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miércoles, 21 de octubre de 2015

AMLO sobre los gobiernos parlamentarios



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Ejército los convirtió en integrantes del crimen y los torturó



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Los cuadros negros - Canek Sánchez Guevara y Roberto Zavala - Completo



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Vergonzoso castigo a Peña Nieto



“Da pena” que un gobierno extranjero quite fondos a México por falta de respeto a los derechos humanos, afirmó Andrés Manuel López Obrador de gira por Oaxaca/ Desgraciadamente hay razón en las autoridades de EU, porque en el país se violan los derechos humanos y los principales violadores son los gobernantes, indicó


SAN PEDRO HUILOTEPEC, Oaxaca, 20 de octubre (MORENA).- Andrés Manuel López Obrador expresó: “da pena” que un gobierno extranjero tome la decisión de quitar a México los fondos de la Iniciativa América debido a la falta de respeto a los derechos humanos en el país.
En entrevista en San Pedro Huilotepec, Oaxaca, el presidente del Consejo Nacional de MORENA comentó que “aún cuando es un castigo, una represalia, no es para alegrarse que un gobierno extranjero castigue así a nuestro gobierno”.
Manifestó que desgraciadamente hay razón en la decisión de las autoridades extranjeras de quitar a México los fondos de la Iniciativa Mérida, ya que en el país se violan los derechos humanos y los principales violadores son los gobernantes.
Señaló que es una vergüenza la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, porque Enrique Peña Nieto oculta la verdad, sabe lo que sucedió y por encubrir a instituciones y funcionarios está guardando un silencio cómplice y eso afecta mucho
“Peña debería de hablar a la nación, informar de todo lo que sabe sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, eso ayudaría más el decir la verdad y el castigar a los responsables, a los autores materiales e intelectuales”, subrayó.
Sobre las críticas con relación al viaje que realizó al Vaticano, López Obrador respondió que “si no salgo me critican, me señalan que no tengo conocimiento sobre lo que pasa en el mundo, que no soy internacionalista, que soy aldeano y cuando salgo también me molesta, entonces ya no sé qué voy a hacer”.
Aseguró que continuará actuando con absoluta libertad y señaló que fue a Roma, para hacerle un reconocimiento al Papa Francisco, porque es una persona cristina, misionera y que ha actuado de manera consecuente, además fue a Francia para dictar una conferencia donde dio a conocer la situación de México e informar que no todos los mexicanos son como Enrique Peña, ni como los políticos corruptos.

Los gobernantes son corruptos, pero el pueblo es honesto

“El pueblo de México es honesto y trabajador, y hay una imagen en el extranjero que no corresponde a la realidad, se piensa que los mexicanos somos corruptos, violentos y eso no es así, se los aclaré, hay corrupción en el gobierno y hay violencia, pero son calamidades transitorias, porque pronto va a terminarse todo eso y va a lograrse el renacimiento de México”, expresó.
Sobre si el proyecto transístmico de Peña Nieto es una copia del realizado por él, el presidente del Consejo Nacional MORENA sostuvo que es una mala copia, pero Enrique Peña no va a hacer nada.
Aseguró que en el 2018, retomará el proyecto transístmico, pero con la participación de la gente, es decir, habrá asambleas de todos los pueblos del Istmo y se les pondrá a consideración el plan, así como se les informará los beneficios que recibirán los habitantes de la región.
“No es que van a venir las empresas extranjeras a medrar, a robar, a saquear y a empobrecer a la gente, esta es otra idea, otro concepto, otro proyecto, es beneficiar a la gente, sobre todo que haya empleo en el Istmo que eso es lo que hace falta, que haya trabajo y bien pagado, pero manejado con la gente, desde las comunidades”, dijo.
Al preguntar los reporteros sobre qué opina que Enrique Peña dice que el Istmo de Tehuantepec es una de las zonas económicas fuertes y que va a meter de todo, López Obrador respondió que los proyectos en el Istmo servirán para que saquen provecho las empresas extranjeras y los integrantes de las comunidades de la región no reciben ningún beneficio.
Sostuvo que los proyectos sobre el cinturón transoceánico perjudicarán a los oaxaqueños y anticipó que si MORENA gana en el 2018, todos los proyectos que se llevarán a cabo con la participación de las personas y su beneficio, especialmente que haya empleo bien pagado.
Detalló que a partir de este jueves y hasta el próximo domingo llevará a cabo una gira de trabajo por 23 municipios de Oaxaca para informar a la gente sobre el partido político MORENA.


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Peña: el coleccionador de críticas / Mensajes de la SCJN para Peña / Comisiones de pacotilla

