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domingo, 3 de enero de 2016

Witness - Mexico's fight for the future



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Graco deja Cuernavaca sin radios, policías usan WhatsApp; “Cuau” pide ayuda al Ejército

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Cuauhtémoc Blanco tomó protesta al nuevo Secretario de Seguridad y Auxilio Ciudadano, Carlos de la Rosa Segura, esta madrugada. Foto: Twitter @CuauhtemocBco
Cuauhtémoc Blanco tomó protesta al nuevo Secretario de Seguridad y Auxilio Ciudadano, Carlos de la Rosa Segura, esta madrugada. Foto: Twitter @CuauhtemocBco
Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- El Alcalde de Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, confirmó la salida del municipio del esquema del Mando Único y se informó que solicitó apoyo a los militares del 21 Batallón de Infantería para que apoyen con las labores de seguridad en esa ciudad.
Como ya se había anunciado, Blanco no firmó el convenio de la Policía Municipal con esa corporación con lo que el municipio se hará cargo de la seguridad. Esto luego de que ayer el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, adelantó que como el Edil no había renovado el convenio, serían retirados a la Policía Municipal, armas, equipos, e incluso patrullas que pertenecen al Mando Único.
Durante los primeros minutos de este viernes, el ex futbolista tomó protesta a diversos funcionarios de su Gobierno, entre ellos al nuevo Secretario de Seguridad y Auxilio Ciudadano, Carlos de la Rosa Segura, ex Diputado del Partido de la Revolución Democrática, y quien sin ser militante del partido que llevó a Blanco a la Alcaldía, el Social Demócrata (PSD), fue incluido en su equipo.
Otros integrantes que también tomaron protesta con Blanco fueron Roberto Yáñez Moreno, ex diputado local del PSD, como Secretario general del Ayuntamiento; Alejandro Villareal Vasca como Tesorero municipal y Héctor Hernandez como Contralor.
Blanco reconoció la crisis de seguridad que enfrenta el municipio, y consideró que los “han dejado encuerados”.
Por su parte, De la Rosa Segura adelantó que durante los próximos días se reunirán con elementos de la 24 Zona militar y con el coronel del 21 Batallón de Infantería con el fin de coordinar esfuerzos con los policías municipales para continuar con las labores de seguridad.
El nuevo mando policiaco agradeció a la administración salientes, sin embargo dijo que el esfuerzo que realizaron no fue suficiente y criticó que “desafortunadamente no fue el trato que hubiéramos esperando en una administración entrante y saliente, pero conscientes de ello tendremos que redoblar esfuerzos, haremos en la medida de lo posible en los días por venir el esfuerzo mayor de poder dotarles a ustedes de los insumos y de los elementos necesarios para hacer frente a su responsabilidad”.
“Habremos de responder al reclamo social, tengan ustedes la confianza de que el señor presidente municipal nos habrá de respaldar y habrá de darnos el mejor de sus esfuerzos también para que esta corporación en unos días por venir, no muy lejanos, recupere la dignidad que siempre ha tenido y que por aras de las circunstancias en un momento se ha perdido”, agregó De la Rosa.
El funcionario municipal informó también que como una medida para contrarrestar la falta de equipos de radiocomunicación, que fueron retirados por el Mando único, se habilitó una red en WhatsApp para que los uniformados se puedan enlazar.
Ayer el gobierno de Cuernavaca se quedó sin las armas del Mando Único, luego de que Alberto Capella Ibarra, Comisionado Estatal de Seguridad Pública (CES), acudió al último pase de lista de esa corporación en la capital del estado, en donde aclaró que las armas propiedad del Mando Unico que portan los elementos municipales serán retiradas tras el vencimiento de la licencia colectiva.
Capella negó que se haya desarmado a la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca, aunque detalló que sí autorizó el retiro de armas y equipo por razones de resguardo. Explicó que a la corporación municipal les fueron quitadas 248 armas, 186 radios de comunicación, 40 patrullas, 15 motocicletas y 121 policías “que son responsabilidad y propiedad del Gobierno del Estado”.
Detalló que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco continuará con las 356 armas que se han adquirido en diferentes administraciones, 49 patrullas para 846 elementos que hay en Cuernavaca, de los cuales 465 son policías preventivos, 160 de vialidad y el resto entre personal administrativo, bomberos y protección civil.
El Comisionado de Seguridad morelense dijo que el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu no avalará al gobierno capitalino en términos de seguridad debido a que la administración municipal encabezada por el ex futbolista, no ha demostrado que cumplirá con los requisitos legales para nombrar al próximo Secretario de Seguridad.
Capella dijo que en varias ocasiones buscó a Cuauhtémoc Blanco para platicar sobre la continuidad del Mando Único, sin embargo aseguró que el ex jugador de futbol siempre se negó a una reunión.
Cuauhtémoc Blanco fue electo el pasado 7 de junio representando al Partido Social Demócrata para la administración 2016-2018 y desde ese momento, ha asegurado en distintas ocasiones, que es golpeado por una guerra de acusaciones desde el PRD, por priistas, e incluso del propio Gobernador Graco Ramírez Abreu.
El pasado 30 de diciembre, Graco Ramírez no acudió a la toma de protesta de Blanco ni del Cabildo entrante de la capital de Morelos, pero sí se presentó un grupo de personas de la Unión de Colonos y Comerciantes y un grupo del PRD del pueblo de Acapatzingo.
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"Hacer negocio", lógica de las obras concesionadas en el DF: experto

