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sábado, 16 de abril de 2016

¿Quién es el Señor López? Volúmen 2 (Completo) [2006]



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La pelea de Monsanto por mantener su reinado


Silvia Ribeiro*
 
Desde el año pasado, el sector industrial químico-semillero está en erupción y si no lo prevenimos, su ceniza tóxica nos caerá en el plato de comida. Monsanto, la mayor empresa de transgénicos y semillas comerciales del globo, intentó dos veces comprar Syngenta, la mayor trasnacional de agrotóxicos, para establecer una megaempresa que habría sido la número uno en ambos sectores. Pero Syngenta lo rechazó y decidió fusionarse con ChemChina. Monsanto inició entonces negociaciones con otras dos de las seis gigantes globales de agrotóxicos y transgénicos, CBayer y BasfCC, para contrarrestar esa jugada. Poco antes, DuPont y Dow Agrosciences habían decidido fusionarse también. Si el hecho de que seis trasnacionales dominaran altos porcentajes de la venta de semillas y agroquímicos ya era un atentado a la seguridad y soberanía alimentaria de los países, ahora estamos ante la perspectiva de que esos mercados globales queden en manos de sólo tres empresas.
El Grupo ETC advirtió sobre estos movimientos desde el año pasado, explicando su lógica y consecuencias en el documento Campo Jurásico: Syngenta, DuPont, Monsanto: la guerra de los dinosaurios del agronegocio (http://goo.gl/d8tbdA)
Durante las últimas tres décadas, las viejas y poderosas empresas de la industria química, con más de un siglo de existencia, se lanzaron a comprar las empresas semilleras en todo el mundo, que hasta ese momento eran miles y estaban muy descentralizadas. Lo hicieron para crear un mercado oligopólico que obligara a los agricultores a comprar las semillas junto a sus propios agrotóxicos (que llaman agroquímicos para que parezcan menos dañinos). El resultado más evidente de esa búsqueda de venta casada fueron las semillas transgénicas, manipuladas para tolerar altas dosis de los venenos de las mismas compañías.
Hasta 2015, seis empresas, Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont, Bayer y Basf, controlaban juntas 75 por ciento del mercado mundial de venenos agrícolas y 61 por ciento de las semillas comerciales de todo tipo, además de 75 por ciento de la investigación agrícola privada. En semillas transgénicas, las seis controlan ciento por ciento, o sea todo el mercado global, aunque a veces no se reconocen porque mantienen los nombres de empresas que compraron antes. A DuPont, por ejemplo, se la conoce más como Pioneer Hi-Bred en el área agrícola y de semillas.
En tres décadas, el ritmo de fusiones y adquisiciones en los sectores de semillas y agrotóxicos fue tal que se llegó a un tope donde virtualmente no quedan empresas para comprar, pero las compañías quieren seguir creciendo para controlar porciones aún más grandes de mercado. Por eso comienzan a devorarse unas a otras. El resultado podría ser que solamente tres empresas gigantes tendrían un dominio total de los primeros eslabones de la cadena agrícola industrial, incluida la investigación y desarrollo. Por ello, estas fusiones están ahora bajo escrutinio de autoridades anti-monopolio en varios países, lo cual puede significar que no se concreten, particularmente si existe presión social y pública contra éstas. Monsanto espera que si se autorizan las fusiones de Syngenta y las demás, ya no le podrán impedir que prosiga su fusión con la división agrícola de Bayer y/o Basf. Según analistas de la industria, la preferencia de Syngenta por ChemChina se explicaría en parte porque al ser la segunda una paraestatal china, podrían evadir medidas antimonopolio. Sin embargo, un grupo de organizaciones internacionales y chinas, ya iniciaron una acción dirigida al gobierno de China, para que objete esta fusión, por la expansión de más y peores tóxicos que implicará (http://goo.gl/YILmBD).
Nada indica que la concentración corporativa terminará allí, aunque sólo queden tres empresas. La lógica de búsqueda de ganancias de las corporaciones de agronegocios será integrar esos cárteles de semillas y agrotóxicos con los eslabones siguientes de la cadena industrial, sea con las corporaciones de fertilizantes o de maquinarias agrícolas, con las que ya existen varios acuerdos de colaboración. El objetivo es extender el control sobre los agricultores, integrando en un solo proveedor las semillas, agrotóxicos, fertilizantes, maquinarias, servicios de datos sobre el clima y hasta seguros agrícolas. Esto significaría niveles sin precedente de control de la agricultura por parte de unas pocas empresas.
Para las comunidades y organizaciones campesinas que son las que alimentan a la mayoría de la humanidad y que en su gran mayoría tienen sus propias semillas, así como a las muchas que han optado por una agricultura ecológica, quizá estas fusiones podrían parecer irrelevantes, porque de todas formas no son sus clientes. Pero esas gigantes industriales aumentarán la fuerza para moldear a su favor acuerdos de comercio agrícola, subvenciones y programas rurales, leyes laborales, de semillas y patentes, normativas de uso del suelo, de uso de agroquímicos y hasta gastos públicos en infraestructuras, todo a favor de sus negocios. Todo esto ya tiene impactos muy negativos en las economías campesinas. Si a nivel global se concretan las nuevas fusiones, el poder de presión de las superempresas que permanezcan, será mucho mayor. Existen ya iniciativas desde la sociedad civil para impedir legalmente que estas fusiones se concreticen. (http://goo.gl/9006sd). Finalmente se trata de la alimentación de todos.
*investigadora del Grupo ETC