Peña: el coleccionador de críticas
En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe que: “de acuerdo con un adelanto publicado por The Washington Post, el poderoso departamento encargado de las relaciones internacionales de [EU] decidió no suministrar la parte que le corresponde del volumen de recursos a entregar a México a título de la injerencista Iniciativa Mérida. A juicio de la oficina dirigida por John Kerry [...] el México de Peña Nieto no ha cumplido con la defensa de los derechos humanos [...]. Más que los términos conceptuales de organismos dedicados a investigar y denunciar ese tipo de violaciones, la postura de Washington significa para el peñismo una descalificación política [...]. La colección de críticas externas a la política interna de México no se nutre solamente de ámbitos rígidos como la oficina estadunidense: del ya chole con tus quejas se ha pitorreado el comediante británico John Oliver [...]. El orgullo de Atlacomulco, según la opinión de Oliver, es el Presidente mexicano más impopular en los 20 años recientes”.
Mensajes de la SCJN para Peña
En El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que: “en el escrutinio público inédito sobre la designación de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el debate ha sido abierto no sólo en la sociedad y la opinión pública, sino también en otros Poderes del Estado que se pronuncian sobre el perfil idóneo de los nombramientos [...] junto a los mensajes abiertos también hay otros que parecen señales cifradas para recordarle al jefe del Ejecutivo que otra imposición sin trayectoria sería altamente costosa. Y algunas de esas señales parecen venir nada menos que de la misma Corte [...] podría interpretarse como una suerte de advertencia del Poder Judicial al Presidente es la reciente decisión de la Segunda Sala de la SCJN que aprobó por mayoría de cuatro ministros revisar si fue ‘constitucional’ el nombramiento del ministro Eduardo Medina Mora [...]. Nunca en su historia la Corte ha revisado la constitucionalidad en la designación de uno de sus miembros [...] más vale que en la oficina presidencial estén muy atentos a los mensajes de la Corte. No vaya a ser que, por la necedad y el autismo que los caracteriza, las decisiones de los ministros los agarren por sorpresa”.
Comisiones de pacotilla
En el diario Reforma, el internacionalista y analista Genaro Lozano, escribe que: “nuestra clase política parece un paciente necio. Aquel que tiene una fuerte laringitis y aún así sigue fumando durante la convalecencia [...]. Nuestra clase política parece no tener cura y sigue empecinada en abrir la brecha que la separa de la ciudadanía [...] a este sexenio lo ha caracterizado la falta de un proyecto cultural, los arreglos entre partidos le dan a Santiago Taboada la Presidencia de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Taboada, un joven político que no sabe distinguir entre una ópera y un recital [...] ¿Y qué decir del Verde? La ex panista y ahora ecologista Lía Limón es la nueva presidenta de la Comisión de Radio y Televisión sin tener la experiencia técnica para evaluar el trabajo en la materia [...]. En cuanto a combate a la Corrupción y Transparencia la tómbola de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hizo que el joven Rogerio Castro Vázquez, un profesor de secundaria yucateco, llegara a la Cámara de Diputados y qué bueno, pero de ahí a que este joven presida la comisión más importante para combatir uno de los peores males que aquejan a la clase política hay una enorme brecha [...] con políticos así, mejor que nos gobiernen los perros”.
Mente maestra desestimada
En El Universal, la periodista Katia D’Artigues, escribe que: “todo parece indicar que [...]. hoy, en la capital estadounidense, el Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) presentará, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su informe de avances en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas [...] queda claro que la investigación no está cerrada e incluso el determinar quiénes fueron los culpables se complica [...]. Se complica porque el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas detectó inconsistencias en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de María de los Ángeles Pineda [...]. Había un testimonio de un presunto testigo, donde decía que los policías lo extorsionaban… pero se desestimó su testimonio. O sea, que parece que no hay nada contra ella, la supuesta ‘mente maestra’ tras esta desaparición…”.
Perredistas damnificados
En Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “finalmente el Gobierno federal terminó por ceder en algunas -muy pocas- de las demandas de los empresarios referentes a la miscelánea fiscal para el próximo año. Esto a quienes realmente deja damnificados es a los perredistas, en especial a Jesús Zambrano y a Guadalupe Acosta Naranjo que, en 2013, apoyaron felices la reforma fiscal que ayer se reformó en San Lázaro. Es decir, la medalla no sólo se la llevarán el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendrá que apechugar con ver que ‘su’ reforma fue mutilada. Por otra parte, también los senadores priistas tendrán que comer sapos y disciplinarse, pues ahora resulta que deberán dar marcha atrás en algunos temas que ellos mismos aprobaron -y festejaron- hace ya casi tres años”.
Fuerzas federales “arañan” a “El Chapo”
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “no podemos hablar de fechas o plazos para su captura, pero lo que sí podemos decir es que tenemos ubicada la zona en la que Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’ se esconde, nos asegura un alto funcionario del Gobierno federal. Confirma que el capo está herido en la cara y en una pierna, pero detalla que esas heridas no fueron a causa de un enfrentamiento, ni de que sus persecutores hayan estado frente a él, sino que se lastimó en la huida. Asegura que en la operación en la que iba ser detenido no hubo enfrentamiento. La persecución, agrega, continúa día y noche. ‘Lo estamos arañando’, asegura”.
Un Gobierno en busca de un fusible (y un “Chapo”)
En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “la nueva estrategia fue desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) e integrarla a la Secretaría de Gobernación (Segob). Con eso, se argumentó, habría aún más coordinación. En lo que nadie pensó, o si lo pensó minimizó el riesgo, es qué sucedería cuando las malas noticias desgastaran al ahora responsable de la seguridad, pero también de los asuntos que tradicionalmente ocupan al secretario de Gobernación [...]. Al final de cuentas, el sexenio pasado, el Presidente se armó de fusibles, intercambiables en crisis puntuales [...]. Hoy, la decisión de cargar en una supersecretaría los asuntos políticos, migratorios, religiosos, políticos, relación con partidos y además policiacos y de seguridad hace que toda crisis debilite al secretario y al mismo tiempo, por su relevancia, lo haga muy difícil de mover. [...]. Pero lo mismo ha sucedido con Tanhuato o la noche de Reyes en Apatzingán o la crisis de desaparecidos. La respuesta está en que al final de cuentas todos esos tocan en el corazón de una misma secretaría, hoy demasiado importante para ser fusible”.
Nuño con acuerdos bajo el brazo
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “ya con los acuerdos bajo el brazo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, anunciará hoy el arranque de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional y de paso presumirá que ha logrado el espaldarazo de los gobernadores en materia de implementación de la reforma en la materia. Ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expuso las implicaciones de estos bonos, instrumentos financieros que permitirán multiplicar en los próximos tres años los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de las entidades federativas que se sumen al programa, y por eso salió con buenos resultados de la reunión en la que estuvo el Presidente Enrique Peña Nieto”.
Sabotage no, libertad si
En Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “quienes descalifican en su integridad la averiguación de la PGR del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa llaman a boicotear la proyección en cines de ‘La noche de Iguala’, cuyo guión es de Jorge Fernández Menéndez, autor de una docena de reportajes y ensayos en libros que nadie ha puesto en entredicho. Uno de los saboteadores argumenta que la película ‘ofende la inteligencia de los padres de familia y de la sociedad’, porque ‘las personas no creen lo que se está proyectando’ y de lo que se trata es de ‘lograr la presentación con vida de los jóvenes…’ ¿De qué se preocupan entonces? ¿En dónde estaban estos censores cuando se lanzó Digna Ochoa: hasta el último aliento, en que su suicidio se recrea como un ‘crimen de Estado’? ¿Por qué no sabotearon el perlario de mentiras que es ‘Colosio: el asesinato’…? ¿Creen que alguien pensará boicotear ‘Mirar morir’, de autoría colectiva, donde a quien se responsabiliza del crimen es al Ejército? Gusten o no los contenidos, viva la libertad de expresión que, por lo visto, a muchos les aterra”.



