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martes, 8 de marzo de 2016

La Alerta en 11 municipios del Edomex falló: asesinan a otras 87 mujeres en apenas seis meses

Las organizaciones México Suma y Mujeres en Cadena marcharon hoy hacia la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México en la llamada “Marcha de las Cruces” para exigir a las autoridades que se aplique la Alerta de Género en los otros 114 municipios del Estado de México y no sólo en 11.

En el marco del Día internacional de la Mujer mujeres integrantes de organizaciones civiles marcharon hacia la Secretaría de Gobernación para demandar que se extienda la Alerta de Género en los otros 114 municipios del Estado de México. Foto: Valentina López, SinEmbargo.
En el marco del Día internacional de la Mujer mujeres integrantes de organizaciones civiles marcharon hacia la Secretaría de Gobernación para demandar que se extienda la Alerta de Género en los otros 114 municipios del Estado de México. Foto: Valentina López, SinEmbargo.
Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- Organizaciones y ciudadanas mexiquenses denunciaron que a casi seis meses de que se activó la Alerta de Género para 11 municipios del Estado de México, suman 87 feminicidios registrados en la entidad y en lo que va de 2016 se han encontrado 40 mujeres muertas, de las cuales el gobierno estatal sólo reconoce a ocho como víctimas de feminicidio.
Las organizaciones México Suma y Mujeres en Cadena marcharon hoy hacia la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México en la llamada “Marcha de las Cruces” para exigir a las autoridades que se aplique la Alerta de Género en los otros 114 municipios del Estado de México y no sólo en 11.
El 28 de julio de 2015, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) acordó por unanimidad la procedencia de la declaratoria de Alerta en 11 municipios del Estado de México conurbados a la capital: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
La alarma fue encendida cuatro años y medio después de que fue realizada la solicitud correspondiente, lo que de acuerdo a una jueza provocó la vulneración a derechos humanos que debería ser reparada.
Sin embargo, en los municipios donde se declaró y que para las organizaciones generó grandes expectativas, no hubo ningún tipo de trabajo con los ministerios públicos y funcionarios, reveló a SinEmbargo, David Mancera Figueroa, presidente de la organización civil Solidaridad por las Familias en una entrevista publicada el pasado mes de enero.
Las mujeres también protestaron en la sede nacional del PRI en la Ciudad de México. Foto: Valentina López, SinEmbargo.
Las mujeres también protestaron en la sede nacional del PRI en la Ciudad de México. Foto: Valentina López, SinEmbargo.
Las organizaciones presentes en la manifestación entregaron un documento a la Segob donde destacaron que en la pasada administración mexiquense, cuando era Gobernador Enrique Peña Nieto, hoy Presidente de México, se registraron mil casos de presuntos feminicidios, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios asegura que existen al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012; el 53 por ciento de ellas tenía entre 10 y 17 años.
En la entidad se han registrado 922 homicidios entre 2005 y 2011. El municipio de Ecatepec ocupa el quinto lugar de feminicidios a nivel nacional, seguido por Chimalhuacán, Cuautitlán y Nezahualcóyotl.
Desde 2010, el Observatorio –una coalición de 43 grupos que documentan graves crímenes contra las mujeres– ha solicitado una alerta por la violencia basada en el género para que se active en todo el Estado de México.
Las organizaciones que marcharon este día denunciaron que las autoridades del Estado de México no están capacitadas para atender a los familiares de las víctimas de feminicidio.
En este punto coinciden otras organizaciones quienes señalan que los gobiernos locales del Estado de México no han capacitado a sus funcionarios públicos sobre el significado y la operación de la Alerta de Género.
“Después de la alerta de género que se dio, dicen que se han gastado ocho millones y medio de pesos en calcomanías, imancitos, plumas, pero no se han invertido en algún foro, volante, tríptico para informar a la población”, indicó en una entrevista publicada en SinEmbargo, David Mancera Figueroa, presidente de la organización civil de la entidad Solidaridad por las Familias.
Las mujeres también protestaron frente a la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido al cual responsabilizaron de que haya aumentado el número de feminicidios en varias entidades del país gobernados por el Tricolor, sobre todo en el Estado de México.

SENADO EXHORTA AL EDOMEX
El pasado 18 de febrero, el Senado de la República exhortó al gobierno del Estado de México por la opacidad que existe sobre los avances de las medidas tomadas por la administración del Gobernador Eruviel Ávila Villegas para atender la Alerta de Género en la entidad.
Las organizaciones denunciaron que en lo que va del año el gobierno del Edomex sólo ha reconocido a ocho mujeres como víctimas de feminicidios. Valentina López, SinEmbargo.
Las organizaciones denunciaron que en lo que va del año el gobierno del Edomex sólo ha reconocido a ocho mujeres como víctimas de feminicidios. Valentina López, SinEmbargo.
La senadora mexiquense Laura Angélica Rojas Hernández denunció que el principal problema al que se enfrenta la violencia contra las mujeres y el feminicidio es la opacidad que existe para conocer los alcances de dicha medida.
“La opacidad y negativa a proporcionar la información por parte de la PGJEM resulta burlesca al escudarse en el argumento de que la dependencia es parte de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública, y que, por tanto, la información generada se rige bajo criterios de unificación, acordados por el Sistema Nacional, por lo que no están obligados a distinguir los homicidios por género”, mencionó Rojas Hernández.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de su emisión, se registraron en la entidad 866 homicidios del total de 2 mil 70 durante 2015, sin embargo a pesar de que esa cifra representa el 41 por ciento de la totalidad de los ilícitos, se desconoce cuántos fueron cometidos por actos de violencia contra las mujeres.
Por ello, Rojas Hernández solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) proporcione los datos específicos sobre actos de feminicidios perpetrados a partir del 31 de julio en los municipios donde se activó la alerta.
“Es lamentable que sea a través del seguimiento que realizan las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, la única manera de contar con cifras que reportan delitos violentos contra las mujeres”, refirió.