La ciudad, obligada a adoptar una política de desarrollo urbano concesionado: especialista
Megaproyectos, sin interlocución ciudadana y con planeación caduca
La asociación público-privada hace a un lado el interés social porque su lógica es el negocio, dice René Coulomb, de la UAM
Llama a usar las ganancias de estas alianzas para el bienestar común
Foto
Resulta necesaria una legislación para contar con herramientas de participación vecinal en la planeación de megaproyectos, señala el urbanista René Coulomb, de la UAMFoto María Meléndrez Parada
Rocío González Alvarado
 
Periódico La Jornada
Domingo 3 de enero de 2016, p. 22
Los megaproyectos de orden urbano que se promueven en el Distrito Federal emergen en medio de una planeación caduca –que es necesario renovar– y lo más grave: sin ninguna herramienta legal que permita la interlocución de la ciudadanía, lo que ha devenido en un reclamo democrático de los capitalinos, advirtió el urbanista y sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), René Coulomb.
En entrevista, el especialista y ex director de la Autoridad del Centro Histórico, indicó que junto con los grandes proyectos –como el polémico corredor cultural de Chapultepec o las Zonas de Desarrollo Económico y Social (Zodes)– viene la asociación público-privada, que ha tomado fuerza en los años recientes con el argumento de que los gobiernos no tienen recursos para ejecutarlos, lo que ha llevado a la ciudad a adoptar una política de desarrollo urbano concesionado, el cual hace a un lado el interés público porque su lógica es el negocio.
Señaló que es necesario legislar para contar con herramientas de participación y ciudadanizar la gestión pública-privada, de la cual se deben utilizar sus ganancias para el bienestar de la población.
Consideró que la consulta pública, como se concibe ahora, no es la salida para resolver la oposición tajante del aquí no dejaremos pasar nada, pues de continuar así, significaría la perversión total de un ejercicio democrático.
Veríamos el acarreo para el Sí o el No, porque para muchas fuerzas políticas en el tema del corredor, por ejemplo, poco importaba el proyecto, de lo que se trataba era de apoyar o no al gobierno capitalino.
“O bien –abundó–, mañana vamos a querer una consulta, porque en la esquina hay un hoyo. Si se mantiene este instrumento debe ser después de un proceso participativo, en el que ya se incluya a la gente en el diseño y en la discusión del mismo. Como siempre va a ver posiciones encontradas, entonces apelamos a la democracia del voto para ver si hay una mayoría, pero esto se da al final”, expuso.
Apuntó que en la misma dinámica de los grandes proyectos, se inscribe el boom de los desarrollos inmobiliarios. Es la misma financiación que pone la ganancia por encima de las necesidades de la vivienda, el acceso al agua potable o el transporte, y hace que amplias franjas de la llamada clase media ya no puedan acceder e irrumpen en el reclamo democrático, al intuir que esta estructura urbana es cada vez más excluyente, refirió.
La ciudad dispersa y periférica ya no es sustentable, eso nadie lo discute, el desafío es rehacer la ciudad en sí misma y eso se tendrá que hacer con los vecinos, pero también mediante el uso de la recuperación de la plusvalía que traen esos grandes capitales financieros para subsidiar la infraestructura urbana y el acceso a la vivienda de la población de menores ingresos, expresó.
Advirtió que de mantenerse esta asociación con la idea de acumular y hacer negocio, no se va a lograr esa ciudad compacta que se quiere. Los gobernantes se podrán hacer tontos y dejar que los cuates sigan haciendo obras e inmuebles, pero están cavando su fosa política, de la ciudad y de los ciudadanos, advirtió.





