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martes, 4 de abril de 2017

Corrupción, sello sexenal




Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Prevalecen las impunidades generalizadas
Fiscal anticorrupción, designación pendiente
4 Entidades enfrentan guerra sucia electoral
Campañas cargadas de reprochable derroche



“¡Oh, miseria humana, a cuántas cosas te
sometes por el dinero!”:
Leonardo Da Vinci

La corrupción, con la ineficiencia y la entrega del patrimonio y la riqueza nacional a manos privadas, son el sello del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto. Este martes deberá quedar instalado el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), más de dos años después de haber sido anunciado, y precisamente al arrancar campañas electorales en cuatro entidades, financiadas con dinero público “tirado literalmente a la basura”, como señala la Iglesia. Este surgimiento se da en medio de grandes casos de corruptelas a nivel municipal, estatal, nacional e incluso internacional con el caso de los sobornos de Odebrecht y sus subsidiarias. En el plano estatal, hay un ex gobernador preso: Guillermo Padrés, de Sonora; dos más prófugos: Javier Duarte, de Veracruz, y César Duarte, de Chihuahua; uno presuntamente investigado y al cual, se dice, le tienen interpuestas por el gobernador actual cuatro denuncias penales: Roberto Borge, de Quintana Roo; y un fiscal detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico: Édgar Veytia, de Nayarit, con acusaciones en una corte estadounidense.
A nivel nacional persiste la impunidad. La coraza del círculo que rodea al grupo Atlacomulco actualmente en el poder federal aún no se rasga, pero podría hacerlo a partir de los resultados de la elección en el Estado de México, donde están en riesgo de perder todo; de ahí su miedo. De entrada está el caso de la “casa blanca” de La Gaviota, Angélica Rivera, “la primera dama”, sin olvidar su departamento de lujo en Miami; la casa de Malinalco de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y actual canciller, por nombrar los casos con mayor difusión, pero no los más significativos en cuanto a las cifras, para ello está la serie de contratos con empresas favorecidas desde el gobierno de Peña Nieto en esa entidad y realizados, vigentes y extendidos a la actual administración federal. Sin llegar a la aplicación de sanciones, lo anterior se ha visto en el crecimiento exponencial de las denuncias de hechos promovidas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), las cuales suman 762 recursos interpuestos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Pero las denuncias tienen una característica común: a nada llegan. Según la PGR, las querellas interpuestas por la ASF han derivado el inicio de 360 averiguaciones previas y la consignación de 16 funcionarios. Pero la generalidad es la impunidad de los denunciados, de acuerdo a las propias cifras oficiales. En el ámbito estatal, los malos manejos involucran miles de millones de pesos de 26 gobiernos estatales. Pero el fenómeno abarca también al gobierno federal y a los municipales, lo cual ha impactado en todos los órdenes de gobierno. Y a nivel internacional, Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, y 17 funcionarios más de la empresa petrolera mexicana, serán citados a declarar próximamente ante la PGR en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
El proceso mexiquense es vital porque debe seguirse protegiendo la cadena de negocios hecha no sólo con Odebrecht sino con Higa, con OHL, con Petrobras, con las españolas dedicadas a la energía eléctrica, con las empresas heredadas por Calderón y ligadas a los campechanos de apellido Mouriño; lo anterior sin olvidar a las célebres familias panistas, a ex presidentes como Salinas de Gortari que mantienen con jugosos negocios a su parentela política, o por los compromisos contraídos con magnates mexicanos involucrados también en la construcción y, particularmente, en la del nuevo aeropuerto o en el trenecito CDMX-Toluca.
De entre las múltiples promesas incumplidas de Peña Nieto está la figura de un fiscal anticorrupción. Su oferta estuvo diluida por la oposición. Fue hasta el surgimiento del escándalo de la Casa Blanca cuando se designa a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública para encargarle “lo investigara”, y ya conocemos el resultado de dicha “investigación”: la absolución, y Peña Nieto y “La Gaviota” salieron rechinando de limpios. Pero fue de ahí que emprendió una serie de acciones, entre ellas el relanzamiento de un esquema anticorrupción, al que llamó “cáncer social” cuando promulgó en julio de 2016 las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). También fue cuando pidió perdón por la irritación social que generó el agravio de la Casa Blanca, este acto como consecuencia de las fuertes críticas recibidas al mandar a su esposa a dar explicaciones sobre esa propiedad.
Aún está inconcluso el largo y tortuoso proceso para designar fiscal anticorrupción, pero este martes deberá quedar instalado el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en medio de corruptelas en los diversos niveles de gobierno. Tendrá enfrente una labor titánica: revertir el carácter sistémico de la corrupción en todo el país y su condición casi endémica enraizada en los diversos niveles de gobierno, sin importar orígenes partidistas, al amparo de una impunidad prácticamente absoluta. Sin duda, no bastará con un buen diseño legal del SNA, pues la población demanda y exige eficacia. Por eso, además de avanzar en la definición jurídica puntual de los actos de corrupción en términos de delitos, superando condiciones genéricas, las cuales favorecen la impunidad, debe contarse con un elemento fundamental: la voluntad política.
El SNA involucra al comité de participación ciudadana, representación de la sociedad civil; incluye a la Secretaría de la Función Pública (SFP); al INAI, como cabeza del sistema nacional de transparencia; la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción, aún sin titular, pues se siguen enfrentando resistencias de los políticos ante la presión social por combatir la corrupción. El nombramiento debió hacerse en 2014, tres años después están en su cuarto intento y aún no tenemos al fiscal anticorrupción, y quién sabe si se logre en esta agónica administración federal, pues las instituciones las han desgastado en exceso. Lo más seguro es que persista la impunidad, pues no hay voluntad política para combatir este fenómeno que pega prácticamente a todos los funcionarios federales de primer nivel.