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Imparable, el avance de la derecha en AL

TODO EN LA VIDA SON CICLOS, UNAS VECES ARRIBA OTRAS ABAJO, Y MEXICO ES CONTRERAS AHORA ES TIEMPO DE LA IZQUIERDA DE LA VERDADERA!

 

Imparable, el avance de la derecha en AL
El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel advierte sobre retrocesos en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Sábado 16 de abril de 2016, p. 32
Cien días y ninguna flor. No es un poema, sino una de esas frases que saltan de pronto en la conversación con Adolfo Pérez Esquivel, el activista de derechos humanos que durante la dictadura argentina soportó 14 meses de cárcel y tortura, y en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz. Se refiere a los resultados que están a la vista a 100 días del gobierno de Mauricio Macri.
Enumera: los despidos de empleados y trabajadores de empresas públicas y privadas llegan a 110 mil. Y aunque el nuevo mandatario prometió en su campaña pobreza cero, según un estudio de la Universidad Católica de Argentina, ya sumó 2 millones de nuevos pobres a la estadística.
A lo anterior se agrega el desmontaje gradual de importantes avances logrados en 12 años en materia de derechos humanos, señala.
Pero más que enumerar lamentos y entuertos, Pérez Esquivel subraya un ángulo de análisis poco explorado hasta ahora en el escenario poselectoral de Argentina:
¿Por qué pasó lo que pasó, después de 12 años de gobiernos kirchneristas? Es la primera vez en la historia de Argentina que llega al poder un partido de derecha por la vía de las elecciones. Cuando veo esto a nivel de mi país no puedo dejar de hacer una lectura a escala continental, porque no hay casualidades ni hechos aislados.
Este nativo del barrio porteño de San Telmo, defensor que abraza causas justas sin importar fronteras, aclara que no se identifica con el kirchnerismo, aunque rescato algunas cosas positivas de ese periodo y las apoyé desde una posición de independencia.
Desde esta postura crítica, con frecuencia confrontada sobre todo en la administración de Cristina Fernández, habla con La Jornada.
–Lo que se construyó en Argentina en cuestión de derechos humanos, de justicia transicional y memoria histórica en los últimos 12 años es muy interesante; en algunos casos son acciones referentes para América Latina...
–En algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, fue bueno que cuando las organizaciones de derechos humanos reclamamos a Néstor Kirchner la nulidad de las leyes de impunidad, tuvo la voluntad política de hacerlo. Se abrieron las compuertas para juzgar los crímenes de lesa humanidad. Esto lo apoyamos ciento por ciento. Pero también el kirchnerismo se quiso apropiar de la política de derechos humanos y manejarla políticamente.
“Hubo organismos que se sumaron a la militancia política partidaria. A nosotros, en el Servicio por la Paz y la Justicia (Serpaj), nos pareció que teníamos que ser independientes.
Comprendo que madres, abuelas, familiares que nacieron con el fin de saber el paradero de sus seres queridos no trabajaron la política de derechos humanos en su integridad. Y yo respeto eso, pero algunos se incorporaron políticamente a los gobiernos de los Kirchner. Fueron muy subvencionados, y frente a graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en estos tiempos guardaron silencio. Nosotros, en cambio, fuimos muy marginados.
Hoy hay una división entre los que tienen una inclinación partidista y los que no la tienen, y esto tiene un costo político. No hay unidad, y tenemos que ser conscientes de ello, pero si algunos defensores se quedan únicamente en la época de la dictadura, nosotros preguntamos ¿qué pasa hoy?
–¿Qué casos puede citar de este periodo?
–Muchos. El caso de la megaminería, persecuciones de dirigentes opositores, daños ambientales, aumento del cáncer en el caso del glifosato en los cultivos de soya. Hay constancias, incluso de nacimientos con malformaciones, y la consecuente violación a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