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Ante la CIDH, México exhibido



Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

En cada caso, verborrea y buenas intenciones
Exhiben crisis nacional de derechos humanos
“Nuevas líneas” y tecnología para Ayotzinapa
Acteal, otro asunto que sigue siendo intocable
Estrategia contra narcos detonó la ola violenta
“El pueblo no reclama justicia; quiere venganza. Lo demás le vale madre”.-
Jorge Saldaña

Algún significado habrán de tener frases como las siguientes: “en Cocula, nada es cierto”; “la PGR ha cometido toda clase de anomalías y ocultamientos”; “tenemos confianza en ustedes porque el gobierno no puede hacer nada”; “solicitamos que se queden hasta que se esclarezcan los hechos y aparezcan nuestros hijos, además de que ayuden a que se castigue a los culpables”. Todas ellas fueron pronunciadas por los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos y expuestas a través de un video en la reunión que sostuvieran autoridades mexicanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Washington.
La comparecencia pública puso de relevancia nuevamente la grave crisis de derechos humanos en México, que fue destacada en el análisis de cada uno de los temas: el caso Acteal; el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa; la revisión de las políticas de drogas y derechos humanos; y sobre todo en el análisis del tema de las ejecuciones extrajudiciales, donde se ha llegado a extremos inaceptables en las consecuencias de la lucha contra los cárteles de las drogas.
Mientras los activistas defensores de derechos humanos del país insistieron en que la guerra contra las drogas y la militarización asociada a ella se reconocen como el detonante de la violencia que se vive en muchas regiones de la república, y que las ejecuciones extrajudiciales son la representación de las consecuencias de estas políticas en un Estado impune, los representantes de la administración de Enrique Peña Nieto respondieron que todos los casos denunciados son investigados, insistieron en que “vamos por el camino correcto”, y justificaron el uso de las fuerzas armadas contra las organizaciones criminales por la capacidad de fuego que han alcanzado.
A pesar de que Roberto Campa Cifrian, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, insistió en que hay un compromiso del gobierno mexicano con la independencia, transparencia y efectividad de las investigaciones en curso, poco pudieron argumentar los funcionarios mexicanos ante las evidencias que se incluyeron en el informe del caso Ayotzinapa, que fue presentado ante el pleno de la CIDH, en el que se retrataron las fallas del sistema de justicia en México y también en el caso Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas por grupos paramilitares, que representan la impunidad en la que habitualmente quedan las masacres en este país.
La audiencia se llevó a cabo apenas una semana después de la visita in situ de integrantes de la CIDH en México, en la que se constató la grave crisis de derechos humanos que se resiente en el país, que se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia, reflejada hasta en las mediciones oficiales del Inegi; las graves violaciones a derechos humanos, en particular desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; la profunda impunidad y la atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.

VERDADES AL ROSTRO

Dada la rudeza de las expresiones dichas por los familiares de los normalistas, mismas que revelan la nula investigación de los hechos, Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, no tuvo más remedio que mostrarse humilde y aceptar que los expertos del GEI se queden, se tomen en consideración cada una de sus recomendaciones, que se sigan las investigaciones, y dio una serie de posiciones que hablan más del burocratismo y de la lentitud con la que se manejan en las instituciones de legalidad e impartición de justicia que de las intenciones serias de llegar al fondo de este asunto que, al ser de exhibición internacional, deben prestarle atención.
Se dedicó, una y otra vez, a reconocer “de manera puntual” el trabajo realizado por el grupo de expertos y reconoció que ello se debió a la intervención de los familiares que así lo motivaron. Dijo, como si se tratara de canonjías, que “el gobierno ha permitido que se llevan a cabo todas las acciones que, debo reconocer, han sido fundamentales para el avance de la investigación”. Habrá que ser muy claros y señalar que tales “avances” están en lo oscurito porque hasta ahora, los familiares de las víctimas han denunciado una y otra vez que no hay absolutamente nada. De nuevo y como si se tratara de un hecho en el cual están condescendiendo, señaló que “la PGR reconoce la legitimidad del reclamo de justicia por los hechos acontecidos y afirma que la investigación de los delitos se encuentra abierta y no cerrará hasta que sea castigado el último responsable de lo sucedido el 26 de septiembre”.
Dijo también que, como si no hubiese transcurrido ya más de un año, habrá un replanteamiento de la investigación con supervisión internacional y señaló la participación de un área dentro de la fiscalía de personas desaparecidas para hacerse cargo de las denuncias de personas no pertenecientes al grupo de los 43 y que tampoco aparecen y han sido denunciadas. Hubo, porque no hay otro remedio, una aceptación a la permanencia y a los informes e investigaciones a cargo del Grupo, mismas que, dijo, se integrarán al expediente ya existente. Para ahondar en esa vergüenza ajena que ya parece sello para muchos ciudadanos mexicanos, el funcionario señaló que van a usar tecnología de acuerdo a las sugerencias recibidas. O sea que todo lo que han hecho ha sido artesanal y suponemos que estarán ciertos de que el pensamiento de millones y millones es igual y, por lo tanto, susceptible a creerlo todo, hasta esa fantasiosa incineración.
Hubo otras denuncias en las que se habla de malos tratos y torturas y, al respecto, señalaron que los que están detenidos por supuesta participación en los hechos de Ayotzinapa, tienen la oportunidad de que se les practique el Protocolo de Estambul, de nueva cuenta como si se tratara de una consideración, de una canonjía, de mostrar que el gobierno mexicano es “buena onda”. Y, de nuevo, dando muestras de que sus avances serios, formales, legales son nulos, Betanzos sostuvo que lo que les ha señalado el GEI les ayuda a trazar nuevas líneas de investigación relacionadas con otra responsabilidad a partir del desahogo de diligencias ministeriales.
Habrá, dijo, investigación de responsables señalados por expertos, o sea de nuevo a partir de una nada, de puntos en los cuales han estado enredados merced a todas las mentiras y alteraciones que han pretendido tanto de la zona en la que desaparecieron los normalistas, como en los lugares donde se dijo se encontraron después hasta quedar reducidos a cenizas o ser arrojados a unas aguas de las cuales no lograron obtener las pruebas suficientes para determinar que lo que dijeron era la más estricta verdad. Se habló también de la participación de expertos en la unidad de análisis financiero para cruzar información. ¿Financiero en hechos de esta naturaleza? Solamente que en ello quieran de nueva cuenta sacar a relucir la participación del narco en complicidad con autoridades y admitir que hubo camiones en los cuales se pretendió trasladar droga.