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Disculparse e indemnizar a periodista, exige la ONU a Borge

La recomendación, al gobernador de la entidad, Roberto Borge Angulo
Pide la ONU indemnización y disculpas a periodista de QR
El comunicador Pedro Canché Herrera pasó más de 9 meses en prisión acusado de sabotaje
Foto
El periodista maya Pedro Celestino Canché Herrera estuvo recluido en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, acusado de sabotaje por participar en una protesta por las altas tarifas de agua. Recuperó su libertad el 29 de mayo de 2015, un día antes de cumplir nueve meses en prisiónFoto Carlos Águila
Carlos Águila e Irene Sánchez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 3 de enero de 2016, p. 19
La Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se disculpe e indemnice a Pedro Canché Herrera, quien la próxima semana será sometido al Protocolo de Estambul ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para comprobar si fue torturado o recibió penas crueles, inhumanas o degradantes durante su encierro.
El periodista maya fue detenido el 30 de agosto de 2014 por tomar fotografías de una protesta y estuvo preso durante más de nueve meses, acusado de sabotaje por el gobierno de Quintana Roo, delito grave en la entidad, sin derecho a fianza ni a solicitar amparo, según el artículo 204 del Código Penal local.
Canché fue acusado de organizar bloqueos frente a las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado –ocurridos del 11 al 19 de agosto de aquel año en el municipio de Felipe Carrillo Puerto–, debido a que a pobladores indígenas se les había impuesto el uso de un medidor de agua y alza en el costo del servicio 500 veces superior.
En su trabajo periodístico dio seguimiento a temas como los brotes de dengue y la falta de hospitales equipados para comunidades mayas. A los pocos días fue amenazado y el 22 de agosto la Secretaría de Seguridad Pública estatal pidió orden de aprehensión en su contra. Fue detenido siete días después, golpeado y amenazado por otros presos, y el 5 de septiembre se le dictó auto de formal prisión.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoció del caso y el 5 de mayo de 2015, cuando Canché Herrera todavía seguía preso, emitió una recomendación a las autoridades municipales de Carrillo Puerto, al presidente del Consejo de la Judicatura en Quintana Roo, así como al gobierno estatal, en la que solicitó frenar el hostigamiento y las amenazas contra el periodista y dejarlo libre.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió desde marzo pasado que las autoridades ofrecieran una reparación integral a Pedro Canché, quien recuperó su libertad el 30 de mayo pasado, gracias a que su defensa demostró todas esas irregularidades ante un tribunal colegiado.
Canché Herrera fue informado el 5 de noviembre pasado que el gobierno de Roberto Borge había admitido la recomendación, pero aún no hay elementos que comprueben su cumplimiento. Para el activista, la satisfacción de ambas sentencias será la única forma de garantizar la libertad de expresión para los periodistas en esa entidad.
En otro caso, el alcalde del municipio de Escuinapa, Sinaloa, Bonifacio Bustamante Hernández, indemnizará y ofrecerá una disculpa pública a la familia del periodista Ramón Eduardo Guevara, informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan José Rios Estavillo.
Señaló que se emitió una recomendación en diciembre pasado por considerar que el alcalde violó los derechos de libertad de expresión, después de que el edil acudió a las instalaciones del periódico Noroeste junto con funcionarios y asesores a solicitar a Ramón Eduardo que dejara de publicar su columna Punto Cardinal.
Aunque el alcalde aceptó reparar el daño, manifestó no estar de acuerdo en los argumentos de la investigación que hizo la CEDH, ya que nunca tuvo la intención de generar incertidumbre o temor a sus familiares, ni atentar contra la libertad de pensamiento y de expresión.