–En el terreno de los derechos humanos, ¿qué medidas de las que ha tomado Macri recientemente critica usted?
–Un ejemplo: cuando nos reunimos con el nuevo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, nos aseguró que el gobierno va a respetar los juicios. Es mentira: no corresponde a ellos respetar o no los juicios; ese es un tema estrictamente judicial. Lo que van a hacer es otra cosa, quitarle apoyo a las organizaciones, campañas de desprestigio. Ya empezaron. En el Archivo de la Memoria Histórica, que se creó en la ex Esma (la macabra Escuela Mecánica de la Armada, por donde pasaron 5 mil argentinos que fueron torturados, asesinados, desaparecidos), nos echaron a todos.
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En los últimos años creció mucho el trabajo de la memoria, dice Adolfo Pérez EsquivelFoto Roberto García Ortiz
“Otro ejemplo es el intento de desacreditar a las organizaciones. En Clarín, Jorge Lanata, un columnista muy de derecha, escribe que hay que crear nuevos organismos de derechos humanos creíbles. ¿Creíbles para quién? Para ellos, el nuevo oficialismo, para llevar agua a su molino, para que respondan a las políticas neoliberales que quieren imponer.”
Los lamentos no construyen
A Pérez Esquivel, quien a partir de agosto impartirá cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, le parece imparable el avance de la derecha en América Latina.
Es a partir de los llamados golpes de Estado de Honduras, Venezuela y Paraguay que se perfilan los llamados golpes blandos, en complicidad con los poderes Judicial, político y empresarial. Hasta ahora, que se gesta el golpe que amenaza a Brasil.
–¿Ve el riesgo de una marcha atrás en Argentina?
–En cuanto a la marcha atrás, a la sociedad este momento no la agarra tan desprevenida. En todos estos años aprendimos muchas cosas. Lo que falta hacer es un trabajo de construcción colectiva, de propuestas de alternativas; si no, nos quedamos con los lamentos y éstos no construyen.
“En los últimos años creció mucho, y no por el gobierno, el trabajo de la memoria. Fue por eso que el 24 de marzo de este año –40 aniversario del golpe de Estado– hubo una movilización extraordinaria, donde dominaban los jóvenes que no vivieron lo que nosotros vimos.”
–Por cierto, el aniversario de la dictadura y esa movilización coincidieron con la visita de Barack Obama.
–Macri lo quiso llevar esa fecha para bloquear la atención mediática sobre la movilización. Y lo logró en parte. Clarín no publicó en el periódico impreso nada en primera plana. La Nación, apenas unos párrafos. Nada de televisión, apenas unos flashes.
–Se ha documentado, en el tema de represión y derechos humanos, que hoy día el mayor número de víctimas son defensores del medio ambiente.
–Eso no es de ahora, viene de hace muchos años. Hay que hablar de Chico Mendes en la Amazonia brasileña, pero se ha agudizado en tiempos recientes. En Ecuador, con el caso de Chevron, que huye del país porque la justicia lo condena a pagar millones de dólares por daños ambientales, ¿y qué hace? Se va a Argentina, y Cristina Kirchner lo recibe y le entrega las tierras de Vaca Muerta, en Neuquén, para que las explote con fracking. Son territorios del pueblo mapuche, con lo cual se violan sus derechos con total impunidad.
“Además, Monsanto ingresa a Argentina con total impunidad, también bajo el gobierno de Cristina, y ahora está tratando de regularizar sus patentes.
Frente a esto, uno se pregunta: ¿cuáles son los gobiernos progresistas y cuáles los neoliberales? Tenemos serias dudas hacia dónde caminamos.
–Entonces, ¿cuál es el saldo del llamado ciclo progresista?
–Hubo cosas muy positivas que apoyamos, pero falta generar conciencia de integración continental. Eso lo tenía muy claro Hugo Chávez, pero todavía a nivel continental no tenemos los instrumentos necesarios de soberanía y autonomía; mientras tanto, vamos a seguir boyando en la tormenta y seguiremos sujetos a los intereses de las grandes corporaciones, sin capacidad de decisión. Así seguiremos girando y dando más vueltas que el perro para acostarse.
(La versión ampliada de esta entrevista)