Nuevas líneas de investigación es lo que prometieron para el futuro y en ello lo que hay es tiempo… para que concluya el sexenio.

MILITARES SÓLO ANTE EL MP

En el medular tema de la petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de entrevistar a los militares del 27 Batallón de Infantería, sólo se logró acordar con los representantes del Estado mexicano que únicamente el Ministerio Público podrá entrevistarlos. Desde el mes de agosto, se tomó la declaración de 16 militares que fueron señalados por el grupo de haber estado presentes en los hechos, pero los expertos no han recibido las declaraciones. El acuerdo alcanzado en la CIDH establece la verificación y realización de solicitudes de entrevistas, que se consideran vitales para la búsqueda de los normalistas.
A pesar de que en la audiencia en Washington, representantes de la Organización Civil Las Abejas y diversos centros de derechos humanos señalaron que la masacre de Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas, incluidos niños y mujeres embarazadas, en diciembre de 1997, fue consecuencia de una “estrategia contrainsurgente” del gobierno federal contra los zapatistas, los funcionarios mexicanos también rechazaron cualquier responsabilidad del Estado mexicano en dicha masacre, con el argumento de que no hay ningún informe o recomendaciones que acrediten alguna responsabilidad de agentes del Estado.

IMPUNIDAD Y VIOLENCIA

Van tres años de la administración de Enrique Peña Nieto y nuevamente la agenda de la violencia se impone, como sucedió en el pasado gobierno de Felipe Calderón. La inseguridad se posiciona como el tema prioritario del país, incluso por encima del económico. La administración y procuración de justicia en este gobierno siguen reprobadas. Los derechos humanos, simplemente no se respetan en territorio nacional. Las organizaciones defensoras coinciden en que el gobierno federal alienta que los criminales se eliminen entre sí, lo que habría desatado la ola de ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, los actos de tortura, las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales, entre otros, a lo que se suma la inacción por parte de los organismos encargados de investigar y castigar estos hechos, lo que da como resultado una oleada de violaciones a los derechos humanos en el país, que ha superado la capacidad institucional para administrar y procurar justicia.
La impunidad es el sello de esta administración en la materia. De las cuatro mil denuncias por tortura que se han presentado de 2007 a 2014, sólo hay once consignaciones y cinco sentencias. De las cifras de desaparecidos, que siguen aumentando y superan las 26 mil, sólo hay sentencias firmes en seis casos. Estos datos demuestran que la situación ha rebasado al gobierno mexicano. Aunque los funcionarios presentes en la audiencia coincidieron en la necesidad de investigar eficientemente, a fin de reducir la impunidad, de ninguna manera concedieron la necesidad de revisar el papel de los cuerpos policíacos en la lucha contra el crimen organizado.

HAMBRE EN MÉXICO

A nivel mundial México es el fabricante de alimentos número 12 y el tercero en América Latina, con una producción agrícola de 250.1 millones de toneladas, esta es la información oficial, no obstante, el país tiene 28 millones de mexicanos que padecen hambre, y su población con carencias de alimentación pasó de 23.3 a 23.4 por ciento, lo cual da al traste con la pretensión de hacer pasar al país como un gran fabricante. Los esfuerzos por superar la situación de hambruna son totalmente insuficientes. La cruzada nacional contra el hambre se diseñó para atender sólo a 7.5 millones que padecen hambre –eso es también lo que dicen-, con resultados que alcanzan, según datos oficiales, el 73 por ciento de las metas, por lo que el resto sigue en las mismas condiciones.
Según la administración federal, la Cruzada Nacional contra el Hambre pretendía abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México. La realidad revela que los logros alcanzados son marginales. Las metas particulares tampoco se han alcanzado: no se ha eliminado el hambre de personas de escasos recursos; no desaparece la desnutrición entre los niños; no se ha aumentado la producción alimentaria y el ingreso de campesinos y agricultores; no se han reducido las pérdidas post-cosecha y no se ha promovido la participación de las comunidades y beneficiarios del programa.
Con este contexto, se ve contradictorio que se realice en suelo mexicano el 18 Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2015 y la 18 Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura, que es el órgano máximo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El diagnóstico técnico que sustenta la toma de decisiones, en las proyecciones a futuro establece que a nivel mundial se requiere incrementar la producción de alimentos en un 60 por ciento para el 2050, a fin de atender los requerimientos de la población mundial que para entonces, se prevé, será de 9 mil 700 millones de personas.
El crecimiento del valor agregado agrícola de México se ubica en apenas el 2.2 por ciento, mientras que otras naciones como Brasil tiene niveles de hasta 6.7 por ciento y República Dominicana llega hasta 5.5 por ciento. Otras naciones mantienen avances marginales, como Panamá con 0.8 por ciento, y Belice con 3.2 por ciento, mientras que otros más presentan decrecimientos como Bolivia con -0.01 por ciento. A nivel de América Latina la situación es aún más grave, pues el 40 por ciento de la población son pobres, en tanto que el 10 por ciento tiene problemas de desnutrición.