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Una legión de ensotanados invasores

Escrutinio
Juan José Morales


Varias veces hemos comentado en esta columna la manera como la congregación de los Legionarios de Cristo ha venido apropiándose de valiosos terrenos urbanos en Cancún, a ciencia y paciencia de las autoridades y muchas veces con la complicidad de presidentes municipales como Magaly Achach, Francisco Alor Quezada y Gregorio Sánchez, que ilegalmente les dieron posesión de varios de ellos.
El procedimiento es siempre el mismo: comienzan los curas instalando un toldo en algún parque o terreno de propiedad pública para dar ahí misas regularmente, luego construyen un oratorio, después una pequeña capilla, y finalmente una iglesia , adueñándose además de una amplia porción del terreno circundante.
Son ya más de cien los terrenos de que en esta forma la legión de ensotanados invasores ha despojado a la comunidad cancunense. Son lotes que van desde varios cientos de metros cuadrados los más pequeños, hasta miles de metros los mayores. En un caso, pretendieron apropiarse de uno de veinte mil metros cuadrados, con el pretexto de que ya habían construido ahí… una capilla. Desconozco si finalmente el ayuntamiento se los permitió, pero al parecer sí.
Por supuesto, todo esto ha causado indignación entre muchos vecinos, que ven cómo van quedándose sin parques y áreas verdes por la voracidad inmobiliaria de la nada cristiana legión. Y en algunos casos han iniciado acciones legales para evitar el despojo.
Fue así como, hace unos días, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo solicitado por dos vecinas de la región 200 de Cancún —Alicia Vázquez y Lourdes Ibarra— y ordenó la recuperación de un predio de esa zona de la ciudad invadido por los curas.
Por supuesto, el ayuntamiento de Cancún —al cual el juez ordenó hacer cumplir la sentencia— se está haciendo el remolón, y recurre a subterfugios diversos para eludir su responsabilidad de recuperar ese y otros terrenos de propiedad pública de los que ha sido despojado por los Legionarios. Y al parecer también, la Legión no sólo desafía a las autoridades, sino que está usando la técnica de la zanahoria y el garrote para que le dejen seguir haciendo de las suyas. El garrote consiste en la amenaza de que “los fieles” podrían reaccionar violentamente si se intenta el desalojo, y la zanahoria, la promesa de promover el voto a favor del PRI y sus satélites en las próximas elecciones locales a cambio de que puedan continuar con sus tropelías.
Una táctica similar usaron los Legionarios hace años, cuando prometieron un caudal de votos de los feligreses para los candidatos priístas, a cambio de que la entonces alcaldesa Magaly Achach les entregara una buena parte del Ombligo Verde —una de las pocas zonas arboladas que quedaban en el centro de Cancún— para erigir ahí la catedral. Aquello fue hace más de una década, los curas se quedaron con el terreno y la catedral sigue a medias sin que se observe progreso alguno en las obras. Entre tanto, los Legionarios intentaron quedarse con otra gran tajada del Ombligo Verde para construir una nueva catedral —que se quedó en proyecto—, y ahora hablan de una tercera catedral en el Malecón Tajamar, donde también se adueñaron, en las turbias circunstancias que acostumbran, de otro valioso terreno que estaba destinado a parque. La catedral original —aún a medio construir—, será utilizada para edificios de oficinas y locales comerciales y el productivo negocio de capillas para cenizas de difuntos.
En fin, los habitantes de Cancún han ganado una escaramuza legal contra la voracidad eclesiástica. Sólo resta que la autoridad municipal acate lo dispuesto por el juez y no ceda a las presiones y la desafiante actitud de los curas.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx


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Dinero

Chocan por aeropuerto gente de Peña Nieto y Mancera
Ufff... el agua de la ciudad está contaminada
La hija de El Chapo se sometería a examen de ADN
Enrique Galván Ochoa
Foto
El botín es cuantioso. Se trata del último terreno disponible de enorme extensión en la ciudad de México. Para decirlo con exactitud, son 710 hectáreas ocupadas por el aeropuerto internacional Benito Juárez. El año 2020 dejará de operar, cuando se inaugure el nuevo campo aéreo, según el proyecto. En ese año ya no estarán en sus cargos Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, pero gente que los rodea pretende impedir que un nuevo gobierno los prive del negocio. Mancera tiene como promotor a Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico. Recorre programas de radio hablando en favor de fraccionar el terreno y abrirlo a los negocios. El gancho es el de siempre. Escribió en Twitter: "Lo que se construya en los terrenos que deje el AICM debe sacar de la pobreza a 3 millones de capitalinos". Eso decía de la desindexación del salario mínimo. Ya se hizo ley, pero los pobres siguen igual. Del otro lado de la mesa están el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y los poderosos intereses de funcionarios y políticos del gobierno federal que ya consideran suyo el terreno. ¿Qué sigue entonces? Lo probable es que se pondrán de acuerdo; hay mucho dinero, alcanza para todos, con tal de que no arrebaten. Lo que nunca harán será una consulta pública y vinculatoria para que los capitalinos decidamos qué queremos hacer con nuestro terreno del aeropuerto de nuestra ciudad. Quizás el pueblo diría que quiere un bosque, porque a Chapultepec los políticos y sus socios lo están dejando en desgracia. Agua envenenada Pero mientras los señores de la política se enseñan garras y dientes por el botín, llega de España, por medio del diario El País, una noticia sumamente preocupante porque tiene que ver con la salud de 8 millones de personas. “El agua potable en la Ciudad de México –dice– se distribuye a través de tuberías de asbesto, un material reconocido como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El daño más reconocido del asbesto a la población es el de los obreros que tienen contacto directo con el material; sin embargo, todos los organismos internacionales de salud advierten que no existe un nivel seguro de exposición. Aun así, México es el principal importador de asbesto en Latinoamérica”. Por su lado, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre, citado por El País, reconoce que "la mayor parte de la red de abastecimiento de agua potable es de asbesto". El funcionario explica que la red tiene un promedio de 60 años de antigüedad y "fue construida antes de conocerse sus efectos nocivos". Ufff. Una pregunta que debería contestar el gobierno de la ciudad: ¿quién está haciendo el negocio de importar asbesto? Las mujeres de El Chapo Ahora Rosa Isela Guzmán –la hija de El Chapo que vive en California– está dispuesta a hacerse la prueba de ADN. El domingo volvió a hablar con el diario The Guardian y mencionó que tanto Emma Coronel, la ex señorita Sinaloa y actual pareja de El Chapo, como sus abogados, le pidieron que se retractara para ayudar a la extradición del capo a Estados Unidos. Rosa Isela denunció que su padre financiaba a políticos que finalmente lo traicionaron. "Tengo un documento que dice que soy su hija; (Emma Coronel) debería mostrarme el documento que dice que ella es su esposa", dijo. Qué curioso. Algunos políticos están muy interesados en que la hija no sea la hija. @VoxPopuli Asunto: la vía corta Leí sus notas de este viernes y me encuentro en una situación similar a la de Lourdes García. ¿Puede por favor indicarme cuál es esa vía rápida que evita el tortuoso camino de la Condusef? Abraham J. R: Muchas personas desconocen que la Condusef fue creada por el presidente Zedillo en los días turbulentos de la crisis del "error de diciembre", cuando los bancos quitaban casas, departamentos o automóviles a los clientes que no podían pagar. Su supone que los defendería, pero en la práctica no sucede así. Es preferible recurrir a la unidades de defensoría de clientes de los bancos directamente. Y si no te arreglas, puedes demandar ante un juez competente. Twitteratti Andaban muy activos en redes Fox y Calderón; ahora, muy calladitos cuando la hija de El Chapo habló de campañas financiadas por su papá. Gabriela Emanuelle @GabyEmanuelle Entre las bicis de los domingos y la rueda de la fortuna, esta zona será insufrible. ¡Mancera, piedad! Simone Victoria @simo_victoriamx Miguel Ángel Mancera: el traficante del espacio público. José Luis Rios @JoseLuisRios_ Twitter: @galvanochoa FaceBook: galvanochoa galvanochoa@gmail.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/