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Reprueban 42% de empresarios rol de PEÑA NIETO frente a la crisis

Optimismo moderado, revela encuesta de la consultoría KPGM
Descalifican directivos de la IP actuar del Ejecutivo ante la situación económica
Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Sábado 16 de abril de 2016, p. 20
Un 42 por ciento del empresariado califica de mala o pésima la actuación del Poder Ejecutivo frente a la situación económica del país y 45 por ciento considera que este año la economía será igual a 2015, aunque 34 por ciento estima que mejorará, revela la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2016 que la consultoría KPGM aplicó a 812 directivos, presidentes o gerentes de compañías.
Frente a 30 por ciento que calificó de mala la actuación del Poder Ejecutivo y 12 por ciento de pésima, 42 por ciento dijo que es regular, 15 por ciento la considera buena y sólo uno por ciento excelente.
Hay un optimismo moderado del sector privado, dijo Roberto Cabrera, socio líder de industrias y mercado de KPMG, y destacó que aunque las empresas en México se han acostumbrado a vivir en crisis, también han aprendido a separar la situación económica global y nacional, así como las decisiones de gobierno del desempeño de sus negocios. La prueba está en que 82 por ciento prevé que sus negocios crezcan uno o dos dígitos este año.
Además 25 por ciento prevé incrementar sus inversiones significativamente para los siguientes tres años y 50 por ciento considera hacerlo ligeramente. Incluso sólo 10 por ciento de los entrevistados suspendió inversiones en México o se las llevó a otros países debido a la inseguridad, pero 46 por ciento las mantiene aquí. Eso demuestra, destacó Cabrera, que las compañías no están reduciendo costos para mantenerse en el mercado, como ocurrió en 2009 con la crisis financiera.
Aún así, más de la mitad de los entrevistados (53 por ciento) señala que el año pasado la actuación del gobierno tuvo un impacto negativo en la competitividad de su empresa y de ellos 31 por ciento mencionó la disminución del mercado interno como principal causa, otro 21 por ciento sostuvo que se incrementó la inseguridad y la extorsión, mientras 20 por ciento indicó la falta de transparencia.
Hubo 13 por ciento de los entrevistados que consideró positiva la actuación del gobierno para la competitividad de sus empresas y de ellos, 42 por ciento lo atribuyó a las reformas estructurales, 28 por ciento al aumento del consumo interno y 20 por ciento al incremento de la infraestructura.
KPMG también preguntó a los directivos de las empresas cómo evalúan el papel del gobierno en este año como promotor de la competitividad, a lo que 44 por ciento respondió que regular, 35 por ciento que malo y 7 por ciento que pésimo. Sólo 13 por ciento respondió que bueno y uno por ciento que excelente.
En este caso, el combate a la corrupción se erigió como la principal de las variables que los empresarios consideran necesarias para que el país incremente la competitividad, desplazando a la inseguridad al segundo puesto.
No es una encuesta negativa. El 2016 es un año desafiante, con muchos claroscuros y los empresarios creen que habrá un crecimiento económico moderado, puntualizó Cabrera y detalló que sólo 21 por ciento considera que la situación económica empeorará en 2016.



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Beben agua con arsénico 50% de habitantes en Hermosillo

