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viernes, 17 de febrero de 2017

Detenido murió en sometimiento y no en celda



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El PAN condujo al Ejército a las calles y ahora, con el PRI, le dará “un poder descomunal”, alertan




A diez años de que la guerra contra el narcotráfico iniciara, el PAN busca reglamentar la participación del Ejército en las calles. El 11 de diciembre de 2006 el otrora Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío a las Fuerzas Armadas al combate frontal contra las fuerzas fácticas en Michoacán. Este fue el inicio de una estrategia federal de abordar la lucha contra las drogas, y la violencia no tardó en dispararse. Estadísticas oficiales registraron que los asesinatos subieron de 27 cometidos por día, durante la administración del primer gobernante panista Vicente Fox Queseada, a 56 en el sexenio calderonista.

Sin embargo, hoy lejos de regresar a los cuarteles, los elementos castrenses están más cerca de realizar operativos de seguridad pública gracias al respaldo del PAN a la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, presentada por el PRI.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Diez años después del inicio de la guerra contra el narcotráfico, el Partido Acción Nacional (PAN) apuesta por que las Fuerzas Armadas combatan en las calles contra el crimen organizado a través de las propuestas de Ley en materia de Seguridad Interior, que están por iniciar sus discusión en la Cámara de Diputados.
La oposición de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) al uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales ha dejado al Blanquiazul y sus votos como indispensables para detener las propuestas en esta materia, que ya impulsa el PRI.
“Yo creo de lo que se trata es de reglamentar, poner límites al poder del Presidente de la República como jefe máximo de nuestras Fuerzas Armadas para que pueda mandar a las calles al Ejército. Y así saber ¿bajo qué condiciones puede el Ejército salir a las calles, en qué casos, cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la participación del poder Legislativo? Eso es lo que no tenemos”, dijo el Diputado panista Jorge Triana Tena, miembro de la Comisión de Gobernación que discutirá las propuestas.
Hasta el momento hay seis propuestas de iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Pero ha sido la presentada por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiróz, el pasado 27 de octubre, la que ha secundado la solicitud expresa del Presidente Enrique Peña Nieto de legislar este asunto.
Una Ley de Seguridad Interior le otorgaría al Presidente de la República la capacidad de decretar la intervención de las Fuerzas Armadas en un lugar y tiempo determinado.
Peña Nieto decidió continuar con la estrategia de seguridad de su antecesor, Felipe Calderón. Pero los registros oficiales refieren que la violencia no disminuyó con la intervención de militares para acabar con el narcotráfico.
Camacho Quiroz, de corbata verde, fue quien presentó la iniciativa de Seguridad Interior en la Cámara Baja del Congreso. Foto. Cuartoscuro
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que entre 2001 y 2006, bajo el Gobierno de Vicente Fox Quesada, fueron asesinadas 60 mil 162 personas. Mientras que con el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón Hinojosa entre 2006 y 2012, ocurrieron 121 mil 613.
En el seno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el PRI cuenta, junto con su aliado el Partido Verde, con 15 votos. Por su parte, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano (MC), quienes se han manifestado en contra de legislar sobre este asunto, suman ocho votos. Lo que deja como decisivos los siete votos del PAN para aprobar o no un dictamen sobre Seguridad Interior.
“Como veo la situación, es que esta Ley trae un gran apoyo del PRI, Verde, Panal, y el mismo PAN. Ellos hacen mayoría y temo que van aplicar esa fuerza numérica para aprobarlo en comisión y después en el pleno. Sin embargo, siendo el Congreso un órgano deliberativo eso no nos impide decir lo que hemos dicho, que la propuesta es reduccionista. Sólo un parche para el problema”, consideró Macedonio Támez Guajardo, Diputado de MC.
De acuerdo con el Diputado blanquiazul Jorge Ramos, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa no es un espaldarazo al PRI, pues dijo que su partido presentó casi un año antes, desde noviembre de 2015, su propia propuesta.
“Yo creo que están opinando sobre una Ley. Y la comisión va dictaminar sobre seis. En particular mi iniciativa que está diseñada para una intervención temporal, subsidiaria y transitoria para las Fuerzas Armadas. Siento que se está precipitando declaraciones sin conocer el contenido”, añadió Ramos.