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Justicia ausente




Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano

Presidentes latinoamericanos procesados
Arremete derecha de Brasil Vs. Lula da Silva
Cobija Gobierno corrupción de Víctor Flores
Gasta federación patrimonio de Pemex y CFE
Impera pesimismo sobre México en hogares
“La corrupción de un partido en el poder va en razón directa a la estulticia del pueblo.-
Jorge Saldaña

Mientras muchos ex presidentes de América Latina cuentan con procesos judiciales en sus expedientes, algunos han sido condenados y cumplen sus sentencias en la cárcel, mientras otros son férreamente investigados, como el caso del ex mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en México los ex mandatarios de la república gozan de enormes privilegios, entre los que destacan jugosas pensiones vitalicias, a pesar de que en sus gestiones depredaron el patrimonio nacional, empobrecieron a la población y hasta regaron de sangre el territorio nacional. También los gobernadores y ex gobernadores son cobijados por redes de complicidades con funcionarios federales de primer nivel, a pesar de graves irregularidades cometidas durante sus gestiones y documentadas ante las autoridades competentes.
Entre los mandatarios latinoamericanos que tras enfrentarse a la justicia del país que gobernaron, por imposición dictatorial o a través del voto de sus ciudadanos, pasaron tiempo en la cárcel o viviendo en arresto domiciliario hasta sus últimos días, se encuentran el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000); el ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981); el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981); el ex presidente de facto de Uruguay, Gregorio Alvarez Almelino (1981-1985); el ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez, electo en dos ocasiones (1974-1979 y 1989-1993); el ex hombre fuerte de Panamá Manuel Antonio Noriega (1983-1989); el ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004); el ex dictador guatemalteco José Efraín Ríos Mont (1982-1983); y el ex presidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986).
En estos momentos, en el centro de la atención pública mundial se encuentra el ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien el pasado viernes fue detenido por la Policía Federal en el marco de la operación que investiga la red de corrupción y lavado de dinero en la petrolera estatal Petrobras, la cual ha involucrado a legisladores y a algunos de los más poderosos ejecutivos de negocios de Brasil. Lula fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el aeropuerto de Congnhas para declarar, después que los agentes allanaron su domicilio particular, la casa de uno de sus hijos y otras residencias familiares.
Según la policía, tiene pruebas de que Lula recibió beneficios ilícitos de un esquema de soborno de la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) en la forma de pagos y bienes raíces de lujo. En un comunicado, señaló que Lula “fue el responsable final de la decisión sobre quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de estos delitos”. Sostuvo: “Hay evidencia de que los delitos lo enriquecieron y financió campañas electorales y al tesoro de su grupo político”.
En la última fase de la investigación, la Policía Federal de Brasil reportó sobre la operación conocida como Lavado de Autos, la ejecución de 33 órdenes de allanamientos y 11 de detención en distintas ciudades, incluidas dos en Sao Bernardo do Campo, donde vive Lula. Alrededor de 200 policías y 30 auditores de la oficina de impuestos federales participaron en la operación del viernes pasado.
La noticia de que el ex presidente Lula Da Silva fue blanco de una orden de conducción coercitiva para prestar testimonio tuvo inmenso impacto en todo el país. Lula y la presidenta Dilma Rousseff manifestaron su “indignación” por la medida adoptada por el juez Sergio Moro. Marco Aurelio Mello, integrante del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en Brasil, criticó, por abusiva, la medida determinada por el responsable de la operación mencionada, la cual investiga el esquema de corrupción descubierta en la estatal Petrobras.
Grupos de manifestantes rivales se enfrentaron en las inmediaciones de la casa de Lula tras su detención. Cientos de sus seguidores, vestidos con camisetas rojas, intercambiaron gritos, insultos e incluso objetos contra detractores y se agolparon en la sede de la policía donde Lula declaró por más de tres horas. Indignado, la misma tarde del viernes, Lula da Silva declaró: “No era necesario que Moro mandase gente a mi casa, a las de mis hijos y de mis compañeros de militancia”. Este año, ha comparecido en tres ocasiones para prestar declaraciones.
El movimiento Alianza País (AP) se solidarizó con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y calificó su detención como una “maniobra que llevan a cabo los sectores de oposición”, los cuales buscan responsabilizar al Partido de los Trabajadores por actos de corrupción. Las acusaciones contra el ex mandatario brasileño forman parte de una estrategia de desestabilización que sufren los gobiernos progresistas de la región, aseguró AP.
Movimientos sociales y simpatizantes de Lula continuaron este lunes su respaldo al ex mandatario brasileño en los alrededores de su residencia en Sao Paulo. Su detención fue denunciada como parte del plan de golpe de Estado que se adelanta contra el gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien como Lula, forma parte del Partido de los Trabajadores. La actual mandataria calificó la detención como una operación desproporcionada y abogó por los derechos individuales del líder brasileño.
Tras el anunció que hiciera Lula da Silva de sus aspiraciones presidenciales, ahora es objeto de ataques por parte de la derecha de Brasil, la cual pretende desprestigiar su imagen y descalificar su gestión como Presidente, según expertos y observadores internacionales.