Resultó contaminada por derrame de mina del Grupo México
Consume agua con arsénico 50% de la población de Hermosillo
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Aspecto del río Sonora, que resultó contaminado tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, el 6 de agosto de 2014Foto Cristina Gómez Lima
Cristina Gómez Lima
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 16 de abril de 2016, p. 25
Hermosillo, Son.
El 50 por ciento de los habitantes de esta ciudad consumen agua contaminada con arsénico, según muestras tomadas y analizadas por un laboratorio de la Ciu- dad de México en varias plantas tratadoras de líquido, informó Reyna Castro Longoria, del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (Dictus).
La capital de Sonora y los municipios de la cuenca Río Sonora se contaminaron a causa del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, ocurrido el 6 de agosto de 2014. A pocos meses del percance, la empresa aseguró que las aguas habían sido saneadas y estaban limpias, explicó la informante.
La investigadora refirió que estas muestras se tomaron el 16 de diciembre pasado y los diagnósticos se dieron a conocer a los organismos operadores de agua potable de Hermosillo. Sin embargo, lo ignoraron y aseguran que el líquido que distribuyen se encuentra dentro de las normas mexicanas.
El análisis se realizó en cinco expendios de agua, tres plantas tratadoras, una pileta y el pozo del poblado Las Victorias, aledaño a Hermosillo; este último rebasa las normas mexicanas, más flexibles que aquéllas, pues contiene 60 microgramos de arsénico por litro. De las primeras, tres sobrepasan las normas internacionales.
Detalló que en las muestras que se tomaron de las plantas tratadoras de la presa Abelardo L. Rodríguez y de la número dos de La Sauceda se detectaron 12 y 14 microgramos de arsénico por litro, respectivamente.
La cantidad de este contaminante supera lo permitido por la norma canadiense, que autoriza cinco como máximo; la Organización Mundial de la Salud, 10, pero la norma oficial mexicana (NOM) permite hasta 25 microgramos por litro.
El agua no debe de tener arsénico, es un contaminante y es cancerígeno, está científicamente comprobado, son rangos altos pero la NOM maneja rangos altos y aún con eso no les da seguimiento, dijo Castro Longoria.
Castro Longoria detalló que el consumo y el contacto con agua contaminada pueden provocar daños severos a la población, desde cáncer, fallas en el hígado, insuficiencia renal, pérdida capilar, manchas en la piel y ampollas en el cuerpo.



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Retira a expertos la CIDH: en México no hay condiciones

El gobierno reconoce las aportaciones del grupo de expertos independientes
No hay condiciones en México para continuar mandato del GIEI: CIDH
Anuncia el organismo que habrá un mecanismo que dará seguimiento a las recomendaciones
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Padres de los normalistas desaparecidos realizaron ayer un plantón frente a la Secretaría de Gobernación, para exigir justiciaFoto Alfredo Domínguez
Ap
 
