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martes, 17 de mayo de 2016

"La marcha hacia el totalitarismo" (Revista Proceso, 15 de mayo, 2016)

 
Enrique Peña Nieto con los Secretarios de la Defensa y la Marina
John M. Ackerman
De cara a su muy proba­ble descalabro electoral tanto el próximo 5 de junio, en las eleccio­nes para gobernador en 12 estados y para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, como en las elecciones presidenciales de 2018, el régimen se mueve rápida­mente para acomodar sus fichas.
El objetivo es garantizar su con­trol sobre las palancas centrales del poder, aun en el caso de que el Partido Revolucionario Institu­cional (PRI) y sus aliados se vieran obligados por la sociedad mexi­cana y la comunidad internacio­nal a entregar temporalmente el control sobre el Poder Ejecutivo nacional y en algunas entidades federativas clave.
Todas las encuestas demues­tran que el PRI se encuentra en un proceso de franca descomposición electoral. Si bien es posible que en los comicios de 2016 el partido de Estado logre mantener el control político en la mayoría de las entidades federativas en disputa, es ya un hecho el desgaste de sus tradicionales mecanismos de mani­pulación social. El PRI muy difícilmente rebasará una votación de 40% en ningu­na entidad federativa, incluyendo sus tradicionales bastiones como Veracruz y Tamaulipas, y en lugares como la Ciudad de México probablemente recibirá menas de 10% de los sufragios. Recordemos que en las últimas elecciones federales -de 2015- el PRI conquistó solamente 29% de la votación nacional.
Cada día el PRI depende más abier­tamente de la compra de los resultados electorales. En su desesperación, recurre a cualquier fuente de financiamiento para comprar votantes, cooptar líderes socia­les, controlar instituciones electorales y garantizar la servidumbre mediática. Sin embargo, los costos de esta estrate­gia aumentan con cada escándalo de co­rrupción revelado por la prensa nacional e internacional. El partido de Estado hoy yace en un barril sin fondo de despresti­gio e ignominia.
En respuesta, Peña Nieto recu­rre a las Fuerzas Armadas.
Históricamente México había sido una excepción en América Latina respecto a la relativa des­politización de sus Fuerzas Arma­das. Mientras la mayor parte de los otros países de la región expe­rimentaban constantes golpes de Estado y sufrieron bajo juntas mi­litares durante años, en el siglo XX México se destacó por su estricta disciplina militar.
A partir del sexenio de Felipe Calderón, y ahora de manera particularmente pronunciada con Peña Nieto, se rompió con esta larga tradición. Hoy los militares se han convertido en el principal bastión de apoyo político para el régimen autoritario. Las Fuerzas Armadas también son hoy una de las más importantes correas de transmi­sión para las órdenes de Washington.
El reciente espectáculo vergonzoso de entrega, por parte del secretario de la Marina, Vidal Soberón, de la Medalla de Distinción Naval y Mérito Militar Primera Clase al jefe militar del Comando Norte de Estados Unidos, William Gortney, transpa­rentó el total sacrificio de nuestra sobera­nía nacional en la materia.
Los raspones recientes que han re­cibido las Fuerzas Armadas (el cuestionamiento de su papel en el caso de Ayotzinapa, la divulgación de actos de tortura y algunos juicios civiles contra militares que ejercieron cargos de impor­tancia durante el sexenio de Calderón) no implican de ninguna manera una merma en su poderío. Como botón de muestra, tenemos las recientes reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales, que constituyen nada menos que un paso definitivo hacia el establecimiento de un gobierno militar-fascista en nuestro país.
En venganza por la supuesta “intro­misión” de las autoridades civiles en sus asuntos “internos”, con la aprobación de juicios civiles en casos de violaciones de derechos humanos por militares, las Fuerzas Armadas han logrado que ahora sus ministerios públicos y tribunales mi­litares puedan entrometerse de manera indiscriminada en asuntos civiles, con ca­teos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como espionaje di­recto a comunicaciones personales.
Unos días antes de la aprobación de es­tas reformas en el Senado de la República, las Naciones Unidas envió una misiva a los legisladores que advertía sobre los graves riesgos de empoderar a los militares de esta manera. Los senadores hicieron caso omiso y aprobaron las reformas en apenas siete minutos y sin discusión alguna.
Como contraparte de la militarización de la política nacional, el régimen acele­ra la privatización de la economía con el fin de atarle las manos a un eventual Po­der Ejecutivo bajo el control del pueblo. El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), hoy esperando su aprobación relámpago en cualquier mo­mento en el Senado, es aun más peligroso que la reforma energética.
Como hemos argumentado en es­tas mismas páginas (véase: http://ow.ly/oBuB300fdJt), mientras la privatización del petróleo removió un sector importan­te del control estatal, el TPP busca acabar con la rectoría del Estado en todos los sec­tores de la economía.
El elemento más peligroso del acuer­do son los mecanismos jurídicos que per­mitirán a las empresas transnacionales demandar al Estado mexicano por opor­tunidades de lucro supuestamente perdi­das a partir de acciones gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas demandas no serán re­sueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbi­traje internacionales controladas por las mismas empresas transnacionales.
Fernando del Paso tiene razón: Méxi­co camina hacia el establecimiento de un Estado totalitario. 2018 podría ser nuestra última oportunidad para reequilibrar el balance entre, por un lado, el poder des­pótico de las armas y el capital financiero internacional, y por otro lado, el poder so­cial desde abajo del pueblo mexicano. Hay demasiado en juego, y el futuro de nues­tros hijos e hijas es demasiado importan­te como para darnos por vencidos antes de la batalla definitiva.
Twitter: @JohnMAckerman



