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jueves, 16 de febrero de 2017

México SA


Deuda pública al límite
Vuelan 165 mil mdp
Embajadores nerviosos
Carlos Fernández-Vega
 
Corren los sexenios, se alternan las empresas disfrazadas de partidos políticos, cambian las máscaras de los líderes, pero la historia es la misma: la danza de los millones se mantiene boyante en medio de floridos cuan crecientes discursos contra la corrupción, mientras en los hechos el robo descarado de recursos públicos crece a paso veloz.
Año tras año los mexicanos ven la misma película: “la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó ‘irregularidades’ por 165 mil millones de pesos” en el ejercicio del gasto público de la administración pública federal y los gobiernos estatales; de ellos, alrededor de 100 mil millones corresponden a las erogacionesdel Poder Ejecutivo (EPN y su gabinetazo), órganos descentralizados y organismos autónomos” y el resto al gasto federalizado que utilizaron los estados (especialmente Veracruz, Michoacán, estado de México, Guerrero, Chiapas y Nuevo león, entre otros).
Y ese voluminoso paquete de irregularidades (que pueden ser observaciones o constituir daño al erario) corresponde sólo a 2015, el tercer año del gobierno peñanietista, detectado por la Auditoría Superior de la Federación a la hora de fiscalizar la Cuenta Pública de dicho año, de acuerdo con la información proporcionada por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal.
Los 165 mil millones de pesos en irregularidades, detectados en la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se suman a los 216 mil millones pendientes de aclarar en las cuentas públicas de 2011 a 2014, daño al erario que es difícil de resarcir, de acuerdo con Portal. En total, pues, 381 mil millones de pesos.
Cuando Enrique Peña Nieto intentó explicar el porqué del megagasolinazo aseguró que no actuar en tal sentido (tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas) lo hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía; de hecho, habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos, es decir, un monto casi dos veces menor que las irregularidades detectadas por la ASF.
Pero la Auditoría Superior de la Federación dedica un capítulo al cada día más delicado capítulo de la deuda pública, cuyo monto, de acuerdo con la advertencia de esa misma institución, se encuentra al límite de la prudencia. De ese análisis se toman los siguientes pasajes. Va, pues.
El órgano fiscalizador (la ASF) considera que ante el debilitamiento de la sostenibilidad de la deuda pública mexicana es pertinente que la Secretaría de Hacienda realice una evaluación más amplia y rigurosa sobre la sostenibilidad del endeudamiento, considerando el complejo e incierto contexto macroeconómico internacional y sus repercusiones en la economía de México.
Los principales indicadores muestran que a partir de 2014 la deuda bruta del sector público presupuestario rebasó los límites prudenciales del rango de sostenibilidad sugeridos por las métricas. Lo anterior es relevante, ya que las condiciones macroeconómicas y de finanzas públicas han generado una tendencia de endeudamiento, cada vez mayor, para cubrir el déficit primario, lo que representa una alerta sobre la sostenibilidad de la deuda pública en los próximos años.
La estimación de la Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) establece que la deuda pública será sostenible en el largo plazo si el gobierno satisface la condición de que el balance primario sea igual o mayor que el costo financiero.Los resultados de la estimación econométrica muestran que entre el costo financiero y el balance primario existe una relación en el largo plazo. Sin embargo, los parámetros estimados muestran que esta relación se debilita a lo largo del tiempo conforme aumenta la deuda.
De la revisión de las mejores prácticas, de los estudios y de los análisis se concluye que la evolución de la deuda pública plantea riesgos para su sostenibilidad y está cerca del límite de los criterios prudenciales que recomiendan organismos internacionales, lo que resalta la necesidad de que los poderes Ejecutivo y Legislativo establezcan una ruta consistente entre el balance primario y el costo financiero de la deuda en el mediano plazo, en complemento con la meta de los requerimientos financieros del sector público y las estimaciones de su saldo histórico, con el objetivo de que la carga del servicio de la deuda a futuro no represente un obstáculo para el crecimiento económico.
El comportamiento del citado saldo histórico y las diferentes métricas consideradas en este estudio indican un debilitamiento de la sostenibilidad de la deuda pública mexicana, por lo que es pertinente que la Secretaría de Hacienda realice una evaluación más amplia y rigurosa de la sostenibilidad de la deuda pública, sobre todo si se considera el complejo e incierto contexto macroeconómico internacional y sus repercusiones en la economía de México, que se anticipa prevalecerán en el mediano plazo, particularmente con incrementos en las tasas de interés, el tipo de cambio y una menor actividad productiva.
Asimismo, la ASF sugiere la creación de un grupo colegiado interinstitucional de expertos que tenga la función de definir y medir un límite máximo prudencial de sostenibilidad de la deuda pública en el mediano y largo plazos.
En síntesis, subraya la ASF, la deuda pública en México plantea riesgos para su sostenibilidad y está cerca de los límites de los criterios prudenciales que recomiendan los organismos internacionales. Y recuerda que en el año 2000 el endeudamiento público neto se ubicaba en poco más de 2 billones de pesos; en 2006 trepó a 3.31 billones; en 2012 a 5.9 billones y al cierre de 2015 a 8.6 billones. Un año después, al cierre de 2016, el saldo llegó a 9.7 billones, y contando, con todo y que el compromiso (EPN-Videgaray) ha sido no endeudar más al país.
Y ese enloquecido endeudamiento sólo se ha destinado al pago de los intereses de la propia deuda en una espiral ascendente interminable que ha puesto al país al borde del precipicio, una vez más.
Las rebanadas del pastel
¡Sorpresa! Los seis ex embajadores gringos que publicaron una carta en The Washington Post, por medio de la cual exigen a su gobierno que trate a México como socio estratégico, tienen las manos metidas hasta el fondo en el negocio mexicano de la energía (las bondades de la reforma, dirían en Los Pinos) y su interés ni lejanamente está vinculado a la defensa de México, sino de los jugosos negocios en los que participan.
Twitter: @cafevega



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