Periódico La Jornada
Sábado 16 de abril de 2016, p. 3
Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció ayer que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa cesará sus funciones, y que en su lugar creará un mecanismo especial hasta lograr que se dé cumplimiento a las recomendaciones de los expertos.
La CIDH señaló que consultará con el Estado mexicano y las familias de las víctimas para determinar los términos específicos que guiarán este mecanismo de seguimiento especial.
El presidente de la CIDH, el estadunidense James Cavallaro, lamentó la negativa del Estado mexicano para prorrogar la permanencia del GIEI una vez que expire su mandato, el próximo 30 de este mes.
Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo, indicó.
Asesoría de los expertos
Cavallaro añadió que existe la posibilidad de que los expertos continúen brindando asesoría al organismo interamericano una vez que se establezca el mecanismo de seguimiento, porque conocen muy bien el caso.
El funcionario descartó que el fin del mandato del grupo de expertos signifique que la CIDH vaya a abandonar el caso o a las familias de las víctimas.
El mecanismo buscará cumplir con las medidas cautelares solicitadas por la comisión, la cual exige que se encuentre a los estudiantes y descubrir qué pasó con ellos, explicó. El mecanismo será el vehículo principal para darle seguimiento práctico a las recomendaciones de los expertos, precisó.
Sin embargo, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, admitió a Ap que “la presencia del grupo generaba una cooperación sui géneris y novedosa, que ahora va a disminuir.
Pero en definitiva la investigación para esclarecer el caso es responsabilidad del Estado mexicano, no de la CIDH ni de los expertos, afirmó.
La decisión fue adoptada por la comisión tras varios roces con el Estado mexicano.
El gobierno de México señaló en un comunicado que está comprometido a buscar justicia en este caso y que considerará las recomendaciones que emita el grupo de expertos en su reporte final.
Los expertos, que prevén presentar sus conclusiones y recomendaciones finales el 24 de abril en México, criticaron recientemente al gobierno mexicano por divulgar unilateralmente un nuevo peritaje sobre el basurero de Cocula, donde, según las autoridades, fueron quemados los jóvenes, y denunció que sus integrantes son blanco de ataques en un intento de disuadirlos de buscar la verdad del caso.
Las familias de las víctimas pidieron a la CIDH que los expertos continuaran trabajando hasta que se esclarecieran los hechos, se determine el paradero de los desaparecidos y se castigue a los responsables.
Una delegación gubernamental dijo esta semana, tras reunirse con la CIDH, que ya era momento de que los expertos presentaran sus recomendaciones finales, pero negó haber discutido sobre cómo interpretar el acuerdo que dio lugar al GIEI en 2014.
El acuerdo sobre la participación del grupo en la investigación indica que su mandato será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario, en consulta de la CIDH con las partes.
La comisión había insistido en que le correspondía al organismo y no al Estado tomar tal decisión.
Las autoridades aseguran que seguirán trabajando con familiares de las víctimas
De la Redacción
El gobierno de México valoró ayer positivamente los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias.
Ello luego de informar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le confirmó oficialmente que el 30 de abril concluye el mandato del GIEI. Dicha instancia fue creada a la luz del Acuerdo de Asistencia Técnica para el Caso Ayotzinapa, en el contexto de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en octubre de 2014.
A través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República (PGR), la administración de Enrique Peña Nieto señaló que la comisión interamericana establecerá un mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares, que se circunscribirá a sus facultades reglamentarias y de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en la región.
Los detalles de dicho mecanismo serán definidos en los próximos días, en consulta con el Estado mexicano y los beneficiarios de las medidas cautelares, puntualizó.
Las autoridades se comprometieron a seguir dando la atención correspondiente para la efectiva implementación de las medidas cautelares de referencia, y a las recomendaciones que formulará el GIEI en su informe final, que serán debidamente consideradas, como se ha venido haciendo a la fecha.
Insistió en que las dependencias competentes continuarán trabajando con los familiares de las víctimas y sus representantes.
En el comunicado, el gobierno reiteró su voluntad indeclinable para alcanzar la justicia y esclarecer los hechos de este doloroso caso.
México “seguirá colaborando con los organismos internacionales relevantes, a fin de que contribuyan en la construcción de políticas públicas sólidas y en el mejoramiento de nuestras instituciones, añadió en el documento, en el que insiste en estar comprometido con la protección y promoción de los derechos humanos.
La CIDH dio ayer por terminada la misión del grupo de expertos tras la negativa del gobierno de prorrogar su estancia en el país, para continuar coadyuvando en la investigación sobre la desaparición de los normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero.
Hasta la fecha no ha aclarado las razones de su negativa y sólo se han concretado a señalar que es tiempo de que los especialistas den a conocer el resultado de sus pesquisas.
En un primer corte, los integrantes del GIEI desestimaron la versión oficial sobre el destino de los jóvenes, según la cual, estos habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Según el peritaje efectuado, en ese lugar no se registró un fuego tan intenso como para desaparecer los cuerpos.
La posición de los expertos generó roces con la PGR y otras instancias gubernamentales.

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Denuncian penalmente obras caras de Bárbara

Pero la changa es ahora presidenta de de una comisión o del PRI en la camara de diputables.



JORGE ANDRADE VÁZQUEZ Publicada el

Denuncian penalmente obras caras de Bárbara
Esteban Ramírez Sánchez Contralor Municipal