Tras las rejas
En la historia latinoamericana se han escrito historias muy diferentes, como la de ex mandatarios que ejercieron, legítima e ilegítimamente, todo el poder en sus naciones, y también se corrompieron a niveles extraordinarios. Es el caso del ex presidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000), quien actualmente se encuentra cumpliendo condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción de su autoría.
También el ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), quien en 1993 fue condenado a 30 años de prisión. Está preso desde el 15 de marzo de 1995, cuando llegó extraditado desde Brasil y cumple su condena en una cárcel boliviana. Otro ex dictador que enfrentó a la justicia de su país y terminó tras las rejas es el argentino Rafael Videla, quien comandó al país sureño durante 1976 a 1981. Enfrentó varios procesos por denuncias de secuestro de infantes durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. En 2012 fue condenado a 50 años de prisión por encontrársele responsable también de otros crímenes de lesa humanidad. Murió en una celda del penal de Marcos Paz el 17 de mayo de 2013.
Por violación de los derechos humanos fue procesado y condenado el ex presidente de facto de Uruguay, Gregorio Alvarez Armelino, quien tomó el poder en 1981. Afrontó un juicio por el delito de coautoría en reiterados casos de homicidio en 1978 cuando era Comandante en Jefe del Ejército. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó los 25 años de condena que pesan sobre Álvarez. Actualmente se encuentra en prisión por dichos delitos ocurridos en 1978.
Como consecuencia de acusaciones de malversación de fondos del Estado, el ex presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, electo en dos ocasiones (1974-1979 y 1989-1993) fue destituido y condenado en 1996 a dos años y cuatro meses de cárcel. La pena la cumplió en su domicilio en razón de que tenía más de 74 años de edad. Partió como exiliado a República Dominicana y luego a los Estados Unidos, donde murió el 25 de diciembre de 2010.
El otrora hombre fuerte de Panamá (1983-1989), Manuel Antonio Noriega, quien estableció una dictadura en la que sumió al país en una grave crisis económica, política y social, lleva recluido más de dos décadas en una cárcel panameña. En 1993 fue juzgado en los Estados Unidos y condenado a una pena de 40 años de prisión, bajo la acusación de estar relacionado con el cártel de Medellín. La justicia francesa, quien solicitó su extradición, lo condenó a siete años de cárcel por blanquear dinero del narcotráfico. En 2011 fue extraditado a Panamá, donde espera recibir el beneficio de “casa por cárcel”.
Al ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo (2000-2004), los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala lo acusaron de varios cargos, entre los que destaca el delito de lavado de dinero, por más de 60 millones de dólares, durante su mandato. En 2013 fue extraditado a los Estados Unidos, acusado de peculado por el gobierno estadounidense, luego de estar prisionero en un base militar en Guatemala por varios años. Portillo se declaró culpable ante los tribunales estadounidenses en marzo de 2014, logrando que su pena de prisión fuera muy reducida, además que el tiempo que ya había estado prisionero en Guatemala le fue acreditado. Regresó a su país a finales de febrero de 2015 y pretendió participar como candidato a diputado, pero el registro de ciudadanos del TSE le negó la inscripción.
También en Guatemala, el ex dictador José Efraín Ríos Mont enfrentó un largo juicio. El 10 de mayo de 2013 fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad, pero esta sentencia fue anulada el 20 de mayo de 2013 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, debido a que la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, no acató los fallos emitidos por dicha corte.
También el ex presidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986) fue condenado en 1987 a 20 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Tiempo después fue declarado “no culpable” por la justicia, luego de que el mandatario Hipólito Mejía, en nombre del Estado, desistiera de las acusaciones en su contra, pero estuvo tras las rejas de la prisión mientras se esclarecía el asunto.
En México no han existido pruebas suficientes para llevar a prisión a ningún ex presidente, pese a los cientos de miles de muertos y desparecidos, la quiebra de empresas paraestatales, la desaparición de la riqueza petrolera, de la minera, de la energética en general, y de haber sumido al país en una pobreza que encuentra explicación en la corrupción e impunidad reinantes. Y de gobernadores, sólo Mario Villanueva y Andrés Granier, provenientes de entidades jóvenes y sin abundancia económica existente en otras regiones, han permanecido tras las rejas.

Ferrocarrileros
Vs. líder charro
En estas mismas líneas, la semana pasada, dimos cuenta de la serie de irregularidades cometidas en el proceso de privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), iniciada a partir del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, principal beneficiario de la misma, y cuya liquidación aún no concluye. Hicimos énfasis en la responsabilidad del líder ferrocarrilero Víctor Flores en el manejo irregular del sindicato que encabeza y de su participación en la desaparición de los fondos del fideicomiso formado para garantizar el pago de jubilaciones, pensiones y seguros de vida a los ex trabajadores ferrocarrileros, cuyo costo se ha ido cargando al presupuesto federal, y la complicidad de las autoridades federales para tal efecto, particularmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Estos hechos han escalado las primeras planas de los diarios de la ciudad de México, los cuales dan cuenta de las acciones de miles de trabajadores ferrocarrileros jubilados para ampararse, a fin de evitar el pago de cuotas al sindicato encabezado por Víctor Flores. De acuerdo con Enrique Oropeza, integrante de la Federación de Ferrocarrileros Jubilados, alrededor de 3 mil de sus integrantes ya se ampararon, por lo que ahora corresponde a la autoridad laboral suspender el pago de esa cuota, la cual oscila en los 80 pesos y pagan cada mes unos 32 mil jubilados de manera ilegal. “Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la primera medida será no dar cuota y, luego, que el sindicato regrese el dinero que, estimamos, pueden ser más de 600 millones de pesos”, destacó.
Oropeza declaró: “Durante 15 años, unos 3.5 millones de pesos entraron a las arcas del sindicato. Así nada más, sin hacer nada, más de 2 millones por las cuotas y un millón y medio por gestoría y enlace para los jubilados, pero que, al estar dados de baja del gremio, no nos llegaba ese dinero”. Apenas el 18 de febrero de este año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó una inconformidad de la dirigencia gremial contra el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo que, sólo en enero de 2015, amparó a más de 450 jubilados contra la retención de 1 por ciento de su pensión. Este se otorgó porque en 1997, cuando se constituyó el fideicomiso FerronalesJub-5012-6, se mencionó que los beneficiarios serían 56 mil 372 jubilados que de ahí cobrarían su pensión. En el contrato se aclaró que los nombres de los beneficiarios estaban en los anexos cinco y seis, pero durante el juicio, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), como liquidador de Ferronales, no pudo exhibir los anexos con los nombres.
La dirigencia del sindicato ferrocarrilero también opera con irregularidades el fideicomiso para el pago de seguro de vida, el cual se quedó sin fondos y el gobierno federal entró al rescate con un apoyo de 136 millones de pesos, denunció Oropeza.