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Arabia Saudita ejecutó ayer a 47 "terroristas"

Decapitan a líder de la primavera árabe
Arabia Saudita ejecutó ayer a 47 terroristas
Protestas en Bahrein, India, Irak y Pakistán
Atacan la embajada de Riad en Teherán
Foto
Elementos de seguridad iraní montan guardia para proteger la embajada de Arabia Saudita en Teherán ante un grupo de manifestantes que protestaba por la ejecución del clérigo chiíta Al NimrFoto Ap
Afp, Dpa, Notimex y Sputnik
 
Periódico La Jornada
Domingo 3 de enero de 2016, p. 13
Riad.
Arabia Saudita ejecutó este sábado a 47 personas condenadas por terrorismo, entre ellas a yihadistas sunitas de Al Qaeda y al líder religioso Nimr Baqr al-Nimr, prominente clérigo chiíta, quien lideró las manifestaciones antigubernamentales de 2011 durante la llamada primavera árabe.
En Irán la embajada de Arabia Saudita en Teherán fue atacada por manifestantes encolerizados tras la ejecución de Al Nimr, informó la agencia Isna. La cadena CNN precisó más tarde que los manifestantes, quienes prendieron fuego a las instalaciones de la legación, fueron arrestados.
Los condenados –45 sauditas, un egipcio y un chadiano– fueron ejecutados en 12 ciudades, precisó el Ministerio del Interior. Según las autoridades, fueron condenados por diferentes delitos, en especial por haber adoptado la ideología radical takfiri (término utilizado para designar a los grupos radicales sunitas), por haberse unido a organizaciones terroristas y por participar en complots criminales.
En el caso de Al Nimr, de 56 años, se le decapitó por ser un crítico feroz de la dinastía sunita Al Saud, que dirige al país, y liderar un movimiento de protesta que estalló en 2011 en el este, donde vive la mayor parte del 15 por ciento de la marginada minoría chiíta del país. Al Nimr fue condenado a muerte en octubre de 2014 por sedición, desobediencia al soberano y tenencia de armas.
Mohammed al Nimr, hermano del líder chiíta, advirtió que la ejecución provocará la ira de los jóvenes de ésta comunidad en Arabia Saudita. Por su parte, el canciller iraní en Riad, Hosein Jaber Ansari, prometió que Riad pagará un precio elevado por la muerte de Al Nimr.
El portavoz del ministerio del Interior saudita, Mansur Al Turki, calificó de irresponsables las declaraciones de Irán y dijo que su país no se preocupa por lo que piensan los demás.
Tras la ejecución del clérigo, una ola de protestas se desataron en Arabia Saudita y en otros países. En Bahrein, en Cachemira, Irak y Pakistán también se produjeron protestas mientras comunidades chiítas de Irak, Líbano y Yemen condenaron la ejecución.
La embajada Saudita en Teherán fue atacada con cocteles molotov la noche de este sábado por manifestantes encolerizados tras la ejecución del clérigo chiíta, informó la agencia Isna. Estados Unidos exhortó al gobierno de Arabia Saudita a permitir que la oposición se exprese pacíficamente y subrayó su especial preocupación por la ejecución de Al Nimr.
La Unión Europea, Amnistía Internacional para Medio Oriente y el grupo libanés Hezbolá, entre otros, condenaron las ejecuciones masivas.