La pasada Administración, encabezada por la priísta Bárbara Botello Santibáñez, sumó la quinta denuncia penal en su contra, luego de que la Contraloría interpuso una demanda contra quien resulte responsable de “inflar” en siete millones de pesos la pavimentación del bulevar Timoteo Lozano.
La obra, concluida a inicios de 2015, costó 42 millones 700 mil pesos más del presupuesto inicial.
Ayer en Comisión de Contraloría, el titular Esteban Ramírez Sánchez informó que la denuncia se puso ante el Ministerio Público el miércoles pasado, luego de no encontrar justificación al pago excendente de siete millones de pesos en un contrato celebrado en 2013.
“Presentamos una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por la celebración irregular de un contrato de Obra Pública por una diferencia injustificada de más de siete millones de pesos”, dijo.
“Tiene que ver con el bulevar Timoteo Lozano. Este proceso (investigación) inició a finales de enero, empezamos a investigar y se llegó a esos resultados. Se contrató sin justificación con una diferencia de esa cantidad, ahora es facultad del Ministerio Público determinar qué delito se cometió”, explicó.
En total, la pavimentación del bulevar Timoteo Lozano costó 259 millones 479 mil pesos, aunque el presupuesto original era de 216 millones 712 mil 629 pesos. Para su ejecución, la pasada Administración dividió la obra en cuatro tramos, entregando un contrato por cada uno de ellos.
El primer contrato fue por 70 millones 588 mil 276 pesos; el segundo por 87 millones 960 mil 001 pesos; el tercero por 63 millones 800 mil pesos; y el último por 37 millones 131 mil 319 pesos. Las empresas contratadas fueron Cifsa, Herbec y Consorcio Constructor Eco del Bajío, con dos contratos.
Por razones legales, el Contralor omitió precisar a qué contrato obedece la demanda.
Al respecto el presidente municipal, Héctor López Santillana, reiteró que no habrá impunidad sobre los malos manejos de recursos públicos que hubo en el trienio anterior.
Aclaró que esto no se trata de un tema partidista, sino de un ejercicio de transparencia.
“Vamos a investigar y a llegar hasta las últimas consecuencias. No es una cuestión partidista, lo interpusimos ante la autoridad correspondiente. El Contralor tiene mucho qué opinar para asegurar que estas conductas no se repitan, el trabajo se está haciendo con seriedad, no es una cuestión mediática”, expuso el Alcalde.
El resto de las denuncias corresponden a la reestructura de la nómina que hizo la Administración en 2014; la denuncia que un constructor hizo por el presunto cobro de moches del ex subdirector de Obra Pública, Misael Mexicano Páramo; y el ex tesorero Roberto Pesquera Vargas, y otra referente a la Tesorería también.
Plagan obra de irregularidades
La obra del bulevar Timoteo Lozano está plagada de irregularidades.
Por ejemplo, la Dirección de Obra estimaba que el costo del tramo Delta-Atotonilco ascendía a 33 millones de pesos, pero asignó el contrato en forma directa en 49.5 millones.
El constructor que obtuvo el contrato recibió tres ampliaciones sin licitación, con lo que la obra se elevó a 85.8 millones de pesos, 160% más del costo estimado inicial.
La licitación de este tramo se realizó el 12 de noviembre de 2013.
Aquel día, el consorcio constructor ECO del Bajío propuso realizar el tramo del bulevar en 42 millones 503 mil pesos.
Sin embargo, su propuesta fue descalificada porque según la Dirección de Obra, la misma constructora ECO había realizado obras similares con un monto máximo de 33 millones 565 mil pesos, según consta en el acta del fallo firmada por Luis Horacio Salmón, director de Costos del Municipio.
Junto con ECO fueron descalificados de la licitación otros 20 constructores, incluidas las empresas Estructuras y Servicios de Ensenada, Recubrimientos Doble V y Paycon del Noreste, S.A. de C.V., del empresario sonorense Heriberto Velásquez Campa, quien a finales de 2013 había fungido como negociador de un moche millonario de fondos federales en la ciudad de Celaya.
Tras declarar desierta la licitación, el Municipio asignó directamente la obra a ECO -a quien antes había descalificado- por un monto de 49.5 millones de pesos, es decir, con un sobreprecio de 16 millones de pesos respecto al costo original estimado de la obra (33 millones) y siete millones más cara que la propuesta inicial de la misma constructora que recibió el contrato.
ECO recibió tres ampliaciones a su contrato, y al final el tramo costó 85 millones 873 mil pesos, 2.6 veces más del costo estimado originalmente.
Más anomalías
En otros tramos del bulevar Timoteo Lozano también se infló el costo de la obra. De Atotonilco al Tajo de Santa Ana el costo inicial era de 42.2 millones de pesos y se elevó a 61.2 millones, que representó 45% más.
De avenida Mayordomo a Cervantes Saavedra el costo subió de 29.4 millones a 37.9 millones de pesos (29% más gasto).
Otra irregularidad en la obra del Timoteo Lozano ocurrió en la construcción del tramo de Francisco Villa a Delta.
Ese tramo fue asignado directamente a Constructora Cifsa, pese a que fue descalificada de la licitación por cuatro fallas.