DE LOS PASILLOS

Sin duda alguna, los diputados federales se aliaron con la industria refresquera trasnacional al reducir el impuesto a las bebidas azucaradas, lo que tendrá un efecto negativo en las niñas y niños mexicanos, advirtió la organización El Poder del Consumidor, integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria. Advirtió que “estas bebidas, comercializadas por Nestlé, Coca-Cola, Danone y Pepsico contienen una cantidad de azúcar cercana a cinco gramos por 100 ml, en su presentación más común (botellita de 300 ml) por lo que al consumirlas los niños ingieren hasta 15 gramos de azúcares añadidos”. La organización destacó que en el país, uno de cada tres niños nacidos a partir de 2010 desarrollará diabetes en su vida y dijo que los legisladores están contribuyendo a ello…
Los mexicanos están jodidos pero satisfechos, según la Encuesta de Bienestar Subjetivo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que revela que los mexicanos tienen una alta satisfacción con la vida, con un promedio en el país de 8.0 en una escala de cero al 10, asociada a la calidad de las relaciones familiares y afectivas. Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente del Inegi, dijo que de los 80.7 millones de adultos en México (de 18 años y más), 67.3 millones se consideran satisfechos y muy satisfechos con su vida. La encuesta también mostró que 13.4 millones de mexicanos están insatisfechos y muy insatisfechos con su vida, y el tema que más influye es el de seguridad.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com
Esperamos su comentarios al correo:Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.


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Astillero


GIEI topó con Cienfuegos
Avances, pero no en lo militar
Fulminada la verdad histórica
¿16 soldados? Sólo ante MP
Julio Hernández López
 
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OPERATIVOS CONTRA GUZMÁN LOERA. Elementos de la Secretaría de Marina permanecen en Bastantitas, municipio de Tamazula, estado de Durango, de donde escapó Joaquín El Chapo Guzmán Loera tras el operativo desplegado después de que mediante labores de inteligencia se logró ubicar el lugar donde se ocultaba, de acuerdo con declaraciones de fuentes navalesFoto Carlos Ramos Mamahua
L
a batalla por la verdad de Ayotzinapa ya no está sustancialmente en los planos civiles, ni en la burocracia judicial o en las investigaciones reformuladas y relanzadas: ahora está, precipitada en buena parte por las destempladas declaraciones del general Salvador Cienfuegos para proteger a sus soldados de indagaciones justicieras, en el plano militar, específicamente en el batallón de infantería de Iguala y en las oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha echado su resto para imponer vetos y barreras, en una apuesta peligrosa que significa un litigio de élite respecto de la ubicación del verdadero centro de poder en México.
En ese campo de batalla reconstituido (con los cuarteles han topado, sanchos y quijotes), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negociaron avances que, vistos a través del espejo retrovisor, son importantes, sobre todo en cuanto significan la carta oficial de defunción de las patrañas conocidas como verdad histórica y la apertura de nuevos senderos de investigación que ayuden a precisar lo que sucedió a finales de septiembre del año pasado en Iguala y a establecer mecanismos de justo castigo a los auténticos responsables.
Pero este primer asalto de la segunda pelea, correspondiente a una segunda temporada de pugilismo jurídico, forense y político (con duración de cuando menos seis meses más), fue ganado en ausencia por el poder militar, que no fue tocado ni con el pétalo de una declaración contraria o siquiera distante de la doctrina de los cien fuegos por los cuadrados civiles que representaron en las audiencias de la CIDH a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y a la procuraduría federal de justicia.
Que todo cambie en lo civil para que nada cambie en lo militar, así que el tenderete no uniformado de los procesos judiciales relacionados con Iguala fue revisado y negociado y ahora será repuesto en muchos tramos, en una virtual confesión gubernamental de que fueron mentira histórica las fabulaciones declamadas con enjundia por Murillo Karam (aunque obvio es que él no se mandaba solo) y que, al más preclaro estilo mexicano de dar largas, reiniciar, hacer promesas y empantanar en el fango procesal, el gobierno peñista busca a como dé lugar ganar tiempo hasta acercarse a los torbellinos electorales de 2018, así que ¡a relanzar las investigaciones, a formar nuevos equipos de trabajo y a cambiar de fusible, pasando los asuntos de la Seido de la procuraduría televisa de Arely Gómez a su propia subprocuraduría de derechos humanos (je, je, así la llaman), con Eber Omar Betanzos como declamador designado! (Eber Omar tiene toda la confianza de la procuradora Gómez: estudió en la Libre de Derecho, en la Panamericana y ciencias religiosas en la Universidad La Salle).
Pero ya no es la autopsia de la verdad histórica lo que más interesa, sino la reanudación de las labores de búsqueda de los 43 normalistas y la aceptación de que debe considerárseles desaparecidos y no muertos. Y, en el fondo, bajo un grueso blindaje político de primer nivel, la resistencia extrema del mando militar a que su personal sea molestado por el aparato de justicia civil. Campa y los demás enviados de Los Pinos se revolvieron en sus asientos para cerrar el paso a la posibilidad de que los expertos independientes puedan tener entrevistas libres y directas (que no interrogatorios judiciales en forma, acreditables en expedientes oficiales) con los 16 soldados que presenciaron partes de lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado en Iguala. Campa Cifrián reiteró que solamente los agentes del Ministerio Público podrán interrogar a los militares. Dicho de otra manera, si los mencionados expertos desean hacer preguntas, deberán presentarlas por la vía de los agentes del MP y escuchar la respuesta o recibir transcripción de las presuntas deposiciones (llámase así al acto de rendir declaración verbal ante un juez o tribunal).
La virtual aceptación tácita de esa imposición militar deviene de que en los acuerdos formales firmados por el GIEI y el Estado mexicano se establecen con detalle mecanismos de colaboración y participación en el diseño de las nuevas rutas de investigación. Pero el peñismo no se compromete a nada que vaya más allá de la letra legal que ha sido esgrimida hasta ahora como valladar para las pretensiones de los expertos de verse cara a cara y sin filtros o interferencias con los dieciséis soldados pertenecientes al batallón de infantería cuyo testimonio ha sido cuidado con especial interés por los mandos superiores. A tal grado, por si a algún doctor en sospechosismo le faltara material de trabajo, que esos dieciséis militares claves ya rindieron declaración, en ambiente controlado, ante agentes del Ministerio Público el pasado 26 de septiembre, sin que hasta ayer a los expertos independientes se les hubieran compartido los dichos.
Tal predominio militar fue tema de preguntas de reporteros al GIEI luego de las audiencias en las que la CIDH preguntó quién tomaba las decisiones respecto a declarar o no ante autoridades judiciales, si un jefe militar o un presidente civil. Los expertos dijeron que entienden la postura elusiva del subsecretario Campa como “búsqueda de consensos a posteriori si seguimos en la etapa”, quedando en espera de que las conversaciones den fruto y asumiendo que lo sucedido ayer nos abre la compuerta a seguir insistiendo en que les permitan entrevistar con libertad a los dieciséis militares que indudablemente estuvieron presentes en tramos de aquella noche y madrugada. Por lo pronto, el poder civil podrá informar al militar que no se firmó nada que incomode a éste, y más adelante irá viéndose, en un plano de discrecionalidad, si las condiciones permiten algún tipo de treta o artificio para medio entrevistar a los dieciséis sin que el alto mando de la colonia Lomas de Sotelo se sienta lastimado. ¡Hasta mañana!
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Sale la Seido del caso Ayotzinapa y entra otro equipo