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Buscando “3 de 3” pies al gato, artículo de Irma Eréndira Sandoval

Lo que realmente necesitamos en México es un cuarto poder ciudadano constitucionalizado, que funcione a la manera de como se ha venido haciendo en los países del Cono Sur, sostiene la autora.
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FOTO: NANCY LÓPEZ LÓPEZ /CUARTOSCURO / Archivo
Buscando “3 de 3” pies al gato
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros*
La iniciativa “3 de 3” se parece al Teletón. Utiliza una causa perfectamente legítima, la atención a los discapacitados o el combate a la corrupción, para fines políticos y empresariales. En lugar de atacar de raíz los problemas estructurales que están destruyendo la nación, este tipo de iniciativas son salidas falsas que ofrece a los ciudadanos el desahogo o de donar unos pesos o de firmar una hoja, sin realmente permitir que la sociedad se movilice a favor de un cambio de fondo en la política nacional.
No nos hagamos tontos, quien realmente está frenando la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la tan traída y llevada “Ley 3 de 3” no es ni el Senado de la Republica, ni los partidos, sino el verdadero dueño del negocio de la política: Televisa y sus aliados estratégicos. El Senado ha frenado la aprobación del SNA porque los mismos patrocinadores de la iniciativa “ciudadana”así se lo han ordenado. A Televisa, al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y a sus organizaciones no-gubernamentales aliadas, como el IMCO, no les conviene que se apruebe un Sistema Anticorrupción verdaderamente robusto. Para ellos la corrupción debe ser reducida, ubicada y concentrada exclusivamente dentro de las instituciones públicas y gubernamentales. Jamás reconocerán al sector privado como la fuente primigenia de la corrupción, ni siquiera se muestran dispuestos a señalar la activa complicidad y fomento de las elites empresariales y el sector privado en el saqueo del presupuesto público.
El mismo asesor jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, ha argumentado de forma cínica que es “un sinsentido” que “todas las empresas del sector de comunicaciones estén sujetas a la ley 3 de 3” tan sólo por el simple hecho de recibir “ingresos del gobierno por alguna venta”. El vocero de la televisora se dice traicionado ya que reconoce que si bien “el motor” para conseguir las firmas que respaldan esa iniciativa fueron las empresas afiliadas de forma corporativa al CCE y el CMHN, hoy “el empresariado acabó siendo víctima de su propia iniciativa”. Para los oligarcas de este país, la corrupción es, y sólo puede ser, un fenómeno que emerge de las instituciones públicas.
Tal posición es hoy insostenible después de los escándalos que involucran tanto al Grupo HIGA como a Televisa en ominosos episodios de lavado de dinero y transferencia multimillonarias de fondos a paraísos fiscales. También habría que recordarle a Tejado Dondé que Televisa no sólo realiza “alguna venta” al gobierno sino que cada año vende miles de millones de pesos en publicidad. La organización Fundar lo sabe, ellos han documentado que Enrique Peña Nieto gastó más de 14 mil millones de pesos en publicidad solamente durante los primeros dos años de su gobierno, y para el gasto de estos millones Televisa ha sido contratista favorito.