“Dinero público tirado a la basura”: Arquidiócesis

Al arrancar las campañas electorales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, la Arquidiócesis de México sostiene en su editorial Desde la fe, titulado Elecciones de escándalo: “Los mexicanos sorteamos una democracia cada vez más cara, a costa del dinero público tirado literalmente a la basura”. En un cálculo conservador, considerando a Veracruz, donde sólo se elegirá a presidentes municipales, las elecciones en esas entidades costarán 4 mil 992 millones de pesos. “Las prerrogativas a los partidos políticos contendientes serán de mil 300 millones de pesos, es decir, un aumento de 52 por ciento en comparación con las elecciones de 2011”, destaca el editorial.
“Todos estos despilfarros electorales, todos estos gastos ostentosos, toda esta avaricia, son escándalos intolerables”, subraya la Arquidiócesis al apuntar a la contienda en Estado de México, la segunda con “el voto más caro: costará 209 pesos cada una de las más de 11 millones de personas inscritas en el padrón electoral”. Este despilfarro contrasta con la situación en territorio mexiquense: la ciudadanía está “castigada por distintos frentes y tiene que sobrevivir al fuego cruzado: guerra sucia, descalificaciones y manipulación de la verdad entre los candidatos, quienes con tal de alcanzar la gubernatura, se acusan entre ellos de corrupción y de beneficios desmedidos”.
Desde la fe subraya: “Los mexicanos volveremos a ser testigos de elecciones caras que nos cuestionan si de verdad valió la pena una reforma estructural político-electoral, cuando los hilos de este proceso se mueven por quienes controlan millonarios recursos que avientan como migajas”. Reprobó también el uso electoral del hambre, lo cual, dijo, es inmoral y “es una de las peores faltas sociales que implican la destrucción de la democracia, poniéndola en manos de camarillas y dinastías asidas al poder que se niegan a dejar”. Y advierte: “Usar la pobreza de los mexicanos puede provocar el enojo popular, así como poner en riesgo la paz social y, eventualmente, la legitimidad de los resultados de los próximos comicios”.
Es grave y escandaloso, indicó, “cómo el pueblo mexiquense tiene que soportar la manipulación, clientelismo y compra cínica y desvergonzada de votos; entrega de despensas y teléfonos celulares, así como la distribución de tarjetas y monederos electrónicos”, lo cual se une al “uso electorero de programas sociales”. Casi la mitad de la población mexiquense vive en pobreza y además resiente crimen e impunidad. El año pasado se cometieron en su territorio cerca de 3 mil homicidios y cuenta con el primer lugar en feminicidios.
Apenas la semana anterior la jerarquía católica tuvo una reunión con el titular del Ejecutivo en Los Pinos y, dejando ver claramente la realidad electoral próxima y el costo muy conservador revelado sobre los votos, es de suponerse que no fue un encuentro de intercambio de estampitas religiosas o para negociar escapularios o regalar dispensas ¿Qué negociaron y no resultó?