Acuerdo entre expertos de la CIDH y el gobierno federal
Saldrá de la Seido la pesquisa sobre Ayotzinapa
Quedará en manos del subsecretario de Derechos Humanos de la PGR 
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Audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se abordaron varios casos que involucran a MéxicoFoto CIDH
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de octubre de 2015, p. 3
El gobierno federal y el grupo de expertos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa acordaron el lunes pasado en Washington ‘‘sacar la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de forma inmediata’’ y poner ‘‘toda la información existente’’ en manos de un nuevo equipo de investigadores bajo el mando del subsecretario de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos.
Durante la audiencia pública en la 158 plenaria de la CIDH, que se llevó a cabo en presencia de la plana mayor de la Comisión Interamericana, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los defensores de las familias de los desaparecidos y asesinados de la normal, Betanzos reconoció que un nuevo equipo de investigadores bajo su mando se hará cargo de la averiguación. Dijo que en este ‘‘relanzamiento’’ de la investigación se tomarán en cuenta todas las recomendaciones del GIEI –más de 200– incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul para los presuntos perpetradores presos que acusan lesiones corporales, posibles rastros de tortura durante los interrogatorios para condicionar sus respuestas y configurar una hipótesis predeterminada del caso.
De acuerdo con lo dicho por el brasileño James Cavallaro, comisionado y relator para México, 77 por ciento de los detenidos y procesados como presuntos ejecutores de los estudiantes registran este tipo de lesiones corporales, propias de lo que llamó ‘‘apremios físicos’’.
Cavallaro y la presidenta de la CIDH, Rose Marie Antoine, pidieron precisiones a los representantes del Estado mexicano sobre la reiterada negativa a la petición del GIEI de entrevistarse con 16 soldados que el 26 de septiembre de 2014 estaban destacados en el 27 batallón de infantería y que fueron enviados a patrullar y observar los escenarios donde se dio la agresión contra el convoy de normalistas.
Cavallaro preguntó:
–Sobre las declaraciones del general Salvador Cienfuegos, cito: ‘‘No puedo permitir que interroguen a mis soldados, que los traten como criminales’’. ¿Depende la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario del Presidente y de la autoridad civil? ¿El jefe de la Sedena puede decidir quién sí va o no a colaborar con una investigación que cuenta con el apoyo del Presidente?
El subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Roberto Campa, respondió que el mandatario es el comandante supremo de las fuerzas armadas y que el acceso de los expertos de la CIDH para interrogar directamente a la lista de soldados ‘‘no es parte del acuerdo’’ que se suscribió ayer entre el GIEI y la PGR.
Insistió en que en el expediente del caso Ayotzinapa se incluye el interrogatorio a casi 50 integrantes del 27 batallón. Y si se quieren ampliar estos cuestionamientos ‘‘se atenderá el marco legal’’.
La presidenta de la CIDH Rose Marie Antoine quiso saber:
–¿Esto es un sí o un no (a la petición del GIEI)?
–Nos habremos de sujetar exclusivamente a los 10 puntos acordados con la PGR –respondió Campa.
Ángela Buitrago, del GIEI, lamentó que a seis peticiones presentadas para entrevistar directamente a los soldados ‘‘la respuesta ha sido evasiva’’. Añadió que el 16 de agosto de este año la PGR integró al expediente declaraciones de los 16 soldados, ‘‘sin que siquiera se comentara al grupo’’.
Campa le dijo, ‘‘con el mayor de los respetos’’, que los 10 puntos acordados el lunes sí contemplan esta posibilidad que el GIEI considera esencial para la búsqueda de los 43 estudiantes. Más tarde, en conferencia de prensa comentó que, en efecto, ‘‘se abrió una compuerta’’ para esta posibilidad.
Sobre la petición del colectivo de víctimas y sus defensores de ampliar el plazo del mandato del GIEI por tiempo indefinido, en su calidad de coadyuvante el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro presentó un video en el que varios de los padres de los 43 desaparecidos piden ‘‘que el grupo se quede entre nosotros hasta saber la verdad’’.
Campa respondió que el Estado mexicano solicitó a la Organización de Estados Americanos una respuesta urgente a su petición de firmar un adéndum para la ampliación del plazo por seis meses más y “no se ha recibido notificación.
Sobre este particular, Mario Patrón puntualizó que en la cláusula 10 del convenio para la creación del GIEI está expresada la facultad de ampliar el mandato ‘‘sin necesidad de firmar un adéndum que signifique mayor carga procesal’’.
Algunos puntos acordados son: sacar la investigación de la Seido, proporcionando toda la información a un nuevo equipo de investigación. Con esta medida, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, ya no tendrá injerencia en el caso. También realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, decidiendo de manera conjunta los objetivos, la conformación del equipo de peritos y la forma como se realizará el estudio, y fijar el mecanismo de futuras diligencias, con la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes.





