México necesita es la construcción de un gran movimiento social nacional con profundo arraigo popular y una clara perspectiva electoral.
Aunque sea difícil de imaginar, el siguiente sexenio presidencial podría ser mucho peor que el actual. Es nuestra responsabilidad ciudadana asegurar que ello no ocurra.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman



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