Ramos, a diferencia del resto, no propuso la creación de una nueva legislación, sino la modificación de la Ley de Seguridad Nacional en materia de seguridad interior para reglamentar el actuar de los militares.
Los legisladores del PAN sostuvieron que el uso de las Fuerzas Armadas podrá servir para acabar con el narcotráfico.
“Absolutamente esta ley y la del mando mixto ayudarían. El problema no es el Ejército, ni la marina. Gracias a su intervención no se ha agudizado el problema en el país”, dijo Ramos.
No obstante, a diez años de la guerra contra el narcotráfico hay pocos indicios de que las células criminales hayan sido reducidas. Datos de la Procuraduría General de la República (PGR), actualizados al 13 de febrero, apuntaron que en el país operan 37 células delictivas y nueve cárteles.
El 11 de diciembre de 2006 el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío a las Fuerzas Armadas al combate frontal contra el narcotráfico en Michoacán. Foto: Cuartoscuro
La incursión del Ejército en enfrentamientos con presuntos criminales aumentó los índices de asesinato en diversos municipios en un 6 por ciento, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sin embargo, esta tasa se incrementa a 9  por ciento cuando se ven involucrados en el combate elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este centro de estudios reveló que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011 se registraron 68 masacres, donde hubo al menos 10 muertos.
“Algunos diputados del PAN sostienen que la Ley va resolver los señalamientos de derechos humanos sobre las Fuerzas Armadas. Pero, yo creo que así como está esa propuesta, genera lo contrario. Es anticonstitucional, y va en contra de varios convenios de derechos humanos”, dijo el Diputado del PRD, Rafael Soriano Hernández.
El martes pasado, una serie de organizaciones de la sociedad civil ofrecieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que el Gobierno federal estaría omitiendo recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que exhortaron a diseñar un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
“La Ley de Seguridad Interior busca darle protección militar a aquello que los militares han venido haciendo extra legalmente. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados”, dijo la activista Denise Dresser.
El inicio de la guerra contra el narcotráfico disparó las quejas contra la Sedena en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones a derechos humanos.
De 182 quejas recibidas en 2006, la CNDH pasó a registrar 367 en 2007 y mil 230 en 2008, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
“El PAN tiene condicionada su aprobación al respeto de los derechos Humanos, a que sea una iniciativa de carácter subsidiario y temporal para la participación de las Fuerzas Armadas. Y tercero, con obligaciones de gobiernos locales de restituir capacidades institucionales para que el Ejército se vaya”, aseguró el diputado panista Jorge Ramos.
El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha dado continuidad a la estrategia de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa. Foto: Cuartoscuro
Pero la estrategia de la organización de las fuerzas policiales no ha sido debatida. Y la profesionalización de las policías ha sido un tema pendiente por el Gobierno federal, acusó el legislador de oposición Macedonio Támez.
Si bien el ex Presidente Calderón buscó que cada entidad aprobara un Mando Único, en el que las policías municipales quedaran al mando del Gobernador, el modelo no gozó del apoyo necesario para ser adoptado en todo el país.
Ahora, bajo un llamado Modelo Mixto en el que los municipios más grandes podrán conservar sus propios policías, el PAN, PRI, MC y PRD buscan reconfigurar la organización policial de México.
¿Por qué el modelo policial ha sido relacionado con las propuestas de Seguridad Interior y no la regularización de las drogas?, se le preguntó al Diputado del Blanquiazul, Jorge Triana.
“Es un tema distinto. A título personal soy un convencido del uso de las drogas. Incluso, con fines lúdicos. Creo que esto eliminaría de forma importante el mercado negro. Y el mercado negro de narcóticos se llama narcotráfico. Pero vamos muy atrasados con respecto al entorno internacional. Apenas estamos abordando el tema del uso medicinal”, justificó.
Los legisladores adelantaron que esperan tener la próxima semana un dictamen sobre las distintas propuestas de seguridad interior que reglamente las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; así como aprobar una legislación en seguridad interior al finalizar este periodo de sesiones que acaba en abril.