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DINERO

Negocian en el Senado el cocacolazo
Costosa defensa del peso
Encuesta: la UNAM en busca de rector

Enrique Galván Ochoa
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ifícil adivinar si los obstáculos que está enfrentando en el Senado el acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados para bajar a la mitad el impuesto a las cocacolas se debe a que los senadores también quieren su moche o realmente están preocupados por la salud pública. Pronto lo veremos. Ya encarrerado el ratón, no se detendrán los cabilderos en la compra de los votos que necesitan. Como se sabe, los diputados, al aprobar la Ley de Ingresos 2016, no tuvieron empacho en hacerle un regalo a la industria refresquera por muchos miles de millones de pesos, mediante el procedimiento de bajar el impuesto de un peso a 50 centavos a las bebidas, cuando no contengan más de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. El acuerdo fue impulsado por la bancada pripánica. Sólo que al llegar al Senado chocó con una inesperada resistencia. Marcela Torres Peimbert, del PAN, hizo un llamado a sus compañeros de partido a votar en contra, ya que la decisión de los diputados fue el resultado de la presión de los cabilderos. Presión y algo más, por supuesto. En cuestión de horas nos enteraremos si se dejaron convencer.
Defensa del peso: costo-beneficio
¿A quiénes está vendiendo dólares de la reserva internacional el Banco de México? ¿Por qué esta información se mantiene como secreto de Estado? Se sabe que son bancos, o banqueros, los adquirientes, pero se ignora su identidad. Ya les dieron un buen bajón. Como puede verse en la gráfica, el 30 de enero de este año las reservas alcanzaron su mayor nivel: casi llegaron a 200 mil millones de dólares. Desde entonces han venido bajando, principalmente por las subastas que hace el banco central para hacer frente a la devaluación. El fin de semana se cuantificaron en 178 mil 219 millones. Han pasado a poder de los bancos privados 22 mil millones, en números cerrados. Ese es el costo, ¿cuál es el beneficio? Ayer el dólar se cotizó sobre 16.90 pesos? Hasta fecha reciente podía comprarse en 13 pesos y fracción. Ha perdido tres pesos. El Banco de México ha anunciado otras medidas para detener la hemorragia de reservas, pero se está demorando. Por lo pronto hay un grupo que está beneficiándose con dólares blandos y no son precisamente los dueños de las reservas, los mexicanos.
¿Quién será el nuevo rector?
Está registrándose una copiosa votación en el sondeo que estamos llevando a cabo para conocer la opinión, tanto de la comunidad universitaria como de la opinión pública nacional. ¿Quién, entre las y los 16 aspirantes, es el mejor calificado para ocupar la rectoría de la UNAM? Los votos se reciben a través de El Foro México, Twitter y Facebook.
@Vox Populi
Asunto: Pemex, escasean medicinas
Le comunico que no nos están surtiendo los medicamentos en la farmacia que Pemex tiene asignada aquí, en Xalapa. Al presentarnos en el mostrador con la receta, siempre nos dicen que no hay, que no les surten de Córdoba, donde tienen su matriz, porque Pemex les debe una gran cantidad de dinero y a ellos no les dan crédito los laboratorios, aparte de que la calidad de las medicinas deja mucho que desear, son medicamentos genéricos de laboratorios desconocidos y ahora ni de esos hay. Por favor, no publique mi nombre, pues me harían blanco de represalias.
R: Alguien me decía uno de estos días que la falta de medicinas en el sistema de salud del gobierno tiene que ver con un plan de exterminio. Esa es una manera de ahorrarse las pensiones.
Tuits
La diferencia entre fumar mariguana legal y fumar mariguana ilegal es la extorsión y la corrupción.
Chilango @jramiromx
Reducen impuesto al refresco. Se imponen los cabildeos de las refresqueras. ¡Viva la obesidad (y los millones de dinero público que cuesta)!
M. López San Martín @MLopezSanMartin
Sabes que vives en el tercer mundo cuando a los policías no les gustan las donas, sino las tortas de tamal.
Sofía Niño de Rivera @sofffiaaa
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El docudrama de Gobernación