Gasta Gobierno patrimonio
de CFE y Pemex
Los manejos irregulares en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como las acciones para anular estas empresas productivas del Estado a fin de favorecer a corporativos trasnacionales, denunciados en estas mismas líneas, también han escalado a las primeras planas de los diarios de la capital de la república.
El año pasado, el Gobierno federal gastó alrededor de 119 mil millones de pesos que formaban parte del patrimonio de Pemex, la CFE y el ISSSTE, sin que la Cámara de Diputados estuviera enterada. En la revisión de la cuenta pública de ese año, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó que había 211 mil millones de ingresos que el gobierno clasificó bajo los rubros genéricos de “otros y “aprovechamientos”. Y al exigir a la Secretaría de Hacienda que le aclarara de dónde provenían los recursos, la dependencia informó que eran parte del patrimonio de las empresas productivas del Estado y del ISSSTE, entre otros.
La ASF señaló que: en los casos de Pemex y la CFE, el aprovechamiento de 70,000 millones de pesos y 31,518 millones de pesos, respectivamente, correspondió a un retiro del patrimonio de la nación invertido en esas entidades paraestatales con cargo a sus disponibilidades financieras”. Y “en el caso del ISSSTE, el aprovechamiento de 17,951.3 millones de pesos provino de las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de las cuotas y aportaciones de los seguros de invalidez y vida y riesgo de trabajo”.
El desmantelamiento de Pemex también ha ocupado las primeras planas de los diarios capitalinos. Aún antes de que fueran anunciados los recortes de personal en Pemex, en el último año la petrolera redujo su plantilla laboral a un ritmo de mil 224 empleados mensuales para un total de 14 mil 694 trabajadores que fueron despedidos, jubilados o con retiros anticipados o voluntarios. Del 31 de diciembre de 2014 y el cierre de diciembre de 2015, la plantilla laboral de Pemex se redujo 9.5 por ciento al descender de 153 mil 85 empleados a 138 mil 391 trabajadores al cierre del año pasado.
En los balances financieros de Pemex dados a conocer la semana pasada, la petrolera reportó pérdidas históricas de 521 mil millones de pesos. No obstante, en medio de lo que ha sido catalogada como la peor crisis de su historia, a finales de enero pasado su Consejo de Administración autorizó mil 762 millones de pesos dentro de la previsión presupuestal 2016 del Programa de Donativos y Donaciones, el cual, desde 1983 entrega recursos a gobernadores, alcaldes y asociaciones civiles asentados en zonas de intensa actividad petrolera.
Durante 2015, lo donado en este rubro ascendió a 1,926 millones de pesos; en 2014 se autorizaron 2 mil 856 millones de pesos; en 2013, dos mil 791 millones de pesos. Este canal de ayuda opera sin ceñirse a los criterios aprobados en 2011. Los gobernadores, alcaldes y asociaciones civiles beneficiados no reportan el destino de dichos recursos, es decir, 9 mil 335 millones de pesos.

De los pasillos
A lo largo y ancho del territorio nacional impera el pesimismo en torno al presente y futuro del país. Tiene muchos fundamentos la caída de la confianza de los consumidores en los hogares de las 32 principales ciudades, la cual descendió 1.2 por ciento en febrero de este año respecto al mes anterior y presentó una contracción anual de 1.5 por ciento, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer la evolución del Índice de Confianza del Consumidor, el Inegi destacó que los cinco componentes que integran este indicador marcaron deterioro en febrero respecto a la posición que tenían en enero de este año y mostraron caídas en términos anuales. El mayor deterioro se observó en el componente parcial que avalúa la percepción sobre la situación económica que tendrán tanto el hogar como el país dentro de un año, comparada con la actual, la cual registró una caída mensual en febrero de 1.3 por ciento y una anual de 3.9 por ciento.
Todos los indicadores parciales sobre “la situación económica del país esperada dentro de 12 meses respecto a la actual”; “las condiciones económicas del país, comparadas con las de hace un año”; “la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses”; y las “posibilidades actuales que tienen los integrantes del hogar, comparada con las de hace un año para comprar muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrodomésticos”, registraron caídas.
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Astillero

"Ni siquiera pretender culpar"
 EPN tapia caso 43 
El sistema se exonera AMLO y los espots
 Julio Hernández López 
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Foto "¡NO MÁS FEMINICIDIOS!". En vísperas del Día Internacional de la Mujer, integrantes de diversas organizaciones civiles llevaron a cabo la Marcha de las Cruces, de la plaza de la Ciudadela a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, para exigir que se ponga fin a los feminicidiosFoto Jesús Villaseca E n un sistema cerradamente presidencialista, con tantas evidencias e indicios de que en la cúpula del poder no hay apertura ni voluntad política para esclarecer lo sucedido entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala y sus alrededores, resulta desalentadora, y aberrante desde el punto de vista jurídico, la declaración periodística de Enrique Peña Nieto (EPN) en el sentido de que "no se puede ni señalar, ni siquiera pretender culpar al gobierno federal de tener que ver con ese tema muy lamentable". Una cerrazón de ese tamaño fulmina la esencia de los procesos de procuración y administración de justicia y pretende instalar (aunque el propio EPN cursó la licenciatura en derecho en la Universidad Panamericana) un virtual estado de ausencia de derecho, en el que a los ciudadanos les sea prohibido "señalar" o "siquiera pretender" que los gobernantes puedan ser responsables de determinados hechos culposos. Grave y altamente significativa es esa intención peñista de declararse a salvo de determinados señalamientos o pretensiones justicieras sólo al amparo de la palabra propia, autoexonerado el aparato gobernante en pleno a partir de la emisión autoritaria de condenas hasta al mero pensamiento hipotético en contra. Según la Doctrina Peña, las gobernantes partes acusadas o cuando menos sujetas a investigación podrían determinar qué es lo que en este México de la injusticia y la impunidad dominantes se puede señalar o pretender. La expedición de un certificado de inocencia por sí mismo fue hecha por Peña Nieto en el curso de una entrevista con Francisco Santiago, director editorial de El Universal. Cuando se le preguntó sobre el caso Ayotzinapa, el ocupante de Los Pinos advirtió de una manera extraña que "con honestidad, es el primer tema en el que sí tengo una posición muy clara". La expresión del mexiquense permite entender que en otros temas nunca antes ha logrado posiciones "muy claras". En otra entrevista, publicada también ayer, con el director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, conductor además de noticieros de radio y televisión del Grupo Imagen Multimedia, Peña Nieto se quejó de "enormes distorsiones" respecto del "empeño real y genuino del gobierno de la República" por llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa. Esgrimió como muestra de ese "empeño real y genuino" el que su gobierno, el federal, se hubiera ocupado "de un tema tan sensible y trágico como lo ocurrido en Iguala, de que la Procuraduría General de la República hubiese atraído la atención de ese tema que pudo haberse quedado en el orden local y lo atrajo al involucrar o al tratarse del crimen organizado y de buscar hacer toda una averiguación, profunda, seria". ¿Cree EPN que su gobierno hizo una gran concesión al "atraer" esa investigación que, según sus palabras, "pudo haberse quedado en el orden local"? ¿De verdad cree Peña Nieto que un caso de tal magnitud, con tales elementos y circunstancias, podría haberse quedado en manos de las autoridades de Iguala o de Guerrero? Es insensato ofrecer como muestra de generosidad o bonhomía el haber "atraído" al nivel federal el caso Ayotzinapa que, según señaló en otra parte de la entrevista con Beltrán del Río, es un "tema yo creo muy trastocado, con mucha opinión y que yo creo ha distorsionado mucho el trabajo serio, profundo y cuidadoso que la procuraduría ha venido haciendo". El par de entrevistas se produjo sin motivo aparente a la vista. Ninguna conmemoración o punto de referencia que justificara el hacer un "balance" de la gestión de Peña Nieto por propia voz. Pareciera que en Los Pinos se hubiera buscado difundir puntos de vista ("respuestas") sobre los ataques continuos de Donald Trump a México y, para eso, se hubiese envuelto tal intención internacional en un abanico de temas que incluyó a El Chapo, el futurismo electoral, los problemas económicos y sociales del país y Ayotzinapa. El tribunal electoral federal ordenó retirar las grabaciones de Morena en las que su presidente, Andrés Manuel López Obrador, critica el nuevo avión presidencial y al gobierno de EPN. Según los magistrados electorales, en esas emisiones hay una promoción personalizada del tabasqueño, quien, como es ampliamente sabido, es un virtual candidato a la Presidencia de la República. Aun cuando son personas en lo particular, y no partidos o candidatos los promoventes de la queja sobre la que tomó decisión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con ella se da paso a las insistentes presiones de adversarios de Morena, sobre todo el PRI, y en particular su dirigente, Manlio Fabio Beltrones, para frenar la constante exposición de AMLO en tiempos o formatos oficiales, como acompañante fotográfico permanente de abanderados de su partido a diversos cargos o en propuestas televisivas y radiofónicas. El movimiento del TEPJF sobre el tablero de la propaganda electoral puede ser el inicio de un proceso de acotamiento de los espacios disponibles para la promoción de una candidatura presidencial aún informal que carece de los medios y recursos de sus principales contrincantes, aún no definidos por las maquinarias de sus partidos pero que indudablemente serán beneficiados en su momento por una acumulación de medios, no solamente lícitos, sino en su mayoría todo lo contrario, que a fin de cuentas acabarán delineando una competencia desventajosa para López Obrador. Las maniobras previsibles de contención propagandística al ex jefe del gobierno capitalino forman parte del contexto repetitivo de una lucha electoral con reglas tan injustas como sabidas a las que se somete Morena en el contexto aceptado del vigente sistema de partidos. Y, mientras el mexiquense Ernesto Nemer (antes afamado por el episodio del bolerito en San Cristóbal de las Casas) conmueve a los más escépticos al anunciar su heroica decisión de incluso "hacer cola en las tortillas" para platicar con la gente "a la que no le alcanza para comprar un kilo", o que padece alzas en la electricidad y el teléfono, decidido el funcionario a convertir la Profeco en procuraduría federal de las colas, ¡hasta mañana! Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx - See more at: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/08/opinion/008o1pol#sthash.8i25dOW0.dpuf