El contrato que recibió fue por 74.6 millones de pesos.
Omite Contralor Municipal notificación
Desde la pasada Administración, la Contraloría Municipal inició un procedimiento administrativo en contra del ex director del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), Norberto Origel Camacho, pero el nuevo contralor Esteban Ramírez Sánchez no ha notificado de esto al Consejo de la dependencia.
Fuentes del Ayuntamiento precisaron que el motivo del procedimiento es por presuntas irregularidades en la asignación de contratos de las cuadrillas de barrido.
Cabe recordar que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado detectó irregularidades relacionadas con estos contratos.
A pesar de que al interior del Gobierno Municipal se confirmó de este proceso contra Origel Camacho, Esteban Ramírez Sánchez aseguró que sólo se trata de una investigación derivada de una queja que interpuso un particular inconforme con el fallo de la licitación de las cuadrillas de barrido.
“Es una queja por la forma en que se aplicó ese contrato. No es un procedimiento, hay que discernir, sólo son investigaciones que se realizan antes y luego ya viene el procedimiento, una vez investigado todo, se determina quién es el responsable si es que hay uno y se inicia el procedimiento”, explicó.
“No podemos decir que hay un procedimiento administrativo. Ahorita sólo tenemos esa queja contra el SIAP”, afirmó.
Respecto a la auditoría que realiza el Congreso del Estado, en la que se encontraron irregularidades por más de 101 millones 867 mil pesos en el SIAP, Ramírez  comentó que aún están a la espera de que concluya el proceso y se le dictamine al Ayuntamiento de las observaciones.
“Todavía no nos dictaminan, ellos terminan y luego nos hacen una denuncia; pueden surgir de ahí responsabilidades penales, civiles o administrativas. Si son penales ellos hacen la denuncia, si es civil la mandan a Jurídico del Ayuntamiento y nos mandan a nosotros cuando son administrativas”, explicó.
En este tema, el alcalde Héctor López Santillana garantizó que se acatará cualquier recomendación o resolución del Congreso a la hora de aplicar las sanciones.
“Es un compromiso, pero demos oportunidad de que pasen de la observación a la aclaración y a la determinación de responsabilidades para poder llevar a cabo hasta las últimas consecuencias, nuestro compromiso... hay que esperar, tomará un par de semanas”, indicó el Primer Edil.
Sancionarán al ex Director de Desarrollo Institucional
Entre uno y 20 años sin ejercer cargos públicos es la sanción que el Ayuntamiento podría imponer al ex director de Desarrollo Institucional, José Cruz Hernández Moreno, por liquidarse con una cantidad correspondiente a seis años de antigüedad cuando únicamente le correspondían tres.
Ayer en Comisión de Contraloría, el contralor Esteban Ramírez Sánchez informó que ya concluyó el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra “un ex titular de dependencia que recibió beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas”.
Aunque por cuestiones legales no quiso dar el nombre concretamente, se trata de quien fuera jefe de personal en la Administración de Bárbara Botello Santibáñez, caso que am publicó el pasado cinco de abril.
“Es un tema de responsabilidad administrativa por una persona que obtuvo una liquidación que no le correspondía. (La sanción) depende del Ayuntamiento, ya está concluido el proceso y se va a mandar al Ayuntamiento para que ellos determinen”, comentó el funcionario.
“Sería, en el caso de que el Ayuntamiento así lo determinará, (un castigo) de uno a 20 años de inhabilitación, eso es lo que marca la Ley como sanción de inhabilitación”, precisó el titular del órgano.
am publicó que José Cruz Hernández Moreno trabajó como contralor en la Administración de Ricardo Sheffield Padilla, por ello se le liquidó en octubre de 2012 con 355 mil 910 pesos.
Posteriormente, en la Administración 2012-2015 trabajó en la Tesorería Municipal y en Desarrollo Institucional, donde al término del trienio gestionó que se le liquidara por “trabajar” cinco años, 11 meses y 29 días, aunque ese finiquito correspondía sólo al periodo octubre de 2012 a octubre de 2015.
Se le debieron pagar 249 mil 628 pesos y realmente se llevó 320 mil 950 pesos. El alcalde Héctor López Santillana señaló que una vez que el contralor mande el expediente a su oficina, será en la próxima sesión de Ayuntamiento cuando se emita la sanción.
“Se tendrá que subir la propuesta de sanción en la próxima sesión de Ayuntamiento, que por tratarse de un ex funcionario tendría qué ver con una inhabilitación”, mencionó.
Durante la Comisión, el regidor priísta Salvador Ramírez Argote expresó su molestia ante la poca información que ofreció el contralor Ramírez Sánchez en referencia a este tema, por lo que tras discutir que no se podía ventilar mayor información ante los medios de comunicación, se reunieron en privado para que se le detallara más el asunto.



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