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viernes, 28 de abril de 2017

Astillero

Videoleña a la hoguera
AMLO: ¡Oh, OHL!
(Muy) Temprano encono
¿Porfirismo en sindicato Issste?
Julio Hernández López
Foto
REUNIÓN EN EL LEGISLATIVO. Después de que familiares de los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos realizaron una protesta frente a la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política acordó gestionar una reunión de los padres con el procurador Raúl Cervantes. El propósito del encuentro es conocer el estado de las investigaciones del caso IgualaFoto Marco Peláez
 
Temprana judicialización de la política electoral. Las cúpulas de PRI y PAN agregan videoleña a la hoguera montada para tratar de quemar a su principal oponente, el presuntamente satanizado Andrés Manuel López Obrador, con la diputada veracruzana Eva Cadena como protagonista frecuente de grabaciones (ayer se dio a conocer otra) con las que se pretende culpar de delitos pesados al tabasqueño y su creación partidista. (Casi) Todo se mueve mediáticamente en consonancia con ese propósito marcado por las directrices pinoleras.
A su vez, el presunto (pre)candidato pecaminoso habla de ir a las instancias judiciales para denunciar a Enrique Peña Nieto, en su condición de gobernador del estado de México que fue, por los contratos amañados que beneficiaron a OHL (¡Oh, OHL, la empresa favorita de los políticos mexiquenses de los años recientes!). López Obrador considera que lo están cucando desde Los Pinos y, en respuesta, presentará documentos relacionados con la construcción del segundo piso del Periférico, en 2008, y también los enviará a las autoridades españolas que indagan otros latrocinios cometidos por OHL que implican a políticos del derechista Partido Popular y algunas de sus campañas electorales (de este tema ya se habló aquí el viernes pasado: https://goo.gl/eX8J53).
En el estado de México, donde Peña Nieto se juega las posibilidades de dar continuidad a su grupo y partido en las elecciones presidenciales de 2018, Josefina Vázquez Mota hace arreglos judiciales en busca de que castiguen a la morena Delfina Gómez por haber firmado documentos para descontar un porcentaje de su sueldo a trabajadores del municipio de Texcoco, según la panista, para favorecer al Grupo de Acción Política que jefatura Higinio Martínez, actual presidente municipal y descubridor y promotor de la carrera política de la profesora Delfina.
El temprano enconamiento de los procesos electorales de junio próximo es un mal indicio para 2018. Hasta el momento, pareciera que el PRI está decidido a cometer los atropellos que sean necesarios con tal de quedarse con Coahuila y el estado de México (con Josefina como el muy sabido Plan B: si el PRImazo no crece, la amiga Vázquez Mota sería aceptable para el peñismo), más Nayarit, negociado para el PAN, y Veracruz, donde el marrullero Yunes hace todo para quedarse con la mayor parte de las presidencias municipales.
El precipitado arranque de hostilidades rumbo al 2018 tiene como contexto el declive político de Peña Nieto y su equipo, que ni siquiera atinan a perfilar para la sucesión alguna carta medianamente aceptable, y, en ese mismo tenor, la imposibilidad de tejer una estrategia viable para frenar el posicionamiento antisistema del virtual candidato de Morena.
La incapacidad de construir salidas políticas para el reto de alternancia de siglas que encabeza López Obrador hace que se precipiten y equivoquen los miembros del grupo actualmente en el poder y sus aliados, que son los panistas (por cierto, va creciendo la versión de que en ámbitos cupulares no se vería mal que Ricardo Anaya se colocara ya como opción en firme, en caso de que Margarita Zavala termine por no despegar).
La alteración del ambiente político, el lanzamiento de tretas de videograbaciones y encausamientos judiciales, la predilección por el golpe bajo y la marrullería, confirman no solamente la falta de estrategias e inteligencia para conducir por senderos pacíficos el desahogo de los conflictos políticos y electorales: lo peor sería que tal desesperación, y la proclividad sexenal al error, propicien escenarios de más violencia política y social. Basta recordar 1994.
Luis Miguel Victoria Ranfla está a punto de pasar a la historia del sindicato que dirige, el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). De aprobarse lo que se está planeando, será el primer líder de esa organización, que cuenta con 57 años de vida y agrupa a casi 80 mil trabajadores, en hacerse relegir (aunque, oficialmente, sólo se trataría de una ampliación de gestión). De esa manera, dicho sindicato quedaría en la misma línea del sindicalismo de directivos encaramados en el cargo (y sus privilegios) durante décadas, en el estilo, por ejemplo, del actual senador priísta Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) quien impulsa abiertamente la relección de Victoria Ranfla.
La necesaria reforma a los estatutos del Sntissste, para posibilitar la permanencia del dirigente en el puesto, será discutida en un congreso a realizarse en Mazatlán, Sinaloa, los días 4, 5 y 6 de mayo próximo. Los opositores a que se modifique el artículo 42 de los estatutos, en el que se prohíbe la continuidad de quien ocupe la secretaría general del sindicato, aseguran que hay presiones de funcionarios del Issste, que dirige José Reyes Baeza (ex gobernador priísta de Chihuahua) y de la propia cúpula sindical a la que, además, señalan como partícipe de negocios varios con proveedores de material de trabajo.
Los sindicalistas opositores a la relección aseguran que la entrega de uniformes y ropa de trabajo, desde 2014, ha sido incompleta, de pésima calidad, sin tallas adecuadas y fuera de tiempo, por el evidente contubernio entre proveedores y las áreas encargadas de las licitaciones, para privilegiar a los proveedores que convienen; en 2015 no se licitó la compra de uniformes, con la complacencia de la parte sindical, y en 2016 se licitó hasta el último trimestre del año. Hablan de opacidad en el manejo de casi 13 millones de pesos mensuales de cuotas sindicales, demandan una auditoría para conocer el destino de los rendimientos financieros de aportaciones a la Comisión Nacional de Auxilios del Sntissste en los últimos cuatro años, que asciende casi a 385 millones de pesos.
Y, mientras la cúpula federal respira con condicionada tranquilidad pasajera, luego que Donald Trump amenazó con una salida exprés del TLC y luego, ya capitalizado el susto, ha suavizado su posición, ¡hasta el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero



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