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Desprotegidas y explotadas

Así se encuentran las mujeres que emigran temporalmente / Ninguna ley en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua sobre reclutamiento para trabajo en el extranjero protege sus derechos, mucho menos si son indígenas o de algún grupo vulnerable

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo (Apro).- Ninguna ley en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua sobre reclutamiento para trabajo en el extranjero protege los derechos de las mujeres que emigran temporalmente, mucho menos si son indígenas o de algún grupo vulnerable.
Así lo señala el informe “Reglas de reclutamiento: países de origen”, que realizó la Global Workers Justice Alliance y la Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral (Inilab), conformada por organizaciones civiles, entre ellas el Centro de los Derechos del Migrante y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Andrea Gálvez González, enlace para México de la UFCW Nuestra Voz en el Trabajo, detalló que al no contar con visas legales de tránsito, las mujeres buscan a través de “coyotes” (traficantes de personas) rutas no habituales o de agencias fraudulentas (empresas dedicadas exclusivamente al reclutamiento de personal para que labore en el exterior), que las someten a abusos como cobros excesivos por los traslados o hasta extorsiones.
Por ello, la activista propuso que las plazas vacantes de los programas federales de trabajo para migrantes sean distribuidas por igual entre mujeres y hombres.

Reglas insuficientes
De acuerdo con las y los expertos, en ninguno de los documentos oficiales que consultaron se encontró referencia a la protección especial para mujeres y población indígena, quienes, por ejemplo, batallan con la falta de contratos en su lengua originaria.
Además, a excepción de México y Honduras, el resto de los países no cuentan con regulaciones específicas de reclutamiento, pese a que cada año más de 176 mil personas mexicanas y centroamericanas viajan a Canadá, y otras 100 mil a Estados Unidos, para ocuparse en la agricultura y el sector servicios con visas de trabajo temporal.
Las organizaciones detectaron que no existe en ningún país de la región mesoamericana un programa de empleo temporal que formalice la movilidad laboral y que establezca normas de corresponsabilidad legal entre empresas y gobiernos, ni del papel que podrían jugar las embajadas de los países de empleo en las naciones de origen.
Además no hay un control institucional efectivo sobre las actividades de las llamadas agencias de reclutamiento, lo que permite que éstas cobren por traslados, hospedajes y alimentos hasta 80% de las ganancias totales de una persona trabajadora.
Entre los abusos más frecuentes de los que son víctimas las personas migrantes están los cobros ilegales en el proceso de reclutamiento, ofertas de visas falsas, retención de documentos, amenazas y represalias por denunciar.
De acuerdo con las y los activistas, hay más de nueve mil personas defraudadas con el ofrecimiento de empleo en más de 15 estados del país. Las organizaciones dijeron no contar con el dato desagregado por sexo.

Discriminación
Los grupos civiles también alertaron que por discriminación en las empresas que demandan mano de obra migrante, el gobierno mexicano limita el acceso a visas temporales de trabajo para las mujeres que viajan cada año a EU y Canadá para emplearse en el agro o el sector servicios.
Durante la presentación del informe en esta ciudad, Gálvez González, explicó que las mujeres representan sólo 3% de las casi 20 mil personas que se benefician cada año del Programa Temporal de Trabajo Agrícola en Canadá (PTAT) de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México.
No obstante, ese porcentaje contrasta con el de los campos agrícolas del país del norte donde la población femenina representa la mitad o hasta 60% de la mano de obra, observó.
Además, la activista dijo que la demanda laboral al menos en México para ir a trabajar en el exterior es exponencialmente mayor que la que logra hacerlo a través de visas temporales, y entre el grupo con deseos de emplearse en el extranjero hay el mismo número de mujeres y hombres.
A decir de Gálvez, el problema central inicia con los empleadores, a quienes el gobierno federal ha permitido año con año establecer como condición que la mano de obra que se solicite sea sólo masculina, lo que disminuye las oportunidades de las mujeres a acceder a visas de trabajo para emplearse de manera regular en los campos agrícolas.
Lo anterior a pesar de que otras normas, tanto de los países de destino como de origen, como la Ley Federal del Trabajo –en el caso de México–, no permiten la discriminación por motivos de género en el ámbito laboral.