3 gubernaturas; 14.2 millones de electores

La elección por los gobiernos del Estado de México, Coahuila y Nayarit concentra la atención nacional. Los contendientes de los diversos partidos políticos intentan convencer a 14.2 millones de electores el próximo 4 de junio. Nayarit ya conoció la alternancia, pero Coahuila y el Edomex son dos bastiones del PRI, los cuales podrían perderse como otro paso más en la entrega de la Presidencia de la República al “populismo”. En esas tres entidades, con Veracruz, se disputarán 525 cargos de elección popular. Hasta el 2 de mayo comienzan las actividades proselitistas en 212 municipios de Veracruz.
A los cuatro procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) destinará 764.4 millones de pesos, de acuerdo a su presupuesto de este año. En tanto, los organismos públicos locales electorales, tribunales electorales y partidos políticos contarán con 4 mil 28 millones de pesos. A lo cual deben sumarse las aportaciones de militantes y simpatizantes en los términos de las leyes electorales federal y locales.
Este lunes arrancaron sus campañas proselitistas los candidatos a la gubernatura del Estado de México: Delfina Gómez, de Morena; Alfredo del Mazo, de la alianza PRI-Nueva Alianza-Encuentro Social y PVEM; y la panista Josefina Vázquez Mota, uno más por el PT y dos aceptados como independientes, logrando una suma de 7 aspirantes a la vacante que dejará Eruviel Ávila. Hasta el momento, la contienda se ha caracterizado por los duros ataques entre los participantes. En las precampañas, la disputa principal se dio por medio de impugnaciones presentadas por partidos y ciudadanos, por las cuales se hizo la declaración de 13 medidas cautelares a propaganda electoral. El número tan grande de candidatos habla por sí solo de la vieja práctica tricolor: divide y vencerás. Más que división, en el presente buscan pulverización.
Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, está bien posicionada en las encuestas para disputarle la gubernatura del Estado de México al PRI y al Grupo Atlacomulco. Pedagoga de formación y profesora de vocación, está consciente de enfrentar un enorme poder político-empresarial. Pero le apuesta a la dignidad de los mexiquenses y al rechazo hacia los políticos que durante más de nueve décadas han convertido a la entidad en un campo feudal a su disposición.
El PRI ha exhibido su deseo de mantener a toda costa el gobierno del Estado de México, sin importar los costos. Los presupuestos federal y estatal han sido puestos al servicio de Alfredo del Mazo, pariente del presidente Enrique Peña Nieto e integrante de una dinastía que ha detentado el poder durante décadas. Secretarios de Estado y funcionarios federales han sido los encargados de regalar desesperadamente los recursos públicos a una empobrecida población, la cual los recibe como agua en el desierto, pero sin comprometerse.
Los panistas le apuestan a una perdedora: Josefina Vázquez Mota, a la gubernatura estatal mexiquense. Perdió la elección presidencial del 2012. Arrastra su propio pasado: su familia es investigada por presunto lavado de dinero y sus fundación Juntos Podemos enfrenta una demanda por el posible desvío de fondos público: Los mil 36 millones de pesos recibidos del gobierno de Enrique Peña Nieto. A lo anterior se agrega una mediocre personalidad y la ignorancia plena de los problemas a los cuales se enfrentan diariamente los mexiquenses.
En Coahuila, las campañas iniciaron el domingo. Dos millones de ciudadanos podrán elegir al gobernador, 38 presidentes municipales y 25 diputados. Compiten dos coaliciones por la gubernatura: una de cuatro partidos encabezada por el panista Guillermo Anaya y la otra de siete, cuyo candidato es el priísta Miguel Angel Riquelme. Destaca también la candidatura de Morena en manos de Armando Guadiana, y lejos se ve la del PRD, con Mary Telma Guajardo. Es en esta tierra donde se medirá la madurez ciudadana y la verdad sobre el rechazo a llevar al poder a más priístas. El cinismo de dejar herencias de familia en el terreno gubernamental, añadido a las injustificadas deudas y las relaciones con grupos delincuenciales, se supone, sólo se supone, que bastaría para elegir a cualquier otro partido, sin embargo…
Los nayaritas podrán elegir a su próximo gobernador, 20 alcaldes, 30 diputados locales y 197 regidores. Los votos se los disputan ocho candidatos, entre ellos, Manuel Cota Jiménez, de la alianza Nayarit es de Todos, encabezada por el PRI; y Antonio Echevarría García, de Juntos por Ti, la única donde hay coalición PAN, PRD, PT y PRS. Por Morena va Miguel Angel Navarro Quintero, y por Movimiento Ciudadano, Raúl Mejía, entre otros. En este punto aseguran la derrota del PRI, tal vez la más vergonzosa de su historia, aunque se cree, el narco los puede salvar.

De los pasillos

Lamentable y doloroso es, sin duda, el cierre definitivo del diario Norte de Juárez, pero explicable. Según la experiencia del rotativo: “no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso”, como dijo Oscar Cantú Murguía, fundador y propietario de ese diario. Argumentó en una carta publicada el domingo, con el título de “¡Adiós!”: “La trágica y sentida muerte de Miroslava Brech el 23 de marzo, me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo. El alto riesgo es el ingrediente principal”. Reseñó que después de 27 años de informar “con la mayor veracidad, objetividad, honestidad y transparencia, las agresiones mortales, así como la impunidad para los agresores de los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo”. ..
Aunque la lección periodística la han dado los Diarios POR ESTO! al traer al presente el compromiso de quienes ejercemos esta profesión, la cual debe asumirse a costa de todos los riesgos.
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APAGA LA TELEVISIÓN, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFÓRMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.

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