La escenografía panfletaria es básica. Foto: Captura de pantalla de YouTube
La escenografía panfletaria es básica. Foto: Captura de pantalla de YouTube
“Los normalistas pertenecen a Los Rojos”, me dijo el funcionario de Gobernación, cuya encomienda era hablar con algunos periodistas que empezamos a investigar el crimen de Ayotzinapa en los primeros días de octubre del año pasado.
Nunca supe su nombre, lo único que recibí fue una llamada telefónica: “Investigue la relación de Los Rojos con los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos. Ellos no son blancas palomitas como usted los pinta. Andaban metidos en el narco por eso se los llevaron. Usted es una periodista profesional, escriba también de eso”.
Lo dejé hablar, luego le contesté: “Si están vinculados con el narco, ¿dónde está el dinero? Acabo de regresar de allá y lo único que pude ver fue pobreza. Los estudiantes de esa normal no tienen ni camas para dormir, duermen en el suelo, comen apenas lo que cosechan y carecen de todo, absolutamente de todo. Son pobres, ¿cómo es posible que el narco esté metido si el dinero no se nota?”. El sujeto no supo que contestar. Solo se despidió y colgó.
Otros colegas me contaron que la Procuraduría General de la República (PGR) en ese momento dirigida por Jesús Murillo Karam, los había contactado de muy distinta forma para intentar venderles su versión y ensuciar a los normalistas. Su objetivo era claro: desacreditar a los 43 desaparecidos y lograr calmar los ánimos exacerbados de la sociedad mexicana que ya para ese entonces inundaba las calles de las principales ciudades de la República para exigir la aparición con vida de los muchachos y particularmente la renuncia de Enrique Peña Nieto.
Evidentemente la versión de Gobernación fue asumida por un grupo de “periodistas”. Y escribo entrecomillada la palabra porque me parece que son los mismos de siempre, esos merolicos que se dedican a repetir las versiones oficiales a cambio de distintas prebendas o pagos desde el gobierno.
Durante el último año hemos ido identificando a estos pseudoperiodistas dispuestos a vender su pluma al mejor postor y al gobierno en turno. Su desprecio hacia las víctimas de Ayotzinapa y sus familiares es realmente repulsivo. Son mercenarios. No hay otra palabra que los pueda definir con exactitud. Y no es un insulto, es simplemente una definición.
La última cruzada de estos agoreros del gobierno es ensuciar a las víctimas de Ayotzinapa. Como el gobierno no pudo convencer con su “verdad histórica” convertida patéticamente por ellos mismos en “mentira histórica”, pues ahora se valen de otros métodos.
Y no basta con tener la caja china a su disposición a través del duopolio televisivo que padecemos, ahora quieren llegarle a la gente con una especie de panfleto llamado “docudrama” y titulado La Noche de Iguala. El líbelo cinematográfico, por llamarlo de alguna manera, no es más que una especie de consigna difamatoria a base de técnicas dramáticas propias de un sketch de la Rosa de Guadalupe.
La película no llega ni a serie B. Los actores Adrián Villanueva, Alejandro de la Rosa, Óscar Serrano, Roberto Islas y otros, son sencillamente mediocres, el bajo presupuesto se nota porque seguramente los que cobraron mejor fueron los llamados “periodistas” que se decidieron a aceptar la encomienda del gobierno para finalmente realizar este bodrio.
La escenografía panfletaria es básica. El libreto de Gobernación contiene todos los detalles repetidos hasta la saciedad a través de la bautizada “mentira histórica”.
El guión intenta convencer a los espectadores que el crimen de Ayotzinapa es algo local, concretamente de Iguala y en general limitado al estado de Guerrero, asolado por dos cárteles de la droga antagonistas: los Guerreros Unidos y los Rojos. Por tanto, el culpable de todo es el Alcalde José Luis Abarca y su Policía municipal a las órdenes de Guerreros Unidos. Y por supuesto el ex Gobernador Ángel Aguirre. Hasta allí llegan las responsabilidades de este crimen, según esta versión oficialista.
La participación del Ejército ni siquiera es una remota posibilidad, ni mucho menos los informes de organismos internacionales como el de la CIDH que descartan de manera tajante que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, versión que sostiene este docu-oprobio.
Y aunque ustedes no lo crean, hay quienes se presentan como autores de esta bazofia. Se trata de profesionales identificados plenamente con las versiones oficialistas del caso Ayotzinapa, Jorge Fernández Menéndez columnista de Excélsior y guionista del docudrama, y el director Raúl Quintanilla, director académico del Centro de Formación Artística de TV Azteca. Ustedes mismos saquen sus conclusiones.
Según Fernández Menéndez el docudrama es producto de 20 años de investigación periodística. Extraño, porque los hechos de Iguala sucedieron el año pasado: “En mi investigación, con base en lo que hemos conocido y que se está divulgando muy ampliamente en estos días, creo que es incontrovertible que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados, no podemos saber si fueron los 43 o más, o menos, pero sí sabemos que hubo un secuestro, un asesinato, una incineración en el basurero de Cocula”, dijo en una entrevista a El Financiero.
Lo que no ha podido determinar nadie, Fernández Menéndez ya lo hizo: “fueron asesinados”. ¿Cuáles serán sus fuentes fidedignas para manifestar semejante certeza sin pruebas? Misterio, misterioso.
Y lo más importante: ¿cuántas veces creen ustedes que este “periodista” recorrió los cerros de Iguala, el basurero de Cocula y la normal de Ayotzinapa para escribir su guión? Sería interesante saber si se ensució sus zapatos para realmente acudir al lugar de los hechos, incluido el 27 batallón de Infantería y los cuarteles militares de la zona donde existen cárceles y crematorios clandestinos, según el testimonio del General José Francisco Gallardo, o bien el llamado C-4 de Iguala ignorado por las autoridades federales.
Lamentablemente al ver la película es fácil determinar que este “periodista” y su compañero director Quintanilla, se basaron completamente en el libreto, digo, expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer su docudrama.
Dice el “periodista” Fernández Menéndez que a diferencia de Tlatelolco o el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, en el caso Ayotzinapa si se sabe lo que ocurrió: “…lo que pasó, en general, ya lo sabemos”. Es asombrosa la certeza de este investigador frente a las dudas que ha sembrado la propia mentira histórica.
Pero como dice José Saramago: “Puede ser que mi verdad sea para ti mentira. Puede ser, sí, la duda es el privilegio de quien ha vivido mucho, tal vez por eso no consigues convencerme para que acepte como certeza lo que me suena a falsedad”.
Por lo pronto, la película gobiernista ya ha generado reacciones contundentes. Una petición en Change.org para exigir que sea retirada de las salas de cine y fuertes declaraciones del comisionado Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quien dijo que el docudrama viola la Ley General de Víctimas, porque incorpora como parte de su línea argumental la versión difundida por la PGR, en particular que los normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula, a pesar de que esa versión ha sido descartada por organismos internacionales y la investigación de la desaparición forzada sigue abierta.
Finalmente, este docu-panfelto pasará sin pena ni gloria, pero quedará en la memoria de la abyección cinematográfica oficialista de México.


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