Mientras que con gran histrionismo los voceros de la iniciativa “3 de 3” vociferan indignados desde las pantallas de Televisa, contra el inmovilismo de los políticos; nunca se atreven a exigir su “3 de 3” a ningún funcionario corporativo de los medios de comunicación o inversionista de Asociaciones Público Privadas, ni siquiera se atreven ellos mismos a predicar con el ejemplo. Se trata de un espectáculo mediático diseñado para distraer la atención de los verdaderos enemigos de la rendición de cuentas y de paso desprestigiar la vía de la acción social y política de izquierda para la resolución de nuestros problemas que ha planteado el nuevo partido Morena.
La simulación gubernamental y de algunos sectores de la autodenominada “sociedad civil” quedó particularmente exhibida en la reciente cumbre de combate a la corrupción celebrada en Londres. Tanto Virgilio Andrade como Eduardo Bojorquez se paseaban con donaire entre los miembros elite de la corruptología internacional presumiendo sus grandes logros e iniciativas, mientras en México nos hundimos cada día más bajo una montaña de mentiras y simulaciones.
El verdadero propósito de la “Ley 3 de 3” que no es en realidad ni una ley, ni realmente busca combatir la corrupción, no es entonces aprobar un nuevo marco jurídico de vanguardia, sino hay que decirlo sin ambages, la acción política y electoral. Las más de 600,000 mil firmas y datos personales supuestamente reunidos por los organizadores constituyen una formidable plataforma de despegue para el lanzamiento de un candidato “independiente” apoyado por la oligarquía en 2018. Este nuevo partido ya incluso cuenta con numerosos pre-candidatos. Jaime Rodríguez, Pedro Ferriz de Con, Jorge Castañeda y Denise Dresser, todos han anunciado sus intenciones de competir por la Presidencia de la República.
Es también importante señalar que en el fondo la llamada “ley 3 de 3” está destinada al fracaso. Primero porque se trata de un desarticulado conjunto de planteamientos que no toca ni con el pétalo de una rosa a los poderes fácticos y las redes de testaferros y lavadores de dinero que están desmantelando la nación. Segundo porque la iniciativa no sale de la óptica tecnocrática que ya ha demostrado ser tan poco útil para el combate de la corrupción. Su gran propuesta es el establecimiento de un “CONEVAL” de la Corrupción, que a la manera de Perogrullo “rediseñe el derecho penal y administrativo por completo”. Tercero porque como el propio Dr. Mauricio Merino lo ha reconocido en la televisión, la “ley 3 de 3” no sería sino una simple “marca”, “una estrategia de comunicación” orientada a aprovechar la indignación y el hartazgo social de la corrupción.
Así la pregunta central es: por qué le buscamos “tres de tres” pies al gato si lo que hace falta para andar en la lucha contra la corrupción son 4. Lo que realmente necesitamos en México es un cuarto poder ciudadano constitucionalizado, que a la manera de como se ha venido haciendo en los países del Cono Sur, destacadamente en Bolivia, Uruguay y Ecuador, se establecen Consejos Cívicos y autónomos que sin interferencia de los otros poderes y sobre todo de los nuevos poderes fácticos y oligárquicos tomen en sus manos la verdadera lucha para acabar con la corrupción.
[*] Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales IISUNAM. Directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción de la UNAM. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Harvard, American University y la Sorbona de París.
<irma.erendira@gmail.com>Blog: irmaerendira@blogspot.com



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