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Despierta, Peña

Carmen Aristegui
Carmen Aristegui
Carmen Aristegui Flores. Periodista y conductora de programas de radio y televisión de amplia experiencia y reconocimiento en México.

El Gobierno mexicano luce torpe, lento e inseguro frente a las posturas y acciones del nuevo presidente de Estados Unidos que tanto ofenden y agravian a los mexicanos. Quiere llevar la fiesta en paz con el bravucón que no para de hacerle bullying.

El gobierno de Peña se ve mal dentro y fuera de nuestras fronteras. No acaba de darse cuenta que estos no son tiempos para las contemplaciones. Que si no toma a ese toro por los cuernos no sólo quedará muy mal parado en la historia, sino que dejará a México en situación de mayor vulnerabilidad y sobajado.

El gobierno de Peña Nieto, sin más, se ha manifestado dispuesto a sentarse a renegociar el TLC, y lo que haya lugar de la relación bilateral, a pesar de que su interlocutor ha puesto como punto de arranque la construcción de un muro. No asume esto como una grave afrenta violatoria de preceptos internacionales. Considera el tema, simplemente, como algo en lo que no se está de acuerdo, pero que puede ser parte de una negociación integral entre los dos países. Se comprometió, incluso, él solo, a no hablar del muro en público, cuando debería denunciarlo en todos los foros internacionales.

En lugar de recibir a Tillerson y Kelly la semana que entra, como si no pasara nada, el Gobierno de Peña debería plantear que no hay condiciones para negociar ningún tema en tanto no sea retirada la orden ejecutiva que llevará a construir ese muro indignante y absurdo y se deje de perseguir y criminalizar a connacionales. ¿De qué y cómo se puede negociar algo si los agravios persisten? No se trata de romper relaciones, ni cosa por el estilo, con un país del que dependemos tanto -y ellos de nosotros-, sino de plantear con inteligencia, imaginación y dignidad las nuevas reglas del juego que no pueden ser otras que las que nos da el derecho internacional.

El expresidente Zedillo escribió en el Washington Post: “... lo prudente sería asumir que el presidente Trump matará al TLCAN” y que intentar negociarlo sería una “pérdida de tiempo... tal vez desee ir más allá de la cancelación del TLCAN y tratará de imponer barreras adicionales al comercio con México. Mi país debe estar dispuesto a utilizar todos los instrumentos jurídicos posibles, en particular los proporcionados por la Organización Mundial de Comercio, para impugnar cualquier acción arbitraria e ilegal. El presidente Trump podría incluso considerar la retirada de Estados Unidos de ese árbitro central de las disputas comerciales internacionales, momento en el cual la cuestión mexicana se convertiría en un problema mundial que tendría que ser enfrentado por toda la comunidad internacional”.

Sobre el Muro, Porfirio Muñoz Ledo, hombre de mil batallas, ha colocado el tema con claridad meridiana: “El tema del muro no es un asunto binacional... ni un problema del TLCAN... Este es un problema mundial y México es el país más agraviado”.

Para quien fuera presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el muro con México se ha convertido en el gran símbolo mundial. Tanto como lo fue, en su momento, el apartheid. México, afirma, debe acudir de inmediato a los organismos internacionales para denunciar violaciones a derechos laborales, humanos, ambientales y otros, e intentos de desestabilización financiera.

Urge que el Gobierno replantee su estrategia frente a este gigante desatado. La llegada de Gerónimo Gutiérrez como nuevo embajador en Estados Unidos podría significar el primer paso para replantear los ejes por los cuales México debería librar esta batalla.

Bien haría el Gobierno en escuchar a los diplomáticos y juristas mexicanos de larga historia -que los tenemos y muy buenos- para redefinir la postura de nuestro país en esta encrucijada
histórica.

Si México da los pasos firmes y correctos que la situación exige, desatará -en automático- una ola de solidaridad global. El mundo está contenido, esperando a que el gobierno de Peña Nieto salga de su caparazón, haga a un lado la tacita de té con la que quiere apaciguar al gigante y se decida a presentar recursos formales ya, ante la ONU, la OEA, La Haya, la OMC y cuanto tribunal internacional se requiera. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que meta a México en una dinámica absurda, inútil e indignante.


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