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Valor femenino




MEXICO, 7 de marzo (Economía Hoy).- El trabajo no remunerado de las mujeres en México asciende a 3.1 billones de pesos a precios corrientes en 2014, cifra que equivale a 18.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Precisa que aun cuando el trabajo no remunerado destinado a las labores domésticas y de cuidados del hogar no se comercializa en la economía, su valor monetario supera al PIB que generaron sectores productivos como la industria manufacturera (equivalente a 16.7 por ciento), comercio (15.5 por ciento) y/o servicios educativos (4.1 por ciento) en 2014.
El organismo señala que las mujeres tienen la mayor carga total de trabajo que los hombres, pues por cada 10 horas que ellas laboran (trabajo remunerado y no remunerado), los hombres realizan 8.3 horas.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, indica que por tipo de actividad, los cuidados y apoyo que brindan las mujeres a los integrantes del hogar son los más importantes económicamente, con un valor igual a 6.1 por ciento del PIB nacional.
Sin embargo, anota, la preparación de alimentos representa su mayor carga de horas, con 33.2 por ciento del total de sus labores domésticas y de cuidados en 2014.
En un comunicado, el Instituto refiere que durante 2014, cada mujer realizó el correspondiente a 47 mil 400 pesos netos anuales por su trabajo en labores domésticas y de cuidados no remunerados. Este valor cambia cuando se considera el lugar de residencia, pues las que viven en hogares rurales generaron un valor económico promedio de 51 mil 808 pesos, añade.
Precisa que si la mujer está casada o vive en unión libre, su aportación ascendería a 61 mil 456 pesos, mientras que las labores domésticas y de cuidados no remuneradas de quienes están solteras tendrían un valor similar a 26 mil 082 pesos.
El Instituto expone que las mujeres que habitan en hogares con presencia de menores de seis años aportaron en promedio 60 mil 628 pesos, principalmente por sus actividades de cuidados y apoyo.
En tanto, las que viven en hogares con menores ingresos contribuyeron con 50 mil 029 pesos en promedio al año por sus labores no remuneradas en el hogar, mientras que aquéllas que pertenecen a familias con mayores ingresos lo hicieron con el equivalente a 43 mil 191 pesos.
Por otra parte, el INEGI señala que de las más de 29 millones de personas ocupadas que se tienen en las casi 5.7 millones de unidades económicas reportadas por los Censos Económicos 2014, las mujeres alcanzaron 43.8 por ciento.
Reporta que entre 2008 y 2013, el personal ocupado creció a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento, y las mujeres ocupadas superaron dicho promedio, con 2.0 por ciento en el mismo periodo.
En el caso de las mujeres, el organismo apunta que la mayor tasa de crecimiento media anual se presentó en pesca y acuicultura con 5.4 por ciento y en minería con 5.3 por ciento.
En 2014, añade, las mujeres conformaron 11.0 por ciento del total de personal ocupado en el sector construcción, mientras que en las industrias manufactureras participaron con 34.5 por ciento.
En el sector comercio al por menor, la fuerza laboral femenina aportó 51.3 por ciento del personal ocupado total, en tanto que en el comercio al mayoreo la participación de las mujeres fue de una de cada cuatro personas empleadas.
Apunta que en 2014, las mujeres participaron con 47.9 por ciento del personal ocupado total en los servicios privados no financieros como restaurantes, hoteles, contabilidad y auditoría, escuelas privadas, servicios legales y médicos, entre otros, que representa casi la mitad del total del personal ocupado en estos sectores.
En ese año, las mujeres participaron con 13 por ciento del total del personal ocupado en los diferentes modos de transporte, agrega el Instituto en su reporte


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Con Emilio Lozoya se triplicó la alta burocracia en Pemex

El número de direcciones corporativas pasó de cuatro que había en 1992 a nueve.
 Con Emilio Lozoya se triplicó la alta burocracia en Pemex
 Aumentaron en más de 500 las plazas en el corporativo, según un documento reservado La reorganización incluyó nuevos directores generales, subdirectores, gerentes y subgerentes Enrique Méndez y Roberto Garduño Periódico La Jornada Martes 8 de marzo de 2016, p. 21 En el trienio en que Emilio Lozoya Austin dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) se triplicó la alta burocracia en la petrolera y engrosó el número de direcciones corporativas, de cuatro que existían desde 1992, a nueve, y se agregaron nuevas subdirecciones, gerencias y subgerencias, lo que aumentó en más de 500 las plazas en el corporativo. La reorganización corporativa de Pemex, sus empresas productivas, subsidiarias y filiales, aprobada por el consejo de administración, fue clasificada como información reservada para un periodo de cinco años, a partir del 10 de noviembre de 2014, y en su contenido se revela el crecimiento del número de nuevos funcionarios. El documento, del cual se tiene copia, está firmado por Lozoya Austin. La justificación para aumentar el número de funcionarios administradores de alto nivel es que se buscaba la eficiencia y competitividad, maximizando el valor de los hidrocarburos y la rentabilidad de las actividades de transformación industrial. Así, la reorganización que implementó Lozoya Austin modificó la estructura de Petróleos Mexicanos, que en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas, se dividió en cuatro organismos subsidiarios y un corporativo, así como 69 empresas filiales que dependían de la entonces paraestatal. “La estructura propuesta para Pemex –expone el documento– emana de su estrategia integral y aprovecha la oportunidad para alcanzar la optimización integral que requiere al convertirse en un competidor más del mercado. La elaboración de esta propuesta demandó las revisiones exhaustivas de las mejores prácticas empresariales en la industria, el aprovechamiento de su experiencia, la decisión de gestionar a la empresa basándose en procesos y la eliminación de duplicidades administrativas”. Sin embargo, el proyecto avalado por el consejo de administración incluyó la designación de nuevos directores generales, subdirectores, gerentes y subgerentes. Así, se aceptó la propuesta de crecimiento administrativo: a la dirección ejecutiva se agregaron cinco direcciones generales, 24 gerencias y 50 subgerencias. En la dirección corporativa de procesos de negocios y tecnología de información se autorizaron una dirección general, cuatro subdirecciones, 19 gerencias, y 40 subgerencias. En la dirección corporativa de alianzas y nuevos negocios se creó una dirección general, tres subdirecciones, 10 gerencias y 20 subgerencias. A la dirección corporativa de finanzas se le agregó una dirección general, cinco subdirecciones, 24 gerencias y 50 subgerencias. A la dirección corporativa de recursos humanos, una dirección general, tres subdirecciones, seis gerencias y 12 subgerencias. A la dirección corporativa de administración y servicios, una dirección, cinco subdirecciones, 29 gerencias y 60 subgerencias. En la dirección corporativa de procura y abastecimiento, además de la dirección general se instalaron cinco subdirecciones, 26 gerencias y 70 subgerencias. Mientras, en la dirección jurídica opera una dirección general, cuatro subdirecciones, 20 gerencias y 45 subgerencias. Para la dirección corporativa de investigación y desarrollo tecnológico se aceptó la operación de un director, cuatro subdirecciones, 21 gerencias y 46 subgerencias. En el Órgano Interno de Control se autorizó el nombramiento de cinco auditores y 14 gerencias. En Pemex Exploración y Producción se autorizó una dirección general, 13 subdirecciones, 54 gerencias y 100 subgerencias, mientras en la Dirección Corporativa de Transformación Industrial se instaló una dirección general, 15 subdirecciones, 62 gerencias y 150 subgerencias. Dicho crecimiento en la alta burocracia de Pemex contrasta con el despido, jubilación o retiros anticipados o voluntarios de 14 mil 694 trabajadores que realizó la empresa en 2015, de manera que la plantilla laboral pasó de 153 mil 85 a 139 mil 391 empleados. En febrero, después de su designación como director, José Antonio González Anaya reconoció que el recorte de 100 mil millones de pesos para Pemex incluye los fondos para el recorte de personal, mientras la Secretaría de Hacienda calculó que serán despedidos unos 10 mil trabajadores de la empresa, de los 15 mil que se prevé recortar en la administración pública. - See more at: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/08/economia/021n1eco#sthash.iyxnjDVe.dpuf