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Carnicería en Arabia Saudita

Robert Fisk
 
La orgía de decapitaciones de Arabia Saudita –47 en total, entre ellas la del erudito clérigo chiíta jeque Nimr Baqr al-Nimr, seguida por una justificación coránica de las ejecuciones– fue digna del Estado Islámico. Tal vez era la idea.
Porque este extraordinario baño de sangre en la tierra de la monarquía musulmana sunita Al Saud, que llevaba la clara intención de enfurecer a los iraníes y a todo el mundo chiíta, una vez más sectarizó un conflicto religioso que el EI ha hecho tanto por promover.
Todo lo que faltó fue el video de las decapitaciones, aunque las 158 ejecutadas el año pasado en el reino estaban perfectamente a tono con las enseñanzas wahabitas de ese grupo. La frase de Macbeth, la sangre tendrá sangre, se aplica sin duda a los sauditas, cuya guerra al terror, al parecer, ahora justifica cualquier cantidad de sangre, sea sunita o chiíta.
Pero, ¿con qué frecuencia los ángeles de Dios misericordioso se aparecen al ministro saudita del Interior, el príncipe heredero Muhammad bin Nayef? Porque el jeque Nimr no sólo era un viejo sagrado. Pasó años como erudito en Teherán y Siria, era un reverenciado líder chiíta de las oraciones del viernes en la provincia saudita de oriente y un hombre que se mantenía al margen de los partidos políticos, pero exigía elecciones libres y era detenido y torturado con regularidad –según su relato– por oponerse al gobierno sunita wahabita saudita.
El jeque Nimr decía que las palabras eran más poderosas que la violencia. La enigmática insinuación de las autoridades de que no había nada sectario en el baño de sangre de este sábado –sobre la base de que decapitaron a sunitas y chiítas por igual– fue clásica retórica del EI.
Después de todo, el EI corta la cabeza a apóstatas sunitas sirios y soldados iraquíes con la misma dedicación con que masacra chiítas. El jeque Nimr habría recibido de los esbirros del Estado Islámico exactamente el mismo trato que tuvo de los sauditas, si bien sin la farsa de un juicio seudolegal que suscitó la queja de Aministía Internacional.
Pero la matanza de este sábado representa mucho más que el odio saudita hacia un clérigo que se regocijó de la muerte del ex ministro del Interior Nayef Abdul-Aziz Al-Saud, padre de Muhammad bin Nayef.
La ejecución del jeque Nimr revigorizará la rebelión hutí en Yemen, país que los sauditas invadieron y bombardearon el año pasado en un intento por destruir el poder chiíta allí. Ha enfurecido a la mayoría chiíta en Bahrein, gobernado por los sunitas. Y los propios clérigos iraníes han afirmado que la decapitación causará el derrocamiento de la familia real saudita.
También presentará a Occidente el más vergonzoso de los problemas de Medio Oriente: la persistente necesidad de humillarse con servilismo ante los ricos autócratas del Golfo a la vez que expresa inquietud por la grotesca carnicería. Si el EI hubiera cortado la cabeza a sunitas y chiítas en Raqqa –en especial la de un sacerdote chiíta problemático como el jeque Nimr– de seguro David Cameron habría tuiteado su disgusto ante un acto tan odioso. Pero el hombre que humilló la bandera británica para marcar la muerte del último rey del ridículo Estado wahabita usará evasivas al abordar este episodio de cabezas cercenadas.
Por muchos hombres sunitas de Al Qaeda que también hayan perdido la cabeza, literalmente, ante verdugos sauditas, la pregunta se hará tanto en Washi-ngton como en capitales europeas: ¿se proponen los sauditas destruir el acuerdo nuclear iraní obligando a sus aliados occidentales a apoyar incluso este escándalo reciente? En el mundo obtuso en el que viven –en el que el joven ministro de la Defensa que invadió Yemen detesta al ministro del Interior–, los sauditas aún glorifican a la coalición antiterrorista de 34 naciones en su mayoría sunitas que supuestamente forman una legión de musulmanes opuestos al terror.
Sin duda las ejecuciones son una forma sin precedente de dar la bienvenida al Año Nuevo. Sin embargo, fuera de las implicaciones políticas, existe una pregunta obvia que hacer a la casa de Saud, que busca perpetuarse: ¿acaso los gobernantes del reino han perdido el juicio?
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya



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