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"Enrique Trump"

Fotomontaje de la pareja presidencial mexicana tomado de Twitter @EXPEM74
John M. Ackerman 
Donald Trump es un racista confeso quien ha descalificado a los mexicanos como “criminales” y “violadores”. El precandidato presidencial ha anunciado que de ocupar la Casa Blanca expulsaría a millones de connacionales de los Estados Unidos y obligaría al gobierno mexicano a construir una enorme muralla en la frontera entre los dos países. Sus ataques a México y a los mexicanos se han convertido en uno de los ejes principales de su campaña presidencial, junto con sus posiciones igualmente retrógradas con respecto a los musulmanes y el Medio Oriente. 
En respuesta, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha mantenido un silencio cómplice y criminal. El ocupante de Los Pinos no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el tema y sus voceros han hecho todo lo posible por evitar cualquier cuestionamiento o confrontación. La semana pasada, Enrique Guzmán, titular de la Oficina de la Presidencia de la República, declaró a la agencia Bloomberg que el gobierno de Peña Nieto trabajaría de igual manera con Trump que con cualquier otro Presidente del país vecino (véase: http://ow.ly/YZzyF). 

VIDEO: "ENRIQUE PEÑA NIETO ES EL DONALD TRUMP DE MÉXICO"
En otras palabras, el actual Presidente mexicano se subordinaría y se pondría a los órdenes de Trump de la misma forma en que lo ha venido haciendo con el gobierno de Barack Obama. Por ejemplo, hace unos días el titular del Estado mexicano se rebajó al nivel del vice-presidente estadounidense, Joseph Biden, durante la visita de aquel a la Ciudad de México para participar en una reunión con empresarios y oligarcas mexicanos. Peña Nieto recibió en privado al segundo de Obama durante más de una hora y posteriormente dieron una conferencia de prensa conjunta a los medios de comunicación. 
Las reglas de la diplomacia exigen que haya una estricta igualdad con respecto a las relaciones públicas entre dos países soberanos: presidentes con presidentes, vice-presidentes con vice-presidentes, y procuradores con procuradores. Sería ridículo imaginar, por ejemplo, la celebración de una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca entre Obama y Miguel Angel Osorio Chong o Arely Gómez. Al colocarse al nivel de Biden, Peña exhibió públicamente lo que la mayoría de los mexicanos ya teníamos claro: el actual titular del Estado mexicano no trabaja para el pueblo mexicano sino que funge como un empleado más del gobierno de Washington y de los empresarios de Wall Street y Silicon Valley.
Esta lamentable situación explica porque Peña Nieto no se ha atrevido a cuestionar frontalmente a Trump. Como un buen serviente al poder, el actual ocupante de Los Pinos prefiere quedar bien con quien podría llegar a ser su jefe en lugar de complacer a los ciudadanos a quienes supuestamente tendría que rendir cuentas. 
Pero el servilismo de Peña Nieto hacia el norte no es lo único que explica el desdeñable comportamiento del Presidente de todos los mexicanos frente a la amenaza clara y presente que implica la candidatura de Trump. En realidad, el Presidente mexicano y el aspirante republicano comparten una visión similar del mundo. Ambos hombres desprecian profundamente la cultura y la educación y viven en un mundo lleno de champaña, aduladores y guardaespaldas que los aisla totalmente de los sufrimientos y las esperanzas del pueblo humilde. 
Ambos políticos sirven al mismo amo: el dinero y el poder. Si bien las fortunas de Peña y de Trump vienen de fuentes distintas, las arcas gubernamentales para el primero y la explotación capitalista para el segundo, ambos personajes se sostienen como figuras públicas gracias al saqueo de recursos ajenos. 
Si bien Trump es más explícito con respecto a su desprecio para México y los mexicanos, Peña en realidad comparte el mismo odio para la historia y la cultura de los habitantes de su propio país. Tal y como documentamos en el libro El mito de la transición democrática, desde el primer día de su mandato Peña ha encabezado una ofensiva ideológica, política y económica en contra de todas las tradiciones y los valores humanistas de los mexicanos. 
Hoy ya queda claro que el lema “Mover a México” en realidad significa “Destruir a México”. La “reforma energética” ha llevado al desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX). La petrolera pública sufre actualmente un enorme quebranto financiero y pocas posibilidades para crecer en el futuro a causa de la entrega de sus yacimientos a consorcios privados y extranjeros. Y la “reforma educativa” no ha sido más que un ataque disfrazado en contra de todos los maestros, y en particular aquellos más críticos que defienden la tradición mexicana de educación crítica y humanista. La semana pasada, esta reforma ya generó sus primeros despidos masivos, con la separación de su cargo de más de 3,400 profesores. Recordemos también que Peña Nieto se ha adelantado a Trump con respecto a políticas anti-migrantes. México ahora expulsa a más hermanos latinoamericanos de su territorio que el mismo gobierno de los Estados Unidos. 
La entrega de nuestro oro negro a las grandes transnacionales, la aniquilación de los maestros críticos y el acoso a los migrantes centroamericanos constituyen la contracara de las políticas racistas y fascistas de Trump. Peña y Trump juntos buscan acabar con cualquier resistencia ciudadana o popular al predominio absoluto del dinero y la corrupción en América del Norte. 
Lamentablemente, Hillary Clinton no es mejor. Ella es la candidata que cuenta con mayor respaldo de parte de la industria militar, de acuerdo con la organización “Open Secrets” con sede en Washington, D.C. (véase: http://ow.ly/YZrxT). Las empresas militares han donado veinte veces más a la campaña de Clinton que a la del mismo Trump 
La salvación entonces no vendrá del norte, ni desde las cúpulas del poder financiero y político global. El camino hacia la justicia y la paz lo tendremos que construir nosotros desde el sur, desde abajo y a la izquierda. 
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Revista Proceso No.2052
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados



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